En portada: Vecina de San Juan Chapultepec, Oaxaca, mostrando el agua que recibe de la red pública. Foto por Santiago Navarro F
Las lluvias que han abarcado los Valles Centrales de Oaxaca, al sur de México, durante los últimos dos meses, han sido capaces de borrar temporalmente la experiencia de las intensas olas de calor, la sequía y la falta de agua que ha padecido esta entidad. Pero la realidad “no es así”, alerta Juan José Consejo del Instituto Naturaleza y Sociedad de Oaxaca (Inso).
“Tenemos más de 8 mil años en los Valles. (…) Ahora vivimos una crisis de agua que pone en riesgo la viabilidad de la ocupación humana en este territorio”, señala el director del Inso, una de las 28 organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano/comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA).
La discusión pública sobre la crisis hídrica en Oaxaca se reavivó en las últimas semanas tras la declaración del gobernador de este Estado, Salomón Jara Cruz, quien presentó ante la presidenta electa Dra. Claudia Sheinbaum, la propuesta de reanudar la construcción de la Presa Paso Ancho para “dotar” de agua a la zona metropolitana de Oaxaca, que incluye 22 municipios.
Hace 12 años, en 2012, las obras para la construcción de esta presa fueron iniciadas en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega – en la zona suroeste del estado, en la transición de los valles centrales de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur – con el entonces gobernador Gabino Cué. En 2014 las obras fueron suspendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Además de Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió desechar la autorización que implicaba la afectación de una superficie de 1.0251 hectáreas, porque “no presentó información técnica y documentación legal”. En su momento esta acción fue emprendida contra la empresa que llevaba la obra, Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. Las autoridades documentaron en su momento que ya se había afectado una superficie de 2.0174 hectáreas de vegetación de selva baja caducifolia y de encino.
Este proyecto fue retomado desde el pasado mes de enero de 2024, en el Congreso de Oaxaca, donde el ingeniero Nezahualcóyotl Salvatierra López, secretario de infraestructuras, detalló que esta obra debería ser considerada como uno de los “proyectos que proponemos obtenga la categoría de proyectos estratégicos” ya que, según, “pudiese ser la solución para atender de manera definitiva en el largo plazo el agua en la zona metropolitana (de Oaxaca)”.
Para Consejo una crisis tan compleja no puede ser resuelta por una obra, un decreto, aunque así lo suelen hacer los políticos. “Requiere de un conjunto muy bien elaborado de medidas de carácter legal, técnico, administrativo, económico. Alguna vez nos referimos a estos proyectos fracasados que tratan de revivir como regreso de los zombis. Se trata de cosas ya muertas que quieren volver a caminar”, sostiene.
Las organizaciones reunidas en el Observatorio exigen que se hagan públicas las informaciones sobre el proyecto y que se respete el derecho de las comunidades de ser informadas y consultadas. “No hay la información siquiera de dónde va a estar ubicada, cuántos municipios tiene que cruzar el acueducto [alrededor de 90 km] y lo que implica para estos municipios. Además, no sabemos qué va a pasar con las comunidades que están río abajo de la presa, porque el agua se va a retener por medio de la obra”, señala Mauricio del Villar Zamacona, del Foro Oaxaqueño del Agua.
“Tenemos que conocer el proyecto”, dice Consejo, pero hay elementos característicos de proyectos cómo estos que “seguimos viendo como elementos insalvables”. Por ejemplo, son obras muy caras y suelen tener un tiempo de vida corto en relación con lo que cuesta construirlas, “no rebasa 20-25 años, después se vuelven inútiles”.
Inequidad agrava la crisis
La posible reactivación del proyecto se da en una coyuntura a nivel nacional en donde hay diversos movimientos sociales que están pugnando, “sobretodo por el papel que está jugando la Comisión Nacional del Agua al impulsar este tipo de proyectos que son proyectos cuya viabilidad está en tela de juicio”, sostiene Nadir Hernández, de la organización Flor y Canto. “Sobretodo porque siguen generando esquemas de inequidad en el acceso al agua. Es decir, se le sigue dotando de agua a las empresas, a las grandes urbes, y quienes siguen sufriendo el despojo de agua en sus propios territorios son las comunidades y pueblos indígenas. Ellos son los menos beneficiados en estos tipos de proyectos”.
Otra demanda es la revisión del sistema de concesiones de agua. “Es un sistema que está diseñado para el despojo de agua. Otorga a grandes concesionarios, grandes empresas, a particulares, el acceso y libre aprovechamiento de las aguas del subsuelo. Esto ha generado la mala distribución”, agrega Hernández.
Los políticos, principalmente, utilizan el argumento de que “no hay de otra, hay que traer agua de otro lado”, ironiza Consejo, para justificar las grandes obras. “Quisiera enfatizar que, sí, tenemos de otra, yo mas bien diría, de otras. En realidad, desde hace mucho tiempo se ha propuesto un conjunto de medidas para atender de manera adecuada el problema del agua que son mas baratas, en muchas ocasiones mas rápidas que esta obra, y sin dudas son más sensatas desde el punto de vista social y ecológico”, explica.
Enmarca algunas de ellas. Conservar las esponjas, las zonas de captación de agua que todavía existen en los Valles Centrales; activar proyectos y programas de cosecha de lluvia; reparar las redes de agua potable; asegurar que el agua se limpie y se evite ensuciar; establecer sistemas de ahorro de uso y reciclamiento del agua. “Lo que quiero enfatizar es que, sí, tenemos propuestas concretas a presentar en una discusión que debe ser pública y abierta para enfrentar un problema que nos toca a todos”.
¿Dónde está?
Villar Zamacona sostuvo que el Observatorio tuvo acceso al valor del presupuesto que se está ejerciendo en 2024 para el tema del agua en Oaxaca. “Hay una bolsa importante de dinero relacionada con el agua. Alrededor de 8 mil millones de pesos. No sabemos exactamente en qué se está ejecutando este recurso”.
Te puede interesar – Fracaso Millonario: La historia oculta del agua potable en OaxacaTambién sostuvo que al final de febrero de este año hubo una conferencia por parte del gobierno del Estado, donde se dijo que a principios del año que entra, 2025, debe iniciar la obra de Paso Ancho.
En portada: Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo registran actividades ilegales en dos bancos de materiales dentro de tierras de uso común. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional atestiguan la reanudación de operaciones del sitio “El Barrancón”, sin intervenir. Esto ocurrió el 8 de agosto del 2024, una semana antes de la inspección frustrada de Propaeo.
En el marco de las obras ejecutadas en el estado de Oaxaca para rehabilitar la Línea K, uno de los tres tramos que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, por donde atraviesan las vías férreas, han señalado la operación irregular, en dos sitios dentro de sus tierras comunales, cuyo objetivo es extraer materiales pétreos para la construcción del megaproyecto.
Aunque miembros de la comunidad zapoteca presentaron denuncias, desde octubre del 2023, ante autoridades ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), no fue hasta marzo del 2024 cuando, por medio de la demanda de amparo 54/2024 interpuesta por habitantes de la comunidad zapoteca, un juez de distrito resolvió suspender la operación del banco denominado “El Barrancón” debido a que no se acreditó vigencia en su permiso de impacto ambiental.
Acorde a las visitas de vigilancia realizadas por habitantes de Unión Hidalgo tras la resolución, para el mes de abril las obras en el banco de materiales cesaron. Sin embargo, en registros recientes, durante los primeros días de agosto, pobladores atestiguaron la reanudación de las labores de extracción en dicho sitio.
Labores de extracción de material pétreo durante enero del 2024.
Según testimonios de la comunidad zapoteca, ante las recientes denuncias públicas de la población, debido a la reanudación del saqueo y explotación de materiales pétreos, fue que la Propaeo envió a dos inspectores para verificar el sitio.
Así, el pasado jueves (15), funcionarios adscritos a la Propaeo visitaron la comunidad de Unión Hidalgo para realizar una inspección cuyo objetivo, establecido en el expediente PROPAEO/CPA/DQDA/0109/2023, tendría que verificar si Gustavo Manzo Denes, quien se ostenta como propietario del lugar, cuenta con la autorización vigente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la extracción de materiales.
Los inspectores, quienes cuentan con facultades para clausurar el sitio en caso de encontrar daños al ambiente, arribaron al lugar denominado “El Barrancón” acompañados de habitantes de la comunidad zapoteca, quienes atestiguaron en ese momento la presencia de maquinaria pesada para la extracción de materiales.
Transporte de la Propaeo utilizada por los inspectores durante su visita al banco de materiales “El Barrancón” el pasado 15 de agosto del 2024.
Testigos de los hechos aseguran que en el lugar se apersonó el dueño del predio, junto a personas armadas, quienes amedrentaron a los presentes impidiendo con ello la labor de las autoridades ambientales. Ante el incremento en las agresiones, e incluso amenazas de muerte proferidas, los funcionarios interrumpieron la inspección y huyeron del lugar.
Debido a la violencia de integrantes del crimen organizado, quienes retuvieron a una persona de la comunidad en el lugar de los hechos, amenazando con quemarla, fue que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La institución integró la carpeta de investigación 25329/FIST/JUCHITAN/2024 contra Gustavo Manzo Denes – quien de acuerdo al expediente 0174/2018 de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca se reconoce como propietario del banco -, y otros que resulten responsables por las agresiones.
Según cálculos de los habitantes de Unión Hidalgo, hubo la extracción diaria de 200 metros cúbicos de materiales procedentes de “El Barrancón”. Aunado a ello, destacan la irregularidad en la supuesta propiedad del banco de materiales, pues argumentan que existe una resolución presidencial de 1964 para reconocer y titular 68,11254 hectáreas como bienes comunales de Juchitán y sus anexos -al cual pertenece la comunidad de Unión Hidalgo-, un territorio donde no puede existir propiedad privada.
Imagen satelital del banco de materiales “El Barrancón” ubicado en Loma Lope, Oaxaca.
Sin embargo, señalan que, pese a haber informado de esta situación a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quien coordina las obras del CIIT, los militares firmaron un contrato para la extracción de los materiales mediante un particular. “El problema es que el particular compró protección del crimen organizado”, sostienen testigos de los hechos.
Acorde a los testimonios, pese a las llamadas de auxilio que los presentes emitieron, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente. Al contrario, testigos sostienen que elementos de la Guardia Nacional, quienes se ubican a menos de una hora de distancia, mantienen comunicación cercana con los miembros del crimen organizado involucrados en la extracción de materiales en los dos sitios donde operan.
Funcionarios de la Propaeo, contactados por este reportaje, se rehusaron a compartir información sobre los hechos registrados durante la visita de inspección realizada el pasado 15 de agosto.
Reclamos
Para exigir el cumplimiento de la suspensión en la extracción de materiales pétreos, durante agosto, habitantes de Unión Hidalgo presentaron ante el Poder Judicial Federal un Incidente de incumplimiento a la suspensión -un recurso legal en el que incluyeron evidencias de la operación ilegal de actividades extractivas en dos bancos de materiales ubicados en tierras comunales zapotecas.
