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Avispa Midia

El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en Lima

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha

La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.

La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.

La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.

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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.

En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.

En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.

Manifestantes detenidos permanecieron hacinados y sufrieron abuso físico y psicológico. Crédito: Fotos de lucha

El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.

Toma de la Universidad de San Marcos, Lima.

Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.

El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.

Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.

El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.

En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.

La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.

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Avispa Midia

El Perú bajo dictadura cívico-militar

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.

El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.

En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.

En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.

Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.

Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.

Protestas en Tacna, región sur del Perú

Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.

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En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.

Represión extrema

En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.

En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.

En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.

El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.

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La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.

La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).

La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.

 

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Avispa Midia

Perú: tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto

Por Ángel Huerta

Después de que el pasado 20 de noviembre el Congreso peruano impusiera a Manuel Merino como Presidente, miles de personas salieron a las calles en todo el país.

La indignación, el enojo y la incertidumbre ante una clase política sin representación popular y una pandemia que ha golpeado duramente al país sudamericano (pese a las duras restricciones impuestas por el gobierno de Martin Vizcarra), provocaron el hartazgo de  miles, quienes colmaron calles, avenidas y plazas durante los días posteriores a la imposición de lo que han llamado un golpe de Estado.

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Frente a esta situación, el nuevo gobierno no dudo en reprimir a los miles de manifestantes mediante el exceso de violencia por parte de la Policía Nacional del Perú.

Ante las protestas, balas como respuesta

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe

Durante la marcha nacional, realizada el 14 de Noviembre en contra de la imposición de Manuel Merino y la mayoría del Congreso, la brutal represión policíaca resultó en el asesinato de Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, debido a múltiples y graves lesiones ocasionadas por proyectiles de armas de fuego utilizadas por la policía.

Según reporta el Ministerio de Salud del Perú a través del Centro de Operaciones de Emergencia Salud, “un total de 107 ciudadanos fueron atendidos por distintos tipos de lesiones producidas durante la movilización social. De ellos, 73 han sido dados de alta y 34 aún se encuentran hospitalizados”.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que hay personas desaparecidas y por ello lanzó una campaña para que la ciudadanía pueda reportar si sus familiares o conocidos no han regresado de las movilizaciones. En una lista actualizada en tiempo real La CNDH  informó al cierre de esta edición que no se ubicaban a cuatro personas de una lista de más de 60. Además, el organismo informó que “se ha tomado conocimiento de la agresión sexual a dos jóvenes mujeres detenidas en una imprenta la noche del 14 de noviembre. Las jóvenes denunciaron haber sido agredidas sexualmente, hecho que debe ser investigado en forma exhaustiva. Conocemos que han existido detenciones ilegales, arbitrarias por parte de la policía”.

Ante estas graves acusaciones, organizaciones de Derechos Humanos formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino; el primer ministro del Gobierno de transición, Ántero Flores-Aráoz; el exministro de facto, Gastón Rodríguez; el General Jorge Luis Cayas Medina, Jefe de Región Policial Lima, y contra Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional, y contra todos los que resulten responsables por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves perpetrados contra los manifestantes.

El documento también menciona que Manuel Merino, antes de tomar juramento a los nueve ministros el 11 de noviembre, llamó por teléfono al ex ministro del interior Cesar Gentile, solicitando que endureciera la represión y sofocara las protestas.

Entre los afectados se señala en el documento a Jack Brian Pintado Sanchez, Jordan Inti Sotelo Camargo (fallecidos) y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) Percy Pérez Shaquiama (26), Rubén Guevara (27). También mencionan a Alonso Balbuena Bellantin, Ernesto Benavides Raez,Rene Jenrry Ccaqui Crisostomo, José Manuel Romero Rivas, José Miguel Hidalgo Rodríguez. Roberto Muñoz Torres, Alonso Vhro Ucea, Alfonso Balbuena Bellatín y otros aún por identificar.

Golpe de Estado

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe

En entrevista para Avispa Midia, la periodista Roxana Loarte de Wayka.pe comenta: “Este golpe de Estado ha sido promovido por varias bancadas de partidos que tiene intereses no solo políticos sino económicos, en relación a leyes que están por aprobarse, a acopamientos de instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional,  en síntesis este ha sido una contienda entre dos poderes del Estado, el  ejecutivo y el legislativo, es una contienda dentro de los grupos de la derecha. Martín  Vizcarra que ha sido presidente vacado se le está investigando, también tiene investigaciones en la Fiscalía por corrupción en gestiones anteriores que él ha ocupado en un gobierno regional que tuvo anteriormente”.

