COMUNICADO: Con respecto a los actos de violencia perpetrados por funcionarios y grupos de choque y de interés de la Alcaldía Milpa Alta en la Asamblea del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta

La tarde del 11 de marzo del presente año se llevó a cabo la Asamblea del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta en la explanada de la alcaldía, con el objetivo de conformar un Comité de Vigilancia y Seguimiento para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Es importante recordar que, derivado del juicio de amparo 1069/2025, radicado ante el Juzgado Tercero en Materia Administrativa, se ordenó a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) salvaguardar los derechos colectivos del pueblo originario de Villa Milpa Alta. Como resultado de este proceso jurídico, el 16 de diciembre de 2025 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el reconocimiento de Villa Milpa Alta como Pueblo Originario.

En este contexto y en ejercicio de nuestros derechos colectivos, la Asamblea del pasado 25 de febrero de 2026 acordó convocar a una nueva asamblea en la explanada principal del pueblo con la finalidad de conformar un Comité de Seguimiento y Vigilancia del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 emanado desde la asamblea, mecanismo que busca garantizar la transparencia, el correcto uso de los recursos públicos y la participación directa de la comunidad en las decisiones que afectan a nuestro territorio.

Una vez instalada la asamblea del 11 de marzo del presente año, se incorporaron al lugar personal de la Alcaldía Milpa Alta, así como integrantes de la COPACO. Con el ánimo de privilegiar el diálogo y la participación colectiva, a los integrantes de la COPACO se les extendió la invitación a formar parte de la mesa del presídium, con la intención de integrarlos al proceso que la comunidad se encontraba desarrollando.

Sin embargo, durante el desarrollo de la asamblea se suscitaron actos de violencia, agresiones y desorden, que atentaron contra el carácter pacífico y comunitario de este espacio de participación.

Por ello, denunciamos ante la comunidad que señalamos de manera directa a Oscar Cadena López (servidor público y COPACO), María Luisa Sánchez Cruz (servidora pública y COPACO), Jezabel Rentería (servidora pública y COPACO), Francisca Azalia Granados Rojas (COPACO), Blanca Margarita Salgado Romero (COPACO) e Iván Arrieta, así como a otras personas vinculadas a la Alcaldía Milpa Alta y a grupos de choque que cargaban armas de fuego y armas blancas identificados y señalados por los asistentes de la asamblea, estos grupos de choque propiciaron actos de violencia física, verbal y psicológica, insultando, amedrentando e incluso amenazando de muerte a integrantes del consejo, en contra de la asamblea, y la comunidad.

Asimismo, denunciamos que durante estos hechos se ejerció violencia de género, agresiones físicas contra personas adultas mayores originarias del pueblo de Villa Milpa Alta, así como el robo de parte del equipo electrónico que se encontraba en operación para el desarrollo de la asamblea, atentando contra el derecho de la comunidad a organizarse y participar libremente en sus procesos colectivos. Por lo anterior, hacemos responsable al alcalde José Octavio Rivero Villaseñor, a su estructura de gobierno y a sus grupos de choque identificados, por los actos de violencia perpetrados el 11 de marzo de 2026 y ante cualquier atentado o represalia que se realice contra cualquier integrante del consejo o miembro de la comunidad.

Reiteramos que LA ASAMBLEA ES LA MÁXIMA AUTORIDAD de decisión comunitaria, y que los procesos que emanan de ella buscan fortalecer la organización social, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el bienestar colectivo de nuestra comunidad.

Hacemos un llamado a todas y todos los habitantes de Villa Milpa Alta a informarse, participar y defender los procesos comunitarios, a no permitir que la Alcaldía Milpa Alta irrumpa en los procesos que son propios de la comunidad, recordando que la organización del pueblo es fundamental para garantizar el respeto a nuestros derechos colectivos, nuestra historia y nuestro territorio.

Villa Milpa Alta es Pueblo Originario, y su voz se expresa a través de la asamblea.

La autonomía y la libre determinación es un derecho que no debe violentar la Alcaldía.

Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta

Malacachtepec Momoxco, Pueblo originario de Villa Milpa Alta a 12 de marzo de 2026

Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.

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Presentado el sábado 29 de noviembre a la comunidad de Eloxochitlán en español y Enna (lengua mazateca). El informe es producto de la Misión de Observación realizada en julio de este año por un grupo interdisciplinar.