En el documento, consultado por este reportaje, señalan como responsable a la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste S.A. de C.V. (GFS) quien, en colaboración con Semar y el CIIT, realiza las labores para rehabilitar las vías férreas. En total, éstas atravesarán 472 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec rumbo a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde de acuerdo al Quinto Informe del Gobierno de Rutlio Escandón, se ubicará el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en Chiapas -el onceavo del CIIT-, con una superficie de 523 hectáreas.
La empresa GFS también es señalada por el ecocidio producto de la tala de más de 11 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas por la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además de las extracciones en “El Barrancón”, se registra también el caso del banco de materiales ubicado en la Loma del Estero Guié, también dentro de tierras comunales en los límites de los municipios de Juchitán y de Unión Hidalgo, Oaxaca.
Loma del Estero Guié se localiza al suroeste de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
Acorde al recurso de incidente, presentado ante el Poder Judicial, en el Registro Agrario Nacional no existe ningúna inscripción de acta de asamblea que destinara a la Loma del Estero Guié para asentamiento humano o para parcelar, por lo que ésta se considera como tierra de uso común.
En dicho sitio, el pasado 15 de junio habitantes detectaron la extracción de material pétreo con la operación de cuatro máquinas pesadas y haciendo uso diario de convoys integrados por hasta 50 transportes de carga.
En el lugar, también se registró el uso de explosivos, según argumentan las pruebas incluidas en el recurso legal. “Al extraer, diariamente y durante un periodo prolongado, grandes rocas en convoys de volteos de gran capacidad, empleando dinamita indiscriminadamente, se está despojando a la comunidad de la propiedad, posesión y disfrute de la Loma del Estero Guié. Y se está causando un daño de imposible reparación”, refiere el documento presentado ante el Poder Judicial Federal.
Convoy de volteos
Según pobladores, otra demanda de amparo, con expediente 126/2024-IV-B promovida en marzo de este año 2024 por las comunidadades agrarias de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ya había frenado la operación del banco ubicado en la Loma del Estero Guié. Esto debido a que las comunidades obtuvieron una resolución en abril para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente de las comunidades agrarias zapotecas.
Sin embargo, después de mes y medio sin registrar extracciones, el banco de materiales en el Estero Guié volvió a operar de manera irregular. Habitantes de Unión Hidalgo refieren que, tal como sucede con “El Barrancón”, la Semar reconoce a un particular como propietario del sitio, a pesar de ser tierras comunales, con lo que facilitó un contrato para la extracción de material pétreo.
Habitantes de Unión Hidalgo denuncian que, el gobierno, en su afán por avanzar en las obras del CIIT, está comprando materiales robados procedentes de dos sitios dentro de sus tierras comunales. “Se están robando el material de esos bancos y el gobierno federal los está comprando para utilizarlos en la Línea K”, comparten testigos para Avispa Mídia.
Acceso al Banco Pétreo Irregular justo antes de subir el Puente Estero Guié.
Acorde a los testimonios, los materiales extraídos del banco “El Barrancón” están siendo utilizados para los trabajos de rehabilitación de la Línea K, específicamente, para las labores comprendidas entre los kilómetros 47 al 52, donde se emplean para crear el espacio que une los terraplenes con los puentes por donde recorrerá el tren con destino hacia la frontera con Guatemala.
*La identidad de todos los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.
En portada: Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel del mar, El Bosque, Tabasco, ha sido etiquetada como la primera comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio climático. Foto: Santiago Navarro F.
por Carlos Tornel y Pablo Montaño*
Caminamos algunos metros antes de que uno de los vigilantes de la escuela primera nos dejara entrar a uno de los huertos que se están construyendo en varias comunidades y territorios carboníferos en el estado de Coahuila, norte de México. El huerto, uno de tres que ya se han construido, es parte de una serie de proyectos que organizaciones locales como Familia Pasta de Conchos proponen para avanzar hacia una transición energética que rechaza la noción de que este proceso implica solamente un cambio tecnológico –es decir, pasar de combustibles fósiles a tecnologías bajas en carbono– sino que implica un cambio de mentalidad hacia el cuidado de la vida.
“Los huertos son un acto simbólico”, me dice una de las organizadoras, “son un pretexto para hablar, para repensar qué papel tiene la energía en nuestros territorios y cómo podemos construir un futuro en donde no sea sinónimo de saqueo, violencia, impunidad y muerte”.
El huerto es parte de una iniciativa que se llama ‘sembrando transición’ un esfuerzo de la organización por posicionar una visión relacional con la energía. “Para nosotros el huerto es la alternativa al camino que hemos caminado por más de 18 años, esperando a que el Estado responda por la muerte de mineros y los impactos que esto ha dejado en sus familias y en la comunidad. El huerto es un símbolo de que otro mundo es posible y que la energía no viene solamente del carbón, sino de la posibilidad de repensar nuestras sociedades basándonos en el cuidado”, dice una de las organizadoras del huerto.
El “Huerto Inexplicable” que se construyó en el bachillerato CECyTEC en Barroterán, Coahuila. Crédito de la fotografía: Organización Familia Pasta de Conchos.
El caso de Barroterán en el norte de Coahuila es tan sólo uno de los muchos lugares en México que se han convertido en una zona de sacrificio, es decir, lugares que han sido abandonados o contaminados en exceso en nombre de un bien mayor, usualmente abstracto, como el progreso, el crecimiento económico o –y de manera más reciente y controversial– el ‘desarrollo sostenible’.
Las zonas de sacrificio no sólo se refieren al ámbito natural o el de lo no-humano, es decir paisajes, flora y fauna y la naturaleza en general que suelen ser convertidos en “recurso” o “servicios” para ser designados como “extraíbles”, sino también de comunidades y formas de vida que en los ojos de la visión unidimensional del desarrollo se presentan como “problemáticas”, “subdesarrolladas” e incluso “retrogradas”. Esta visión, la cual tiene un origen profundamente colonial, es la que se suele movilizar para justificar el despojo, la contaminación, la degradación de la naturaleza e incluso su destrucción.
Por lo general, estas zonas suelen ser designadas sacrificables a través de otros nombres: “corredores industriales”, “zonas económicas especiales (ZEE)”, “polos de desarrollo”, “polos de desarrollo para el bienestar”, etc. son algunas de las designaciones más recientes.
Estas zonas suelen eliminar las protecciones legales, las cuales pueden ser modificadas como una forma de incrementar la inversión extranjera directa, fomentar la participación de empresas e industrias y garantizar algunos “beneficios económicos”, como el empleo. Como lo estipula el Colectivo Geocomunes, estas modificaciones se utilizan como una forma de ‘”legalizar” el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado a través de modificaciones al marco legal, como se puede evidenciar en los cambios a la Ley Minera en 1992, el TLCAN de 1994, la Ley de Bioseguridad en 2005, la Ley de Inversión Extranjera (2012), la Ley de Asociación Pública-privada (2012), la reforma energética (2016) y de manera más reciente, la declaración de megaproyectos prioritarios y su carácter prioritario para el desarrollo (2018-2024).
Por razones de seguridad y considerando que México es uno de los países más violentos para personas defensoras del territorio –las estimaciones indican que al menos 185 personas han sido asesinadas desde el 2018– lxs defensorxs del territorio y activistas entrevistadxs para este texto permanecen anónimos.
La proliferación de zonas de sacrificio en México
El concepto de las zonas de sacrificio no es algo nuevo. Originalmente, el concepto se utilizó durante la guerra fría en los Estados Unidos para referirse a aquellas zonas que se volvían inhabitables por la contaminación creada por la radiación y la minería de uranio.
No fue sino hacia mediados de la década de los setentas que el concepto fue apropiado por comunidades indígenas y pueblos originarios en los Estados Unidos para denotar la forma en la que territorios indígenas se convirtieron en campos de pastoreo, desplazando y despojando del acceso a sus territorios, al tiempo que se borraban sus costumbres, conocimientos y formas de estar en el mundo.
Durante las décadas de los ochentas y noventas, es decir, durante el auge del periodo neoliberal, varios movimientos de justicia ambiental retomaron el concepto para denunciar el racismo que está inscrito en su creación.
Esta lógica permitió hilar de forma espacial la proximidad de ciertos grupos a puntos en donde se concentra la contaminación del suelo, el aire y el agua como la consecuencia de un modelo de desarrollo desigual y no como una simple casualidad. Por ejemplo, la presencia de comunidades afroamericanas, de personas más pobres y migrantes cerca de basureros tóxicos, corredores industriales o plantas de quema o procesamiento de combustibles fósiles como termoeléctricas o refinerías. Es el caso del corredor conocido como el “callejón del cáncer”, en el estado de Louisiana, EUA, en donde se concentran más de 90 refinerías en territorios principalmente habitados por comunidades afroamericanas y de bajos ingresos.
El racismo ambiental detrás de las zonas de sacrificio constituye una designación ya ampliamente desarrollada, investigada y trabajada. Las comunidades indígenas y subalternas de este país han utilizado el concepto como una herramienta de denuncia, haciendo notar cómo lo “sacrificable”, para quienes ven estos espacios como vacíos, desperdiciados o mal aprovechados, es para ellxs lo “sagrado”, es decir, como una forma de denunciar la herramienta colonial del modelo de desarrollo que elimina todo aquello que no vea como una forma de valor.
En América Latina el concepto suele estar asociado no sólo a los puntos en el espacio y su proximidad a zonas contaminadas o a los puntos de origen de dicha contaminación, sino a un modelo de desarrollo extractivo que produce impactos positivos para algunas minorías, desplazando los costos espacial y temporalmente para las mayorías. Desde la proliferación de residuos tóxicos asociados a la minería y la gran industria, así como la contaminación del agua, tierra y aire a sus alrededores.
En México, la declaración de ZEE de 2017 creó enclaves especializados con exenciones legales y fiscales para atraer la inversión extranjera directa, con la justificación de aliviar la pobreza en “areas históricamente descuidadas”. Similar a iniciativas regionales pasadas como el Plan Puebla-Panamá, las ZEE representan una estrategia de desdibujamiento del Estado para interconectar espacios de tránsito y fomentar el desarrollo en la región mesoamericana.
Sin embargo, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018, trajo un cambio en el discurso. Las ZEE se renombraron como “polos de desarrollo para el bienestar”, con el objetivo de atraer inversión y mejorar las capacidades productivas para el desarrollo económico y social en áreas adyacentes a proyectos de infraestructura regional a gran escala o “zonas o corredores libres”, con incentivos fiscales aumentados para las empresas.
Según el investigador Darcy Tetreault, la promesa de AMLO de “terminar con el neoliberalismo” ha sido socavada por la retención del marco institucional general establecido durante el periodo neoliberal posterior a 1992. Pese a la cancelación de políticas como las subastas de energía a largo plazo, las rondas de licitación de petróleo y el cese de nuevas concesiones mineras, permanecen sin cambios la distribución de recursos, los incentivos fiscales y los mecanismos de captura de rentas. El gobierno ha redirigido su atención a las empresas estatales, invirtiendo fuertemente en un proyecto de “soberanía energética” e intensificando la exploración de hidrocarburos y capacidades de refinación. Esto incluye la construcción de una megarefinería en Tabasco y la adquisición de una planta de refinación en Texas, EUA.
