^{En portada: Manifestación de habitantes de Sitilpech por la contaminación de su territorio debido a la operación de una mega granja de cerdos.}

La madrugada del pasado sábado (18), elementos de la policía estatal y municipal, de Yucatán e Izamal, respectivamente, ejecutaron un operativo contra el campamento erigido por habitantes de la comunidad maya de Siltepech en rechazo la reanudación de una mega granja de cerdos que contamina el aire, agua y tierra de la región.

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Registros en video muestran a los elementos de seguridad violentando a mujeres y adultos mayores que participan en la iniciativa pacífica de Siltepech para cuidar y defender su territorio ante la cría industrial de hasta 50 mil cerdos.

En el operativo también participaron policías antimotines, quienes reprimieron, asediaron, agredieron físicamente y finalmente desalojaron con violencia el bloqueo de la organización La Esperanza de Sitilpech. Testimonios de las y los manifestantes aseveran que los policías robaron sillas, mesas y celulares para evitar la documentación del hecho, violando con ello los protocolos de uso de violencia.

Por su parte, la tarde de este domingo (19), la organización Kanan difundió que las y los habitantes de Sitilpech interpusieron un amparo indirecto ante la represión policiaca, argumentando la violación a sus derechos a la libre manifestación y la defensa de sus derechos humanos.

Alertaron que, con las acciones del Estado, existe el riesgo “de desaparición forzada o detenciones arbitrarias que supone este tipo de intervenciones. Actos que, por demás, violentan los derechos reconocidos en la Constitución, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Acuerdo de Escazú”.

En el comunicado, la organización de derechos humanos informa que un juez federal concedió la medida cautelar, reconociendo con ello la legitimidad de la protesta pacífica de las y los habitantes de Sitilpech. Además, la resolución ordena al Estado a cesar los malos tratos (asedios, agresiones y violencias), así como cualquier acto de incomunicación contra las y los manifestantes.

“Exijamos a las autoridades a acatar la resolución judicial y cesar la criminalización, represión y vio en contra de la comunidad maya de Sitilpech y quienes integran el colectivo La Esperanza de Sitilpech”, asevera el documento.

Tribunales y represión

En comunicado, difundido el sábado (18), la organización Kanan Derechos Humanos, quien acompaña legalmente a las y los manifestantes, enfatiza que la reapertura de la mega granja porcícola amenaza la vida en la comunidad maya.

Fue en 2021 cuando habitantes de Sitilpech iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigir el respeto a su libre determinación. Desde entonces también han denunciado la vulneración de sus derechos a un medio ambiente sano y a la salud ante los daños por la operación de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).

Tras años de trabajo colectivo, un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. No obstante, “nueve meses después, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, denuncia la organización Kanan.

En la primera semana de febrero de 2023, con la venia del Tribunal, la empresa Kekén reanudó el envío de camiones para suministrar de cerdos al complejo industrial. Sin embargo, desde el pasado 10 de febrero, cientos de mujeres y hombres de Sitilpech se congregaron para levantar un campamento pacífico con la intención de bloquear el paso de los transportes hacia el interior de la mega granja.

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Como respuesta a la protesta pacífica, la empresa Kekén emprendió una campaña de criminalización y estigmatización contra el pueblo de Sitilpech y la organizacion Kanan Derechos Humanos. Así lo denuncian una docena de organizaciones sociales, quienes mediante pronunciamiento conjunto acusan a medios de comunicación locales de participar en la denostación de las manifestaciones, contexto que precedió la represión del pasado sábado (18).

“Responsabilizamos a la empresa Kekén y a Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, por la integridad de los defensores del agua y el territorio de Sitilpech y expresamos nuestro repudio a los medios de comunicación que participan en esta campaña y a la policía estatal y municipal de Izamal por su violencia contra personas defensoras, que abonan a la larga lista de casos de estigmatización, criminalización y represión de movimientos sociales en Yucatán”, se posicionan las organizaciones de derechos humanos.

^{En portada: Productor de maíz. Foto: Eduardo Miranda}

El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de febrero, un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto, que queda abrogado, en el cual decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2025.

La nueva publicación fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar los fundamentos científicos frente a la prohibición del maíz genéticamente modificado y el glifosato, consideró Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, en entrevista para Avispa Midia.

La publicación fue difundida un día antes de la fecha solicitada por el nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, para que el gobierno mexicado presentara explicaciones sobre su decisión de prohibición.