“En el parlamento existe más de 60 congresistas, 68 exactamente, que tienen investigaciones en la fiscalía abiertas por casos no solo de corrupción sino también por otros hechos. Entonces la ciudadanía se indigna frente este panorama no solo de corrupción sino de estabilidad de incertidumbre y prácticamente en una crisis de institucionalidad  y de una democracia debilitada, también se suma las repercusiones de la pandemia”, señala Loarte.

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Este domingo 15 de noviembre, Merino renunció a la Presidencia de la República y también dimitieron todos los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Ahora, una mayoría del pleno del Congreso debe elegir a una nueva entre las listas que presenten los partidos. La Junta de Portavoces del Congreso convocó a una sesión del Pleno para el mismo domingo a las cuatro de la tarde.

Después de varias horas de sesión, con miles de ciudadanos en las calles, los diputados votaron sobre una lista única propuesta para conformar la nueva Mesa Directiva, que estaba encabezada por la diputada Rocío Silva Santisteban, congresista feminista que no voto por la vacancia de Martin Vizcarra. Sin embargo, no logró sumar los 60 votos necesarios para ser aprobada, por lo que los grupos parlamentarios reanudaron las negociaciones en busca de una nueva fórmula.

La o el titular de esta nueva Mesa Directiva asumiría automáticamente las funciones de la Presidencia de la República. El nuevo mandatario o mandataria asumiría la presidencia hasta julio de 2021, que es cuando deberá traspasar el poder a la persona que los peruanos elijan en las elecciones presidenciales convocadas para abril de ese año. Aunado a ello, este lunes 16 de noviembre aún se decidirá si fue o no constitucional la remoción de Martin Vizcarra.

Mientras tanto, Perú se encuentra en una de sus más fuertes crisis políticas y sociales, en un contexto de pandemia, con miles de muertos y frente a una crisis económica, el Congreso en su mayoría integrado por políticos de derecha, se niegan a soltar sus privilegios, con lo cual los más afectados en esta situación son las personas más vulnerables.

Con un sistema de salud a punto del colapso, las y los peruanos se enfrentan a un panorama desolador, aunque la victoria de haber expulsado el gobierno de facto ha llenado las calles de esperanza, sin duda las próximas elecciones del 2021 reflejarán este aprendizaje ante una clase política indolente y sorda.

Fotos por Juan Zapata de Wayka.pe

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Vía CLACPI Latinoamerica

[Perú] ASESINAN A LIDERESA INDÍGENA DEL PUEBLO SHIPIBO KONIBO

La reconocida cultora de los conocimientos tradicionales del pueblo shipibo konibo, Olivia Arévalo Lomas, fue asesinada de cinco balazos al mediodía de ayer en su comunidad Victoria Gracia, Pucallpa (en las riberas del río Ucayali a pocas horas de la frontera brasileña).Un sicario motorizado le disparó a Olivia a pocos metros de su casa de habitación. Arévalo se une a una larga lista de indígenas del Perú, como Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y otros, que se sospecha fueron ultimados por madereros ilegales y narcotraficantes que los tenían amenazados.

Fotos facilitadas por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) y TeleSurTV.

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Noticias de Abajo ML

Noticias de abajo Medios Libres – 9 de abril de 2018

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MUNDO

  • BRASIL : Lula se entrega a Prision en un proceso por detener su campaña presidencial en Brasil: El fascismo avanza sobre América
  • BRASIL: Asesinan a un líder comunitario que declaró como testigo en el caso de la brasileña Marielle Franco. la radio del sur.
  • FRANCIA: 2500 policias desalojaron la Zad de Notre Dame Des Landes, bastion autogestionado de Europa. Espoir
  • EUA: ROMPIENDO FRONTERAS Jericó: Movimiento por la libertad. Amigos de Mumia
  • PERU: Colonialismo interno y contrarreforma universitaria en Perú. La tinta
  • BOLIVIA: Tariquía de pie: una lucha campesina frente al extractivismo petrolero. Avispa Midia
  • CATALUNYA: Protesta catalana por la visita del Rey. kaos en la red
  • CHILE: (Audio) Ülkantun por el Machi Celestino Córdova a 83 días en huelga de hambre. Radio Kurruf
  • ROJAVA:denuncian secuestro de mujeres por ejercito Turco ANF.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

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  • OAXACA: Xnizaa, los campesinos que siembran agua en Oaxaca. Ke Huelga
  • OAXACA: Comunicado de la asamblea de Unión Hidalgo, Oaxaca. Noticias de abajo
  • MEXICO: Comunicado del Encuentro Nacional de Damnificados. UH Tlalpan
  • MÉXICO: Nueva ley de biodiversidad legaliza despojo y destrucción. Avispa y M4.