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Pueblos Indígenas

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

La violencia en México, en Guerrero y la creación de realidades en tiempos de la 4T

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Mundial

A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los organismos de derechos humanos

Al Pueblo de México

Al movimiento social de Guerrero

A los medios libres y autónomos

19 de noviembre.

Hermanos y hermanas de México y del mundo, queremos compartir nuestra palabra sobre la situación que estamos viendo y viviendo en el estado de Guerrero y en México: con todo el aparato del Estado, con 4 canales de televisión públicos en los que se transmiten las mañaneras, periódicos, noticieros de radio y televisión, por internet y prensa, el actual gobierno de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, repiten hasta el cansancio discursos de lo que su gobierno hace -o dice que hace-, para restablecer la paz en el país; mediante el discurso, crean una realidad inexistente y pretenden engañar a la población de que el mal es ajeno al aparato Estatal y que éste proviene de algunos individuos que generan toda la violencia en el país. Con una narrativa telenovelesca, hablan en las mañaneras de articulación entre los estados, de inteligencia de seguridad, de detenciones de personas trascendentales en distintas estructuras delincuenciales.

Pero lo que vemos y vivimos a diario en el estado de Guerrero, es totalmente contrario a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por “confrontaciones entre grupos locales”; derivado de esta aseveración nos preguntamos ¿a qué grupo delincuencia local pertenecía el presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán para que lo decapitaran? ¿y las mujeres y niños secuestrados en Mochitlán, a cuál?

También observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video vigilancia en el municipio de Chilapa por los ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de las policías municipales, estatales y autoridades estatales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero; comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia -como les llaman hoy en día en las mañaneras-, por ejemplo la comida de Norma Otilia Montaño (ex-presidenta municipal de Chilpancingo) con Celso Ortega, líder de los ardillos; observamos también encarcelamientos de chivos expiatorios e investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales, a los autores intelectuales; en estos casos, la complicidad y participación directa de autoridades municipales, estatales y federales, es evidente, junto a las corporaciones de “seguridad”, incluida la Guardia Nacional, SEDENA y Marina cuyo número llega ya a 12 mil 675 miembros de la SEDENA, Guardia Nacional y Marina entre Tecpan, Quechultenango, Acapulco y demás municipios del estado según Ricardo Trevilla Trejo, el mismo titular de la SEDENA cuyo análisis de la realidad le indica que el problema de Guerrero está en las “confrontaciones entre grupos locales”.

El simplismo de su aseveración debería ser evidencia suficiente para entender que: 1. Las capacidades cognitivas de quienes dirigen a las corporaciones de seguridad del Estado son inexistentes. 2. Que la delincuencia organizada en su rostro mas visible es la que dispara, asesina, secuestra, trafica, etc., pero que la otra cara de la delincuencia viste de traje y se encuentra en cada institución del Estado y en cada corporación de “seguridad”. A nosotras y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido de cerca la violencia de los grupos delincuenciales y el silencio del Estado nos queda claro que la delincuencia son todos ellos y ellas.

Para nosotras y nosotros, el gobierno ha permitido que existan grupos paramilitares, narco-paramilitares y cárteles que entran a tomar el control de territorios enteros por todo el país, en muchos casos, para hacerse de los bienes naturales que se encuentran resguardados por los pueblos y comunidades indígenas, para posteriormente entregárselos al capital trasnacional; los partidos políticos se coludieron con la mafia, carteles locales y externos para controlar el territorio y cooptar a las poblaciones del país a elegirlos en los cargos de elección popular (presidencias municipales, gubernaturas, presidencias), con la consecuencia evidente que esto conllevaría: terminar pagando favores a quienes los pusieron en el poder. El mismo gobierno federal ha permitido la existencia de los cárteles para controlar al movimiento social-popular de Guerrero y del país, a los sistemas comunitarios y de justicia que se gestaron en las asambleas de los
pueblos y comunidades; las corporaciones de seguridad, vieron un segundo salario, más oneroso en el servicio que brindan a la delincuencia que el que reciben por su trabajo legal; el dinero que se mueve en las esferas del poder, venga de donde venga, legal o ilegal, es más importante que la vida del pueblo, sea de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán o de cualquier estado del país. Es por lo anterior que decimos con toda claridad, la delincuencia es el Estado.

