Después de que el pasado 20 de noviembre el Congreso peruano impusiera a Manuel Merino como Presidente, miles de personas salieron a las calles en todo el país.

La indignación, el enojo y la incertidumbre ante una clase política sin representación popular y una pandemia que ha golpeado duramente al país sudamericano (pese a las duras restricciones impuestas por el gobierno de Martin Vizcarra), provocaron el hartazgo de  miles, quienes colmaron calles, avenidas y plazas durante los días posteriores a la imposición de lo que han llamado un golpe de Estado.

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Frente a esta situación, el nuevo gobierno no dudo en reprimir a los miles de manifestantes mediante el exceso de violencia por parte de la Policía Nacional del Perú.

Ante las protestas, balas como respuesta

Durante la marcha nacional, realizada el 14 de Noviembre en contra de la imposición de Manuel Merino y la mayoría del Congreso, la brutal represión policíaca resultó en el asesinato de Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, debido a múltiples y graves lesiones ocasionadas por proyectiles de armas de fuego utilizadas por la policía.

Según reporta el Ministerio de Salud del Perú a través del Centro de Operaciones de Emergencia Salud, “un total de 107 ciudadanos fueron atendidos por distintos tipos de lesiones producidas durante la movilización social. De ellos, 73 han sido dados de alta y 34 aún se encuentran hospitalizados”.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que hay personas desaparecidas y por ello lanzó una campaña para que la ciudadanía pueda reportar si sus familiares o conocidos no han regresado de las movilizaciones. En una lista actualizada en tiempo real La CNDH  informó al cierre de esta edición que no se ubicaban a cuatro personas de una lista de más de 60. Además, el organismo informó que “se ha tomado conocimiento de la agresión sexual a dos jóvenes mujeres detenidas en una imprenta la noche del 14 de noviembre. Las jóvenes denunciaron haber sido agredidas sexualmente, hecho que debe ser investigado en forma exhaustiva. Conocemos que han existido detenciones ilegales, arbitrarias por parte de la policía”.

Ante estas graves acusaciones, organizaciones de Derechos Humanos formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino; el primer ministro del Gobierno de transición, Ántero Flores-Aráoz; el exministro de facto, Gastón Rodríguez; el General Jorge Luis Cayas Medina, Jefe de Región Policial Lima, y contra Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional, y contra todos los que resulten responsables por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves perpetrados contra los manifestantes.

El documento también menciona que Manuel Merino, antes de tomar juramento a los nueve ministros el 11 de noviembre, llamó por teléfono al ex ministro del interior Cesar Gentile, solicitando que endureciera la represión y sofocara las protestas.

Entre los afectados se señala en el documento a Jack Brian Pintado Sanchez, Jordan Inti Sotelo Camargo (fallecidos) y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) Percy Pérez Shaquiama (26), Rubén Guevara (27). También mencionan a Alonso Balbuena Bellantin, Ernesto Benavides Raez,Rene Jenrry Ccaqui Crisostomo, José Manuel Romero Rivas, José Miguel Hidalgo Rodríguez. Roberto Muñoz Torres, Alonso Vhro Ucea, Alfonso Balbuena Bellatín y otros aún por identificar.

Golpe de Estado

En entrevista para Avispa Midia, la periodista Roxana Loarte de Wayka.pe comenta: “Este golpe de Estado ha sido promovido por varias bancadas de partidos que tiene intereses no solo políticos sino económicos, en relación a leyes que están por aprobarse, a acopamientos de instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional,  en síntesis este ha sido una contienda entre dos poderes del Estado, el  ejecutivo y el legislativo, es una contienda dentro de los grupos de la derecha. Martín  Vizcarra que ha sido presidente vacado se le está investigando, también tiene investigaciones en la Fiscalía por corrupción en gestiones anteriores que él ha ocupado en un gobierno regional que tuvo anteriormente”.

“En el parlamento existe más de 60 congresistas, 68 exactamente, que tienen investigaciones en la fiscalía abiertas por casos no solo de corrupción sino también por otros hechos. Entonces la ciudadanía se indigna frente este panorama no solo de corrupción sino de estabilidad de incertidumbre y prácticamente en una crisis de institucionalidad  y de una democracia debilitada, también se suma las repercusiones de la pandemia”, señala Loarte.

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Este domingo 15 de noviembre, Merino renunció a la Presidencia de la República y también dimitieron todos los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Ahora, una mayoría del pleno del Congreso debe elegir a una nueva entre las listas que presenten los partidos. La Junta de Portavoces del Congreso convocó a una sesión del Pleno para el mismo domingo a las cuatro de la tarde.

Después de varias horas de sesión, con miles de ciudadanos en las calles, los diputados votaron sobre una lista única propuesta para conformar la nueva Mesa Directiva, que estaba encabezada por la diputada Rocío Silva Santisteban, congresista feminista que no voto por la vacancia de Martin Vizcarra. Sin embargo, no logró sumar los 60 votos necesarios para ser aprobada, por lo que los grupos parlamentarios reanudaron las negociaciones en busca de una nueva fórmula.

La o el titular de esta nueva Mesa Directiva asumiría automáticamente las funciones de la Presidencia de la República. El nuevo mandatario o mandataria asumiría la presidencia hasta julio de 2021, que es cuando deberá traspasar el poder a la persona que los peruanos elijan en las elecciones presidenciales convocadas para abril de ese año. Aunado a ello, este lunes 16 de noviembre aún se decidirá si fue o no constitucional la remoción de Martin Vizcarra.

Mientras tanto, Perú se encuentra en una de sus más fuertes crisis políticas y sociales, en un contexto de pandemia, con miles de muertos y frente a una crisis económica, el Congreso en su mayoría integrado por políticos de derecha, se niegan a soltar sus privilegios, con lo cual los más afectados en esta situación son las personas más vulnerables.

Con un sistema de salud a punto del colapso, las y los peruanos se enfrentan a un panorama desolador, aunque la victoria de haber expulsado el gobierno de facto ha llenado las calles de esperanza, sin duda las próximas elecciones del 2021 reflejarán este aprendizaje ante una clase política indolente y sorda.