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Avispa Midia

(Español) Colombia | Continúan masacrando manifestantes que están en paro

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Por Sare Frabes

Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.

“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3). 

“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.

Linda Criollo

Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.” 

Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”

Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”. 

Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.

Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.

El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.

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Medios Libres Cali

(Español) Colombia | El covid-19 es el menor de los problemas

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Por: Medios Libres Cali

En medio del tercer pico de contagios, que agudizó el número de víctimas en Colombia por la pandemia del covid-19, miles de personas están acudiendo a las calles en diversas ciudades del país, desde el 28 de abril. Las protestas siguen, así como la brutal represión del gobierno de Iván Duque.

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¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?

El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.

Sumado a esto se presenta la negativa del gobierno de Ivan Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan, esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como “Ingreso Solidario” recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. “Ingreso Solidario” que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.

Esto no es nuevo, desde hace décadas que la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia.

Sin embargo, el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.

Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y el gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida, en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.

Si la reforma tributaria nos arruina, la reforma a la salud nos mata

Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país y, por tanto, el futuro de millones de personas, son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos, legislan a favor de intereses Norte Americanos, Europeos y Asiáticos, legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos, legislan para repetirse en el poder nacional y local.

Una conducta que ilustra esto es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo, cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que, por estos días, aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimen y asesinan manifestantes que se alzan en paro nacional contra la reforma tributaria.

Una reforma a la salud que, a todas luces es peor que el mismo covid-19, básicamente es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.

Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, maestros, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente.

Histórico de conflicto empeora con la pandemia

A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016, el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del Expresidente Álvaro Uribe y del actual Presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país.

A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de la firma de los acuerdos, el avance de su implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto como, por ejemplo, el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.

Esta desigualdad, que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas. Las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas.

La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.

Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos Presentados por la fuerza pública como muertes en combate, ascienden a la cifra de 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Véles. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo, porque Colombia perdió el miedo.

Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque, se propuso por todos los medios, humanos e inhumanos, destruir la paz y lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.

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Avispa MIdia

(Español) Tras 5 días de protestas, cae reforma tributaria en Colombia

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Por: Medios Libres Cali

El presidente de Colombia, Iván Duque, en un mensaje en vivo el domingo, 2 de mayo, pidió que el Congreso retire el proyecto de reforma tributaria, que pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos tienen, y que desató protestas en todo el país, desde el 28 de abril.

Sin embargo, las protestas continúan, especialmente en Cali, el epicentro de las movilizaciones, porque el hundido proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’, que incluye la privatización de la salud.

Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Un año después de las primeras cuarentenas, el gobierno propuso una reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración.

No hubo líderes que convocaran, sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, los amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se autoconvocaran por redes sociales, hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad, forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale.

Así fue el primer día, 28 de abril, jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.

El gobierno también tiene experiencia, una experiencia criminal y paramilitar, comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes, que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles, ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado.

En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano, y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am esta medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.

Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos (asesinato, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros).

Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial “GRITA”, se han reportado hasta las 11:00 pm del 1 de mayo: 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.

Cali: La Capital de la Resistencia

La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia. Se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.

Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día, haciendo eco a la frase de “siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla”, se han vivido días intensos de resistencia en, por lo menos, 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:

#28A 28 de abril, 2021

  • 8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
  • Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
  • Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
  • 6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
  • En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.

#29A 29 de abril, 2021

  •  Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado “Puerto Resistencia”.
  • 106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
  • Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
  • Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
  • Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.

#30A 30 de abril, 2021

  • En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
  • En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
  • Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
  • 94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
  • Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.

#1M 1 de mayo, 2021

Sobre la jornada del día de ayer no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de “Asistencia Militar”. Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.

Política de guerra para la protesta social

Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, ya que parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares).

Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto público en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto público en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.

Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país. Era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). A lo largo de su accionar ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.

Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo, y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares), para fortalecer esta fuerza de represión, así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares), en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.

Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional, por eso el presidente de la república Iván Duque, en diversos medios el día 1 de mayo de 2021, tomó  la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran “Asistencia Militar”, una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la practica la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones, ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente tienen un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.

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Centro de Derechos Humanos FrayBa

(Español) La CIDH otorga medidas cautelares a favor de 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México

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• El Estado mexicano debe garantizar la seguridad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en las comunidades.

El 23 de abril de 2021, en su resolución 35/2021,¹ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar a favor de 12 comunidades indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México, obligando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de las personas, garantizar su seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada en su contra por parte de terceros.

La medida cautelar protege a las comunidades Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera municipal de Aldama. La CIDH realizó un amplio estudio de la información proporcionada tanto de los peticionarios como del propio Estado mexicano, observando que “si bien se han implementado diversas medidas de protección a favor de los habitantes de la zona, las mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo”. Hasta el día de hoy “los habitantes de las comunidades identificadas no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café”.

En los últimos tres días, los disparos han provenido de los puntos de ataque El Colado Fracción Aktik 2, Telemax, Telesecundaria Santa Martha, Ontik y Tokoy hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Yeton y Coco. Según el reporte de los Representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama, el 1 de mayo de 2021, aproximadamente las 15:09 horas, los disparos de alto calibre salieron del punto de ataque Telemax Santa Martha, Chenalhó, hacia un vehículo que transitaba de la comunidad de Tabac a San Pedro Cotzilnam, en que viajaban niñas, niños y mujeres mientras regresaban de su trabajo.

El día de hoy aproximadamente las 02:19, se reportó nuevos disparos de armas de fuego hacia vehículos y personas que transitan por el camino de Tabac a San Pedro Cotzilnam, dichos disparos provienen del punto de ataque Telemax en Santa Martha, Chenalhó.

Estos ataques se mantienen debido a que el Estado mexicano no ha desarmado y desarticulado el grupo agresor, no ha realizado una investigación eficaz para identificarlos ni mucho menos la relación con funcionarios públicos o la delincuencia organizada. Además de la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios creando un clima de incertidumbre permanente para los habitantes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reitera su preocupación por el riesgo que existe en las 12 comunidades del municipio de Aldama, debido a que los ataques con disparos de armas de fuego continúan y hasta el momento el Estado mexicano no ha dado señales para concertar las medidas a adoptarse como lo marca la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

El Frayba celebra la decisión de la CIDH y exhorta al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de las medidas para garantizar los derechos humanos de las personas, así como investigar, desarmar, desarticular y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a las 12 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas.

¹ CIDH. Resolución No. 35/21, MC 284-18 – Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades del Municipio de Aldama, Chiapas, México. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-21_mc_284-18_mx_es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de mayo de 2021
Boletín No. 6

Lee el boletín aquí: CIDH otorga medidas cautelares a favor de comunidades de Aldama

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Las Abejas de Acteal

(Español) El Día del Niño fallece nuestra hermanita María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal desde hace un año con ocho meses

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
1 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.
Al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Ayer en el marco del -Día del Niño- fallece nuestra hermanita María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal desde hace un año con ocho meses, pero la enfermedad y la muerte llegaron más pronto que el retorno.

Nuestra hermanita María del Carmen, nació desplazada en Acteal hace seis meses, en donde su corta vida, la vivió difícil. Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones de las mujeres y las niñas y niños, y más la preocupación y la incertidumbre de su mamá de no saber cuándo puede retornar a su casa, hizo que ella se enfermara.

La pequeña niña María del Carmen, se había enfermado hace unas semanas, pero últimamente se había puesto bien, de repente se puso malita, en la misma noche del día 28 de abril cuando iban a retornar al barrio “Río Jordán”, las mujeres y entre ellas su mamá no podían conciliar su dolor y el llanto cuando supieron que el retorno se había abortado, después de que habían puesto toda su esperanza y alegría que por fin podían regresar a recuperar sus casas y su historia, y toda esa angustia de la mamá de la bebé la ingirió a través de la leche que comía.