Es por eso que no aceptamos la narrativa de los buenos y malos, lo que vemos es la intervención absoluta, no sólo cómplice, sino abierta del Estado en crímenes contra la población mexicana. En Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), todo el sexenio Andrés Manuel, denunciamos al grupo narco-paramilitar los ardillos, que secuestraron, torturaron, descuartizaron, asesinaron a 63 habitantes de las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, además de desaparecer a otros 22 hermanos y hermanas, desplazar y cercar a estas comunidades. Se le dijo al mismo Andrés Manuel en su cara cuando fue interceptado por el CIPOG-EZ en octubre de 2022, en la carretera que va de Chilapa a Tlapa: “¡NOS ESTÁN MATANDO! Evelyn Salgado, (gobernadora del estado de Guerrero) sabe quienes son y dónde están los ardillos, los presidentes municipales trabajan con los ardillos, fiscales y jueces del estado trabajan con ellos, policías municipales y estatales son ardillos, Bernardo Ortega Jiménez actual diputado por el PRD es jefe de los ardillos junto a sus hermanos, Chilapa, Quechultenango, Tixtla, Colotlipa, Acatepec. etc., son municipios controlados por los ardillos”.

Pese a todo lo anterior, el pasado 13 de noviembre, de forma triunfal Harfuch anunció la detención de Vicente Gerardo el “Garza” en Querétaro (hasta allá fueron a cazar ardillos, sabiendo dónde operan), jefe de plaza de los ardillos. Tal como si hubiese erradicado el mal del estado de Guerrero, anunciaron su detención y lo vinculan a la decapitación del presidente municipal de Chilpancingo, a la desaparición y asesinato de la familia de Mochitlán, al control de amplias regiones de Guerrero tales como Tecoanapa, Ayutla de los Libres y San Marcos, etc., tal como si él fuera un jefe de los ardillos; pero nosotros sabemos y hemos denunciado donde están los verdaderos jefes de este grupo criminal, basta preguntarse por qué no detienen a Bernardo Ortega Jiménez, diputado por el PRD en Guerrero y jefe de los ardillos, o a Jesus Parra García, expresidente municipal por el PRI de Chilapa, hoy en día diputado local en el congreso de Guerrero y que sabe como operan los ardillos, donde operan, cómo se financian las campañas para que personas como él, queden como diputados o accedan a un cargo público; entonces, basta preguntarse porqué detienen a delincuentes menores y no a los que dirigen a las organizaciones delictivas para entender que la violencia no terminará en Guerrero pues esta deviene del mismo Estado, en todas sus estructuras y el Estado no puede atacarse a sí mismo, por lo que lo más cómodo es simular acciones, crear realidades y mantener la estructura criminal intacta. Paz como discurso, violencia como realidad.

Es por todo lo anterior, que responsabilizamos directamente a Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado, Harfuch, presidentes municipales y a las corporaciones de seguridad por la violencia que se vive en el país y por la muerte de las personas que a diario son víctimas de la violencia por el desprecio del grupo gobernante. Los responsabilizamos por la seguridad de nuestro hermano Jesus Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ y demás autoridades comunitarias, quienes han sido amenazados de muerte por los ardillos sin que ustedes les hayan brindado las mínimas condiciones de seguridad; sabemos porqué.

Hacemos un llamado a la sociedad a poner en duda, a cuestionar a los medios de comunicación a través de los que pretenden convencernos de que el gobierno de Morena, está desarticulando a la delincuencia y trabajando por la seguridad del pueblo, cuando lo único que está asegurando es la entrega de los bienes naturales del país al capital y su permanencia en el poder por muchos sexenios. Llamamos al magisterio, a los intelectuales, a visibilizar desde el pensamiento crítico, la realidad del país y la construcción de los discursos desde el poder. Hacemos también un llamado a campesinos, organizaciones sociales, estudiantes y al movimiento popular de Guerrero a organizarse, por la defensa de la vida de sus comunidades y por la defensa del territorio, pues de arriba nunca vendrá la justicia. A los pueblos y comunidades de México, las llamamos a mantenernos en alerta, pues el escenario que describimos no sólo ocurre en Guerrero, sino en todo el país, los asesinatos y detenciones continuarán, porque alargar la permanencia de Morena en el poder y posicionar políticamente a Harfuch, personaje de tétrico pasado (abuelo Militar asesino de estudiantes en 1968, padre torturador de la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia y él mismo artífice junto a otros personajes de la llamada “verdad histórica”, en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), como un personaje central en el próximo sexenio, implica limpiar el camino y reordenar el territorio, a las fuerzas económicas, políticas y sociales en México, asesinando inocentes y defensores de la vida y del territorio, destruyendo historias para imponer la suya propia, la del vencedor, lo cual nos pone en evidente vulnerabilidad. A los organismos de derechos humanos solidarios, a la sexta nacional y a la Otra Europa, esa que no claudica, les pedimos que sigan al pendiente de nosotros y nosotras, como de por sí lo han hecho hasta hoy.

