^{Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg}

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, ha ordenado al gobierno de Bolivia que indemnice al banco español BBVA con $105 millones de dólares tras la decisión de nacionalizar los servicios de administración de pensiones a través de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2009.

Fue el 10 de diciembre de 2010 cuando el Estado boliviano promulgó la Ley de Pensiones y, según la multinacional financiera, se inició un proceso de transición “en el que BBVA colaboró activamente para que la Gestora Pública boliviana asumiera sus funciones”, administrada por BBVA Previsión.

La creación de la Gestora Pública se formalizó en 2015 mientras que el gobierno de Bolivia pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019. Por ello, los demandantes, quienes nombraron a la argentino-brasileña Valeria Galíndez como su representante legal, sostuvieron que BBVA se convirtió en “rehén del Estado al no poder disponer de su inversión, sujeto a un marco jurídico inestable” en todo este tiempo.

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El tribunal internacional conformado por Stanimir Alexandrov (presidente), quien trabaja principalmente como árbitro en controversias entre inversionistas y Estados basados en tratados internacionales, determinó el pasado 12 de julio que Bolivia tenía que pagar 94,8 millones de dólares por concepto de indemnización y 10,2 millones de dólares por intereses, en relación a este supuesto retraso.

El CIADI argumentó que Bolivia violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito con España “al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión” y adoptar “medidas arbitrarias que la obstaculizaron”.

La respuesta de Bolivia

Bolivia ha anunciado que se prepara para responder al laudo internacional que le ordena indemnizar al banco español BBVA. “El Estado boliviano debe continuar con su defensa para que se tomen nuestros argumentos y las pruebas presentadas” declaró ante la CIADI el vocero de la Presidencia, Jorge Richter.

Por su parte Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación de Bolivia, remarco las denuncias que recoge un comunicado emitido el 16 de julio de 2022, donde enfatiza que “el Gobierno boliviano acusa al Tribunal arbitral de no valorar las pruebas pertinentes presentadas”, agregando que, “a la fecha las entidades competentes del Estado, coordinan responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales; al considerar, que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea”.

^{En portada: Personas se movilizan en la ciudad de Querétaro para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Agua aprobada recientemente y que legitima el despojo del recurso vital en ese estado. Foto: Eric Pacheco}

Ante representantes de comunidades indígenas, estudiantes y sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro negó que exista inconstitucionalidad en la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”.

El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la citada ley que fue aprobada dos días antes por los legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en el Congreso. Aunque las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

En el caso de los otomíes padecen el despojo desde que el pozo que les abastece es saqueado a sabiendas de los gobernantes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

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“Hemos vivido mucho racismo desde que Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). El agua nuestra se está yendo para el Estado de México y hay lugares aquí donde no llega”, dijo Ezequiel, que acompañado de otros sectores de la población, este lunes (21) se unió a la exigencia presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

Los manifestantes se plantaron en la entrada del edificio de la Defensoría donde llevaron a cabo actividades pacíficas. Entregaron documentos y una carta con la solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.

Fueron atendidos por dos funcionarios públicos quienes alegaron que el titular, Javier Rascado Pérez, atendía otros asuntos. En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos en los que se denunció la reciente violencia que padecieron en la manifestación del 10 de junio.

Ese día, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria durante la protesta, en la que mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y niñez, también fueron reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos quedaron documentados por los propios medios de comunicación.

“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por qué no somos leyes?”, insistió Ezequiel, pues recuerda que las demandas de las comunidades son añejas y las leyes son aprobadas en días, “no somos revoltosos, somos colectivos y ojalá que más se levanten y defiendan lo que es nuestro, es por los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos”.

“En las comunidades están dando apoyos para que la gente no se levante”, pero agregó que las represiones también son muchas, desde la militarización, el clasismo y racismo como práctica de Conagua, CEA y los propios organismos de derechos humanos.

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A las 20:00 horas de ayer (20), la Defensoría publicó en sus redes sociales que luego de un análisis técnico-jurídico de la ley presentado en 42 páginas, que trabajó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyeron en no iniciar procedimiento alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no encontraron ninguna violación a los derechos humanos y se negaron a levantar un acta.

La resistencia continuará con la intención organizativa de poner un freno a la legislación de esta ley que, a decir de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas a la privatización de los servicios del agua y saneamiento del estado de Querétaro la cual fue rápidamente promovida por el gobernador del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX Legislatura del Estado.

