San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025

Boletín de prensa No. 11

 
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces

• El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.

El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.

La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.

La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.

El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.

Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.

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Se cumplieron 12 horas del encapsulamiento ( 11 de la mañana) por parte de los granaderos de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, que impidieron la llegada de la “Faena internacionalista por el FIN a la criminalización” convocada por las Mujeres mazatecas por la Libertad. Está jornada de protesta y difusión fue convocada frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Siendo esta la primera Faena Internacionalista realizada en la Ciudad de México con el fin de demandar justicia frente a las 200 ordenes de aprehensión fabricadas en contra de mas de 56 integrantes de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca, anunciadas a principios de año. No fue hasta las 9 de la mañana que el paso de la calle Pino Suárez fue liberado por los granaderos gracias a la presión realizada por los pueblos organizados de la Ciudad de México, activistas y medios libres que se hicieron presentes en respuesta a la represión.

Los cuerpos de granaderos ahora llamados Agrupamientos de Tareas Especiales que participaron en esta jornada represiva son: Centauros, Marcopolos, Faunos y Ateneas, los cuales se mantuvieron realizando amenazas y hostigamiento en contra de activistas y periodistas durante el encapsulamiento a la vez de que ocultaron los nombres que deben portar en el chaleco para evitar ser denunciados por las recurrentes faltas al protocolo de actuación.

El programa de la Faena Internacionalista continúa frente a la puerta de la SCJN, se les invita a asistir a las actividades de hoy a partir de las 16:00 hrs y a las de mañana 4 de diciembre a partir de las 12:00 hrs; se llevarán a cabo foros, presentaciones gráficas, proyección de documentales, presentaciones musicales, entre otras. El programa completo se encuentra en las redes de las Mujeres Mazatecas por la Libertad y de Presos políticos Eloxochitlan de Flores Magón.

A los pueblos indígenas de México y del mundo
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los colectivos, organizaciones y redes de resistencia de todos los continentes
A la sociedad civil solidaria con la vida de nuestro pueblo

Desde la Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, hacemos un llamado urgente, nacido del dolor, de la rabia y de la memoria viva de nuestro hermano y autoridad agraria Marcos Aguilar Rojas, asesinado el 26 de noviembre de 2025, y de nuestro compañero Gabriel Aguilar Rojas, gravemente herido en la misma agresión.

Considerando:

Que nuestra palabra nace en un tiempo oscuro. El ataque que arrebató la vida de Marcos no fue un hecho aislado: es la consecuencia directa de décadas de agresiones armadas, invasiones de nuestras tierras comunales, ataques paramilitares, amenazas y una estructura completa de complicidad e impunidad, tal como lo demuestra el documento que hemos hecho público.

 Que la comunidad enfrenta hoy un peligro extremo. Los caciques y sus grupos de agresores —los pistoleros de antes y los pistoleros de ahora— se siguen reuniendo, patrullan nuestros caminos con total impunidad, protegidos por operadores judiciales, policías y funcionarios que bloquean investigaciones, encubren crímenes y garantizan la continuidad de las agresiones.

Que la violencia no es nueva ni aislada: es una estrategia de despojo territorial, que busca exterminar a la comunidad para apropiarse de miles de hectáreas comunales que, desde tiempos inmemoriales, pertenecen a nuestro pueblo.

CONVOCAMOS
a las
JORNADAS POR LA VIDA EN AZQUELTÁN
a realizarse del 6 al 10 de diciembre, con actividades en distintos territorios y geografías:

6 de diciembre

Rueda de prensa
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 12:00 horas

7 de diciembre

Velada por Azqueltán
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 18:00 horas, llevar veladoras

10 de diciembre

Movilización en la Ciudad de México
Movilización para acompañar a la comunidad de Azqueltán
Concentración: Torre del caballito, 11:00 horas

10 de diciembre

Movilización en la ciudad de Guadalajara
Concentración: El Santuario, 11:00 horas.

