A dos meses de haber asumido la presidencia de Chile, Gabriel Boric, considerado por muchos como políticamente de “izquierda”, decretó Estado de Excepción en Biobío y La Araucanía, al sur del país, donde están territorios del pueblo Mapuche.
El despliegue de las fuerzas armadas en la zona del denominado “conflicto mapuche” empezó el miércoles 18 de mayo. La ocupación militar debe durar 15 días, con la posibilidad de prórroga, sin la necesidad de autorización por parte del Congreso Nacional de Chile.
En esas zonas existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
La declaración del Estado de Excepción se da en un contexto de reclamo de los camioneros y trabajadores forestales para, según ellos, restablecer la seguridad en la zona.
“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de Estado de excepción)”, anunció la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.
La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucaníay el Biobío no es algo novedoso. Fue ordenada por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021. La instrucción, ratificada 10 veces por el Congreso, no había sido renovada por el gobierno de Gabriel Boric, quien asumió el pasado el 11 de marzo.
La aplicación del Estado de Excepción en esas regiones fue una medida que Boric criticó durante la gestión de su antecesorSebastián Piñera y había asumido el compromiso de no repetirlo.
Histórico del conflicto
En el sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. El pueblo Mapuche reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.
Oficialmente este proceso es conocido como la “Pacificación de La Araucanía”, en el que se explica la pugna entre los Mapuches y la ocupación del Estado chileno a finales del siglo XIX.
Para los pueblos que resisten.
Para nuestros y nuestras hermanas
Para la Caravana de la Dignidad y Conciencia Wixárika
19 de mayo de 2022.
Como Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata les queremos decir, hermanos y hermanas Wixárikas, que acompañamos y respaldamos su caminar, que los seguimos y que los abrazamos en esta y en todas sus luchas, pues sobre todo y ante todo, la tierra, que es vida, se defiende.
Hoy los cobijamos con un abrazo desde las comunidades en resistencia del estado de Guerrero, sabemos que no es fácil dejar su hogar en busca de soluciones para el pueblo esperando respuesta de un gobierno fallido, no es fácil resistir ante el despojo de sus tierras y por supuesto no es sencillo continuar con la organización después del silencio y complicidad de los malos gobiernos.
En este abrazo a distancia, también recordamos que en cada uno de nosotros y nosotras corre la sangre de los que se mantuvieron en pie ante el despojo colonialista y que hoy en día seguimos de pie resistiendo al ahora despojo capitalista.
Las comunidades del CIPOG-EZ les mandamos fuerza y nuestro reconocimiento, y mientras haya pueblos en lucha defendiendo la vida entonces siempre será posible caminar hacia un mundo mejor, puesto que es y será la organización de los pueblos lo que hace y hará temblar a los que están a favor de la guerra y la muerte.
ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata
El Estado mexicano debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua
Verdad y justicia para asegurar una investigación efectiva y castigo a los responsables.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha recibido información que el día 9 de mayo de 2022, aproximadamente las 17:00 horas, un grupo de integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan, en el estado de Puebla, fueron emboscados por elementos de la policía estatal quienes ejecutaron a Teófilo Barrera Herrera de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y Omar Herrera Raymundo de 15 años, todos del pueblo Nahua. Siete personas más resultaron heridas. Los hechos se dieron al momento en que las personas pasaban por la comunidad Zoquitatlán.
La comunidad de Coyomeapan se encuentra en resistencia pacífica por la defensa de su tierra y su territorio, así como por sus Derechos Civiles y Políticos, por tal motivo, 4 personas se encuentran presas en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa de sus derechos, entre ellas se encuentra la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño Gutiérrez integrante del Movimiento Unidad por Coyomeapan. Así mismo la periodista Claudia Martínez Sánchez fue desplazada de su hogar por ejercer su derecho a la libertad de expresión y dar a conocer la criminalización que enfrentan las comunidades nahuas.