Agua como mercancía

El equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo público; mercantilización de lo común’ en 2021, en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, con la iniciativa de Código Urbano impulsadas por Jorge Herrera, “legislador promotor de la privatización”, se incluyó la “definición de lineamientos para el uso de las aguas asignadas a los organismos operadores del servicio de agua potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción estatal a las aguas asignadas para la prestación del servicio público.

Además, Querétaro es parte de las seis entidades del país que no acataron el mandato de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en el caso del derecho humano al agua, asentado por el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).

El estudio confirma que, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de Aguas de Querétaro, en la práctica, el modelo de privatización ya se había materializado, “el 70% de los permisos municipales de concesión en la zona metropolitana de Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.

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“La sociedad queretana necesita funcionarios públicos que defiendan los derechos básicos”, dijo una activista a las puertas de la Defensoría, “estamos encontrando muros, tecnicismos , brechas que no están ayudando, pues no están al servicio de la ciudadanía”.

De acuerdo a la organización Redavi, en cuatro municipios de Querétaro existe el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio, y convertirlo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción.

Sólo en la ciudad de Querétaro, la investigación arriba mencionada, detectó la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable; 16 empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable.

Estas empresas son responsables de los cortes de agua y la contaminación de la misma como la empresa AQUAA, Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.

^{En portada: Indígenas Mura muestran un área deforestada en tierras indígenas no demarcadas dentro de la selva amazónica cerca de Humaita, estado de Amazonas, Brasil.}

El miércoles (15), la embajada de los EEUU en Brasil anunció un acuerdo entre los dos países para crear un grupo conjunto dedicado al combate a la deforestación ilegal en la Amazonía y en otros biomas del país sudamericano.

“El nuevo grupo de trabajo bilateral sobre el cumplimiento de la legislación y el combate a la deforestación ilegal estará copresidido por el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres; y por el enviado presidencial especial para el Clima de EEUU, John Kerry”, se lee en comunicado emitido por la embajada de los EEUU.

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Acorde al anuncio, el objetivo principal del grupo de trabajo es alcanzar una tasa de deforestación cero para el año 2028.

Entre las actividades anunciadas por la embajada se enuncian el combate al crimen nacional e internacional de tráfico de animales salvajes, minería ilegal y comercio ilegal de madera; así como el desestímulo del uso del sistema financiero internacional asociado a actividades ilegales con productos forestales provenientes de la Amazonía.

Deforestación acelerada

La región de la Amazonía en Brasil registró un récord histórico de deforestación en los primeros cinco meses del 2022.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), sólo en mayo fueron arrasados 900 kilómetros de vegetación nativa en la selva tropical más extensa del mundo.

Con ello, la Amazonía registra una pérdida de 2,867 kilómetros en lo que va de 2022, una tasa 13% mayor que en los cinco primeros meses de 2021, lo que representa un registro inusual comparado al año 2016 cuando se comenzó a realizar dicha medición.

Contradicción

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, en enero de 2019, comunidades indígenas, negras y tradicionales, así como una multitud de organizaciones sociales y ambientalistas han denunciado la permisión desde las instituciones del Estado brasileño frente a actividades ilícitas como la minería y la tala de árboles en diversas regiones de la Amazonía. A ello se suman las iniciativas del gobierno federal y del congreso nacional para promover y regularizar actividades extractivas dentro de territorios indígenas.

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Datos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam) subrayan la velocidad con que aumenta la deforestación: al comparar los periodos entre agosto de 2018 y julio 2021, la deforestación de la Amazonía aumentó un 56,6 % respecto al mismo periodo de 2015 a 2018.

De acuerdo a datos de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, solo en 2021 se perdieron 3,75 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en el mundo. De esta cantidad, más del 40% se produjo en Brasil, donde se registraron la pérdida de 1,5 millones de hectáreas de bosque tropical.

“La pérdida de bosque primario en Brasil es especialmente preocupante si se tienen en cuenta las nuevas pruebas de que la selva amazónica está perdiendo resistencia y puede estar más cerca de un punto de inflexión de lo que se pensaba; en el que las interacciones entre la deforestación, el cambio climático y los incendios lleven a la transformación irreversible de zonas masivas del Amazonas en una sabana. Esto no sólo supondría una enorme pérdida de biodiversidad y de emisiones de carbono, sino que también alteraría los patrones de precipitación, críticos para la producción agrícola”, enfatizan las instituciones que realizan el monitoreo de la deforestación en esta región.

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.