Al mismo tiempo el gobierno de AMLO ha disminuido notablemente el presupuesto para agencias ambientales y regulatorias, militarizado proyectos extractivos y de construcción, con un efecto paralizador y desarticulador de la protesta social y ha desplegado programas de investigación y desarrollo como tácticas contrainsurgentes, es decir, como estrategias para socavar la resistencia y la oposición y disciplinaraquellos que se muestren en contra.
Este enfoque subraya la importancia de la infraestructura a gran escala en la reconfiguración geopolítica de México, evidente en iniciativas como el “Corredor Interoceánico” en Oaxaca y Veracruz, el “Tren Maya” en el sureste mexicano y el Plan Sonora, que sirve a los intereses de relocalización cercana (nearshoring) de EE.UU., asegurando acceso a microprocesadores, vehículos eléctricos, plantas de baterías y recursos naturales y laborales, incluidos el litio, el agua y las reservas energéticas.
Aún cuando una reflexión de los orígenes de las zonas de sacrificio en México requeriría un repaso de la historia y política del país. Suficiente decir que la política federal de los últimos 30 años demuestra cómo es posible identificar el origen de la proliferación de estas zonas de sacrificio, las cuales suelen ser denunciadas por comunidades de primera línea, es decir, las primeras afectadas por la contaminación que proviene de estas grandes industrias.
Ahora bien, con el advenimiento y la aceleración de la crisis climática, estas zonas no se pueden reducir simplemente a aquellas afectadas por la contaminación, sino que comienzan a manifestarse como una forma de neo-colonialismo y de desplazamiento de costos para asegurar la “mitigación” o “adaptación” al cambio climático.
Aunque es difícil calcular el número de zonas como estas en México, la organización Conexiones Climáticas ha propuesto una categorización de estas zonas en tres. Primero, aquellos lugares cercanos o próximos a las fuentes de contaminación o a los puntos en donde se concentra dicha contaminación de agua, aire o agua. Segundo, aquellas zonas en donde la noción del desarrollo sustentable o la “transición verde” se ha convertido en una nueva forma de contaminación, despojo o afectaciones. Tercero, aquellas zonas que se convierten en espacios inhabitables a través de un desplazamiento de los impactos socioecológicos por medio de la exacerbación de los efectos de la crisis climática. Siguiendo esta formulación a continuación presentamos algunos ejemplos de estas zonas.
Zonas de sacrificio por proximidad y metabolismo
Las Zonas de Sacrificio Metabólicas implican la desvalorización de ciertas formas de vida en favor de las creadas por la economía dominante. Esta es una característica clave de las grandes ciudades, las cuales tienen relaciones metabólicas complejas de flujos de materiales, energía e información que tienen impactos desiguales en otros lugares en múltiples escalas espaciales y temporales. Estos sistemas están arraigados en relaciones de poder que revelan cómo ciertos lugares están posicionados para convertirse en zonas de sacrificio en respuesta directa a actividades/demandas de otros lugares.
Ejemplos de este tipo de zonas de sacrificio son numerosos y difíciles de calcular. Sin embargo, en lugares como Tula, Hidalgo, la cuenca del Río Santiago en el estado de Jalisco y otros lugares como Petacalco, Guerrero, demuestran una clara designación como zonas de sacrificio donde se acumulan una multiplicidad de formas de impacto debido a la proximidad de estos lugares a grandes urbes que externalizan su entropía y la presencia de la gran industria y puntos de quema intensiva de combustibles fósiles.
La ciudad de Tula, a tan sólo 120 kilómetros de la ciudad de México, se encuentra inmersa en lo que varios han descrito como un ‘infierno ambiental’: una refinería, una termoeléctrica, un corredor industrial y el desagüe del Túnel Emisor Oriente (TEO) son responsables de la degradación del aire, el suelo y el agua. “En buena medida”, me dice uno de los activistas que se han dedicado a atraer atención a la situación de la ciudad, “nosotros recibimos todo el desperdicio de la Ciudad de México, así sea en forma de basura física o en aguas residuales o en emisiones que producen la mala calidad del aire. Nosotros nos quedamos con el suelo, el agua y el aire degradado que es necesario para satisfacer lo que parece ser una imparable demanda de energía en forma de gasolina, diesel y electricidad, así como materiales como el cemento que requiere la ciudad”.
Imagen de la Presa de Endhó en el Estado de Tula y de la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula en la ciudad.
“Nosotros estamos malditos por la geografía”, dice uno de los habitantes de Tula, quien desde el 2014 se ha organizado con otras organizaciones para tratar de denunciar los impactos en su territorio al visibilizar la relación metabólica entre Tula y la Ciudad de México. “Nos ha tocado, quedarnos con el desperdicio de la ciudad de México, porque todo lo que se genera aquí va de regreso para allá, incluso las aguas residuales regresan en forma de comida a la Ciudad de México”.
En total, según las estimaciones del grupo de científicos que en 2019 organizaron el Toxitour alrededor de varios corredores industriales dentro del país, se estima que las afectaciones a la población van desde la proliferación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas, afectando a más de un millón de personas dentro del Valle del Mezquital.
Las comunidades del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, en torno a la cuenca del Río Santiago también concentran uno de los sitios más contaminados del país. De acuerdo con el informe del Toxitour la cuenca concentra las descargas de alrededor de 1,000 empresas manufactureras, metalúrgicas, químico-farmacéuticas, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas en la zona de Toluca-Lerma y alrededor de 700 empresas en la zona Ocotlán-El Salto. La cuenca recibe además las descargas de las zonas industriales de Guanajuato, de la refinería de Salamanca y el drenaje del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La población expuesta directamente a estos contaminantes es alrededor de medio millón de habitantes.
Desde el 2006 la organización un Salto de Vida se ha mantenido en resistencia contra la contaminación del río, así como un proceso sistemático de denuncia por ser una zona de sacrificio en nombre del crecimiento económico y el desarrollo de corredores industriales. “La afectación a la salud es lo que nos ha movido, la recuperación del río es parte de este esfuerzo. Pero nuestra defensa del territorio ha buscado detener procesos de despojo que continúan insistiendo en contaminar esta zona, desde inmobiliarios y energéticos”,dice uno de los defensores del territorio. “Nuestra relación con las autoridades ha demostrado no sólo el desinterés del Estado sino la forma en la que por décadas han privilegiado a la industria, negando los impactos a las poblaciones, que en sus ojos son excedentes”, dice uno de los defensores.
Dos Imágenes del Salto en Juanacatlán. Lo que en 1909 se denominó como el ‘Niágara Mexicano’ en comparación con la contaminación documentada a lo largo del río en 2021.
Ante la falta de interés y la desacreditación de los impactos en la salud de las personas, la organización se ha dedicado a documentar y, a través de varias colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, ha comprobar los impactos y daños ambientales en la cuenca. “Este proceso ha obligado al Estado a reconocer los impactos que ha generado pero, al mismo tiempo, ha servido para articular un proceso de rechazo y resistencia al despojo que aún sigue vigente aquí”, menciona uno de los defensores. “A través de amparos y otros medios también hemos logrado detener el desarrollo de plantas de ciclo combinado y otros intentos de despojo por parte de la industria inmobiliaria.” Este proceso ha generado una larga historia de resistencia, un proceso de denuncia que muestra que la región ha sido sacrificada en nombre del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras.
Otro ejemplo de esta condición es Petacalco, en Guerrero. La central termoeléctrica Plutarco Elias Calles se construyó hace 30 años bajo el argumento de traer un beneficio económico a la zona. Desde entonces las comunidades, casi todas pescadoras y agricultoras, han sido poco a poco expulsadas de sus territorios a otras ciudades como Tulancingo en busca de trabajo.
No es sino a partir del 2021 que un grupo de personas han comenzado a documentar los impactos que tiene la planta en el territorio. En buena medida, los impactos se incrementaron durante ese año debido a una veda de venta de combustóleo para el uso en barcos y buques comerciales que incentivó un regreso a la quema de combustóleo para la generación de electricidad. Aunque no se sabe con exactitud cuánto combustible se quema en cada una de las plantas en México, sabemos que al menos el 33% de la refinación de Pemex es combustóleo debido a que el petróleo crudo que extrae es cada vez más pesado. La pérdida del mercado de buques y barcos, así como la situación de emergencia producida por la pandemia de la COVID-19 en 2020-2021 impulsó el uso del combustóleo como una forma de mantener los precios de la luz estables.
Desde entonces el colectivo Juntos por el bienestar de Petacalco ha sostenido un proceso de documentación de la contaminación del agua, aire y suelo. “Aquí hemos visto cómo llueve ceniza. También es posible ver los derrames de combustible en los cuerpos de agua y aunque aquí los dolores de cabeza y las enfermedades estomacales son más frecuentes las autoridades aún se rehúsan a declarar esta área como una zona de sacrificio”, me dice una de las defensoras del territorio. “Las autoridades nos han dicho que aquí todo está en norma”, menciona uno de los miembros del colectivo. “En realidad, varias organizaciones han venido a medir la calidad del aire y del agua y nos han dicho que estamos muy lejos de estar cerca de las normas adecuadas. Además, lo que nosotros vemos y vivimos – la muerte de los peces, las enfermedades de las personas que aquí viven -, esto no lo contabilizan e incluso parece no importarles”.
Imagen de la desembocadura del río Zacatula en Petacalco con la Central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en el fondo.
Zonas de Sacrificio Verde
En medio de la crisis climática y las crecientes presiones por abandonar los combustibles fósiles para avanzar hacia una transición energética “verde”, “sostenible” o “justa”, están reconfigurando espacios para asegurar acceso a ciertas zonas con alto potencial de aprovechamiento –por ejemplo solar o eólica– así como para asegurar el acceso a ciertos minerales críticos, como el cobalto, el litio, el cadmio o algunas tierras raras, necesarias para garantizar esta transición.
Aunado a esto, propuestas como los Nuevos Pactos Verdes (Green New Deals) en el norte global han capturado el discurso y la imaginación en torno a la idea de la “transición”. Esto ha generado un nuevo “consenso de descarbonización” como lo llaman los investigadores Breno Bringel y Mariestela Svampa, que sirve para establecer un nuevo consenso capitalista que reconfigura los extractivismos ya existentes mediante una estrategia de “acumulación por descarbonización”, es decir, una forma de mercantilizar lo que antes era inaccesible para el capitalismo como es el viento, la luz solar, los “bonos de carbón” o la conservación misma. Este fenómeno, también denominado “extractivismo verde”, implica el sacrificio de espacios, territorios y poblaciones para garantizar el abastecimiento, transporte, instalación y operación de infraestructuras y programas “bajos en carbono”, así como el tratamiento al final de la vida útil de los residuos materiales relacionados.
Las zonas de sacrificio verdes implican la identificación de lugares y poblaciones que serán afectados por el traslado de costos y ocupaciones (neo)coloniales justificados bajo el desarrollo de políticas para acelerar la transición energética y la mitigación o adaptación al cambio climático. Lo “verde” de esta categorización refleja el daño que emana de la infraestructura de bajo carbono.
El investigador Alexander Dunlap, por ejemplo, cuestiona la renovabilidad de infraestructuras bajas en carbono como paneles solares y turbinas eólicas, pues su cadena de suministro depende de los combustibles fósiles y la explotación de “minerales de transición”.