La noche de antier, nuestra hermanita María del Carmen no pudo dormir de llanto, no sabíamos que es lo que tenía, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 30 de abril del presente año, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación y, así, nada ni nadie la pudo salvar.

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Subcomandante Insurgente Galeano

421st SQUADRON (Zapatista Maritime Delegation)

421st SQUADRON

(Zapatista Maritime Delegation)

April 2021.

The calendar? An early morning in April. Geography? The mountains of the Mexican Southeast. A sudden silence overtakes the crickets, the distant barking of dogs, and the echo of marimba music. Here, in the belly of the mountains, it sounds more like a whisper than a shout. If we weren’t where we are, you might think it was the murmur of the open ocean. But it’s not the sound of waves crashing against the coast, the beach, or the cliff edge marked by a sheer drop. No, it’s something more than that. And then… a long wail and a sudden, brief tremor.

The mountain gets up, shyly lifting its skirts a bit and, not without some difficulty, pulls its feet out of the earth. It takes a first step, grimacing in pain. Far from maps, tourist destinations and catastrophes, the soles of the small mountain’s feet are bleeding. But here all are in on the plan, so an unexpected rain falls to wash its feet and cure its wounds.

Take care, daughter,” says the mother Ceiba tree. “You can do it!” says the Huapác tree, as if to itself. The paraque bird leads the way. “Go east, friend, go east,” it says as it hops from side to side. Clothed in trees, birds, and stones, the mountain walks, and with each step, sleepy men, women, persons who are neither men nor women, and boys and girls grab onto her skirts. They climb up her blouse, crown the tip of her breasts, continue up her shoulders, and, when they have reached the top of her head, they awaken.

To the east, the sun, just edging above the horizon, slows its stubborn daily rise. It’s quite a sight to see a mountain, with a crown of humans, walking along. But besides the sun and a few gray clouds that the night left behind, no one here seems surprised.

So it was written,” says Old Man Antonio as he sharpens his double-edged machete, and Doña Juanita nods and sighs. The fire smells like coffee and cooked corn. A cumbia is playing on the community radio. The lyrics speak of an impossible legend: a mountain traversing history against the grain.

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Seven people, seven Zapatistas, will make up the maritime division of our delegation to Europe. Four men, two women, and one other (unoa otroa). 4, 2, 1. The 421st Squadron is already stationed at the “Zapatistas Maritime-Land Training Center” located in the Comandanta Ramona Seedbed in the Tzotz Choj zone.

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radio
Avispa Midia

(Español) Futuro de la Amazonia es negociado a puertas cerradas entre Biden y Bolsonaro

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Por Renata Bessi

Foto de Portada: Santiago Navarro F.

El gobierno norteamericano de Joe Biden mantiene desde hace por lo menos un mes pláticas a puertas cerradas con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, sobre cambio climático y proyectos para la Amazonía. Un acuerdo entre ambos países que será anunciado en la cumbre sobre el clima, convocada por Biden para los días 22 y 23 de abril. El presidente de los Estados Unidos, en su campaña electoral, llegó a mencionar que buscaría recaudar 20 billones de dólares para la Amazonía.

Las negociaciones a puertas cerradas han generado protestas y manifestaciones de organizaciones sociales y de los pueblos indígenas en Brasil, que han buscado establecer una comunicación directa con el gobierno de los Estados Unidos.

Un grupo de 199 organizaciones publicó una carta al gobierno americano alertando sobre los riesgos que un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de Bolsonaro puede traer para el medio ambiente y los derechos humanos en Brasil.

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Bolsonaro ha sido negacionista de la pandemia, lo que ha provocado en Brasil un aumento severo de muertes diarias por la enfermedad. Además, el mandatario brasileño ha promovido abiertamente las actividades económicas extractivas  y la ganadería intensiva en la Amazonia. Sumado a ello, Bolsonaro ha difundido discursos de odio hacia pueblos indígenas, mujeres, la población negra y hacia la diversidad sexual.