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En el reciente decreto se mantiene la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado, así como su utilización en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.

Lo anterior, “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones”, sostuvo la Secretaria de Economia en un comunicado a la prensa.

El nuevo decreto quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. En el comunicado, la Secretaría de Economia explica que “en cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada”.

Además, se recorre la fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.

En el comunicado de prensa, la Secretaría de Economía sostuvo que “Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países”. Con eso, “México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”.

T-MEC

El gobierno de EEUU amenaza México con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC), antes TLCAN. Para las organizaciones que integran la campaña “Sin Maíz no Hay País”, la polémica muestra que los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los países cuando alguna de las partes está en situación de desventaja.

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Sin embargo, como argumenta Jönsson, en el T-MEC existen artículos que protegen la soberanía de los países, es decir, México puede prohibir el uso productos de tecnología moderna u organismos genéticamente modificados (OGM).

“No hay una obligación del T-MEC para admitirlas (las denuncias de EEUU). Podemos ocupar esos argumentos que tenemos, hay muchísimos estudios que están mostrando el daño que provocan a la biodiversidad, a la salud, a la vida”, agregó Jönsson y dijo que, incluso, se puede poner fecha de cierre de frontera para la importación.

Queda Corto

Existen varios estudios sobre harinas de maíz contaminadas con transgénicos y glifosato. “Se están mezclando los dos”, dijo Jönsson.

Incluso, investigaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Asociación de Consumidores Orgánicos mostraron hallazgos de glifosato y transgénicos en las tortillas. Y de estar usando maíz amarillo para este alimento, habrían fallado los controles por parte del gobierno.

“¿Cómo vamos a eliminar el consumo de harinas contaminadas que tenemos actualmente?, ¿cómo lo vamos a implementar realmente el decreto?, ¿cómo vamos a asegurar que no lo estamos consumiendo?, ¿qué se ha hecho para garantizar que no estamos consumiéndolo directamente?”, cuestionó Malin Jönsson. Como hay varios problemas, “queda un poco corto el decreto”, porque no los resuelve.

La investigadora de Semillas de Vida recordó que el maíz es modificado genéticamente para resistir al herbicida, “van de la mano”. Es así como la aplicación del glifosato acaba con otras plantas. “Controla, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad”.

Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones científicas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica. Además, reconoce como probable carcinogénico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicó un amplio expediente al respecto. Pero, a decir de las organizaciones mexicanas, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. “Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.

Es una situación sumamente compleja, insistió Jönsson, también por los intereses de grandes capitales de las transnacionales que controlan el comercio del glifosato y la producción de los maíces transgénicos como la empresa Bayer- Monsanto, Syngenta, entre otras.

“Realidades incompatibles”

México es centro de origen y diversificación constante del maíz. Es el resguardo genético vivo más grande en el mundo de los maíces. Los pueblos originarios llevan unos diez mil años guardando, seleccionando y mejorando las semillas, destacó la investigadora.

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Existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de maíces como esencia de la cultura alimentaria de México, que lo domesticó desde hace más de 7 mil años. En cambio, en Estados Unidos el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles.

“Son dos realidades distintas e incompatibles”, coincidió la investigadora. “Pero venimos de un modelo económico neoliberal donde no se ha apoyado nada la población campesina, se ha dejado que entre el maíz transgénico”, dijo.

Las organizaciones hacen hincapié en la autosuficiencia de México en la producción del maíz que consume. “Por ello es indispensable establecer políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia en su conjunto”, dijo.

Reacción

El martes 14 de febrero, el secretario de Agricultura estadounidense destacó que están revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto “y tenemos la intención de trabajar con la USTR para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme”.

Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas, considera que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del glifosato hasta llegar a su prohibición en marzo de 2024.

Destacó el artículo octavo del decreto 2023 que habla del protocolo de investigación conjunta que integrará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las instancias equivalentes de otros países en un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud.

Las organizaciones que integran la campaña nacional convocaron a las personas a unirse a los propósitos, para que se establezcan leyes y reglamentos que incluyan sanciones.

En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de maíz transgénico a México, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá.

^{En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.}

El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.

Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.

“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.

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Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.

Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.

Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.

Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.

Recuperaciones

La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.

La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.

En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.

De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.

“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.

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Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.

En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.

Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.

Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.

No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.

“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.

Acuerdo incumplido

El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.

La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.

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Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.

Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.

“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.