De esta forma es posible desarrollar formas directas (materiales) e indirectas (psicosociales) de extractivismo que hacen posible la extracción mediante estrategias que buscan moldear las mentes y el comportamiento humano, gestionar el desacuerdo y fabricar el consentimiento. La instrumentalización de la causa humanitaria del cambio climático y la novedad de lo “verde” dependen de cadenas de suministro sucias, ingeniería social y maniobras contrainsurgentes por parte de actores estatales y corporativos, para lucrar con los esfuerzos de mitigación. En resumidas cuentas, podemos afirmar que no existe un solo panel solar o turbina eólica que no haya sido fabricado con combustibles fósiles, desde la minería de los metales que lo componen, hasta su fabricación y ensamblaje mismo.
El ejemplo más claro es el “Tren Maya”: un proyecto de transporte ferroviario que abarca 1,500 km cruzando cinco estados del sureste de México. El proyecto cuenta con una inversión de más de 200 mil millones de pesos y debería estar listo a finales de este año. Sin embargo, el “Tren Maya” no es ni maya ni sólo un tren. Al transportar pasajeros, aumentará el número de turistas en un área ambientalmente frágil y su carga movilizará la extracción y el transporte de combustible a través de la península, según declaraciones de la propia administración del proyecto, el 80% de la carga del tren ha sido adjudicada a PEMEX.
El Tren Maya es parte de un conjunto de megaproyectos de infraestructura que buscan ‘desarrollar’ la región al interconectar y reordenar el sur y sureste del país. A escala local, el tren ha privatizado y parcelizado tierras comunales a gran escala, desarraigando la autonomía comunitaria al erosionar en la región los medios de vida y la cohesión de comunidades campesinas e indígenas.
Los “polos de desarrollo” planeados en la infraestructura física del tren –que incluye 12 paradas y 9 estaciones–, otorgan incentivos especiales a empresas privadas e incrementan indirectamente la desposesión de tierras para permitir la expansión de empresas privadas de vivienda urbana, turismo, agroindustria, infraestructura energética y minería.
Al mismo tiempo, el Tren forma parte de un megaproyecto para el “desarrollo” del sureste de México, que incluye una nueva refinería en Tabasco y lo que se conoce como el Corredor Interoceánico, que interconectará los dos océanos a través de otro tren. Como ha argumentado Geocomunes, el proyecto expandirá los mercados americanos, europeos y asiáticos, ya que el área posee al menos el 84% de todas las reservas probadas de petróleo, además de otros minerales, agua, tierra y biodiversidad “desperdiciados” y propensos a la inversión. Además, el que estas áreas hayan sido declaradas “zonas libres”, con reducciones en impuestos e inversiones facilitadas, facilita controlar y explotar una fuerza laboral barata representada por la población migrante que cruza la frontera sur.
La justificación del tren ha sido llevar un desarrollo sostenible para “aumentar los beneficios económicos del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, proteger el medio ambiente, desalentar actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, y promover la planificación del uso de la tierra en la región”. No obstante, como menciona un defensor de la tierra, “llamar al proyecto ‘sostenible’ no es más que una continuación de lo que ya ha estado sucediendo aquí: la mercantilización de la cultura maya, que se está convirtiendo en una mercancía en nombre de un bien mayor: el crecimiento económico, los empleos, el turismo, el desarrollo”.
Bajo el velo de la ‘sostenibilidad’, el gobierno federal ha aprobado dos centrales eléctricas adicionales de gas en Mérida y Valladolid, un nuevo gasoducto que traerá gas de esquisto (Puerta al Sureste) desde EE.UU. y la expansión del gasoducto Mayakan. “El tren es lo que articula estos proyectos, es la pieza faltante del rompecabezas para lograr la integración del proyecto colonial y de desarrollo en la península que ha estado en curso en los últimos 500 años. Durante años, esta tierra había sido ‘inexpugnable’, porque la gente se negaba a ser categorizada como desechos. Irónicamente, fue AMLO, un llamado ‘izquierdista’ con el argumento de traer ‘desarrollo sostenible’, quien logró convencer a algunas personas de que “necesitan desarrollo”.
Tramo 5 del Tren Maya. Fuente: https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/4325/ecocidio-del-tren-maya-la-obra-requirio-la-tala-de-mas-de-10-millones-de-arboles
Zonas de sacrificio por la violencia climática
El tercer tipo de zona de sacrificio describe lugares que se han vuelto inhabitables por los efectos lentos y acumulativos del cambio climático. Como argumenta Farhana Sultana, la colonialidad climática se experimenta “a través de continuas degradaciones ecológicas que son tanto abiertas como encubiertas, episódicas y rampantes.” Es decir, la colonialidad climática persiste de tres maneras. Primero, mediante la extracción de recursos y degradación de la naturaleza al convertirla en una forma de trabajo no pagado. Segundo, al convertir a las personas y territorios en sitios vulnerables a los impactos del calentamiento, tachando sus formas de vida como problemáticas, en necesidad de ser mejoradas, por ejemplo, a través de la mitigación, la adaptación o la resiliencia. Tercero, al destruir sistemáticamente ecosistemas tangibles y espirituales de pueblos y otras formas de vida que se convierten en un obstáculo para la transición o la mitigación.
Los legados coloniales se manifiestan en el saqueo de territorios, pero también en las desigualdades de los orígenes y las consecuencias de desastres no-naturales. En América Latina, este fenómeno abarca comunidades marginadas y empobrecidas, es decir aquellos territorios convertidos en las zonas de sacrificio del capitalismo de carbono, explotadas, desposeídas y convertidas en vulnerables por Estados ricos, corporaciones trasnacionales y grandes industrias.
En El Bosque, una comunidad de Tabasco, confluyen los ríos Grijalva, Usumacinta y el Golfo de México. Sus habitantes, aproximadamente 200 personas, han sido tradicionalmente pescadores. “Vimos por primera vez que el mar se acercaba en 2007, pero no sabíamos por qué estaba sucediendo”, comenta una de las personas que habitaban la comunidad. “Fue hasta 2019, cuando comenzamos a contactar a organizaciones de la sociedad civil, que nos ayudaron a entender que ésta es la consecuencia del cambio climático”. Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel del mar, El Bosque ha sido etiquetada como “la primera comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio climático.”
En México, el número de zonas de sacrificio climáticas es difícil de calcular. Varios entrevistados manifestaron que el Estado obliga a presentar evidencia en sus propios términos. Entonces, lo que se ve, lo que cuenta y lo que se mide sólo cuenta si es reconocido por las estrechas definiciones creadas por el Estado. A pesar de ello, en El Bosque, “lo que la gente ha experimentado es la violencia acumulada de siglos de desarrollo y supuesto progreso”, establece un entrevistado de la sociedad civil, “esto es responsabilidad de una forma de progreso basada en los combustibles fósiles, de la cual el gobierno, las industrias y los ricos comparten una parte de la culpa”, dice.
La experiencia de la población local ha sido invisibilizada, al desestimar su vulnerabilidad por las autoridades y al actuar de manera reactiva y torpe en la reubicación. “Nos han dejado sin pasado, sin presente y sin futuro, no tenemos historia, es como si el mar lavara nuestra forma de vida, algo que ahora no podemos transmitir a nuestros hijos”, como me comentó una de las personas de la comunidad desplazada.
El Bosque, Tabasco. Foto: Conexiones Climáticas.
Desde 2022, El Bosque ha solicitado en vano a las autoridades estatales y federales una “reubicación inmediata, planificada, justa y digna”. En 2024, una red de comunidades afectadas por el clima y organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que la comunidad declaró: “no podemos seguir presentando el cambio climático como un problema futuro, lo estamos viviendo todos los días y hemos sido directamente afectados por la violencia que conlleva”, expresó un entrevistado. “Hemos sido sacrificados en todos los sentidos de la palabra, lo perdimos todo y no podemos seguir existiendo como teníamos la intención de hacerlo. Por eso no es sólo cuestión de ser reubicados, lo que necesitamos es que las personas, el gobierno y las empresas comprendan que fuimos desplazados violentamente por sus acciones, así que es mi forma de vida contra otras, pero somos nosotros quienes tenemos que pagar el precio”.
El saber hacer eco-político: zonas de sacrificio como una herramienta de lucha
En los últimos 50 años, las zonas de sacrificio han resultado de la reorganización espacial surgida de políticas neoliberales lideradas por el Estado para impulsar el crecimiento económico, el libre comercio y la inversión extranjera directa. El colectivo Geocomunes ha documentado extensamente los impactos socioecológicos de minería, industria, infraestructura energética y agroindustria en México, destacando una tendencia de reorganización territorial impulsada por la construcción de infraestructura energética, industrial y de transporte.
México ha registrado más de 560 conflictos ambientales con al menos 211 documentados en el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), hasta abril de 2024. En cuanto a defensores del medio ambiente y de la tierra, la organización Global Witness ha documentado más de 180 asesinatos, cifras conservadoras. Otras organizaciones, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), han documentado más de 500 ataques a defensorxs en la última década.
Existe un esfuerzo por hacer que la tierra sea “legible” para la extracción. Esta tendencia se ha intensificado en los últimos 50 años mediante iniciativas de redefinición territorial a gran escala destinadas a “abrir” o “incorporar” regiones enteras en la agenda de desarrollo. Destacan aquí los megaproyectos que buscan reorganizar el territorio para garantizar la integración y el flujo de recursos, así como el potencial de desarrollo del continente.
Sin embargo, de cara a esta violencia, a la contaminación y al despojo, también han surgido resistencias. En 2019, varios movimientos sociales organizados a través de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales organizaron el “Toxitour“, una caravana de organizaciones ambientales, científicas y laborales nacionales e internacionales para denunciar los altos niveles de toxicidad y destrucción causados por corporaciones apoyadas por el despliegue de corredores industriales del gobierno federal.
La coalición de organizaciones formuló una ‘epidemiología popular’ para desafíar el ‘sentido común’ hegemónico que ha moldeado sus vidas como sacrificiales, en oposición a las valoraciones desplegadas por los programas de desarrollo y objetivos del gobierno como el crecimiento económico, la soberanía o el empleo.
Cubriendo 2,637 km en siete estados del centro de México, el Toxitour atravesó áreas designadas por el Plan Nacional de Desarrollo de 1996 para corredores industriales, que incluyen industrias automotrices, aeroespaciales, químicas, cementeras, alimenticias y textiles. El tour fue la culminación de casi quince años de resistencia comunitaria, un desafío a las autoridades que continúan ignorando el sufrimiento porque no encaja en sus formas burocráticas.
De manera similar, la Caravana ¡El Sur Resiste! (CSR), organizada por más de 10 movimientos indígenas y defensores de la tierra en 2023, recorrió siete estados del sur de México, destacando el impacto de los ‘polos de desarrollo’ que los principales megaproyectos de infraestructura de AMLO –el “Tren Maya”, el “Corredor Interoceánico” y el gasoducto “Puerta al Sureste”– tendrán en la remodelación de la región, abriendo oportunidades de inversión, militarización, turismo, minería y desarrollo urbano. La caravana coincidió con un fallo histórico del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), que responsabilizaba al Estado mexicano por violar los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, que durante mucho tiempo ha cuidado su territorio. Este fallo exige la suspensión inmediata del ‘Tren Maya’, la desmilitarización de los territorios indígenas, el cese del acoso contra los defensores de la tierra y la preservación de la naturaleza.
