La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses.

Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022.

Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.

El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas.

Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales.

Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.

Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.

Expediente borrado

Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación.

Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.

En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.

Mercado global y crimen organizado

Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020.

En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron.

El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.

En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas.            De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.

Bosques en emergencia

En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).

Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.

Asedio desde distintos frentes

En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.

^{Foto de portada: Red de Comunicación Regional}

En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.

En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.

El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.

“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.

Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.

Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras

El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.

“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.

Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.

Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.

“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.

En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.

En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.

Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.

^{En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka}

El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.

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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.

En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.

El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.

La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.

El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.

En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.

La lucha se extiende al norte

Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado.  Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.

La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.

La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.

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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.

La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital.   El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.

^{En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha}

La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.

La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.

La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.

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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.

En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.

En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.

El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.

Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.

El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.

Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.

El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.

En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.

La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.

En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.

El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.

En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.

En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.

Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.

Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.

Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.

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En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.

Represión extrema

En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.

En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.

En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.

El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.

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La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.

La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).

La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.