A 114 años del inicio de la Revolución Mexicana, reivindicamos la lucha de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Magón y de todos aquellos y aquellas que lucharon por la vida y por la construcción de una realidad sin tiranos y explotadores, con libertad, justicia y democracia.

Abrazamos a nuestros hermanos y hermanas del EZLN por sus 41 años de larga rebeldía y resistencia. Como CIPOG-EZ, seguimos en resistencia, sin rendirnos, sin vendernos y sin claudicar.

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO!

atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Santa María Ostula sigue en la lucha por la reconstitución integral de su territorio comunal

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,

A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN MICHOACÁN.

AL INGENIERO JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN AQUILA, MICHOACÁN.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

En este día en que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, gesta heróica en la que los pueblos originarios derramamos nuestra sangre teniendo como bandera central la defensa y recuperación de nuestras tierras comunales, ANUNCIAMOS que el pasado quince de noviembre de este año nos fue notificada, por conducto del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, una histórica sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo en revisión número 357/2023, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DEJA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE DOTÓ DE TIERRAS EJIDALES AL POBLADO LA PLACITA, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN, EL 20 DE JUNIO DE 1967, porque “afectó terrenos comunales pertenecientes” a nuestra comunidad y por lo tanto se dictó en violación de nuestros derechos fundamentales.

Sin duda alguna, SE TRATA DE UNA SENTENCIA HISTÓRICA PARA NUESTRA COMUNIDAD Y TAMBIÉN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTE PAÍS, PORQUE A LO LARGO DEL SIGLO VEINTE UNA DE LAS POLÍTICAS COLONIALES MÁS USADAS POR LOS GOBIERNOS EN TURNO PARA DESPOJAR DE SUS TERRITORIOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FUE LA ILEGAL CREACIÓN E IMPOSICIÓN DE EJIDOS EN SUS ANTIGUOS TERRITORIOS COMUNALES, LO QUE PROVOCÓ SU PULVERIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En dicho sentido saludamos la trascendental determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito que pone en cuestión este largo proceso de despojo y marca un parteaguas en la inercia colonial y racista que ha mantenido hasta el día de hoy a nuestros pueblos con derechos de segunda y sumidos en la pobreza.

La sentencia dictada por el Poder Judicial es definitiva, razón por la que exigimos a la Presidenta de la República y a los gobiernos federal y del estado:

1. QUE NO BUSQUEN REVOCARLA O MODIFICARLA O, COMO OCURRE EN TANTOS CASOS, QUE NO INTENTEN DEMORAR O BURLAR SU CUMPLIMIENTO Y DE MANERA CLARA DEJEN INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE DOTACIÓN DE TIERRAS DICTADA A FAVOR DEL EJIDO SALINAS DE LA PLACITA, EL VEINTE DE JUNIO DE 1967.

2. QUE AL REPONERSE EL TRÁMITE DE DOTACIÓN DE TIERRAS DE LA PLACITA NOS SEAN RECONOCIDAS Y RESPETADAS LAS TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS PARAJES DE XAYAKALAN, LA CANAHUANCERA Y LAS TRES MAJAHUAS, TIERRAS QUE CORRESPONDEN A LA POSESIÓN INMEMORIAL DE NUESTRA COMUNIDAD Y QUE HASTA ANTES DE ESTE AMPARO HABÍAN SIDO DOTADAS AL EJIDO DE LA PLACITA.