Mina Lorena Navarro y Verónica Barreda han utilizado el concepto de zonas de sacrificio para denotar no sólo los impactos socioecológicos derivados del modelo de acumulación y producción del capitalismo contemporáneo, sino para denotar la forma en la que diversas redes socioecológicas han montado una resistencia en torno al despojo y a la progresiva contaminación de sus territorios por el modelo de desarrollo hegemónico.
Navarro y Barreda utilizan el concepto para caracterizar las luchas de aquellos afectados y/o dañados por la explotación y el despojo a lo largo del sur gobal. Ilustran cómo tanto el Toxitour como la CSR abarcan luchas por la tierra aparentemente desarticuladas para fomentar una “conciencia ecopolítica” crítica, exponiendo las injusticias inherentes a la explotación del capital y su externalización en zonas de sacrificio.
Las redes comunales han forjado memorias colectivas intergeneracionales para denunciar el sacrificio y contextualizarlas dentro de procesos de producción de su vida cotidiana. Al hablar de “zonas de sacrificio”, diversas redes en todo México están denunciando ahora la toxificación y las políticas ambientales racistas mediante la organización de diversas prácticas de resistencia, buscando mitigar, sanar y/o restaurar el daño corporal/territorial, el agua y el aire, así como crear otras formas de bienestar y dignidad mediante la autogestión. Estos esfuerzos demuestran un resurgimiento de la agencia política para desafiar la lógica sacrificial oficial del “desarrollo”. Sin embargo, esta resiliencia no está exenta de tensiones y contradicciones, mientras las comunidades navegan adversidades diarias.
El conocimiento eco-político visible en procesos como el Toxitour, la CSR y la creación de huertos en Coahuila reflejan no solo la posibilidad de imaginar una transición energética de manera diferente, sino también la necesidad de resistir y proponer un cambio que vaya más allá del fin de los combustibles fósiles. Este cambio se enfoca en una transformación radical del pensamiento, colocando en el centro la necesidad de repensar nuestra relación con la naturaleza, el territorio y la capacidad de imaginar otros mundos más allá del capitalismo y su vertiente extractiva, sea esta “verde” o “gris”. Como mencionó una de las personas entrevistadas: “Lo que nos queda es seguir resistiendo, tejiendo redes y aprendiendo de otros procesos y territorios. Solo así seremos suficientes para proponer un modelo alternativo, uno que esté nutrido de diversas luchas”.
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
Hermanas y Hermanos:
En este mes de agosto nuestra organización cumple 15 años de exigir que se revierta la impartición de impunidad que la Suprema Corte de Ricos y Criminales de nuestro país decidió otorgar a los autores materiales del crimen de estado cometido aquí, con tremenda crueldad y brutalidad, que nos arrebató la vida de nuestras 45 hermanas y hermanos Mártires de Acteal, así como de cuatro bebitos masacrados desde el vientre de sus mamás, dejando libres, premiados, de regreso a nuestras comunidades y sin siquiera confiscarles las armas que usaron, a cada uno de los paramilitares que ejecutaron esta masacre. Y nos volvemos a reunir como cada día 22 de mes para pedirle a nuestro Creador que siga fortaleciéndonos para obtener la justicia verdadera para todas y todos ellos, gritando a todo el que nos quiera escuchar, la verdad que todos los gobiernos han ocultado para perdonar su culpa a los autores intelectuales de la masacre, comenzando por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Con esta suprema injusticia, a falta de verdaderas consecuencias para los responsables de los crímenes en Acteal, lo único que se ha logrado es sembrar los peores precedentes para que brote y crezca sin control la violencia en nuestras comunidades, ahora en medio de la actuación de grupos armados relacionados con el crimen organizado.
Hoy esa violencia se vive con mayor intensidad por la necedad del gobierno federal y estatal de no desmantelar los grupos armados que se están peleando el control de nuestra región. Al gobierno lo único que le preocupa es que se realice a como dé lugar este 25 de agosto el proceso electoral que se suspendió en Pantelhó, precisamente por no haber condiciones para poder llevar a cabo las elecciones en la zona. Desgraciadamente, desde julio para acá, se han intensificado las balaceras, las bombas, la quema de casas, hemos escuchado de varios heridos, muertos y desplazados más y la situación es más grave que nunca, pero los gobiernos y sus partidos insisten en hacer sus elecciones que, además, sólo hacen el conflicto más grande.
Quienes luchamos por la paz y garantías básicas que en esta región son inexistentes, es decir, los defensores de la vida y los derechos humanos, corremos especialmente en Chiapas el riesgo de perder la vida y la integridad por el simple hecho de estar del lado de la verdad, por no dejarse comprar y por no querer colaborar con el mal. Como nuestro querido Padre Marcelo, que ha sido criminalizado y perseguido por tratar de parar las muertes y mediar en el conflicto de Pantelhó en años pasados; o nuestro compañero y hermano Simón Pedro que murió asesinado por participar en los esfuerzos no-violentos del Pueblo Creyente para hacer que volviera la paz a nuestras comunidades en Simojovel, Pantelhó y Chenalhó.
Por eso nos alegra que por lo menos desde una instancia internacional como la ONU, tres relatores especiales le pidieran en días pasados al Presidente de la República proporcionar información sobre “la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del defensor de los derechos humanos Sr. Simón Pedro Pérez López”. Y en otro punto le piden “proporcionar información en relación con la investigación sobre los autores intelectuales del Masacre de Acteal”. También que se le pida “proporcionar información sobre el motivo por la demanda de aprehensión presentada en contra del Padre Pérez Pérez y el estado actual de esta”. Por último, saludamos y vemos como un buenísimo precedente la petición que hacen los relatores al Presidente para que “proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las comunidades de Chicomuselo, incluyendo la seguridad e integrad física de las personas defensoras del territorio en el Municipio ante la presencia del crimen organizado”. Todo esto, en medio de subrayarle su “profunda preocupación por la situación de las personas defensoras de los derechos humanos mencionadas: el Padre Marcelo Pérez Pérez, la Sra. Pascuala López Lopéz, las personas defensoras del municipio de Chicomuselo, y los miembros de la organización sociedad civil las Abejas de Acteal y el Frayba.” En “un contexto de represión marcado por la criminalización de personas defensoras, graves agresiones perpetradas en su contra con impunidad, y violaciones persistentes de los derechos humanos de las comunidades del Estado de Chiapas”.
Nos unimos a nuestras hermanas y hermanos Consejos Parroquiales de Chenalhó y Pantelhó cuando dicen claramente:
Desde nuestra Fe en Jesucristo, el dolor del pueblo que sufre, y la indignación, por la ingobernabilidad que vivimos en el estado, la minimización que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia que se ha viralizado en dichos municipios, y sin entender en manos de quién está la lucha contra el crimen organizado, ya que vemos que los criminales, cada día se hacen más fuertes en presencia de los militares y la Guardia Nacional, o ¿están protegidos por ellos?, y porque, en los encargados de nuestra seguridad, estatal y municipal existe la sospecha de su complicidad con dichos criminales, que en los conflictos actuales han dejado familias sin tierra, sin casa y sin paz, porque han tenido que abandonar sus comunidades, unas para no aliarse, otros para no venderse, otras para no sumar más asesinos y asesinatos, y todas para proteger su vida, decimos al gobierno Federal, Estatal y Municipal, que están a tiempo de no mancharse con más desplazados buscando refugio en otro país”.
Por todo esto, le pedimos a toda persona solidaria con la lucha de Las Abejas que nos ayude a continuar exigiendo:
Al gobierno federal y estatal que primero atienda el problema de raíz que tenemos en la región y no insistan en realizar las elecciones en medio de la violencia.
A las fuerzas estatales y federales de seguridad que no permitan más derramamiento de sangre en nuestros municipios.
Exigimos al Presidente de la República que dé contestación puntual a los mandatos de los tres relatores especiales de la ONU del pasado 31 de mayo, y dar efectivamente con los autores intelectuales del asesinato de nuestros 45 mártires y de nuestro hermano Simón Pedro Pérez López.
¡ALTO A LA IMPUNIDAD PARA LOS VERDUGOS DE QUIENES LUCHARON POR LA VIDA Y LA PAZ!
¡VIVAN LOS MÁRTIRES DE ACTEAL!
¡VIVA SIMÓN PEDRO!
¡JUSTICIA Y PAZ PARA CHIAPAS Y TODO MÉXICO!
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A NUESTRAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS!
¡NO AL GENOCIDIO EN PALESTINA!
¡VIVA LA LUCHA NO VIOLENTA!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente,
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
[2]Comunicado de las Parroquias de Santa Catarina -Pantelhó- y San Pedro Apóstol -Chenalhó-, 10 de agosto de 2024. https://frayba.org.mx/comunicado-de-las-parroquias-de-santa-catarina-pantelho-y-san-pedro-apostol-chenalho
Al CNI- CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez
A CG de EZLN
A los Nacional por el Agua y la Vida
A los pueblos, organizaciones y colectivos que integran la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
A la Sexta Nacional e Internacional
A la Europa insumisa
A los pueblos, tribus y barrios que nunca fueron conquistados
21 de Agosto de 2024
El pasado 17 y 18 de agosto de 2024 demostramos con dignidad que la fuerza de los pueblos del campo y la ciudad, ante la embestida criminal logra arrancarle al estado, libertades, agua y territorio.
Acordamos en esta quinta asamblea la solidaridad y la acción directa como una de nuestras fuerzas más importantes que doblega al estado Mexicano.
Hoy celebramos que los pueblos cholultecas en Puebla, obligaron al gobierno a respetar su decisión colectiva de cerrar el basurero, que en los hechos, lograron hacer desde el 21 de marzo del presente año, que reafirmaron en un decreto el 14 de mayo y que hoy, por mandato de los pueblos, PROFEPA colocó los sellos de clausura definitiva en este lugar en donde la empresa ProFaj Hidrolimpieza y el gobierno local y estatal lucraban con la contaminación y muerte. La lucha de los pueblos cholultecas no concluye, continuarán exigiendo el cierre de carpetas de investigación en contra de pobladores e inicio del plan de abandono, remediación y saneamiento.
Tampoco bajamos la guardia ya que este logro se dio en medio de una serie de actos de intimidación, criminalización y asesinato hacia pueblos y organizaciones que participan en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
CONTEXTO
COMUNIDAD OTOMÍ Y LA CASA DE LOS PUEBLOS SAMIR FLORES SOBERANES
La importancia para los pueblos que en la capital económica, política, en un edificio federal recuperado por una comunidad originaria de México, donde se gestan megaproyectos de muerte, el desprecio, y el despojo en contra de todas las comunidades indígenas, ese edificio donde despachaba el traidor que con ordenamientos intenta borrarnos los pueblos, ese espacio resguardada y dignificada por la comunidad otomí residente de la ciudad de México, abre la puerta en solidaridad a todos los pueblos que nos sostenemos en comunidad y permite que continuemos la defensa del agua, la vida y el territorio contruyendo otros mundos posibles.