Convocatoria a la Acción Global

Llamamos a los pueblos originarios conscientes, a los colectivos y organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil nacional e internacional, a realizar acciones dislocadas en sus territorios, plazas, centros comunitarios, universidades, embajadas o consulados, del 6 al 10 de diciembre, para hacer resonar nuestras exigencias fundamentales y registrando las acciones que se vayan a realizar, a través del correo electrónico cnicomunicacion@gmail.com

Justicia para Marcos y Gabriel.

Castigo a los responsables materiales e intelectuales, y garantías de no repetición.

Seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, mediante la presencia permanente de cuerpos de seguridad federales que eviten nuevos ataques armados.

Urgente titulación de los Bienes Comunales, que el gobierno federal de México asuma su responsabilidad histórica y titule de forma definitiva los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán.

Desmantelamiento de la red de impunidad que protege a asesinos, invasores y caciques responsables del despojo, la violencia y la muerte.

Atentamente
Diciembre de 2025
Porque nuestra lucha es por la vida,
Por la memoria y por la tierra comunal.
Porque Marcos vive en cada paso que damos.
Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán
Congreso Nacional Indígena

Presentado el sábado 29 de noviembre a la comunidad de Eloxochitlán en español y Enna (lengua mazateca). El informe es producto de la Misión de Observación realizada en julio de este año por un grupo interdisciplinar.

Concluye que la comunidad es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y al prolongarse por una década, constituyen un caso de etnocidio que busca la destrucción de la forma de organización y vida de esta comunidad mazateca. El etnocidio de la comunidad de Eloxochitlán tiene como fin socavar la resistencia comunitaria frente a las actividades extractivistas que han provocado el ecocidio del Río Xangá Ndá Ge y la destrucción de la libre determinación de la comunidad:

– Sobre esto se detecta detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, criminalización política, desplazamiento forzado y etnocidio, violencia de género.

– Sobre el saqueo al Río Xangá Nda Ge, se identifican alteraciones  hidrológicas, agentes contaminantes, desecación, además de daños en la flora y fauna.

Se busca que este compilado de documentación se lleve a instancias internacionales, pues sostiene que no existen condiciones legales que garanticen la protección de los derechos de la comunidad. Los actos de agresión, persecución política y criminalización han resultado en 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas.

La documentación recabada señala como responsables a gobernadores, titulares y magistrados, quienes con respaldo y complicidad del Estado han incidido en la negación de la justicia, persecución y fabricación de expedientes.

Así mismo, se menciona que el Juzgado de Huautla tiene la mayor responsabilidad al permitir omisiones y prácticas a favor de los caciques, pues se han negado actos de tortura sustentadas desde el Protocolo de Estambul, obstaculización de procesos, criminalización de autoridades comunitarias, detenciones arbitrarias y manipulación de testimonios.

A través de una cronología de hechos, se describe el proceso de agresiones que ha llevado la comunidad mazateca como: intervención militar, amedrentamiento, tortura, despojo, allanamientos de viviendas, amenzas y abusos de autoridad. Muchos de estas violencias anteceden al 2014, ya que desde el 2011 se realizaron múltiples denuncias formales, las cuales nunca avanzaron debido a omisiones del juzgado de Huautla.

Durante las últimas semanas el gobernador de Oaxaca Salomón Jara ha señalado a Eloxochitlan como un punto rojo, tratando de decir que es una comunidad violenta; una estrategia de desprestigio aprovechando su poder y medios de difusión para impulsar al cacique Manuel Cepeda en las elecciones a la presidencia municipal de Eloxochitlan llevadas a cabo este 23 de noviembre donde fue el segundo con más votos.

La presentación fue también un espacio de reflexión para la comunidad, donde se lanzó un mensaje frente a quienes siguen impulsado la narrativa de “un conflicto entre dos familias”, simplificando los graves ataques en complicidad con los tres niveles de gobierno. A quienes les contestaron que Eloxochitlan está integrada por diversas familias, con diferentes apellidos, un pueblo pequeño donde es común en ocasiones compartir apellidos.