Dicha exigencia la extendemos al Presidente Municipal de Aquila para que AUXILIE EN EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO QUE SE NOS OTORGÓ Y, SIN TOMAR PARTIDO POR ALGUNO DE LOS POBLADOS EN DISPUTA, PUES AMBOS PERTENECEMOS AL MUNICIPIO DE AQUILA, BUSQUE LOS MEDIOS PARA CONSTRUIR ACUERDOS DURADEROS QUE CONSOLIDEN LA PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y EN LA REGIÓN ENTERA.

Asimismo, solicitamos al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que en congruencia con la sentencia dictada por su similar en el amparo en revisión número 357/2023, al momento de resolver el juicio de amparo directo 463/2023, interpuesto por nuestra comunidad en contra de la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima, dentro del juicio por conflicto de límites 78/2004, en el que dicho tribunal desconoce, en favor de supuestos pequeños propietarios de La Placita, UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE NUESTRAS TIERRAS Y MONTES COMUNALES TAMBIÉN LOCALIZADAS EN LOS PARAJES DE XAYAKALAN, LA CANAHUANCERA Y LAS TRES MAJAHUAS, RESUELVA AMPARARNOS, PUES, LA PROBLEMÁTICA QUE NUESTRA COMUNIDAD CONFRONTA CON ESTOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS TIENE EL MISMO ORIGEN QUE LA QUE SE HA DADO CON EL EJIDO DE LA PLACITA, SIN QUE PUEDAN RESOLVERSE EN FORMA SEPARADA UNO Y OTRO CONFLICTO.

Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a los pueblos de todo México, a los medios de comunicación y a los organismos de derechos humanos a estar atentos, como lo han estado hasta el día de hoy, a la forma como se resolverá el juicio de amparo directo 463/2023 y al modo como se dará cumplimiento al amparo en revisión número 357/2023, CON EL FIN DE QUE NO SE SIGAN VIOLANDO NUESTROS DERECHOS Y LOS DE LOS RESTANTES PUEBLOS ORIGINARIOS DE ÉSTE PAÍS, COMO HA OCURRIDO DURANTE SIGLOS.

¡Respeto a las tierras y territorios de nuestra Comunidad, respeto a Xayakalan!

¡Castigo a los culpables del asesinato y desaparición de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la Comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

#EstaTierraEsDeOstula #OstulaVive #OstulaFlorece

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Avispa Midia

Éxodo migratorio busca llegar a EEUU antes que Trump al poder

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio


En portada: En el campamento de migrantes en la capital
chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años,
sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos.
Foto: Jeny Pascacio.





Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de
México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la
victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. 





Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación
Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de
las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no
se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.





Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante
las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo
mediático, incluso por seguridad. 





Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se
organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas
que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al
norte de México. 





Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos,
puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de
la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para
alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos
tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.





“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y
Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo,
están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el
CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo
para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos. 





Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo
con los países que aportan más a la migración, entre ellos México,
Venezuela, Haití y países de Centroamérica. 





En las calles venden chicha, empanadas o arepas para ganar dinero.




México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha
señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que
hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera
norte del país. 





Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a
Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y
trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para
alojar a los miles de migrantes”, dijo. 





Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de
Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las
personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y
México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando
porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía
General de la República (FGR) también realiza labores de “control
migratorio”. 





Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que
deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las
estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención
médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos
derechos.





“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia
de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del
terror ya está impuesta”, precisó el defensor.









Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos
han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas
para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos,
pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno. 









Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país
Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres
mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro. 





Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de
migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es
extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre
Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de
delitos por grupos delincuenciales.





“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros
llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre,
pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”,
sostuvo para Avispa Mídia





Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes
del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a
las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer
avanzar más. 





“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni
siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque
si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso
estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo. 









Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda
la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos
elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo
estable. 





“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los
arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos
días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción
regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero
para el norte con Trump también se pone difícil”. 





En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones
de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra
asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del
INM, espacio que también funciona como centro de detención.





En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos.
Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que
la travesía hasta México está llena de terror y violencia. 





“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en
Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que
si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran. 





Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta
llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana
pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla. 





Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata,
también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive
con la venta de empanadas al estilo Venezuela. 





Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en
que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la
dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de
migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al
norte del país) y las dos veces me devolvieron. 





Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han
percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar
el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un
registro” y así poder avanzar. 





Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o
vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad
entre ellos para poder proteger a las infancias. 









Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque,
con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente
a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera
victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de
expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima
discrimanación”. 





Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más
difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un
lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a
nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por
el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en
materia migratoria”. 





Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la
frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública
en términos geopolíticos”. 


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Avispa Midia

Estados de América Latina son blanco de empresas del norte global; demandas se multiplican

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Las demandas de inversores extranjeros contra Estados de América Latina y Caribe se han multiplicado en las últimas dos décadas. Eso es lo que revela la séptima edición del informe Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe, realizado por TNI (Transnational Institute).

En 1996 fueron registrados seis casos de demandas bajo tratados comerciales en todo el mundo. A finales de 2023 llegó a 1,332 casos. De ese total, los países de América Latina y Caribe fueron demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial. 

De los 42 países de América Latina y Caribe, 23 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje. México, Argentina, Venezuela, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Conjuntamente acumulan lo que representa casi dos tercios del total de las demandas. 

El 2023 fue el año con más demandas en la historia del arbitraje en América Latina y Caribe, con 28 demandas registradas, de las cuales 11 corresponden a México. 

La organización alerta que los Estados han sido los grandes perdedores en los sistemas de arbitraje de inversiones a nivel mundial. De las 380 demandas conocidas contra países de América Latina y Caribe, en 239 ocasiones existió una resolución del caso. De las 239 demandas resueltas, el inversor salió beneficiado en casi el 60% de los casos. Las demandas relacionadas con minería, gas y petróleo suman el 22,4% del total de los casos.

Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores extranjeros la suma de 33.629 millones de dólares. Esa cifra es superior a toda la inversión extranjera directa que recibieron juntos los seis países de Centroamérica, los 15 del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador en 2022.

Los países de América Latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales, a partir de la década de 1990. Estos tratados protegen a la inversión extranjera y “otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos”, contextualiza el informe, ya sean por leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado.

Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones fuera decisiva en la atracción de inversión extranjera, sostiene. Sin embargo, 30 años después, “la evidencia muestra que los tratados han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región”, señala.

La organización subraya que los impactos negativos de estos tratados son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos y parlamentarios como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.

Argentina

El monto más alto ya pagado por un país a raíz de una única demanda fueron los 5,000 millones de dólares que pagó Argentina a la empresa Repsol en un acuerdo de partes.

Argentina es un caso emblemático. Solamente seis de las 30 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 23 se decidieron a favor del inversor, y solo una a favor de ninguno de los dos. Si se suma a estos 23, los 18 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, “concluimos que el 85% de las demandas contra Argentina tuvieron un resultado favorable para el inversor”, dice el informe.

Los tratados más utilizados

Empresas europeas (principalmente de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia) y de América del Norte (sin considerar a México) son responsables por 47% y 38% respectivamente de las demandas. Inversores de Estados Unidos son quienes han iniciado la mayor cantidad de ellas. Los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones de este país junto con los tratados comerciales TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), incluso en su versión actualizada el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) y CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana) son los más usados por los inversores.

Centros de arbitraje

Existen diversos centros de arbitraje donde se pueden resolver diferencias relativas a inversiones. El centro de arbitraje más concurrido es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. El CIADI fue utilizado 294 veces por los inversores para sus demandas contra países de la región. Esto significa que el 77,4% de todas las demandas fueron llevadas a este centro de arbitraje.

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Otros centros arbitrales son la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya, Países Bajos, y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA).

radio
Avispa Midia

Cada 4 días se ha asesinado a un periodista en el mundo; 1,700 en los últimos 18 años

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Familiares y colegas de los periodistas palestinos Sari Mansour y Hasona Saliem, que fueron asesinados mientras trabajaban, lloraban durante la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah, Gaza, el 19 de noviembre del 2023. Foto: Ali Jadallah

Entre 2006 y 2024, más de 1,700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo y alrededor del 85% de los casos no llegaron a los tribunales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lanzado el pasado 2 de noviembre, fecha Internacional elegida para la campaña Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

De acuerdo con el informe, llamado Periodistas en primera línea de crisis y emergencias, los asesinatos de los comunicadores han aumentado en un 38% solo entre 2022 y 2023, incrementando hasta 162 periodistas asesinados en este periodo. “Cada 4 días matan a periodistas por buscar la verdad”, señala este documento.