Aproximadamente a las 13:00 hrs del día 20 de agosto de 2024, dos días después de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, presuntos policías sin identificación arribaron a la Casa de los pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes» alegando que el vehículo de uno de los integrantes de la comunidad podría tener reporte de robo estos sujetos no se identificaron, los policías intimidaban grabando a nuestros compañeros, sus motocicletas portaban placas dañadas, por lo cual no se pudo documentar ni identificar su procedencia.
Este plan de hostigamiento, amenazas y represión en contra de la Comunidad, en específico en contra de nuestro compañero Filiberto Margarito, concejal del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno nos alerta respecto a la respuesta del estado que atenta no sólo con la comunidad otomí, también atenta contra las comunidades que integramos el Congreso Nacional Indígena quienes vemos ese edificio como la Casa de los Pueblos y ante la amenaza que se gesta responderemos.
ATLAPULCO XOCHIMILCO
La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, detuvieron el saqueo de agua en tubería, replegó y resistió ante la embestida con millares de granaderos y recuperaron la biblioteca comunitaria como acuerdo de asamblea, así mismo recibieron la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
En la noche del viernes 02 de agosto de 2024, en el domicilio de Hortensia Telésforo representante comunitaria, defensora de agua, se encontró tirado, mojado y con un pedazo de cinta adhesiva un documento de notificación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el que se le citaba para presentarse ese mismo día por la tarde para darle a conocer que debía presentarse con un abogado para conocer información de una carpeta investigación que que se le pretende imputar.
Nuestra compañera Hortensia Telésforo ha sido agredida físicamente por el estado mexicano, logrando la comprobación de esta violencia política en razón de género como autoridad tradicional, por parte del agresor Ernesto Negrete, cercano y amigo del exalcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Y ahora, recibe más violencia del Estado mediante la criminalización por su movilización en pro de la defensa del territorio y autonomía atlapulquense.
REGIÓN CHOLULTECA, PUEBLA
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Relleno Sanitario, región donde fue sede de la primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
El día lunes, 19 de agostode 2024 aproximadamente a las 20:30 hrs, se presentaron 6 patrullas del municipio de Calpan en los límites del plantón contra el basurero de muerte de San Pedro Cholula.
La excusa de su presencia fue que había un vehículo descompuesto, lo cual solo muestra su cinismo. La reacción inmediata de las comunidades ante este acto obligó a las patrullas a retirarse del lugar.
SAN JUAN CANCUC CHIAPAS
La comunidad de San Juan Cancuc Chiapas se opone a las consecuencias de la militarización y megaproyectos de muerte, en respuesta a ello, fueron encarcelados los compañeros Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.
UPVA 28 DE OCTUBRE
El 2 de agosto del presente año fue asesinado Abelino Soberano Martínez, acomodador de automóviles, miembro de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, por parte de la policía de Puebla, la cual, en medio de actos de extorsión a los trabajadores, arremetieron con armas de fuego causando la muerte del compañero.
Ante la organización el Estado responde con represión.
En el marco de la 5ª Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el territorio llevado a cabo el día 17 y 18 de agosto de 2024, en la casa de los pueblos «Samir Flores Soberanes», con amplia convocatoria de pueblos originarios de todo el país así como organizaciones sociales que luchan por el agua, la vida y el territorio, la persecución y criminalización, no se hacen esperar, lo que nos da a entender que no estamos equivocados, que organizarnos, dialogar, escuchar, acordar y sostenernos en comunidad es el camino que debemos continuar.
Reiteramos los logros que atentan a los intereses capitalistas patriarcales y neoliberales.
– El pueblo Ñhoñho que recuperó el pozo comunitario en Santiago Mexquititlán, y que en la CDMX construyó la Casa de los Pueblos en el edificio del mal llamado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
– El pueblo Yaqui de Loma de Bácum que expulsó a una de las empresas más poderosas del mundo: Sempra Energy, quien pretendía imponer el gasoducto Aguaprieta.
– Los pueblos cholultecas que detuvieron el saqueo de agua por parte de Bonafont-Danone, clausuraron el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo, emitieron el decreto que prohíbe la instalación de basureros y despojo de.agua en sus territorio y obligaron a PROFEPA a colocar los sellos de clausura definitiva y que, durante 5 sexenios han luchado y detenido la construcción del Proyecto Integral Morelos.
– El pueblo nahua de San Gregorio Atlapulco que evitó la instalación de tubería que serviría para despojarles de su agua y que recuperaron la biblioteca comunitaria para convertirla en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.
– Las mujeres mazatecas que liberaron a todos sus presos tras 10 años de secuestro estatal.
– El pueblo nahua de Santa María Ostula que recuperaron sus tierras con el nombre de Xayacalan y que a pesar de los ataques del narcotráfico y el Estado se mantienen en resistencia.
– Colectivos y habitantes de escolásticas demostraron que el Estado comete delitos de tortura a comunidades enteras.
– Compañeras y compañeros solidarios que en colectivo y organizados lograron arrancar la libertad de José Díaz base de apoyo zapatista.
El mensaje para el narco-estado capitalista es claro: los pueblos, organizaciones, concejos, asambleas regionales, colectivos e individu@s que luchan por la vida desde abajo y a la izquierda estamos unidos.
Sosteniendo en los hechos la liberación del agua, la tierra, la vida y de nuestros presos haciendo valer la consigna de “ni una lucha aislada más”, continuamos en alerta permanente y…
EXIGIMOS:
– Alto al hostigamiento, persecución, criminalización a las y los compañeros de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, Filiberto así como al compañero Diego García Bautista.
– Al gobierno de la Alcaldía de Xochimilco que desista de la criminalización retirando la denuncia penal contra nuestra compañera Hortensia Telésforo, autoridad tradicionl e integrante de Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco.
– Alto a la criminalización y hostigamiento policial a la Unión de pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario de San Pedro Cholula.
– Inicio del plan de remediación para erradicar la contaminación de agua por lixiviados del basurero de San Pedro Cholula.
– Alto a las amenazas de desalojo violento de la Casa de los pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes.
– Cumplimiento íntegro e inmediato de las demandas de vivienda digna de la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México.
– Libertad inmediata a los cinco presos de San juan Cancuc Chiapas: Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martin Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velazco, por oponerse a las consecuencias de la narco-militarización.
-Justicia para Abelino Soberano de la UPVA 28 de octubre.
– Alto a la guerra contra los pueblos originarios, del campo, el mar y la ciudad.
Ante la amenaza del narco estado capitalista, la respuesta de los pueblos, organizaciones, concejos, asambleas regionales, colectivos e individu@s que luchan por la vida desde abajo y a la izquierda es clara: existimos porque resistimos.
Hemos y seguiremos demostrando que Sostenemos en los hechos la liberación del agua, la tierra, la vida y de nuestros presos haciendo valer la consigna de “ni una lucha aislada más”, continuamos en alerta permanente.
ATENTAMENTE
AGUA, TIERRA Y LIBERTAD
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
No están ustedes para saberlo, ni yo para dárselos a conocer, pero he triunfado en la ardua y vertiginosa carrera tecnológica.
Después de 6 meses 6 de agotadora investigación, estudios y prácticas desgastantes, solo, sin más ayuda que 453 videos tutoriales, pude hacer una captura de pantalla. Lo sé, parece increíble. Pero no crean que me conformé, ahora me propongo encontrar dónde rayos quedó guardada la captura de pantalla. Luego averiguar para que sirve una captura de pantalla. ¿Después? … ¡el mundo!
Bueno, de ahí que, animado por este gran logro, me dediqué a incursionar en el mundo de las aplicaciones digitales (que los veteranos llamamos “apps”), y así surgió la idea que ahora les refiero:
Se trata de una idea para el tránsito tan cacareado hacia un capitalismo humano (o a “limarle las puntas al neoliberalismo” -según la 4T-): Una nueva aplicación digital que se llamaría “OnlyHaters”. En ella usted, dama, caballero, otroa, podría insultar a placer al villano o villana de su preferencia a cambio de un precio razonable. Claro, habría cuenta premium donde el receptor se compromete a leer su mensaje o ver su video (si tiene usted más recursos). ¿Se imaginan? Casi cualquier personaje de la política y del capital se haría millonario.
El futuro secretario de educación, en México, ya no tendría que vender candidaturas al cártel más cercano a su corazón. El Supremo se retiraría con su sustento asegurado y le alcanzaría para crear su propio podcast mañanero (que es lo único que hizo en casi 6 años). Trump no tendría que recurrir al fraude fiscal para financiar su campaña y sus empresas. Biden-Harris no tendrían que hacer ofertas de temporada a las grandes corporaciones para la guerra de conquista en Palestina. Le Pen y Macron no tendrían que esconder su afinidad ideológica. El PSOE y el PP podrían al fin salir del closet y abrazarse en público. Milei no tendría que ponerse histérico cada vez que dice algo ni poner cara de estreñimiento agudo. Lula, Petro y Boric podrían pagar su suscripción a los canales de tv del imperio Murdoch (Fox) sin necesidad de convertirse en sus voceros (y, por favor, que alguien les diga que ésos a quienes quieren agradar serán los mismos que mañana los lapidarán en lo mediático). Netanyahu no tendría que cometer crímenes de guerra para sostenerse en el gobierno. Zelenski encontraría un cauce honorable para su capacidad histriónica. Putin podría dedicarse a montar osos.
Y claro, yo, el Capitán, no tendría que atender mi taller de bicicletas eléctricas (que se llama, por supuesto, “Mi Abuelita en Bicicleta”) para poder adquirir las obras completas de Arturo y Carlota Pérez-Reverte, Javier Marías y Arthur Conan Doyle (antes de que empiecen con sus juicios, sentencias y condenas de corrección política, “sensibilidad de género” y lo que esté de moda, permítanme avisarles que me cago en sus tribunales, los morales y los otros).
No sé, piénsenlo. Así ya no se explotaría la fuerza de trabajo humana, sólo los sentimientos de rechazo, odio, intolerancia, racismo, homofobia, misoginia, fanatismo, etc. Lo más ruin de la especie humana sería fuente de riqueza.
Oh, olvídenlo: para eso ya existen las redes sociales.
Nah, también hay videos de gatitos y perritos (¡aww!)
En fin, como le responde Don Francisco de Quevedo a un otro Capitán, veterano de los Tercios de Flandes: “No queda sino batirnos, pese a todo. Contra la ignorancia, la estupidez, la maldad, la superstición y la envidia”. Ya después el autor agregará: “la apatía, la incultura, la insolidaridad, la corrupción”.
Vale. Salud y “Omitir las verdades no es otra cosa que una variedad refinada de la mentira” (Almudena Grandes. Madrid, Estado Español).
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán. Mirando el barco sobre la mar y a caballo en la montaña. México, agosto del 2024.
