Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas. Este reporte relata las violaciones a derechos humanos y la prisión arbitraria cometida por el gobierno de Chiapas en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva.

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El 4 de noviembre de 2007, en Juan del Grijalva ocurrió un “desastre natural”, por lo que debido a los hechos los y las sobrevivientes fueron reubicadas en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva y el gobierno de Chiapas se comprometió a pagar sus tierras.

Tras el “desastre natural”, en la zona conocida como “el tapón del Grijalva”, la CFE construye dos obras públicas, y una de éstas ha sido concesionada al Grupo México, la cual es una empresa transnacional y uno de los principales productores de cobre a nivel mundial.

El 17 de marzo de 2011, durante una manifestación pacífica en el ejido Juan del Grijalva municipio de Ostauacán fueron detenidos de manera arbitraria y bajo engaño los Sres. Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cabos, José Francisco López Díaz y Teodoro Sánchez Morales, por elementos de la Policía Ministerial, de la Fiscalía de Distrito Norte a cargo de José Luis Gómez Santaella y del Fiscal del Ministerio Público en Ostuacán Esgar Benjamín Estrada Cervantes, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

El 15 de abril, al salir del CERSS No. 10, después de visitar a los cinco campesinos, fueron detenidos los Sres. Pascacio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot, así como Juan José Narváez Bautista, abogado defensor, quien se encontraba en el lugar para asistir a los detenidos. El 25 de mayo en el municipio de Ostuacán fue detenido el Sr. Héctor Díaz Castellanos.

Cabe mencionar que el Fiscal de Distrito Norte José Luis Gómez Santaella, está relacionado con violaciones a derechos humanos en los casos de la defensora de derechos humanos Margarita Martínez Martínez y del feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez, casos denunciados con anterioridad por este Centro de Derechos Humanos; además está involucrado en la obstrucción, en el proceso de esclarecimiento de los hechos de la Masacre de Viejo Velasco, para encontrar el paradero de las personas desaparecidas forzadamente el 13 de noviembre de 2006.

Hace unos días el Gobierno de Chiapas llegó a la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, sin embargo los funcionarios estatales se encontraron con un grupo de mujeres que con pancartas que exigían la libertad de los presos políticos aquí compartimos en voz de las afectadas las exigencias de libertad

Decidieron manifestarse en sus propias tierras de los señores y les ponen una demanda Comisión y ¿sabe qué dice Comisión, señor?… no nos han pagado lo justo… Lo que dice Comisión es que el dinero ya se lo dio al gobierno del estado y que él ya se deslinda de todo el problema. Y el gobierno se resiste a pagar a las comunidades afectadas: Playa Larga 3, Loma Bonita, Cuauhtémoc y Juan del Grijalva, donde se perdieron vidas humanas, ésas son las comunidades que están afectadas de la cota 100, por lo que tienen a las personas en el Cereso, por lo que los están persiguiendo la judicial aquí en Ciudad Rural y en donde quiera que se van. También son las tierras que serán afectadas donde va a subir el agua y esas son las tierras que exigimos que se nos paguen por el trabajo de 20 años atrás, exigimos que se nos pague nuestros trabajos, se perdieron casas, bienes distintos a las tierras y terreros, así que queremos que todo se pague señor, si usted es jefe de Ciudad rural haga las cosas como son.

Cabe mencionar que la empresa que supuestamente los demando se desistió de la demanda por lo que los nueve presos debería salir de prisión, lo cual no ha sucedido, por lo que el Gobierno del Estado los retiene de forma arbitraria y violentando sus derechos humanos.

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas nos preocupa que el Gobierno de Chiapas utiliza el hostigamiento, la represión, el engaño, la fabricación de delitos, el arraigo, la cárcel en contra de hombres y mujeres que ejercen sus derechos humanos y más aun cuando exigen el cumplimiento de promesas hechas por las mismas autoridades.