Privación arbitraria de la libertad a ejidatarios y a abogado defensor del caso Juan del Grijalva
El 17 de marzo de 2011, durante una manifestación pacífica en el ejido Juan del Grijalva municipio de Ostauacán fueron detenidos de manera arbitraria y bajo engaño los Sres. Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cabos, José Francisco López Díaz y Teodoro Sánchez Morales, por elementos de la Policía Ministerial…(Descarga aquí)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
6 de junio de 2011
Boletín No.12
Privación arbitraria de la libertad a ejidatarios y a abogado defensor
del caso Juan del Grijalva
El 17 de marzo de 2011, durante una manifestación pacífica en el ejido Juan del Grijalva municipio de Ostauacán fueron detenidos de manera arbitraria y bajo engaño los Sres. Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cabos, José Francisco López Díaz y Teodoro Sánchez Morales, por elementos de la Policía Ministerial, de la Fiscalía de Distrito Norte a cargo de José Luis Gómez Santaella y del Fiscal del Ministerio Público en Ostuacán Esgar Benjamín Estrada Cervantes, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva. Inmediatamente después de la detención las cinco personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, acusados de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación y oposición a que se efectúe una obra o trabajo público.
Según la información recibida, durante la declaración ministerial a los detenidos les fueron asignados defensores de oficio, quienes no los asistieron, sino que se limitaron a firmar al final de la diligencia, por lo que no tuvieron la asistencia y defensa adecuada. Según testimonio, las cinco personas recluidas firmaron documentos sin conocer su contenido y el 18 de marzo fueron arraigadas en la Quinta Pitiquitos, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Después de 28 días de arraigo, el 14 de abril fueron puestos a disposición del Juez de Primera Instancia Juan Carlos Alfaro Cruz en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 10 (CERSS No. 10) en Pichucalco, Chiapas.
El 15 de abril, al salir del CERSS No. 10, después de visitar a los cinco campesinos, fueron detenidos los Sres. Pascacio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot, así como Juan José Narváez Bautista, abogado defensor, quien se encontraba en el lugar para asistir a los detenidos. El 25 de mayo en el municipio de Ostuacán fue detenido el Sr. Héctor Díaz Castellanos.
Lo ocurrido y las privaciones arbitrarias a la libertad de las nueve personas se dan en un contexto de criminalización de la protesta social en contra de los ejidatarios y ejidatarias del ejido Juan del Grijalva, que exigen con el cumplimiento de una minuta de acuerdo firmada por parte del gobierno del estado de Chiapas.
Según la información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2011, en el ejido Juan del Grijalva, habitantes de ese ejido y de otras tres comunidades (Loma Bonita, ejido Cuauhtémoc, ejido Playa Larga 3a Sección) que actualmente viven en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva, iniciaron un bloqueo y manifestación pacífica en el desvío del camino ejidal, del ejido Juan del Grijalva, que conduce a las oficinas de la empresa Grupo México y a la construcción de túneles bajo el río Grijalva.
Las y los manifestantes exigían el cumplimiento de las minutas de acuerdo firmadas en el mes de julio de 2010, en las que el gobierno del estado de Chiapas se comprometía a pagar las tierras afectadas por un desastre natural ocurrido en 2007, además de pagar por los trabajos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa en sus tierras a través del Grupo México.
Los ocho campesinos y el abogado defensor se encuentran detenidos en el CERSS No. 10 en Pichucalco Chiapas, en donde se les sigue un proceso judicial por los delitos de motín; oposición a que se efectúe una obra o trabajo público y ataques a las vías de comunicación.
Debido a estos hechos las personas que participaron en la manifestación que viven en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva, tienen temor a ser detenidas. Se cuenta con información que personas se han ido a vivir a la montaña y en los barrios que habitan las comunidades mencionadas “… la ciudad rural está casi desértica, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños que aún se encuentran allí, ya que los jefes de familia (hombres y mujeres) se encuentran huyendo por el motivo de que tienen el temor de que en un momento a otro los detengan”.
Ante los hechos anteriormente expuestos, este Centro de Derechos Humanos: manifiesta su seria preocupación por la detención arbitraria, la falta al debido proceso y a las garantías judiciales de los ocho ejidatarios y el abogado defensor, por considerarse actos de represión en contra de los pobladores del ejido; asimismo exige la inmediata excarcelación de las nueve personas que se encuentran injustamente detenidas en el CERSS No. 10 de Pichucalco y el cese al hostigamiento y a la represión contra los ejidatarios/as de Juan del Grijalva.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice claramente: la protesta y la movilización social se han constituido como herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de denuncias públicas sobre abusos de violaciones a los derechos humanos.
Así también la CIDH ha indicado que la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión.
Antecedentes.
El 4 de noviembre de 2007, en Juan del Grijalva ocurrió un “desastre natural”, por lo que debido a los hechos los y las sobrevivientes fueron reubicadas en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva y el gobierno de Chiapas se comprometió a pagar sus tierras.
Tras el “desastre natural”, en la zona conocida como “el tapón del Grijalva”, la CFE construye dos obras públicas, y una de éstas ha sido concesionada al Grupo México, la cual es una empresa transnacional y uno de los principales productores de cobre a nivel mundial.
Finalmente, cabe mencionar que el Fiscal de Distrito Norte José Luis Gómez Santaella, está relacionado con violaciones a derechos humanos en los casos de la defensora de derechos humanos Margarita Martínez Martínez y del feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez, casos denunciados con anterioridad por este Centro de Derechos Humanos; además está involucrado en la obstrucción, en el proceso de esclarecimiento de los hechos de la Masacre de Viejo Velasco, para encontrar el paradero de las personas desaparecidas forzadamente el 13 de noviembre de 2006.