P.D.- Si alguien, allá afuera, decide capitalizar esta genial idea, triunfar así en el rudo mundo de la era digital, tener un sitio exclusivo en Silicon Valley, codearse con los Arnault, Bezos, Musk, Zuckerberg, Gates, y ser convocado por el Preciso para que opine sobre asuntos que deberían ser de Estado, no olvide “mocharse” con un tanto de paga. Necesitamos equipar varias salas de quirófano. Están los “mete cuchillo” fraternales puestos, están los candidatos a cirugía, están los lugares para construirlos, están las jóvenas y jóvenes dispuestos a aprender. Ya sólo faltan los equipos. Y la capacitación para su uso y cuidado, claro.
A casi un mes que finalice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 1 de octubre, pueblos originarios y colectividades urbanas se congregaron en la 5ª Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Un evento que estuvo nutrido por más de 800 personas, quienes confluyeron en el edificio ocupado llamado Samir Flores Soberanes, el cual lleva el nombre del primer activista asesinado durante el mandato de AMLO.
En este emblemático espacio establecido en la Ciudad de México, anteriormente era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a manera de un balance del paso de estos años, se cruzaron reflexiones de pueblos originarios y de colectividades urbanas sobre la escasez del agua, tanto en la ciudad como en el campo.
Fotos: Santiago Navarro F.
También se resaltó la continuidad de las políticas neoliberales y proyectos de gran envergadura que han caracterizado al gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, los nuevos parques industriales y el entramado de gasoductos que se despliegan en el Golfo y sur de México, pertenecientes principalmente a la empresa canadiense TC Energy y a la estadounidense Sempra Energy.
“Hay al menos tres preocupaciones en las que hemos coincidido. La escasez y saqueo del agua de nuestros territorios. La avanzada de los megaproyectos y la militarización y el crimen organizado, que acompañan estos megaproyectos. Desde Sonora hasta Yucatán se expresan los mismos problemas” dijo para Avispa Mídia Carlos Beas de Oaxaca.
La asamblea estuvo nutrida por colectividades urbanas de jóvenes, universitarios, amas de casa, entre otras como Lucía Vázquez del pueblo de Acochi, en Sonora, quién sostuvo para Avispa Mída que el conglomerado “Grupo México, además de haber contaminado el Río Sonora en el año 2014, con metales pesados, ahora quiere saquear el agua por medio de pipas (tanques cisterna) del río Bacoachi”, lugar donde las habitantes de estos pueblos mantienen bloqueado el acceso a las pipas.
Al activista e investigador Gilberto López y Rivas, quien fue partícipe de esta Asamblea, le llama la atención las coincidencias de los testimonios tanto urbanos como rurales, “se han identificado a los victimarios de este proceso de despojo y explotación del agua; aparece, naturalmente, las refresqueras, las cerveceras, farmacéuticas, el crimen organizado”.
Militarización y crimen
López y Rivas, quien también es integrante del colectivo Llegó la hora de los pueblos, menciona para el equipo de este reportaje que, otro elemento que destaca en los testimonios cruzados de este encuentro, “es la creciente militarización en el país”, ya que los megaproyectos han sido desarrollados y custodiados por “por la Marina y por la Guardia Nacional”.
Pero, sobre todo, arremete el activista, “estamos en un momento donde el capitalismo esta siendo más agresivo; entonces se despliega un proceso de acumulación de capital de forma militarizada, pero, también, delincuencial que responde a las necesidades del capitalismo”, asevera López y Rivas.
Además, los asistentes denunciaron el acaparamiento del agua por empresas como Coca-Cola, Heineken, Cemex, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el Proyecto Integral Morelos. Los han colocado como ejemplos de un “saqueo sistemático” que perpetúa el “despojo y la violencia”, declararon en plenaria.
La declaración final de esta asamblea también ha puesto de relieve el caso de Samir Flores Soberanes, un destacado activista asesinado en 2019, cuya muerte fue vista como un indicio de la persistente guerra contra los pueblos originarios. La asamblea ha exigido justicia para Samir y para los numerosos desaparecidos que, según se afirma, “han sido víctimas de la violencia institucional y la represión”.
Los participantes han subrayado el papel crucial del agua y la tierra en la vida y cultura de los pueblos indígenas, llamando a la protección de estos recursos frente a los intereses corporativos y gubernamentales. Se ha resaltado la importancia de la autonomía y la autodeterminación de las comunidades, y se ha denunciado la simulación y cooptación de las instituciones gubernamentales que, según se afirma, “han intentado desacreditar y desmovilizar la lucha indígena”.
Fotos: Santiago Navarro F.
A ello se suma una serie de acciones y movilizaciones que realizarán en los próximos meses en apoyo a las comunidades afectadas en todo México. La asamblea también ha anunciado la realización de la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en 2025, destacando la continuidad y el fortalecimiento de la resistencia. La fecha y lugar aún no lo han anunciado.
En un emotivo cierre, los asistentes reafirmaron su compromiso con la lucha por la vida, la justicia y la dignidad. Bajo el lema “Agua, Tierra y Libertad”, la asamblea ha dejado claro que la resistencia de los pueblos originarios sigue viva y activa, desafiando las estructuras de poder que han intentado someterlos a lo largo de la historia.
La ONU llama al Estado mexicano a garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Chiapas
El Estado mexicano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; es urgente que se tomen medidas proactivas y contundentes de protección.
Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la situación de riesgo de varias personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en Chiapas. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al Estado que aclare las medidas que está tomando para proteger a quienes sufren ataques por su labor en pro de los derechos humanos.
La y los expertos independientes de la ONU sumaron sus voces tras sostener una reunión con varias personas defensoras del estado de Chiapas. En su comunicación, destacan los ataques que enfrentan el Padre Marcelo Pérez Pérez, Pascuala López López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como pobladores de Chicomuselo movilizados contra la explotación minera en su territorio.
Estas personas y organizaciones están expuestas a la criminalización, a difamaciones, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas de muerte, ataques físicos, entre otras violencias. Algunas acompañan víctimas de desplazamiento forzado, otras son constructoras de paz o buscan justicia para sus seres queridos. Todas están en riesgo por defender sus derechos, su tierra y territorio.
A raíz de ello, la ONU pide al gobierno esclarecer lo que está haciendo para revertir esta tendencia. En efecto, México como cualquier Estado tiene el deber no solo de abstenerse de violar los derechos de las personas defensoras, sino también protegerlos ante los riesgos que enfrentan. En un contexto donde defender los derechos humanos puede ser mortal – 30 personas defensoras fueron asesinadas en México en 2023[1] – la y los relatores también subrayan la necesidad de investigar a fondo el asesinato de Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas asesinado el 5 de julio 2021; así como la propia Masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó.
Finalmente, la y los relatores resaltan la necesidad de no dejar en la impunidad las agresiones a personas defensoras, así como tomar las medidas para que no se repitan.
Desde el Frayba, apoyamos firmemente este llamamiento y recordamos al Estado mexicano sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es imperativo que se tomen medidas proactivas y contundentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones y las y los defensores son aliados esenciales y actores clave en la garantía y protección de los derechos de todas y todos.
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
Herman@s Tod@s
Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.
La profecía: el monstruo de mil cabezas (el mal) vendrá y dividirá en dos a las comunidades, se infiltrarán en el corazón de ella, engañará, ofrecerá dinero, e intentará romper desde adentro.
Porque solo dividiendo puede imponer muerte y destrucción, la tarea es tejernos en comunidad como humanos, como hermanos, como hijos que pertenecemos a la gran madre, este planeta tierra, o sea organizarnos porque ante la muerte decidimos vivir.
En estos dos días de trabajo y organización nos encontramos 800 personas provenientes de los estados de Michoacán, Querétaro, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Colima, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Guerrero, Yucatán, Chihuahua, Nayarit, Cuidad de México, así como diferentes países: Alemania, Italia, Francia, España, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú, Suiza y Guatemala.
En esta 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida asistieron también 200 delegados y delegadas del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, de los pueblos Ñhöñhö, Purépecha, Mixe, Mayo, Wixarika, Yoreme, Nahua, Yaqui, Mazateca, Mixteca, Totonaco, Popoluca, Nuu Savi, Maya, Tepehuano, Guarijío, Rarámuri, Nayeri, Tzeltal, Tololabal, Zapoteco, Tohono Odam y Bini Zaa.
Declaramos:
El 19 de febrero de 2019, apenas dos meses después del inicio del nuevo sexenio, el asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes sería la señal de que la guerra contra los pueblos continuaría. El asesinato de Samir y el intento por echar a andar el Proyecto Integral Morelos, fue una prueba más de que el nuevo gobierno retomaría la agenda neoliberal de reordenamiento territorial para acoplar a nuestro país a la economía norteamericana y para ponerlo así al servicio del capital trasnacional. Junto al Proyecto Integral Morelos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros proyectos y megaproyectos de gran envergadura, la pesadilla neoliberal se extendió por todo el país de la mano de la militarización y del crimen organizado. Lo que en el pasado los malos gobiernos llamaron Plan Puebla Panamá y luego Proyecto Mesoamérica, el actual mal gobierno lo renombró colocando siempre el apellido de “Bienestar” para intentar ocultar el despojo, el desplazamiento, la destrucción y la muerte.
Para avanzar con la reorganización capitalista del territorio nacional, la nueva élite gobernante recuperó de sus antepasados estrategias de cooptación y simulación como lo es el indigenismo. Como sí se tratará de mero espectáculo, desde presidencia y sus asesores de comunicación, hicieron una gran puesta en escena para entregar un supuesto bastón de mando al actual capataz, faltando con ello a la verdad, y también faltando a la historia, memoria y al espíritu de nuestros pueblos. Esta simulación, hay que señalar, se ha retomado con quien a partir de octubre ocupará la silla presidencial.
Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) echó a andar toda una operación mediática y política para hacer creer que el despojo y la muerte cuentan con el aval de los pueblos. En Sonora, por ejemplo, con el pueblo Yaqui, se puso en marcha un aparente Plan de Justicia que en los hechos favorece el despojo del agua para abastecer a las industrias mineras y la imposición del gasoducto, al tiempo que se continuó con el asesinato, la tortura y desaparición de varios miembros de la Tribu.
En Oaxaca y Veracruz, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto impulsado por el imperialismo desde hace dos siglos avanza de la mano de quien se dice defensor de la soberanía del país. Pero los pueblos, colectivos y organizaciones siguen resistiendo no sólo al megaproyecto, también al crimen organizado y a la represión que viene con él.
En la península de Yucatán, en el territorio maya, los pueblos vemos contaminados nuestros ríos subterráneos y cenotes, vemos destruidos nuestros territorios por donde pasa el mal llamado tren maya, un tren que viene acompañado del crimen organizado, de violencia, con el incremento de desaparición de niños, niñas y jóvenes, con el aumento de violencia y también con el incremento de suicidios. Al mismo tiempo vemos crecer las riquezas de las cerveceras y granjas porcícolas, de inmobiliarias y de la agroindustria que extraen nuestra agua que estaba protegida por la madre tierra durante miles de años y que ahora la han expuesto a contaminantes. Pueblos y comunidades que antes aceptaron el tren por la promesa de desarrollo, hoy se arrepienten ante la devastación ecológica y la llegada del crimen.
En Santa María Ostula, en Michoacán, aquel pueblo que nos alertó del vínculo entre mineras, crimen organizado y mal gobierno, hoy vemos el recrudecimiento de la guerra, los drones que avientan bombas, los ejércitos de las corporaciones criminales que buscan exterminar al pueblo en resistencia. Y vemos también, como en otras tantas geografías, un Estado cómplice.