Un ejemplo de la posición de Bolsonaro fue en 2019, al mantener una pasividad mientras los enormes incendios arrasaban con la Amazonia, esto provocó la deforestación en 222% en relación a 2018.

Además el gobierno brasileño ha militarizado la gestión de la Amazonía, es decir, los órganos públicos federales de gestión de la región están encabezados por militares.

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radio
La Zarzamora

(Español) Alerta glaciar: La tramitación de la ley, de mal en peor

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La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.

Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.

LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:

ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR

El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.

Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende, más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.

La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.

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radio
ARGmedios

(Español) Pedro Castillo y el Perú: lo nuevo viene de lejos

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Por Gozalo Armúa y Lautaro Rivara

La mayoría de los análisis recientes sobre la coyuntura electoral en el Perú coinciden en un punto: la extrañeza, la novedad y la improbabilidad de que un personaje “desconocido” como Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, haya accedido al balotage que el día 6 de junio lo enfrentará a la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori en la disputa por la presidencia del país.

Pero más que de una realidad caprichosa, este desconcierto habla del desconocimiento propio sobre el proceso político y social en la nación andina, de “los ríos profundos” que corren en el país olvidado pero viviente, rezagado pero protagónico, de las serranías peruanas. Como reza el dicho: existen la ficción, la realidad y el Perú. Adentrémonos en él.

Las elecciones

El proceso político de los últimos años ha sido sinuoso. El Perú llegó a estas elecciones bajo un gobierno de emergencia, tras la destitución de Martín Vizcarra el 9 de noviembre del año 2020. Este, a su vez, había llegado a la máxima instancia ejecutiva tras la caída del también destituido Pedro Pablo Kuczynski (más conocido como PKK).

En los comicios se presentaron 18 candidaturas presidenciales, de las cuales se estimaba que al menos seis tenían posibilidades de superar la magra barrera del 10 por ciento de los votos. Verónika Mendoza asomaba como la candidata con mayores posibilidades en el campo del progresismo y la izquierda, dado que en las elecciones del año 2016 había quedado a poco más de dos puntos porcentuales de acceder a la segunda vuelta. Por su parte, las opciones de derecha más competitivas se dirimían entre dos variantes fujimoristas: la representada por el economista neoliberal Hernando de Soto -asesor económico de Alberto Fujimori e ideólogo del brutal programa de austeridad conocido como el “fujishock”- y aquella expresada en la figura de Keiko Fujimori, hija del dictador que, al menos para los y las peruanas, no necesita de mayores presentaciones.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a Pedro Castillo de Perú Libre un claro primer lugar, con 19 por ciento de los votos, y a Keiko Fujimori de Fuerza Popular un 13,35 por ciento. La diferencia, irremontable, dejaría por fuera de la segunda vuelta a De Soto. La contienda entre Castillo y Fujimori expresa, por tanto, el más polarizado de los escenarios posibles, al menos en lo que concierne a la elección presidencial.

Pero además Castillo ganaría en 16 de las 26 circunscripciones electorales, y su partido, en un hecho inédito, obtendría casi 30 escaños en el Parlamento, convirtiéndose en la fuerza más votada del país. Aun así, el escenario parlamentario se presenta muy fragmentado entre una variopinta paleta de colores y fuerzas políticas, que van desde la derecha de tintes fascistas hasta la izquierda radical, con variantes progresistas, confesionales, antivacunas, neoliberales y progresistas, en combinaciones no siempre esperadas.

La historia reciente

Perú atraviesa una crisis profunda en todos sus niveles, que es expresión del colapso del modelo liberal instaurado a sangre y fuego por el fujimorismo en los años ‘90, y justificado a través de la “estabilización” del país con la práctica desarticulación de Sendero Luminoso.

