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London Mexico Solidarity

Nuestro viaje fue como una odisea

Por Isabel Cortés

Isabel Cortés vive en Londres y es parte de los colectivos Chile Solidarity Network y Bordando por la Memoria. También colabora con el sindicato United Voices of the World (Voces del Mundo Unidas).

Photo: Zapatista Solidarity Network

Nuestro viaje fue como una odisea.

El trayecto duró una hora y tomamos tres trenes para llegar a nuestro destino.

No dormí mucho la noche anterior. Tenía esa sensación familiar de cuando estoy a punto de llegar a un entorno repleto de amor en el cual uno se siente acogido. Me parece que tuve ‘the channels’, que según el camarada Mcintosh, es una sensación que los marineros tienen antes de comenzar una travesía. 

Pelusa y yo llegamos temprano, primera y segunda generación juntas, sentadas lado a lado, caminando codo con codo, riendo y hablando; y aunque haya 30 años de diferencia entre nosotras, estamos unidas porque las mismas circunstancias revolcaron nuestras vidas, como revolcaron y siguen revolcando la de tantos otros.

Estábamos camino a un evento que sabíamos que iba a ser una experiencia de aprendizaje y al que, definitivamente, era un gran privilegio asistir. Precisamente íbamos comentando esto en nuestro trayecto.

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Avispa Midia

Armas ilegales de la alemana Heckler & Koch fueron usadas en Ayotzinapa

Por Avispa

Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.

El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.

De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.

Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.

Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.

Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.

Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.

Desaparición forzada

El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.

El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).

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Radio Zapatista

¡Feliz cumpleaños, EZLN!

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Organizaciones civiles de Chiapas expusieron a embajadores/as de la Unión Europea las principales problemáticas en el estado


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.

En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:

  • La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
  • La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
  • La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
  • La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
  • Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
  • Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
  • El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
  • La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
  • El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
  • La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
  • La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
  • La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
  • Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
  • El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
  • Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
  • Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.

Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)

Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ

Servicios y Asesoría para la Paz-SERAPAZ

Movimiento Sueco por la Reconciliación-SweFOR

P. Marcelo Pérez Pérez

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Melel Xojobal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH

Red Ambiental del Valle de Jovel

Ángeles Mariscal, Periodista de Investigación

Descarga el documento completo entregado a los embajadores/as de la Unión Europea

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Saúl Kak y PH Joel

Familias zoques desplazadas por el huracán Eta desesperadas ante la indiferencia gubernamental

En noviembre del 2020, los terrenos de la comunidad zoque de San Antonio Canelar, municipio de Rayón, Chiapas, empezaron a agrietarse por las fuertes lluvias provocadas por el huracán Eta. Un total de 22 familias, entre ancianos, niños, mujeres y hombres, se vieron afectados. Ante el riesgo de quedar sepultados bajo miles de toneladas de tierra salieron con sólo lo poco que pudieron llevar. Durante meses, las familias permanecieron albergadas y abandonadas en un ex albergue de la cabecera municipal de Rayón, en condiciones sumamente precarias.

Mientras tanto, 36 familias zoques de Candelaria viven refugiadas en el ejido San José Maspac, de Francisco León, tras haber perdido casas, parcelas y ganado.

En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Además, varias parcelas de cultivo presentan deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza pertenecientes a un total de 232 campesinos.

Diecisiete familias del ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos.

En el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. La escuela secundaria colapsó y la estructura del puente está a punto de tener ese fin.

Ante la indiferencia de los gobiernos municipal, estatal y federal, las comunidades se han organizado para visibilizar la situación. En el caso de Canelar, lo que solicitan es una dotación de hectáreas para reconstruir la comunidad. Pero las demandas no han sido atendidas y las familias continúan viviendo una situación desesperada en la única hectárea que les fue concedida. La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país.

Los artistas zoques Saúl Kak y PH Joel, de la Galería MUY, en coordinación con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, realizaron el reportaje que presentamos aquí.

(Descarga aquí)  

 

En la comunidad de El Canelar, Saúl Kak y PH Joel realizaron el siguiente performance para llamar la atención a la situación desesperada de las familias desplazadas ante la indiferencia gubernamental:

 

Los niños refugiados de San Antonio Canelar hicieron dibujos recordando su vida en la comunidad y relatando su exilio, mientras niños y adultos de la comunidad dan su testimonio sobre la situación que están viviendo:

 

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

Extorsión y amenazas a compañera y compañeros autoridades de Acapulco, Guerrero

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A los medios de comunicación libres.

A lo largo de nuestra lucha por la vida y desde que nos constituimos como CIPOG-EZ, nos hemos cruzado con individuos, colectivos y organizaciones que apoyan nuestro andar, que simpatizan con nuestro caminar y nos acompañan.

Pero con profundo coraje nos damos cuenta que el mal gobierno y el crimen organizado no solo atacan a nuestra organización, sino que en éste afán de golpearnos por todos los flancos posibles para debilitarnos, también van atacando, extorsionando y amenazando a aquellos que apoyan y acompañan nuestro andar.

