Las familias que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movimiento) condenamos el allanamiento y robo de equipo de seguridad otorgado por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, en el domicilio de Francisco Paredes Lachino, hijo del defensor de derechos humanos desparecido en 2007, Francisco Paredes Ruiz.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero aproximadamente a las 13:30 horas del día, cuando elementos del Mando Único, pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública, a bordo de 5 camionetas, 2 de ellas con logotipo de Policía Michoacán y 3 de color blanco pertenecientes a la policía Ministerial de la Policía Estatal, llegaron e irrumpieron de forma violenta y sin orden judicial el domicilio de Francisco Paredes en Michoacán, sustrayendo del lugar equipo técnico que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en dicho domicilio. Este equipo de seguridad forma parte de las medidas implementadas por el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pertenecientes a la Secretaria de Gobierno. Afortunadamente, Francisco Paredes y su familia no se encontraban en el domicilio.

Francisco Paredes Lachino junto con sus hermanas, forman parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas “ALZANDO VOCES”, colectivo que forma parte del Movimeinto y que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. Anteriormente, el 25 de diciembre del año 2015 personas armadas con la aquiescencia y participación de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública irrumpieron con uso de violencia al mismo domicilio para amenazar con armas a los integrantes de la familia Paredes Lachino, por lo que la familia recibió las medidas de seguridad que el Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de Derechos humanos otorga.

De igual manera, el 2 de mayo de 2017, Cristina Paredes, hermana de Francisco y defensora de derechos humanos, fue víctima de detención arbitraria e ilegal. Por este suceso se reunió con el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, el 5 de enero de 2018.

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Once años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Palenque, Chiapas, México. A 13 de noviembre de 2017.

Al pueblo en general
A los gobernantes de este país México
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Comisión Estatal de los Derechos humanos de paga
A los Organismos internacionales de Derechos Humanos y Derechos Indígenas
A los medios de comunicación de paga
A los Centros de Derechos humanos libres de opinión
A la prensa con libertad de expresión
A las Organizaciones No gubernamentales en pie de lucha por la injusticia y del Despojo de los derechos Indígenas, la vida humana y el patrimonio.

HERMANAS Y HERMANOS:

La Organización Xi’nich’, que formamos los pueblos ch’oles, tseltales y zoques, de la Selva de Chiapas, nos pronunciamos una vez más, exigiendo justicia por el XI aniversario de la Masacre del Pueblo Ch’ol de la comunidad Dr. Manuel Velasco Suárez, Municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, conocido como Viejo Velasco, hechos cometidos el día 13 de noviembre del año 2006.

NI PERDÓN NI OLVIDO

Sabemos que ante la próxima contienda electoral, los corruptos de arriba estarán ocupados en sus negocios, tranzas, lucha por huesos y mentiras, pero nosotros como organización Xi’nich’, nos ocupamos de nuestros vivos y de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, nos ocupamos del cuidado de la Madre Tierra y del buen vivir, para que haya vida digna para los pueblos indígenas y para todo el pueblo mexicano. Nuestras exigencias y nuestras luchas, son las justas luchas de todos los pueblos originarios.

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Audios, imágenes y video: Colectivo Altepee; Texto y edición: Radio Zapatista

En la comunidad de Los Mangos, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, pueblos popolucas, nahuas y mestizos se reunieron con el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy este pasado viernes 10 de noviembre de 2017.

Aquí, como en otros lugares por donde ha pasado el CIG, los pueblos denunciaron la muerte y el despojo que sufren las comunidades a manos del “sistema capitalista, patriarcal y racista, administrado por el narcoestado, la mafia empresarial y sus súbditos cómplices”.

“Denunciamos la violencia, la inseguridad, los asesinatos, los femicidios, como el caso de una joven nahua embarazada y una niña popoluca asesinada. Denunciamos las desapariciones forzadas, las extorsiones, los abigeatos, los robos, los jóvenes enganchados por el narco y toda la impunidad.” Denunciaron también los megaproyectos como la extracción de hidrocarburos, la minería tóxica y los parques eólicos, así como todas las dependencias de gobierno, sobre todo el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, “que están a servicio de las empresas para facilitar el despojo territorial”. Igualmente, denunciaron el hostigamiento contra el movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz. Finalmente, denunciaron el machismo, el maltrato a las mujeres, que son “explotadas, desvaloradas, violentadas, asesinadas, discriminads, silenciadas y controladas”, así como la deplorable situación de la salud.