Ese espiral de descomposición tiene en particular una dimensión política, que se evidencia en las disputas intestinas entre distintas fracciones de los sectores dominantes. Estas luchas facciosas han generado en los últimos años la destitución de varios presidentes, el cierre del Congreso, el enfrentamiento frontal entre el Ejecutivo y el Legislativo, la renuncia de numerosos jueces y de magistrados de la Corte Suprema, el procesamiento y encarcelamiento de varios ex presidentes por el Caso Odebrecht y hasta el suicidio del ex mandatario Alan García, por nombrar algunos de los hechos más notorios.

Entre los golpes palaciegos, la corrupción endémica y el total distanciamiento del Estado respecto de las necesidades populares, en los últimos años han emergido distintos procesos de movilización social que tienen como principales protagonistas a las comunidades enfrentadas contra los proyectos megamineros y a la lucha reivindicativa de los y las docentes. La capital, Lima, también se ha movilizado, quizás con más notoriedad internacional, contra la crisis política, el desgobierno y los recurrentes escándalos de corrupción.

Perú, como otros países del eje Pacífico, alberga una enorme fragmentación territorial y fuertes regionalismos. Allí conviven universos prácticamente diferenciados como los de la Costa, la Sierra y la Selva, diversos en sus economías, sus culturas, sus modos de vida y sus formas de articulación al modo de acumulación dominante. La región costera concentra las mayores riquezas del país y ha hegemonizado la idea misma de la peruanidad: cosmopolita, occidental y decididamente neoliberal.

En la Sierra, en los últimos años, las industrias extractivas se han abierto paso sobre la economía rural y campesina, lo que ha generado una convivencia -por lo general conflictiva- entre enclaves neoliberales hiper desiguales con una cosmovisión indígena y comunitaria de fuertes reminiscencias incaicas. Tanto en estas ciudades extractivistas como en el ámbito rural, los sectores populares tienen que hacer frente al racismo y al colonialismo interno de las clases dominantes criollas. La Selva, por su parte, aislada geográfica y económicamente, ha sido el teatro de operaciones de organizaciones guerrilleras desde los años ‘70, y ha sufrido de lleno las consecuencias de la “guerra sucia” del ejército peruano en los años ‘90 y también “la guerra contra las drogas” orquestada por la DEA y los Estados Unidos.

Es en estas regiones periféricas, alejadas del centro moderno y desigual que es Lima, en los contornos de una de las repúblicas más centralistas de todo nuestro continente que, una vez desarticulada la guerrilla Sendero Luminoso y finalizada la dictadura de Fujimori, empezaron a emerger porfiadamente nuevas formas organizativas campesinas, comunitarias y populares. Las luchas antimineras, en particular, han tenido una gran relevancia en lo que va del siglo XXI, y de su acción organizativa han emergido liderazgos indígenas y populares que incluso han accedido a gobiernos locales y regionales.

Así, por ejemplo, en el 2018 el referente ecologista aymara Walter Aduviri conquistó la gobernación de Puno; Zenón Cuevas hizo lo propio en el Departamento de Moquegua; mientras que Vladimir Cerrón -del mismo partido que Castillo- también se alzó con la gobernación de Junín. Además, las fuerzas populares accedieron al poder en varias provincias -circunscripciones locales, equivalentes a los municipios- a través de fuerzas políticas desconocidas en Lima y la Costa pero con una fuerte raigambre en los territorios.

Cabe destacar que en la zona selvática los docentes rurales han tenido una presencia única desde los años ‘60, y muchos de ellos aparecen como los referentes naturales de sus comunidades. En uno de los episodios de lawfare menos conocidos en la región, varios de estos liderazgos han sido perseguidos, encarcelados y/o inhabilitados para ejercer cargos públicos. Es el caso de Walter Aduviri, hoy encarcelado, y también el de Vladimir Cerrón, suspendido en su gobernación e imposibilitado de presentarse como candidato presidencial por su partido, Perú Libre.