El día de ayer 13 de noviembre, entre las 2:30 y 3:30 de la tarde, se amenazó y extorsionó a tres autoridades pertenecientes a Llano Largo, Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, del Municipio de Acapulco. La persona dijo llamarse José Luis González Valencia llamó del número 7442626162 y mencionó que la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodriguez come de sus manos, seguido de pedir 90,000 pesos como una cuota que duraría solo 7 meses y amenazar con matar a los familiares de nuestros compañeros y compañera si se negaban a pagar.

Sabemos que esta acción no es casualidad, que fue una acción planeada y precisa de intimidación. La denuncia y todas las pruebas de audios, número y nombre ya se presentó a la Fiscalía de Guerrero, la cual muestra claramente una complicidad innegable ante su forma de retrasar y minimizar la denuncia.

Hacemos responsables de esta extorsión y amenaza, así como de todo aquello que les pueda pasar a nuestros compañeros, compañera, a sus familiares y comunidades, a la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodriguez, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez y a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Quienes no sólo son culpables por no hacer nada ante la violencia que se vive en Guerrero, sino también por ser cómplices y formar parte de aquellos que atacan, torturan, acechan, disparan y asesinan a integrantes de nuestra organización; y ahora también amenazan y extorsionan a aquellas personas que nos acompañan.

Exigimos que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Guerrero, por una vez hagan su trabajo y encuentren a los responsables.

Llamamos al pueblo de Acapulco y a los medios de comunicación a alzar la voz, justamente para evitar lo que quiere la Presidenta Municipal, Abelina López Rodriguez, que es callarlos y negar la violencia que viven. Pero principalmente, los llamamos a organizarse pues solo así se le puede hacer frente al mal gobierno que pacta con el crimen organizado.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

14 de noviembre de 2021

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)

Pronunciamiento conjunto: Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Conmemoración de los 15 años de la Masacre en las oficinas de la Coordina Xi’nich, Palenque Chiapas. Foto: CDH Frayba

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2021

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

  • Estado mexicano responsable por acción y omisión de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado
  • La fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia seguirá caminando en la búsqueda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.

El día de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, quienes conformamos el Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI-XI’NICH’, Tsoblej yu’un Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, México, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch’ol y Zoque, así también organizaciones que acompañamos de manera presencial y desde el corazón exigiendo Verdad y Justicia.

Hoy se cumplen 15 años de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, continúan desaparecidos los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López que tenían el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: ¿dónde están? ¿a dónde se los llevaron? ¿qué les han hecho?, además 36 personas de la comunidad aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno, sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.

Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompañados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federación responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su  momento el terror invadió nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organización.

La responsabilidad de funcionarios públicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de México, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herrán Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20.

En este acto conmemorativo hacemos presente a:

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Medios Libres Roma

Entrevista de Medios Libres en Roma con Marichuy, vocera del CNI-CIG

Entrevista con #Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno #México, desde una okupa en #Roma #Italia, el 10 de noviembre de 2021, #MediosLibresChiapas #RadioPozol, por Oscar García González #LaGiraZapatistaVa #TravesiaPorLaVida
Fotos: ¡Compas Arriba! compasarriba.org/

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Avispa Midia

Peligrosa estafa, así definen 250 organizaciones a las Soluciones Basadas en la Naturaleza

Por Renata Bessi y Aldo Santiago

ONGs conservacionistas, empresas y gobiernos impulsan en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26), que se realiza en Glasgow, Escocia, hasta el 12 de noviembre, las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como una solución a la crisis climática mundial. Sin embargo, dichas soluciones fueron clasificadas como una “peligrosa estafa” por 257 organizaciones, redes y movimientos de 61 países. “Es un concepto que el gobierno del Reino Unido, las mayores empresas contaminadoras del mundo y la industria de la conservación intentan vender”, se pronunciaron en un comunicado.

Desde la perspectiva de las SBN la idea es que las empresas que contaminan paguen a la industria conservacionista para que cerquen bosques o planten árboles. En cambio, las empresas compensarían el daño climático provocado por sus emisiones de CO2 con el carbono absorbido en el área de bosque que mantienen con pagos. Para comercializar este reclamo de compensación de emisiones se utiliza un documento al que se denomina crédito de carbono.

Las organizaciones denuncian que dichas soluciones no atacan las causas reales del calentamiento global, es decir, la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón. La solución, para ellas, está en dejar el petróleo en el suelo y eso no está en discusión en la conferencia.

Además, las SBN generarán la expulsión de los pueblos y comunidades que viven en una relación integral con los bosques. “(…) Cercarán los espacios vitales de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, y reducirán la ‘naturaleza’ a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminación de las empresas y para proteger las ganancias de las empresas que mayor responsabilidad tienen por el caos climático”, sostienen las organizaciones.

Para comprender de forma más detalla qué son las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las consecuencias para la naturaleza y los pueblos, Avispa Midia entrevistó a Winnie Overbeek, miembro de la coordinación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, siglas en inglés), organización que, desde hace tres décadas, viene apoyando a las comunidades en los tres continentes con bosques tropicales, que luchan contra las amenazas a sus bosques. “Es nuestro trabajo alertar estas comunidades sobre las nuevas formas de despojo que muchas veces se presentan como soluciones”, dijo.

A continuación presentamos la edición de una larga entrevista realizada con el integrante del WRM.

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Prensa Comunitaria

El Estor: las dos caras del estado de sitio

Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

***

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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