El Estado mexicano debe debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua para que puedan disfrutar el derecho a la paz, además de prevenir, investigar, identificar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los habitantes de la comunidad indígena de Coyomeapan, particularmente investigando los hechos con la debida diligencia en el caso de las tres personas asesinadas y se castigue a los responsables de los hechos.
Desde el Frayba nos sumamos a la exigencia de libertad de las cuatro personas defensoras del territorio Privadas Arbitrariamente de su Libertad desde el pasado 21 de septiembre del 2021; en especial nos pronunciamos por la libertad de la defensora Basiliza Montaño Gutiérrez a quien le ha sido arrebatado su derecho a defender los derechos humanos y por el retorno de la periodista Claudia Martínez Sánchez garantizando la no repetición de los hechos y el ejercico de su derecho a la libertad de expresión.
Por la vida y en contra de la guerra contra los pueblos.
Desde nuestras geografías, niños, niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas, pertenecientes al CIPOG-EZ, agradecemos la solidaridad de lxs hermanxs de SLUMIL K´AJXEMK´OP, “Tierra Insumisa”, “Tierra que no se resigna”.
La guerra de exterminio en nuestro país, deja a su paso muerte, desapariciones, tortura, dolor; destruye la vida en todas sus formas. Los malos gobiernos guardan silencio y voltean su mirada hacia otros lados, su interés es el poder y para mantenerlo se alían con quienes nos matan, con los capitalistas, con los grupos narco-paramilitares, con quienes matan y destruyen por poder, por dinero.
Acá nos matan y los malos gobiernos dicen que es por un conflicto entre comunidades o porque andabamos en malos pasos o que fue por accidente, como a nuestra hermana Lorena Chantzin y Marcos Campos. Así se lavan las manos y cierran los ojos para no enfrentar a “Los Ardillos”, grupo narco-paramilitar, infiltrado en el gobierno estatal de Guerrero, en la fiscalía y policías municipales y estatales.
Es por eso que agradecemos la solidaridad a la Red de Solidaridad Zapatista, Zapatista Solidarity Network y a las organizaciones que la integran, Global Majority VS, London Mexico Solidarity, XR Youth Solidarity, London Anti Facist Assembly, Brigata Ultra Clapton, Palestine Action , porque allá, del otro lado estamos ustedes, porque ustedes somos nosotros, nosotras, nosotroas, quienes amamos la vida, lxs que no nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos. Quienes no creemos las mentiras de loa malos gobiernos.
Gracias hermanos, gracias hermanas, gracias hermanoas y les pedimos que puedan seguir al pendiente de nosotras y nosotros.
“Que muera la muerte que el capitalismo impone, que viva la vida que la resistencia crea”.
¡VIVA EL EZLN!
!VIVA EL CNI!
!VIVA EL CIPOG-EZ!
Atentamente:
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA.
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta nacional e internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
Al quienes firman la Declaración por la Vida
A las personas que siembran Dignidad y Organización
Compañeros y compañeras sigue la persistencia del mal gobierno de México por fomentar la Guerra / Contrainsurgencia hacia los territorios del EZLN.
El grupo paramilitar de la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) esta vez desplaza de manera forzada a 83 personas BAEZLN de los Pueblos Emiliano Zapata y la Resistencia, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno de la región Patria Nueva.
La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq ha estado documentando, denunciando y acompañando a las comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en el territorio, donde se han realizado caravanas de observación y documentación y se han denunciado las situaciones de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio.