Muchas mujeres, como consta en la transmisión de Radio Zapote ese día, mencionaron sus apellidos. Quienes hablaron son madres, esposas y hermanas de ex-presos y perseguidos políticos desde el 2014 , que tuvieron que abandonar sus casas para dedicarse a la lucha por la liberación de sus familiares, trabajar la tierra que antes trabajaban ellos para darle de comer a sus hijos, dormir en la calle en los plantones como el que se mantuvo más de dos años afuera de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, esperando que los ministros atendieran el caso.

El informe concluye que, derivado a la incompetencia del sistema de justicia mexicano por garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de la comunidad perseguida de Eloxochitlán; el caso debe ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de exigir medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo, así como medidas específicas de protección para las victimas indirectas.

La elaboración de este informe, marca un gran antecedente a las formas de resistencia frente a las injusticias y violaciones del Estado hacia los pueblos. Las compañeras Mazatecas son ejemplo de cómo hacer frente a la impunidad y la criminalización, su lucha por la libertad ha sido ardua y aún no termina.

Como han venido haciendo en estos años, las Mazatecas por la libertad nos vuelven a hacer la invitación para la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización” que se llevará a cabo del 3 al 4 de diciembre del 2025 en la CDMX frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los días 3 y 4  5 de diciembre a las afueras de la ONU mujeres en calzada General Mariano Escobedo 526, colonia Anzures, Miguel Hidalgo.

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

COMUNICADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A LAS MUJERES DE NUESTRA DIOCESIS
A LAS MUJERES DE CHIAPAS
A LAS MUJERES DE NUESTRO PAIS
A LAS MUJERES DEL MUNDO
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

Hoy 25 de noviembre con esperanza y fuerza en nuestros corazones tomamos y recorremos estas calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para decir BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, las mujeres queremos y deseamos vivir una vida sin ningún tipo de violencia.

Saludamos la decisión y esfuerzo de las mujeres congregadas en el Área de Pastoral Diocesana de Mujeres. (CODIMUJ) por convocarnos a esta peregrinación para dar a conocer la situación de violencia que seguimos viviendo hoy, especialmente en las comunidades de la frontera sur, sabemos que no son las únicas, ya que este cáncer del crimen organizado se ha ido extendiendo por todo el territorio chiapaneco y más allá.

Como mujeres buscamos que nuestra participación y aporte sea reconocido y valorado en la construcción de nuevas relaciones en la vida eclesial, social y política de nuestro país.

Hermanas y hermanos, queremos decirles de los dolores que, como mujeres que somos, nos ha traído esta situación de ingobernabilidad que vivimos por quienes buscan el control de nuestros territorios, de nuestras vidas y nos siembran miedo y terror; Esos dolores son: vivimos en la inseguridad, el tener que movilizarnos con temor para atender la salud de nuestras familias; un dolor mayor es la muerte, la violencia intrafamiliar y la pobreza ocasionada por el vicio del alcohol, porque en nuestras comunidades es más fácil abrir una cantina que una escuela o una clínica. La violencia obstétrica que se da hacia nuestros cuerpos de mujeres. El dolor de que por el hecho de ser mujeres la justicia se nos niegue cuando denunciamos que hemos sido violentadas.

Pero también, como cristianas, creyentes del Dios Madre y Padre, nos duele la violencia que se da hacia nosotras dentro de nuestras instituciones religiosas.

Queremos también decirles a las madres, esposas, hermanas, hijas que buscan a sus padres, esposos, hermanos, compañeros, hijas e hijos; que nos solidarizamos con su dolor, con su coraje y exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que busquen a los miles de personas desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro país, que se acabe la impunidad que reina en Chiapas, en México.

Manifestamos nuestra confianza y esperanza en el Dios de la Vida que nos acompaña y fortalece y que desde nuestro trabajo como mujeres buscamos transformar esta situación de muerte siendo constructoras y tejedoras de la Vida y la Paz para vivir con dignidad y en armonía entre nosotras, nosotros y con toda la creación. Esa Madre Tierra que está al igual que nosotras siendo explotada y empobrecida.