La campaña

La victoria de Castillo, sorprendente pero no por eso azarosa, reconoce entonces tres factores principales. En primer lugar el proceso histórico que acabamos de describir, que explica el surgimiento de nuevas luchas, nuevas organizaciones y nuevos liderazgos en las zonas rurales del Perú. En segundo lugar, el dominio de una estructura con anclaje territorial, presencia institucional y recursos locales, que desbarata el estereotipo de una fuerza política precaria e improvisada. En tercer lugar, la irrupción de una suerte de oustsider de izquierda, identificado con e identificable por las masas indígenas, campesinas y populares. Un docente rural, mestizo, provinciano, alejado del centro institucional y del discurso liberal-urbano y políticamente correcto, capaz de interpelar y representar el hastío frente a la corrupción, la casta política y los poderes fácticos.

Por su mismo origen periférico, Perú Libre es un partido de escasos vínculos internacionales -si lo comparamos, por ejemplo, con Juntos por el Perú de Verónika Mendoza- y prácticamente desconocido hasta ayer para el conjunto de la opinión pública, de las corporaciones de prensa y hasta para parte de los movimientos y partidos progresistas y de izquierda del continente. Valga como como botón de muestra lo que sucedió en la cadena CNN, quien durante la cobertura del día domingo no contaba siquiera con una imagen de archivo para presentar al candidato que encabezaba el proceso electoral. Perú Libre, insistimos, es una fuerza militante, cohesionada, con arraigo territorial, y con presencia en gobiernos locales y regionales.

Es esta base logística y organizativa la que ha permitido el despliegue de una campaña, austera en apariencia, pero que ha asignado de forma eficiente sus recursos, por fuera de los circuitos “obligatorios” de la gran prensa y las redes sociales -quizás no tan obligatorios considerando que, por ejemplo, el 60 por ciento de los y las peruanas no tienen acceso a internet-. Perú Libre apostó, en cambio, por las radios comunitarias, los recorridos pueblo a pueblo, los eventos culturares y la incidencia en los medios locales.

Castillo, en Twitter, no tiene más de 3 mil seguidores, ni mayor presencia en las otras redes sociales. Fue omitido por la mayoría de los grandes medios hegemónicos, hasta que en la recta final algunos de ellos decidieron darle visibilidad para desbancar del balotage a Verónika Mendoza. Aunque esto no explica la cosecha electoral de Perú Libre, es evidente que el tiro les salió por la culata.

El candidato

Pedro Castillo es uno de los ocho candidatos presidenciales en Perú que no tiene ningún proceso judicial abierto. Los otros diez tienen o tuvieron procesos por corrupción, delitos electorales o irregularidades financieras.

Si bien no es una figura desconocida, el nivel de apoyo a su candidatura ha rebasado las expectativas de propios y extraños. Castillo es maestro rural, que ha marchado extensamente por los pueblos olvidados del Perú profundo, sin contar con que ha sido alcalde distrital de su pueblo en Cajamarca. También fue miembro activo de las Rondas Campesinas. Los “Ronderos” son una organización campesina y comunitaria con miles de integrantes y con presencia en gran parte del sur del Perú. Se la considera la organización con mayor capacidad de movilización de todo el país, aunque sus demostraciones de fuerza, lejanas a Lima, suelen pasar desapercibidas. La organización rondera ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años y se vincula con distintas fuerzas políticas populares y de izquierda. Pese a que recientemente han creado su propia herramienta política, para estos comicios decidieron brindar su apoyo a Castillo y a Perú Libre.

Además, Castillo es referente de un sector de oposición en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) actualmente dirigido por el Partido Comunista del Perú-Patria Roja. La base más activa del sindicalista está asociada con profesores de extracción popular-campesina, y tiene gran ascendencia sobre sectores evangélicos de dentro y fuera del magisterio.

En el año 2017 ganó protagonismo nacional por su liderazgo en la gran huelga y movilización docente de aquel año, aunque luego terminó disputando la conducción del sindicato en un frente común con sectores conservadores.