Lo más resaltante de estas cifras es que la UNESCO tiene un registro de 61 periodistas asesinados en países no afectados por conflictos armados, en este caso en países de América Latina y el Caribe, seguido con 31 casos en los Estados Árabes y con 31 por países asiáticos y del pacífico. Europa también figura con 15 decesos.

Entre las personas que perecieron por informar en este periodo bianual figuran 14 periodistas mujeres, lo que representa el 9% del total de los casos. La falta de justicia se impone, según este documento, ya que “la impunidad en estos casos se mantiene alta, con un 85% de los asesinatos sin resolver, y el tiempo promedio para la resolución de casos es de aproximadamente 4 años, lo que indica que la justicia es frecuentemente denegada”. 

De acuerdo con el informe, el territorio mexicano sigue siendo uno de los países más peligrosos para quien ejerce la profesión de informar, sumando 26 periodistas caídos entre 2022 y 2023. 

Periodistas mexicanos protestan por los asesinatos de periodistas palestinos y mexicanos. Fotos: Colectivo SOS

El Estado de Palestina, actualmente en conflicto armado con Israel, registra el mismo número de casos que México, con 26 asesinatos en el ejercicio de su profesión en el mismo periodo. 

Palestina

Son al menos “130 periodistas palestinos asesinados en manos de las fuerzas israelíes” en los últimos 380 días según informes de la ONU hasta este mes de noviembre. La situación en Gaza ha sido descrita por esta instancia como “inédita” y “nunca antes vista en ningún conflicto de los tiempos modernos”.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que, en la actualidad, en Gaza se ha producido el mayor número de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y pidió a los gobiernos que “adopten medidas urgentes para proteger a los periodistas, investigar los crímenes contra ellos y procesar a los autores”.

Voceros de la ONU han puntualizado que en Gaza la información se ha visto gravemente restringida. Se ha asesinado a periodistas, se ha destruido redacciones, se ha bloqueado a la prensa extranjera y se ha cortado las comunicaciones. “Las fuerzas israelíes, como potencia ocupante, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de los medios de comunicación palestinos, silenciando voces mediante restricciones, amenazas, asesinatos selectivos y censura”, resume Cheikh Niang, presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.

A pesar de ello, los periodistas en Gaza siguen informando sobre la crisis humanitaria que está sufriendo la población civil y principalmente los niños. 

En contraste, el jefe de la Sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha declarado que, “según el derecho internacional humanitario, el ocupante, Israel, tiene la obligación de proteger a los civiles, incluidos los periodistas”, pero, señala que acontece lo contrario, “estamos oyendo a políticos y dirigentes de muy alto nivel decir que está bien matar a civiles para conseguir objetivos militares, lo que constituye una violación de la proporcionalidad, de los principios y también de la necesidad militar”. 

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Avispa Midia

En Guatemala, defensor criminalizado por empresa de palma aceitera es asesinado

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria

La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.

Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.

En contexto – Guatemala: Chiquibul busca certificar su cultivo de palma, mientras usa violencia contra indígenas

Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.

Francisco Pop Ico, defensor comunitario asesinado el pasado 17 de octubre del 2024.

Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada. 

Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.

Condena

En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.

La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.

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Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.

Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.

Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia. 

“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.

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Avispa Midia

Transgénicos amenazan la producción de semillas criollas en el noreste de Brasil

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados. 

El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad. 

Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.

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El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.

Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos. 

Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.

La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman. 

Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”. 

Protección

En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.

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Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.

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La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

jTotik Marcelo: Por favor platícales a Papá-Mamá Dios que urge la paz en Chiapas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra.
Papá-Mamá Dios.

Sagrada Madre Tierra que aquí abrazas en tu seno el cuerpo del Padre Marcelo (jTotik Marcelo); hermano, compañero de lucha, Profeta, Defensor de los Derechos Humanos y ahora Santo Mártir de la Justicia y de la Paz.