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la unidad de nuestros pueblos, por la unidad de las mujeres, no dejemos que nos adormezcan la conciencia, no dejemos que nos compren los partidos políticos con regalías mientras nos arrebatan nuestros bienes comunales, controlan nuestros territorios y cuerpos y destruyen la Madre Tierra.

Las animamos Mujeres, a continuar en resistencia activa, cuidando la Madre Tierra, en armonía con el cuidado de la Vida Comunitaria como un valor de nuestras abuelas y abuelos, cuidándonos como pueblos. Como mujeres, sigamos ejerciendo nuestros derechos trabajando por construir relaciones sanas en igualdad y equidad en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad.

¡Caminemos hermanas, compañeras, con esperanza y fuerza en el corazón!
¡Frente a la violencia, nuestra resistencia!
¡HASTA QUE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA JUSTICIA Y LA PAZ SE HAGAN
COSTUMBRE!

¡Alto a la violencia!
¡Alto al alcoholismo!
¡Alto al racismo!
¡Alto a la discriminación!

San Cristóbal de las Casas a 25 de noviembre de 2025

Pronunciamiento

A dos años de la desaparición de nuestros familiares

Sin Verdad, Sin Justicia.

Se cumplen dos años de la desaparición de nuestros familiares: Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Luis Alberto Vasquez Sarat, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez, y Francisco Socorro Morga De León, quienes se ganaban la vida y aportaban al sustento familiar, a través de la venta de pollos de crecimiento y que desde el 16 de noviembre 2023 han sido víctimas de la desaparición forzada en Frontera Comalapa, Chiapas, México. Sin embargo, hasta la fecha seguimos esperando una respuesta sobre su paradero y sobre los responsables del hecho.

Durante este tiempo, nos hemos mantenido firmes a pesar de las afectaciones emocionales, de subsistencia, el duelo por la ausencia, por la reconfiguración de nuestros entornos familiares, espirituales y comunitarios desde la desaparición. A pesar de que el proceso ha sido desgastante al no tener ni una sola pista del paradero de nuestros seres queridos, tenemos esperanza y seguiremos luchando, exigiendo justicia hasta encontrarles, por esto demandamos a los Estados de México y Guatemala:

1. Trabajo coordinado entre instituciones competentes. Exigimos mantener las reuniones con las autoridades de México para conocer información sobre las acciones de búsqueda e investigación en el caso. Sin embargo, solicitamos la unión de esfuerzos y coordinación entre instituciones para la pronta localización de nuestros seres queridos, la identificación y sanción a responsables de los hechos, 

2. Plan de búsqueda y análisis de contexto idóneos. Reconocemos los avances en la recopilación de información y en la línea del tiempo, no obstante, exigimos que los mismos contemplen las hipótesis de búsqueda en vida y búsqueda en muerte en lugares de asistencia, detención y zonas en donde opere o recluten los grupos del crimen organizado en Chiapas, México, pero también en otra entidades federativas del país incluyendo la búsqueda transnacional en Estados Unidos de America y Guatemala, ante la presunción de reclutamiento forzado, 

3. Plan de investigación efectivo. Solicitamos la presentación detallada del plan de investigación y de sus resultados concretos en la investigación de los hechos, identificación de los responsables y medidas implementadas para su sanción,

4. Confrontas genéticas con restos no identificados. El pasado mes de julio 2025, las familias, como derecho que nos corresponde, nos practicamos una tercera toma de ADN con el Equipo Argentino Antroplogía Forence (EAAF) en su calidad de peritos independientes y con apoyo de la Red Jesuita con Migrantes (RJM), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y CONAMIGUA, diligencia que ha sido puesta en conocimiento a las autoridades de México. Por lo que exigimos, se incorporen estos perfiles en las carpetas de Investigación respectivas y se gestionen las acciones necesarias para la confronta con los datos de bancos forenses de Chiapas y en todo territorio mexicano y se nos informen a la brevedad de los resultados,

5. Condición de la Calidad de víctimas. El pasado mes de septiembre del corriente año, el Estado mexicano reconoció la calidad de víctimas a nuestros familiares y a sus familiares, quienes seguimos buscando. Requerimos que se implementen las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de derechos y deberes que se desprenden de esta condición.  Realizando visitas in situ en Guatemala para conocer la situación socio económica de las familias, las afectaciones psicosociales y de seguridad de cada integrante del núcleo familiar con especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, como secuela del hecho de la desaparición de nuestros seres queridos. 