Las bases de apoyo de Castillo dentro del mundo docente se componen de sectores populares y empobrecidos, con referencias políticas ideológicas diferenciadas y contradictorias: izquierdistas, conservadoras, laicas o confesionales. De ahí las posiciones esperpénticas que combinan propuestas soberanistas, latinoamericanistas, constituyentes y de transformación económica radical, en simultáneo con declaraciones conservadoras en lo social -incluso homófobas- aunque no de forma orgánica ni programática.

En declaraciones recientes, Castillo anunció que de llegar a la presidencia terminaría con el encarcelamiento a Antauro Humala, militar revolucionario del Movimiento Etnocacerista que encabezó el Levantamiento de Locumba contra la dictadura de Alberto Fujimori, y más tarde el “Andahuaylazo”, asonada militar que intentó forzar la renuncia del presidente neoliberal Alejandro Toledo. Antauro Humala cumplió su pena de prisión por este último hecho, pero sigue encerrado debido a una decisión política. El Movimiento Etnocacerista cuenta con una base popular y una militancia bien disciplinadas que fueron interpeladas por este gesto de Castillo.

Esta singular figura de a caballo -lo vimos ir a votar montado en una yegua encabritada- podrá parecer ridícula o retrógrada a ojos vista de las clases medias limeñas, los sectores pudientes y las fuerzas políticas de inspiración liberal, pero empalma de forma indudable con las aspiraciones de buena parte de las masas más postergadas del Perú.

La organización

El partido Perú Libre fue fundado en 2007, se amplió por la sumatoria de otras fuerzas políticas regionales en 2012, y es actualmente conducido por el dos veces gobernador de Junín -electo en 2010 y en 2018- Vladimir Cerrón, quien ocupa el cargo de Secretario General Nacional.

En su plataforma política se afirma que “Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista (…) y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial.”

Hay que destacar que, tanto Perú Libre como su referente Vladimir Cerrón, sostienen una concepción latinoamericanista, cultivan estrechos vínculos con Evo Morales, y no han cesado en su reivindicación de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Algunos de los principales ejes de su programa de gobierno son: asamblea constituyente y nueva constitución, economía popular, Estado fuerte regulador, integración del Perú a la UNASUR y abandono de la OEA, nacionalización y estatización de recursos estratégicos, salud y educación pública. En su estatuto se promueve también “la participación de las mujeres en los espacios de decisión política” y el “aportar a la agenda de género e inclusión social de la mujer (…) para que cada mujer peruana tenga una participación activa en la construcción de la Patria”.

El balotage

La segunda vuelta electoral tendrá lugar el 6 de junio y será un choque de galaxias. Mientras el fujimorismo destila el odio de una prédica autoritaria, anticomunista, antichavista y antifeminista, caracteriza y criminaliza como “terruco” -terrorista- a las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, populares y comunitarias que luchan por transformar el Perú. Mientras tanto, Castillo no oculta su origen humilde y su identidad de izquierda, y enfatiza un discurso anti-dictatorial y anti-corrupción. Sin embargo, ambos candidatos, pese a estar en las antípodas ideológicas, cuentan con amplias bases populares. Las únicas figuras impávidas, expectantes, parecen ser las élites blancas limeñas, cultoras de los buenos modales y los valores liberales.

Para el progresismo peruano, la disyuntiva puede o arrojarlo al encuentro con las masas populares del Perú, para iniciar allí un mutuo proceso de educación y re-educación política, o condenarlo al ostracismo y liquidarlo como fuerza política. O se alía con Castillo y llama a votar por él -siquiera de forma crítica-, y se desprende de los sectores más liberales y colonizados de entre sus filas; o se posiciona por el voto nulo, ante la imperdonable posibilidad de allanar el terreno para que el trágico apellido Fujimori vuelva a gobernar con mano de hierro el Perú, desbaratando la primera posibilidad real de conquistar un gobierno popular desde la presidencia del militar nacionalista Velasco Alvarado.