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y los Sobrevivientes de la Masacre de Acteal, venimos de nuevo aquí a la tierra del Padre Marcelo en donde está sembrado su cuerpo para ofrecerle nuestro rezo, nuestras palabras de agradecimiento en este su Novenario.

Estamos seguros que jTotik Marcelo se ha reunido con nuestras 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, masacrados en Acteal por el grupo paramilitar priista y Cardenista de Chenalhó bajo las órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León y del Ejército mexicano.

Desde Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires venimos para honrar la memoria del Padre Marcelo y para que nunca se olvide su nombre y su misión a su paso en esta tierra. Sobre su tumba dejaremos una cruz con letras inscritas: Padre Marcelo y los Mártires de Acteal, Santos y Profetas y Defensores de DDHH, de la Justicia y de la Paz.

Ahora, también seremos la voz del Padre Marcelo para exigir justicia del crimen atroz del que fue víctima y así como de la Masacre de Acteal; por los desaparecidos, por los feminicidios, por las graves violaciones a los derechos humanos, por el despojo de nuestras tierras y territorios de los ricos y poderosos en complicidad con los malos gobiernos de Chiapas y México.

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Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes»

Ofrenda colectiva contra la guerra a los pueblos Zapatistas

nstalación, miércoles 30 de octubre, 12:00 Hrs.

En el Marco de la Jornada de Lucha contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas, desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes» INVITAMOS a las organizaciones, Pueblos, Comunidades, Colectiv@s, e individu@s, para que desde su rabia, resistencia y rebeldía, construyamos junt@s esta ofrenda colectiva por nuestr@s muert@s y contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas. En esta ocasión la dedicaremos a los Pueblos que luchan y resiste contra la guerra Capitalista y Patriaracal.

Puedes traer, velas y veladoras, papel picado, agua, sal, Incienso y copal, calaveritas de azúcar, flores de Cempasúchil, nube y terciopelo, comida, bebida, pan de muerto, frutas, semillas, aserrín de color negro, rojo, amarillo y blanco, retrato de nuestr@s ausentes, etc.

También puedes sumarte con música, poesía, canto, danza, baile y mucha #AlegreRebeldía. Deja tu mensaje por Messenger.

Cita: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes». Puerta Principal

Av. México-Coyoacán, 343, Col. Xoco. Benito Juárez.

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS!!

VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

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Avispa Midia

Gasoductos en México: la realidad detrás de los 20 mil km de infraestructura

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

Julia Bernal es una mujer nativa que pertenece a las Naciones indígenas de Sandia Pueblo y Yuchi, uno de los 19 pueblos originarios que habitan lo que hoy se conoce como el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Ahí los pueblos viven en las orillas de los ríos. “No somos pueblos nómadas, somos agricultores”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Poseen su soberanía alimentaria, siembran principalmente maíz, calabaza y frijol. 

“Sobrevivimos a las colonizaciones de España y Estados Unidos, y estamos sobreviviendo hace un siglo a la explotación de recursos energéticos”, comparte Bernal, que hace parte de la organización Alianza de Pueblos en Acción.

En sus territorios fue detonada la primera bomba atómica, la bomba Trinity, en 1945, la primera experiencia nuclear, antes de ser usada contra las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Fue parte del Proyecto Manhattan, impulsada por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía hoy existen laboratorios de producción de energía nuclear, cuya basura radioactiva es almacenada en los territorios que pertenecen a estos pueblos. 

En el centro de la comunidad de otra joven indígena, Alicia Gallegos, de los Pueblos de Acoma y Laguna, en las orillas del llamado Río Puerco, está una mina de Uranio, mineral usado en la producción de la energía nuclear. “Ha contaminado mucho y no ha habido ninguna indemnización. Utilizamos solamente agua subterránea, la de los ríos está altamente contaminada”, comparte Gallegos al equipo de Avispa Mídia.

Estos pueblos también tienen en común el hecho de que están asentados sobre la mayor reserva energética de Estados Unidos y una de las de mayor producción de gas y petróleo del mundo. Ahí está la cuenca Pérmica, que se extiende hasta Texas, abarcando los dos estados. “Los proyectos empezaron en 1912, justamente cuando Nuevo México fue transformado en un Estado más de los Estados Unidos”.

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