6. Coordinación entre Guatemala y México. Solicitamos que las autoridades de Guatemala, nos asistan en los procesos de tutela de nuestros derechos, en la búsqueda y localización de nuestros seres queridos, a través de los canales diplomáticos y mediante la participación en las sesiones de trabajo con autoridades de México, para generar los informes, requerimientos de información respectivo ante México y mesas de trabajo binacional para asegurar el acompañamiento y asistencia a las familias. 

Seguiremos buscando hasta encontrarles. 

Cuyotenango, Suchitepéquez, Guatemala, 16 de noviembre 2025. 

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Mujeres y hombres campesinas y campesinos de San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México 13 de noviembre del 2025.

A las y los Defensores de Derechos Humanos.

A los Medios de Comunicación Alternativos.

A la Sexta Nacional e Internacional.

Al Congreso Nacional Indígena (CNI).

A las Organizaciones que buscan la paz con Justicia y Dignidad.

Hoy celebramos 20 años de lucha y resistencia por nuestra identidad, nuestra tierra y territorio conformado por hombres, mujeres, niñas y niños. En esta celebración traemos también a la memoria y lucha de nuestros ancestros y ancestras que desde 1850 resistieron a tratos discriminatorios e inhumanos. Ante esas injusticias, en el año 1995 fortalecidos de la fuerza de los que nos antecedieron decidimos recuperar nuestras tierras que por derecho nos corresponde y este logro se formalizó el año 2005. En este caminar de lucha y resistencia en el año 2009 nos adherimos a la otra campaña y actualmente somos miembros del Congreso Nacional Indígena CNI.

Firmes en nuestro compromiso de lucha por construir nuestra autonomía y libre determinación reconocida en los tratados internacionales y en nuestra constitución Política de México, hoy estamos aquí de nueva cuenta para pronunciarnos y darles a conocer lo siguiente:

Queremos decirle a los tres niveles de gobierno y a la sociedad que seguiremos en pie de lucha para defender nuestras tierras y nuestro territorio en contra del capitalismo, la explotación y la invasión.

Exigimos a los tres niveles de gobierno respeto a nuestra lucha y autonomía

¡Alto a la violencia generalizada que causan desplazamiento, desaparición y asesinato de           inocentes!

¡Alto a la criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de quienes         defendemos el territorio y la madre tierra!

¡Alto a la guerra contra pueblos Zapatistas!

¡Alto al crimen organizado y justicia para nuestro hermano el Padre Marcelo Pérez Pérez!

¡Paz a nuestro Estado de Chiapas, México y al mundo entero!

Seguiremos luchando para fortalecer nuestra autonomía por la unidad y exigir paz y justicia.

“Si a la vida no a la muerte”

¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!

Atentamente

Campesinas y campesinos organizados de San Francisco municipio de Teopisca, Chiapas-México

Integrantes del Congreso Nacional Indígena CNI.

Nunca más un México sin nosotros.

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Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento conjunto

Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas
 

Nuestro silencio habla en la oscuridad.

Aquí siguen: 

Con su palabra que es fuego en el camino.

Alzan la voz coral donde emerge
 la paz de los cuatro rumbos

Trece cielos que tocan el instante

Diáspora de verdad y justicia 

Luz que ilumina los caminos.

Fragmentos de Poesía del Libro: El

Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal

A tres décadas del despliegue contrainsurgente en Chiapas, el silencio oficial persiste frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía. La zona Norte, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas; La Grandeza, con la ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano; la desaparición forzada de Antonio González Méndez; la Masacre de Acteal; y la Masacre de Viejo Velasco, siguen siendo heridas abiertas. A esta impunidad y a las nuevas estrategias de terror contra los pueblos se suman la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez.