En Chiapas, los pueblos zapatistas resisten a la brutalidad de la guerra que se ha instalado en todo el estado, una guerra que desplaza a pueblos enteros, que aumenta las desapariciones forzadas, que trafica con la gente, especialmente con mujeres y niños. Y ahí, en lo que hoy es el epicentro de la guerra, en Chiapas, los zapatistas nos enseñan que otro mundo es posible y que, organizados con otros y otras en todo el mundo, podemos arrancar al Estado la libertad de nuestros compas. En medio de tantos dolores, un destello de alegría y sonrisas nos provocó la libertad del compa José Díaz Gómez. Esta asamblea se suma a la exigencia al alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en todo Chiapas y México.
En la Ciudad de México, la comunidad Otomí resiste desde la Casa Samir Flores Soberanes y nos enseña que luchar por vivienda digna es también luchar por la autonomía. Como respuesta, la comunidad Otomí recibe amenazas de desalojo y represión. Desde esta asamblea dejamos claro: toda nuestra solidaridad con la comunidad otomí residente en la ciudad de México y alto a la criminalización de la comunidad y del compañero Diego García. Exigimos que se cumplan la totalidad de sus demandas. Nos declaramos en alerta ante cualquier agresión que puedan recibir.
Y en Guerrero, las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos dicen que su dignidad no está en venta, que burlas y desaires recibieron de este gobierno que decidió proteger a los militares y dejar que la verdad y la justicia siguieran esperando para otro momento. Esta V Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio dice también: nos faltan 43 compañeros y miles más.
Retomando la ruta de Luis Echeverría en 1975 y la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), el INPI del traidor Adelfo Regino, el 29 de febrero del 2024 creó un aparato con exactamente el mismo nombre, un instrumento a modo para simular el diálogo y para intentar disminuir al movimiento indígena independiente, ese que no se rinde, no se vende y no traiciona. Como reivindicación del desprecio y de la simulación, el nuevo aparato de dominación de los pueblos retomó la misma consigna que ha sido nuestro grito de lucha: “Nunca más un México sin nosotros”. En su ruta del saqueo, y como complemento de la cooptación y desmovilización, el INPI elaboró y publicó en el diario oficial de la federación, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, el 9 agosto de 2024, un Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, un “Catálogo” que es en realidad un plan de guerra: un plan para para eliminar a nuestros pueblos y despojar nuestros territorios. Junto a los catálogos, los pueblos mágicos, la simulación de la justicia y las puestas en escena, el propio INPI, siempre al servició del capataz, ha impulsado o legitimado asambleas o consultas que no cumplen con las formas y tradiciones de los pueblos. Recientemente, el mismo INPI ha retomado reformas jurídicas que fueron discutidas hace más de 25 años y que hoy no corresponden a las exigencias y problemáticas de nuestras regiones.
Para los pueblos el agua es sagrada, porque nos da vida, nos da existencia, nos da comida, nos da medicina. Por eso pedimos permiso al territorio, por eso no lo traicionamos, no lo vendemos. Si la tierra y el agua enferman nosotros también, si el agua muere, nosotros y la vida toda se acaba. Si el agua ya no cae, nada florece, nada vive.
Para ellos, los de arriba, resulta fácil mirar nuestro territorio e identificar las fuentes de agua, minerales y tierras fértiles, trazar carreteras, vías de tren, gasoductos, para transportar mercancías y proveer a la industria, les es fácil mirar el mapa y decidir qué población desplazar y eliminar.
En esta guerra sangrienta que no es más que una continuidad de la que inició hace más de 500 años, los pueblos seguimos en resistencia, seguimos caminando en este territorio llamado México, en este hogar llamado mundo, y en este caminar nos encontramos con nuestra historia y con otros pueblos y comunidades.
En este espacio recuperado por nuestras hermanas y hermanos de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, el cual se ha convertido no sólo en su casa, sino que han abierto las puertas para todo aquél que lucha desde abajo y a la izquierda, que luche por la vida. Dicen que ya no existen pueblos en la ciudad, dicen que nos pueden contabilizar y caricaturizar en un catálogo, dicen que ya no hay resistencia, en el norte, sur, este, centro y oeste del país, dicen que los pueblos ya no existimos, y nosotros, nosotras; les decimos que los pueblos y naciones originarias existimos porque resistimos. Los de arriba quieren que olvidemos que somos parte de la naturaleza pero nosotros nos empeñamos en defender a nuestra madre tierra.
En esta 5a Asamblea escuchamos viejas y nuevas formas de despojo y destrucción, acaparamiento, perforación de pozos para la industria, construcción de tuberías que, simulando el cumplimiento del derecho al agua la desvían para la industria y la ciudad, otorgamiento de concesiones ilimitadas para las industrias, minería y empresas, mientras a la población es limitada a un día o incluso horas de acceso al agua, que casi siempre está contaminada.
El sexenio termina, y contrario a lo que prometieron, no termina la guerra ni el despojo. Peor aún, el próximo gobierno promete continuidad: un segundo piso para los de arriba construido sobre los y las de abajo. Los banqueros y megáricos no pueden estar más que contentos. Sus riquezas y su impunidad se ensanchan.
Las luchas que en nuestros pueblos florecieron desde hace siglos y que en las últimas décadas ha sobrevivido a la modernización neoliberal y a la supuesta cuarta transformación, hoy crece en la lucha contra la guerra y el despojo del agua. Las luchas del campo y la ciudad dialogan, comparten diagnósticos y encuentran que los explotadores tienen el mismo nombre en uno y otro lugar. Las luchas se hermanan. La lucha por el agua, la vida y los territorios debe seguir mientras quien gobierne lo haga para los de arriba, sirviéndose de la explotación y la dominación, del saqueo y del desprecio.
Aquí coincidimos las luchas de muy distintas geografías del territorio nacional, del campo, del mar y la ciudad. Luchas que estaban antes de este sexenio y luchas que florecieron durante este sexenio. Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida, desde abajo, contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere.
Esta es nuestra palabra sencilla, un balance del sexenio que termina y un anuncio de que nuestra lucha sigue en el sexenio que comienza. La lucha por el Agua, la Vida y el Territorio sigue, porque luchar por la Vida es luchar contra el capitalismo.
• Repudiamos el megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mal llamado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Proyecto Integral Morelos, entro otros.
• Repudiamos los Planes de reordenamiento territorial, los planes de justicia que son el instrumento para despojar el territorio, desplazar a los pueblos para repoblar con nuevos habitantes que se dejen someter por este sistema.
• Exigimos el cese de la criminalización en contra de 9 personas compañeras y dos compañeros indígenas zapotecas y un mixe, con el motivo de desplazarles de manera forzada al imputándoles una fabricación de delitos.
• Exigimos el cese de la criminalización en contra del campamento tierra y libertad de Mogoñe viejo en el ITSMO de Tehuantepec.
• Repudiamos la manipulación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para ocultar las más de 116 mil personas desaparecidas, y repudiamos también el cinismo del mal gobierno que incluso convocó a personas desaparecidas para ser representantes de casilla.
• Condenamos las 40 ejecuciones de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.
• Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos, así mismo pedimos la investigación y el castigo a Omar García Harfuch por sus posibles vínculos con este crimen
• Exigimos la presentación con vida Sergio Rivera Hernández de la Sierra Negra de Puebla por luchar en contra de la construcción de una hidroeléctrica.
• Exigimos el alto a la violencia contra las comunidades de la sierra del Sur de Guerrero.
• Exigimos la libertad inmediata e incondicional de María Cruz Paz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y de los 5 presos de San Juan Cancúc.
• Exigimos el cierre de procesos, persecución y desplazamiento contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
• Exigimos el cierre definitivo del basurero de San Pedro Cholula, Puebla y alto a la persecución de compañeros nahuas de la región.
• Repudiamos el actuar de CONAGUA en contra de nuestras comunidades al gestionar y garantizar el despojo y contaminación de nuestra agua.
• Exigimos Castigo a los culpables del asesinato de Samir Flores Soberanes, quien luchó en contra del Proyecto Integral Morelos. Su lucha, así como él, siguen vivos en nuestra resistencia.
• Exigimos el alto a la destrucción de las reservas de agua de ríos subterráneos y cenotes en la península de Yucatán destruidos por el mal llamado tren maya que lo acompaña el incremento de niños y jóvenes desaparecidos vinculados a cuarteles y carteles del narcotráfico.
• Exigimos el alto en la destrucción de la selva en Calakmul en el territorio maya de la península de Yucatán, con incendios en la selva legitimando el cambio de uso de suelo para construir hoteles, casinos, para el turismo la especulación inmobiliaria y monocultivos de la agroindustria.
• Exigimos justicia por los compañeros Yaquis desaparecidos y asesinados por el narco estado.
• Exigimos el retiro de la comisión estatal de los pozos de agua de Santiago Mexquititlán y alto al hostigamiento a la comunidad.
• Exigimos el cese de la persecución y fabricación de delitos en contra de investigación de nuestra compañera Hortensia Telésforo de San Gregorio Atlapulco, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria del pueblo.
• Exigimos la atracción de la carpeta de investigación por parte de la suprema corte de justicia de la nación por el delito de tortura en contra del estado mexicano en Querétaro
• Exigimos la libertad de José Alberto Cortez Sayes, Esmeralda de la región Purépecha en Michoacán.
Acciones
• Llamamos a acompañar la acción convocada en el Istmo del 10 al 12 de octubre en el marco de las jornadas del llamado nacional del congreso nacional indígena, en contra de megaproyectos y gasoductos.
• Llamamos al acompañamiento de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2024.
• Llamamos a difundir las consecuencias de la militarización en nuestros territorios y en todo el país.
• Llamamos al acompañamiento permanente a la Comunidad de Santa María Ostula Michoacán, en la exigencia de respeto a las tierras comunales que tiene en la localidad de Xayacalan, y las acciones próximas convocadas como es el caso del 4 de septiembre, en la suprema corte de justicia para el reconocimiento por parte del poder judicial mediante un juicio de amparo interpuesto.
• Llamamos a acompañar y dar seguimiento a la Segunda Asamblea Regional de pueblos Cholultecas y de los volcanes que se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2024 en el pueblo de Coronango, Puebla
• Participar en los llamados del Congreso Nacional Indígena hacia el 12 de Octubre 2024
• Convocamos a sumarnos al 51 aniversario de la UPVA 28 de octubre el 28 de octubre 2024
• Movilización por justicia para Avelino Soberanes, 21 de agosto
• Marcha nacional convocada por la UPVA 28 de octubre, 13 de septiembre
• Reafirmamos que este edificio seguirá siendo la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, resguardad por la comunidad otomí residente de la CDMX y junto con ellos la ocupamos luchando desde abajo y a la izquierda, retomando los principios del mandar obedeciendo.
• Anunciamos que se realizará la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en el 2025. Próximamente informaremos lugar y fecha.
TENER TECHO ES UN DERECHO
AGUA, TIERRA Y LIBERTAD
NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE
Casa Samir Flores Soberanes, Ciudad de México a 18 de agosto de 2024