El día de ayer 4 de mayo y hoy 5 de mayo recibimos la información de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad” Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde” relacionada a otra escalada más de violencia por parte de la ORCAO que ha estado agrediendo de manera armada hacia nuestras compañeras y compañeros BAEZLN, consistente en una serie de ataques armados, por dicho grupo paramilitar, las agresiones armadas comenzaron el 02 de mayo de 2022, alrededor de la 20:00 hrs. hacia al Pueblo Emiliano Zapata, las BAEZLN se replegaron hacia la escuela autónoma protegiéndose de los disparos: primero aproximadamente a 300 mts., después a 50 mts, y posterior a 30 mts. ya que el grupo paramilitar se acercaba cada vez más. Dada las circunstancias de amenaza a la vida las BAEZLN optaron por desplazarse 11 familias, 54 personas (entre mujeres, hombres, jóvenes y jóvenas, niñas, niños, ancianas y ancianos) por esta violencia que ha persistido desde hace ya tres años y que ha aumentado en los últimos meses.
La violencia sigue, tenemos testimonios que las acciones armadas del grupo paramilitar de la ORCAO continua pues, el día de hoy 5 de mayo a las 12:59 am los ORCAO de San Felipe disparan cerca de 32 tiros de calibre 22 hacia el Pueblo zapatista de la Resistencia, a la 1:30 am continua las agresiones por parte de la ORCAO de San Felipe cuando un grupo de ellos llegaron a quemar la escuelita autónoma zapatistas y garage de una de las BAEZLN del Pueblo la Resistencia, las casas de las BAEZLN se encuentran 10 mts, donde quemaron la casa de la escuelita autónoma, en ese contexto de la quema de la escuelita se siguen escuchando disparos por esta situación 29 personas (entre mujeres, hombres, jóvenes y jóvenas, niñas, niños, ancianas y ancianos)se desplazan más de la comunidad de La Resistencia, hasta el momento en el último reporte se reporta que ven las casas de las BAEZLN están abiertas sin saber ahora exactamente los daños que realizó este grupo paramilitar de la ORCAO.
En cuanto a los hechos del 2 de mayo testimonios refieren lo siguiente:
Este lunes (2), una comisión de mujeres indígenas chontales acudió a las oficinas del comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN), en Oaxaca, para entregar dos solicitudes que demandan el reconocimiento de 39 mujeres como comuneras ante el órgano estatal.
Para ellas, este trámite está en sincronía con acciones que han emprendido sus comunidades para la defensa del territorio. “Para nosotras, la tierra significa trabajarla, cuidarla y el territorio, cuidar de nuestros aguajes, de nuestros bosques, de toda la fauna”, comparte la comisión en entrevista con Avispa Midia.
Las mujeres señalan la importancia de esta iniciativa, pues en el pasado no eran consideradas en las tomas de decisiones en el interior de sus comunidades. “Estamos luchando para ser reconocidas como comuneras, ya nos dieron ese derecho y nos reconocieron en la comunidad, ahora nada más estamos esperando la respuesta legalmente”.
En portada: Pobladores del norte de Chiapas participaron de una movilización para manifestarse en contra de las operaciones del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Foto de CDH Frayba
“Se requiere Guardia Nacional (GN) en ciudades o donde hay grupos paramilitares, nosotros somos un ejido y no necesitamos. El presidente quiere la GN por algo, le está sirviendo a él no a nosotros”, dijo Juana Hernández Morales, Concejala del Gobierno Comunitario en Bachajón, municipio de Chilón.
La edificación del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, al norte de Chiapas, comenzó como un rumor. A mediados de 2020 iniciaron la obra y con ella se levantó la resistencia de los pueblos contra una nueva militarización de sus territorios. (Continuar leyendo…)
Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A los y las defensoras de derechos humanos.
A la sexta nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Consejo Indígena de Gobierno.
A los medios de comunicación.
Al Pueblo Creyente.
A la sociedad civil organizada.
Al pueblo de México y al mundo.