Concluye que la comunidad es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y al prolongarse por una década, constituyen un caso de etnocidio que busca la destrucción de la forma de organización y vida de esta comunidad mazateca. El etnocidio de la comunidad de Eloxochitlán tiene como fin socavar la resistencia comunitaria frente a las actividades extractivistas que han provocado el ecocidio del Río Xangá Ndá Ge y la destrucción de la libre determinación de la comunidad:

– Sobre esto se detecta detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, criminalización política, desplazamiento forzado y etnocidio, violencia de género.

– Sobre el saqueo al Río Xangá Nda Ge, se identifican alteraciones  hidrológicas, agentes contaminantes, desecación, además de daños en la flora y fauna.

Se busca que este compilado de documentación se lleve a instancias internacionales, pues sostiene que no existen condiciones legales que garanticen la protección de los derechos de la comunidad. Los actos de agresión, persecución política y criminalización han resultado en 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas.

La documentación recabada señala como responsables a gobernadores, titulares y magistrados, quienes con respaldo y complicidad del Estado han incidido en la negación de la justicia, persecución y fabricación de expedientes.

Así mismo, se menciona que el Juzgado de Huautla tiene la mayor responsabilidad al permitir omisiones y prácticas a favor de los caciques, pues se han negado actos de tortura sustentadas desde el Protocolo de Estambul, obstaculización de procesos, criminalización de autoridades comunitarias, detenciones arbitrarias y manipulación de testimonios.

A través de una cronología de hechos, se describe el proceso de agresiones que ha llevado la comunidad mazateca como: intervención militar, amedrentamiento, tortura, despojo, allanamientos de viviendas, amenzas y abusos de autoridad. Muchos de estas violencias anteceden al 2014, ya que desde el 2011 se realizaron múltiples denuncias formales, las cuales nunca avanzaron debido a omisiones del juzgado de Huautla.

Durante las últimas semanas el gobernador de Oaxaca Salomón Jara ha señalado a Eloxochitlan como un punto rojo, tratando de decir que es una comunidad violenta; una estrategia de desprestigio aprovechando su poder y medios de difusión para impulsar al cacique Manuel Cepeda en las elecciones a la presidencia municipal de Eloxochitlan llevadas a cabo este 23 de noviembre donde fue el segundo con más votos.

La presentación fue también un espacio de reflexión para la comunidad, donde se lanzó un mensaje frente a quienes siguen impulsado la narrativa de “un conflicto entre dos familias”, simplificando los graves ataques en complicidad con los tres niveles de gobierno. A quienes les contestaron que Eloxochitlan está integrada por diversas familias, con diferentes apellidos, un pueblo pequeño donde es común en ocasiones compartir apellidos.

Muchas mujeres, como consta en la transmisión de Radio Zapote ese día, mencionaron sus apellidos. Quienes hablaron son madres, esposas y hermanas de ex-presos y perseguidos políticos desde el 2014 , que tuvieron que abandonar sus casas para dedicarse a la lucha por la liberación de sus familiares, trabajar la tierra que antes trabajaban ellos para darle de comer a sus hijos, dormir en la calle en los plantones como el que se mantuvo más de dos años afuera de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, esperando que los ministros atendieran el caso.

El informe concluye que, derivado a la incompetencia del sistema de justicia mexicano por garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de la comunidad perseguida de Eloxochitlán; el caso debe ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de exigir medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo, así como medidas específicas de protección para las victimas indirectas.

La elaboración de este informe, marca un gran antecedente a las formas de resistencia frente a las injusticias y violaciones del Estado hacia los pueblos. Las compañeras Mazatecas son ejemplo de cómo hacer frente a la impunidad y la criminalización, su lucha por la libertad ha sido ardua y aún no termina.

Como han venido haciendo en estos años, las Mazatecas por la libertad nos vuelven a hacer la invitación para la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización” que se llevará a cabo del 3 al 4 de diciembre del 2025 en la CDMX frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los días 3 y 4  5 de diciembre a las afueras de la ONU mujeres en calzada General Mariano Escobedo 526, colonia Anzures, Miguel Hidalgo.

COMUNICADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A LAS MUJERES DE NUESTRA DIOCESIS
A LAS MUJERES DE CHIAPAS
A LAS MUJERES DE NUESTRO PAIS
A LAS MUJERES DEL MUNDO
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

Hoy 25 de noviembre con esperanza y fuerza en nuestros corazones tomamos y recorremos estas calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para decir BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, las mujeres queremos y deseamos vivir una vida sin ningún tipo de violencia.