^{En portada: Manifestación de la comunidad maya de Sitilpech contra la operación de una megagranja de cerdos. Foto: Katia Rejón / Memorias de Nómada}

Habitantes de la comunidad de Sitilpech, Yucatán, se congregaron la mañana de este viernes (10) para protestar pacíficamente ante la reanudación de operaciones de la megagranja de cerdos Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la población maya.

Durante entrevista con este medio, Rosario, habitante de Sitilpech, aseguró que, pese a que se realizaron estudios que evidenciaron la contaminación en las fuentes de agua producto de las operaciones industriales de la mega granja porcícola, incluso reconocidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde el pasado sábado (4) y tras nueve meses de permanecer inactiva, las y los pobladores han sido testigos de la reanudación de operaciones de la empresa.

Esto ocurre después de que el magistrado Wynter García, del Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal y Administrativo, desechara una demanda de amparo promovida por el colectivo La Esperanza de Sitilpech, con lo cual dio luz verde a la reanudación de operaciones de la empresa porcícola.

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“El juez Wynter García negó que el pueblo tiene derechos. Él abogó por la granja y que la granja tiene la razón, sin haber consultado al pueblo, sin haber dado asamblea. Él pisoteo nuestros derechos, porque él como magistrado debió ver qué era mejor para el pueblo y no es contaminar el agua. Ninguna autoridad nos ha apoyado, ninguna, ya se cansó el pueblo”, compartió Laura durante entrevista telefónica.

Al grito de “¡Fuera granja!”, un aproximado de 180 mujeres y hombres de todas las edades se movilizaron para impedir el acceso de camiones de la empresa Kekén, los cuales transportan cerdos para suministrar a las instalaciones de la megagranja ubicada en el municipio yucateco de Izamal.

La respuesta gubernamental consistió en el envío de elementos policiacos, municipales y estatales, quienes intimidaron a los manifestantes. Los elementos de seguridad, acusan los presentes, acudieron para “escoltar” a los camiones de cerdo.

“Realmente no quieren colaborar con el pueblo”, expreso indignada Martha, habitante de Sitilpech. “Estamos luchando contra gente que tiene mucho dinero. Vinieron seis patrullas, no a cuidar al pueblo, sino a cuidar a los cerdos. Agarraron otra ruta y entraron con los camiones, nos engañaron”, resalta indignada ante la actitud de los elementos de seguridad y las mentiras que utilizaron para poder ingresar a los cerdos a la fábrica.

Amparo, desechado

La demanda de amparo desechada por el juez García fue presentada para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II. De acuerdo al colectivo Kanan Derechos Humanos, organización que acompaña la estrategia jurídica de las y los habitantes de Sitilpech, dicha megagranja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

El recurso jurídico estaba dirigido contra diversas autoridades de los tres niveles de gobierno contra la operación inconstitucional de la empresa porcícola, quien nunca consultó a la población indígena sobre su anuencia al proyecto.

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Apenas el jueves 2 de febrero, habitantes de Sitilpech difundieron una réplica pública dirigida al medio “Diario de Yucatán” debido a que, acusan, se tergiversó la noticia sobre la demanda desechada, “para señalar que la empresa ganó el juicio de referencia y, con ello, poner en duda el proceso de defensa del colectivo La Esperanza de Sitilpech”.

Las y los habitantes de Sitilpech señalan que, pese a que el amparo fue desechado, eso no significa que el tribunal le haya dado la razón a la empresa, “simplemente nunca se analizaron las exigencias por meros formalismos.Los formalismos impidieron el derecho de acceso a la justicia del pueblo de Sitilpech que en los últimos meses había vivido en paz debido al cierre de la empresa por más de 9 meses”, sostienen en el documento.

“Dentro (de la fábrica) está el representante de la granja, se presentó como notario público, y él, junto con el capataz nos quieren intimidar”, acusa otra manifestante quien aseguró que, por acuerdo del pueblo, el bloqueo a la megagranja será permanente.

Hasta el cierre de esta edición, las y los manifestantes se encontraban en el lugar, bloqueando los accesos de los camiones que transportan a los animales a las instalaciones de procesamiento industrial. Al mismo tiempo, denuncian que los hostigamientos contra su manifestación pacífica son constantes.

^{En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka}

El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.

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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.

En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.

El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.

La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.

El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.

En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.

La lucha se extiende al norte

Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado.  Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.

La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.

La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.

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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.

La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital.   El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.