Como presos indígenas en lucha y defensores de los derechos humanos dentro de esta cárcel, manifestamos nuestro repudio y nos indignamos profundamente ante lo ocurrido en la CDMX el pasado 25 de abril, ante la violencia y la persecución que sufrieron y siguen sufriendo nuestras hermanas y compañeras triquis. Sabemos que han sido agredidas por los criminales disfrazados de policías y del mal gobierno represor. Condenamos enfáticamente tales acciones de los abusos de las autoridades de los atropellos que cometen ante los pueblos indígenas, exigimos al gobierno un alto a la violencia y la discriminación.
Exigimos justicia a nuestrxs hermanxs y compañerxs desplazadxs y exigimos un retorno pacifico, así también exigimos al gobierno justicia y su inmediata libertad a nuestrxs compañerxs presxs políticxs, presxs injustamente.
Al miso tiempo queremos exponerle nuestro cariño y solidaridad en lo más profundo de nuestro corazón, enviarles un abrazo cada unx, decirles que no están solxs ya que somos muchxs lxs que luchamos y resistimos los atropellos del mal gobierno.
¡Libertad a lxs presxs triquis!
¡Libertad a lxs presxs políticxs!
¡Libertad a los presos de Eloxochitlán de Flores Magón!
Foto de portada: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal un juicio abreviado solo servirá para ocultar la liberación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Esta es su postura en referencia a la propuesta presentada por la defensa del acusado.
En la audiencia intermedia, realizada el pasado mes de marzo en el Centro de Reinserción para Sentenciados ‘El Amate’, el ofrecimiento de la defensa fue reducir la condena a homicidio simple, cuando en un principio fue considerado como homicidio calificado.
Al mismo tiempo el juicio abreviado incriminaría de forma individualizada a su presunto asesino material, sin mencionar, dimensionar o entender el contexto en que sucedió el crimen del defensor de los derechos humanos tzotzil.
“El sistema penal debe incorporar el análisis de contexto para entender la dimensión de los asesinatos ocurridos en un marco de violencia generalizada. El asesinato de Simón Pedro no se entiende sin el contexto en el que él trabajaba”, expresaron Las Abejas mediante comunicado.
Simón Pedro fue presidente de la Sociedad Civil Las Abejas. Después continuó su camino en las comunidades, escuchando a quienes ahora lo recuerdan como un luchador contra las injusticias y por la verdad, “eso fue su pecado”.
Los sobrevivientes de la Masacre de Acteal exigieron que se lleve a cabo un juicio cabal, con todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Simón Pedro el 5 de julio de 2021.
Otras luchas
Las Abejas se solidarizaron con los tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón por la represión que enfrentaron con la imposición de un cartel de la Guardia Nacional que provocó la detención José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, “para torturarlos y meter miedo”.
La demanda es que se reconozca la inocencia de los acusados, las violaciones a los derechos humanos y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación en la zona tzeltal de Bachajón-Chilón.
Además, la Sociedad Civil se pronunció por la paz entre Aldama y Chenalhó, pero llamó a los representantes de este último municipio a respetar los acuerdos firmados con anterioridad. A nivel nacional, Las Abejas respaldaron la lucha de las organizaciones que recorrieron nueve estados del país en la Caravana por el Agua y la Vida, “nos están mostrando cómo fuera de Chiapas también hay muchos pueblos sembrando la semilla de la vida, defendiendo la tierra y su salud del despojo y la depredación capitalista”.
Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.
A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.
Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.
Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.
Engaños
María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.
En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.
El Foro por la Vida y la Defensa del Territorio realizado el 8 de diciembre denunció la violación a los protocolos de consulta en el proceso del Tren Maya.
Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).
La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.
Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.
La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.
“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.
Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.
Desalojos
Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.
María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.
Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.
Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.
Extorsión
Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.
“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.
Fotograma de la conferencia de prensa donde ejidatarios denunciaron a la empresa Barrientos y Asociados.
Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.
Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.
Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.
Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.
Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.
Militarización
Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.
El presidente de México, acompañado de militares en el momento de inaugurar las obras del tren
Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las comunidades indígenas ante la construcción del tren.
Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.
Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.
Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.
María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.