Saludamos la decisión y esfuerzo de las mujeres congregadas en el Área de Pastoral Diocesana de Mujeres. (CODIMUJ) por convocarnos a esta peregrinación para dar a conocer la situación de violencia que seguimos viviendo hoy, especialmente en las comunidades de la frontera sur, sabemos que no son las únicas, ya que este cáncer del crimen organizado se ha ido extendiendo por todo el territorio chiapaneco y más allá.

Como mujeres buscamos que nuestra participación y aporte sea reconocido y valorado en la construcción de nuevas relaciones en la vida eclesial, social y política de nuestro país.

Hermanas y hermanos, queremos decirles de los dolores que, como mujeres que somos, nos ha traído esta situación de ingobernabilidad que vivimos por quienes buscan el control de nuestros territorios, de nuestras vidas y nos siembran miedo y terror; Esos dolores son: vivimos en la inseguridad, el tener que movilizarnos con temor para atender la salud de nuestras familias; un dolor mayor es la muerte, la violencia intrafamiliar y la pobreza ocasionada por el vicio del alcohol, porque en nuestras comunidades es más fácil abrir una cantina que una escuela o una clínica. La violencia obstétrica que se da hacia nuestros cuerpos de mujeres. El dolor de que por el hecho de ser mujeres la justicia se nos niegue cuando denunciamos que hemos sido violentadas.

Pero también, como cristianas, creyentes del Dios Madre y Padre, nos duele la violencia que se da hacia nosotras dentro de nuestras instituciones religiosas.

Queremos también decirles a las madres, esposas, hermanas, hijas que buscan a sus padres, esposos, hermanos, compañeros, hijas e hijos; que nos solidarizamos con su dolor, con su coraje y exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que busquen a los miles de personas desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro país, que se acabe la impunidad que reina en Chiapas, en México.

Manifestamos nuestra confianza y esperanza en el Dios de la Vida que nos acompaña y fortalece y que desde nuestro trabajo como mujeres buscamos transformar esta situación de muerte siendo constructoras y tejedoras de la Vida y la Paz para vivir con dignidad y en armonía entre nosotras, nosotros y con toda la creación. Esa Madre Tierra que está al igual que nosotras siendo explotada y empobrecida.

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la unidad de nuestros pueblos, por la unidad de las mujeres, no dejemos que nos adormezcan la conciencia, no dejemos que nos compren los partidos políticos con regalías mientras nos arrebatan nuestros bienes comunales, controlan nuestros territorios y cuerpos y destruyen la Madre Tierra.

Las animamos Mujeres, a continuar en resistencia activa, cuidando la Madre Tierra, en armonía con el cuidado de la Vida Comunitaria como un valor de nuestras abuelas y abuelos, cuidándonos como pueblos. Como mujeres, sigamos ejerciendo nuestros derechos trabajando por construir relaciones sanas en igualdad y equidad en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad.

¡Caminemos hermanas, compañeras, con esperanza y fuerza en el corazón!
¡Frente a la violencia, nuestra resistencia!
¡HASTA QUE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA JUSTICIA Y LA PAZ SE HAGAN
COSTUMBRE!

¡Alto a la violencia!
¡Alto al alcoholismo!
¡Alto al racismo!
¡Alto a la discriminación!

San Cristóbal de las Casas a 25 de noviembre de 2025

Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

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Este podcast comparte información sobre las violencias contra las mujeres en México

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Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil

Boletín de prensa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de noviembre de 2025

La delegación internacional conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña concluyó este día su viaje de cooperación e intercambio en México.

La visita se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas a favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes y refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.

“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

La delegación manifestó su profunda preocupación por la persistente violencia contra personas defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos. 

También expresaron su inquietud ante la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios; y por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización. En México, al menos 103,991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia[1]. 

De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden. En 2024, México recibió cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR. 

“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.

Las europarlamentarias y organizaciones subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.

La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.

“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección  integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.