Hoy, en este Foro de Memoria, traemos la lucha constante y la conciencia viva donde permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, en el marco del Conflicto Armado Interno aún no resuelto en Chiapas. Aquí compartimos un mismo camino: la palabra, La Otra Justicia, sosteniendo en nuestras luchas la esperanza de memoria y verdad.

Con la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo estratégico-operacional fue destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se aisló a la población civil para forzar su apoyo en beneficio de las operaciones militares. Esta política originó más violencia en medio de las negociaciones por una salida política al conflicto armado interno, mediante la acción de grupos paramilitares a quienes se delegó el uso de la fuerza, en un actuar de total impunidad.

Los registros, tan solo en la zona Norte de Chiapas, con el actuar del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia entre los años de 1995 a 1999, son: 122 casos, de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales; más de 4,500 personas desplazadas de manera forzada. De estos hechos, ocho casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ejemplo de los crímenes cometidos en el territorio, el cual se encuentra en su etapa de informe de fondo. Otro hecho es el cometido el 22 de diciembre de 1997, donde 45 personas fueron ejecutadas, más cuatro no nacidos. Son ahora 28 años de impunidad. Es por ello que hoy nos convoca este foro para exigir justicia y verdad, a 19 años del crimen de la Masacre de Viejo Velasco, donde fueron ejecutadas cuatro personas y cuatro desaparecidas, de las cuales solo dos han sido encontradas, mientras 36 personas siguen en desplazamiento forzado interno.

La actual violencia generalizada y sistemática en Chiapas no es aislada: es la expresión de una guerra prolongada contra los pueblos indígenas, donde la delincuencia organizada, la militarización, la descomposición institucional y la fractura comunitaria se entrelazan para sembrar miedo, división y muerte. Como ejemplo está la ejecución de Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, cometida el 5 de julio de 2021. Seguimos exigiendo justicia e impulsando el reconocimiento a su labor como defensor de derechos humanos, manteniendo su memoria y honrando su lucha. Así también, el asesinato del profesor José Artemio López Aguilar, perpetrado el 21 de octubre de 2023; lo siguió la ejecución, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024. Aunado a este terror, la ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez, hecho cometido el 20 de octubre de 2024 en el contexto de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quien por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas. Entre otros hechos que, desafortunadamente, podrían llenar páginas y páginas para describir esta profunda crisis social.

Es por ello que señalamos que en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente, con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando.

El proceso de despojo, asesinatos, ataques y crímenes de la violencia organizada continúa contra la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos.

A 30 años, nosotras y nosotros, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia en Chiapas, continuamos la lucha por la verdad y la justicia. Saludamos El Común del EZLN, porque solo organizados podemos seguir con nuestra lucha por la paz con justicia y dignidad.

Hoy, en este Foro de Memoria Histórica, nuestras comunidades perseveran en la Verdad, la Justicia y la Dignidad frente a los pactos de impunidad. Pasarán los días oscuros de los gobiernos en México, ya que permanece la esperanza que nace desde el corazón, en nuestras palabras fortalecieron con el copal; se trazaron los senderos con la luz de las velas; con el sonar de los tambores y caracoles alzamos la voz hacia nuestros ancestros y con el eco de la música elevamos nuestros testimonios en los signos de La Otra Justicia.

Reafirmamos que la lucha de nuestros pueblos es pacífica y que nuestras estrategias se sostienen en la paz. Recordamos al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos.
Es en nuestros caminos que seguiremos abriendo espacios de Justicia: una justicia que nace desde los pueblos para desmontar la violencia estructural del sistema capitalista y patriarcal. Así lo caminó nuestra compañera Blanca Isabel Martínez Bustos, a quien hoy evocamos con memoria viva y de quien nos deja su digna rabia, fuerza que alimenta la resistencia radical por la vida y el territorio.
Llamamos a la solidaridad de la sociedad civil, nacional e internacional, para que se sumen a nuestras causas en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Que en sus trincheras de lucha expresen su indignación frente a estos crímenes contra los pueblos, y que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.
 

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