Castillo tiene el desafío, en el plano nacional, de lograr coagular a los diferentes sectores sociales y democráticos que rechazan al fujimorismo pero aún ven con recelo su candidatura radical. Y en el plano internacional, el desafío de ampliar su marco de alianzas, para lograr blindarse contra las operaciones de los aparatos mediáticos, diplomáticos y judiciales que ya le han declarado la guerra. Y también para ponerse a resguardo de los sectores liberales que ya empiezan a agitar la peligrosa tesis de que en el Perú se enfrentan “dos conservadurismos”, poniendo en la misma bolsa a banqueros y ronderos, a oligarcas y maestros rurales, a dictadores en ciernes y a líderes antineoliberales.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

(Español) Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez

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• Desmentimos la versión de accidente vehicular provocado por nuestros compañeros.

• Exigimos al Estado mexicano respetar, proteger y garantizar el trabajo de derechos humanos en Chiapas.

El día de hoy pasadas las 00:00 horas, fueron liberados nuestros compañeros defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez (Lázaro y Vico), quienes por más de 40 horas estuvieron privados arbitrariamente de la libertad. Ellos se encuentran en buen estado de salud, por ello celebramos la vida y reencuentro con sus familiares, sus seres queridos y con la comunidad Frayba.

Desmentimos categóricamente la información difundida por el estado de Chiapas, en donde se ha señalado que el motivo de la detención de Lázaro y Vico se debió a un accidente de tránsito, en Ocosingo.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), preocupa este tipo de discursos porque minimizan el contexto de violencia en la región y por consiguiente el alto riesgo que vivimos las personas defensoras de derechos humanos, tergiversando las agresiones a que constantemente somos blanco, haciéndolas pasar por hechos ajenos a nuestra labor. Y aún más preocupante es que mantenga la política de simulación de la seria crisis de seguridad y derechos humanos, que sigue atentado contra la Vida de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y mestizas en las diferentes regiones de nuestro estado.

Sobre la situación vivida por nuestros compañeros, por ahora valoramos no hacer público los detalles de tales hechos porque les pone en riesgo y vulnera su seguridad y la de los que integramos el Frayba, sin embargo, reafirmamos que la privación de la libertad de nuestros compañeros se origina por nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Lamentamos que ante hechos de denuncia realizados por el Frayba la actuación del Estado mexicano es inoperante, lenta y que generan actos que hace posible mantener el pacto de impunidad, ligado a la ineficacia del sistema judicial.

Las personas defensoras de derechos humanos en México realizamos nuestra labor en territorios donde las condiciones de inseguridad y violencia nos vulnera cada día más. Frente a este contexto se suma la omisión y acción del Estado mexicano aumentando con ello la grave crisis de derechos humanos.

Sabemos que esta lucha por la dignidad y la justicia molesta a actores, a ellos les incomoda nuestra presencia y palabra, por tal motivo nos preocupa que las agresiones, amenazas, desprestigio a nuestra labor e incluso del uso de la libertad personal como moneda de cambio para justificar una política de estado que propicia la confrontación y violencia institucional

Frente a esta situación, recordamos la misión que nos dejó jTatik Samuel Ruiz: Caminar al lado del Pueblo pobre y organizado, reafirmamos que seguiremos alzando nuestra voz para denunciar las injusticias, acompañando a los pueblos y a las personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Nuestra misión se hace cada vez más fuerte cuando nos acompáñanos en el camino, ahí nos encontramos en la humanidad que somos y en la queremos ser, por eso enviamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a las personas, colectivos, pueblos, barrios y colonias, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, familiares de víctimas y medios de comunicación, porque sus acciones de solidaridad e indignación hicieron posible la libertad de Lázaro y Vico.

No tenemos otra forma de retribuirles más que con nuestro agradecimiento que viene del corazón y el compromiso desde la resistencia y desde la una visión de derechos humanos que emerge desde los Pueblos, en donde la solidaridad es permanente con sus luchas, procesos y se sostiene con toda la fuerza de construcción de nuevos horizontes de vida más humanos y justos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de abril de 2021
Boletín No. 4

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