Contactos de prensa: 

Sandra Suaste Avila- Coordinación de comunicación de la Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx  +525641601331

Espacioosc@gmail.com – +52 444 434 07 97

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Por la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

La mañana del 2 de julio del presente año (2025), un comando armado entró a la comunidad de Cherán K’eri. Incursionó por el cerro, para evitar los retenes comunales, asesinando a un comunero y otro resultó herido. A partir de los hechos violentos en abril de 2011 (narco-tala de madera, asaltos, secuestros, cobros de piso y demás acciones criminales) la comunidad se organizó para resguardar la vida y el territorio. Desde 2011 lograron su reconocimiento para nombrar a sus autoridades por sus sistemas normativos, la organización del poder municipal representada por el Concejo Comunal de Gobierno Mayor y su propio cuerpo de seguridad comunal (rondas).

En estos últimos quince años la violencia se ha incrementado en Michoacán y en todo México; en la región a la que pertenece Cherán, la disputa es por el control de sus territorios y los bienes naturales que pertenecen a las comunidades indígenas de Michoacán. Cerca de 350 mil hectáreas son propiedad social de mazahuas, hñahñu y p’urhépechas, 200 mil hectáreas se encuentran en manos de aguacateros y 20 mil están destinadas a la producción de frutos rojos.

México ocupa el primer lugar mundial de exportación de estos frutos y Michoacán es líder a nivel nacional. Esta agroindustria extractiva concentra tierra y agua, a través de ventas, rentas, muchas de ellas forzadas, pozos legales, tomas clandestinas y ollas de agua ilegales. Su expansión en la superficie ha sido a través de distintas prácticas como incendios, tala, cambios de uso de suelo, instalación de huertas, pero también el desplazamiento de la población por medio de pedagogías y prácticas de terror, apoyados por grupos armados de las economías ilegales.

Estos procesos de despojo no pueden explicarse sin la participación de un Estado en connivencia con estas economías criminales. Existen más de 33 cuarteles de la Guardia Nacional, más los destacamentos de la Guardia civil (estatal), del ejército y la marina, además de todos los dispositivos de inteligencia distribuidos a lo largo y ancho del territorio estatal, los cuales no actúan frente a la presencia de estos grupos armados que actúan con total impunidad. Muestra todo ello, una vez más, de los límites de la política de Seguridad Nacional que los diferentes gobiernos en turno proponen.

El ataque de hoy, 2 de julio de 2025, a Cherán no es un hecho aislado, forma parte de una escalada de violencia contra los pueblos originarios de la Meseta P’urhépecha y de otras regiones de Michoacán, en un contexto donde el crimen organizado, intereses extractivos y actores políticos se entrelazan para atentar contra las autonomías territoriales que han sido conquistadas con dignidad, lucha y memoria.

Cherán es un ejemplo de autogobierno indígena, organización comunitaria y defensa de los bienes comunes, que ha resistido el saqueo forestal, la violencia política y el despojo territorial. Defender a Cherán es defender el derecho de los pueblos a vivir en paz, a decidir su forma de vida y a cuidar su territorio.

Frente al silencio, la omisión y la complicidad del Estado, alzamos la voz y hacemos
un llamado urgente:

• A las organizaciones sociales, colectivas, pueblos hermanos y ciudadanía en general, a solidarizarse activamente con Cherán.
• A difundir este y otros comunicados, rompiendo el cerco de indiferencia que permite que la violencia avance.
• A defender los logros de las autonomías indígenas, que hoy más que nunca están bajo ataque.

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

Exigimos un Plan de Justicia para el pueblo P’urhépecha que incluya la seguridad.

No es una mera coincidencia la violencia contra los pueblos de Cherán. Cherán y lxs K´eris viven y vivirán desafiando el mundo del Estado, del Capitalismo-Extractivista y del Despojo.

Manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad de Cherán K’eri y con todas las comunidades que luchan en la defensa de sus tierras, territorios, bienes naturales y la vida de sus miembros.

Desde nuestros espacios universitarios, territoriales y organizativos, nos sumamos a la defensa de la vida y de los territorios.

La lucha es por la vida, por territorios con paz y justicia.
¡Ni un paso atrás en la defensa de la autonomía!
¡Por la vida, la dignidad y la memoria de los pueblos originarios!
¡Cherán vive, la lucha sigue. Cherán no está solo!

Planeta Tierra, 2 de julio de 2025
Grupos de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas invita a la presentación de su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”.

19 de marzo de 2025, 17:30
Oficinas del Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

En vivo en la plataforma del Frayba: frayba.org