Pero en las palabras de los pueblos quedó también evidente la capacidad organizativa en el sur de Veracruz. Por ejemplo, explicaron que tienen más de 60 actas de asambleas ejidales y comunitarias donde declaran que no permitirán la entrada de empresas y megaproyectos. Hablaron también del movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz, la decisión de no permitir la instalación de medidores digitales, la capacitación de técnicos de alta tensión en muchas comunidades y la compra de sus propios transformadores con las aportaciones económicas de los pueblos. También compartieron la resistencia contra el pago de prediales en el municipio de Hueyapan.

Pero sobre todo compartieron la invitación a todos, en barrios y comunidades, a “vigilarnos y protegernos de manera autónoma, sin el control del Estado”, a unirse a las diferentes resistencias en la región y a organizarse por la autonomía en todas sus formas. Y dieron su mensaje a las y los concejales del CIG:

Le pedimos a nuestros concejales, donde quiera que vayan en el país, que ésta sea la tarea que les encomendamos: No queremos que llamen al voto, que prometan nada, que regalen nada más que su escucha y su palabra; que inviten a los pueblos indígenas y no indígenas, mujeres, hombres y jóvenes, a resistirse, a rebelarse y a iniciar la contrucción de otro mundo”.

“¿Alguien sabe a dónde va un desaparecido? ¿Alguien sabe adónde se llevan a los desaparecidos, dónde se buscan, dónde encuentran?”, preguntó Belén González, madre y voz de su hijo Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido el 25 de septiembre de 2015 por elementos de la policía estatal en Coatzacoalcos, y coordinadora del colectivo Madres en Búsqueda. “Nos hemos convertido en policías, en forenses, buscando a nuestros hijos (…) y a pesar de que llevamos todo, de que hacemos las investigaciones, ellos obstaculizan nuestro trabajo, nos criminalizan. (…) Vivimos día a día con terror y seguimos buscando a nuestros hijos”. Y añadió: “Estoy aquí porque vemos en ustedes concejales y en usted Marichuy una esperanza a nuestro dolor y a nuestra hambre y sed de justicia”.

Por su parte, Marichuy habló del origen y el sentido de la propuesta del CIG, explicando, como en otros lugares, que surgió a partir de la constatación de que la situación en todo el país empeora dramáticamente y que ninguna acción dirigida a los de arriba logra cambiar nada. Por eso se conformó el CIG y se decidió participar en este proceso, para utilizarlo como plataforma para denunciar lo que sucede en las comunidades y para invitar a la organización. “Tenemos que pensar más allá del 2018: cómo nos vamos a organizar, y no sólo en México sino en el mundo. Porque el gran capitalismo, que sólo destruye tierras y territorios, no sólo está aquí, sino en todo el mundo, y nosotros los dueños de las tierras les estorbamos.

Escucha los audios aquí:

Palabras de los pueblos nahuas, popolucas y mestizos del sur de Veracruz: (Descarga aquí)  

Belén González, madre de Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido en 2015 por elementos de la policía estatal: (Descarga aquí)  

Concejala Maribel: (Descarga aquí)  

Marichuy: (Descarga aquí)  

Comunicado Público

Comunidades Mapuche-Tehuelche
Puelmapu, 11 agosto del 2017

 Nosotros, las comunidades Mapuche-Tehuelche: VUELTA DEL RIO (Cushamen), SANTA ROSA LELEKE (Cushamen), LOF CAYUN (Lago Puelo), LOF CAÑIO (Buenos Aires Chico), LOF ÑIRIPIL (Buenos Aires Chico), ÑAMKULAWEN LOF (Comodoro Rivadavia), NEWEN MULFUÑ (Pico Truncado), CALFU NAO (Trelew), nos solidarizamos con los familiares de Santiago Maldonado desaparecido en un contexto de represión a una comunidad mapuche, y exigimos su aparición con vida a todas las autoridades políticas, judiciales y demás fuerza represivas responsables y cómplices de que esta situación haya llegado a las instancias actuales.

Nosotros, comunidades Mapuche-Tehuelche repudiamos enérgicamente el accionar represivo del estado en sus distintas instancias, una vez más, en contra del Pueblo Mapuche, la criminalización de la protesta social y el nulo valor que la vida tiene para el gobierno. Somos conscientes que un hecho como este se puede repetir y que ninguno de nosotros está –y nunca estuvo exento a sufrir el autoritarismo y arbitrariedad estatal. Ante esto nos preguntamos: ¿A cambio y en pos de qué intereses mezquinos y egoístas desaparece una persona? Nos preguntamos: ¿En nombre y justificación de qué, como parte de los Pueblos Originarios de este país, tendríamos que aceptar que nos nieguen y atenten en contra de la defensa de nuestras vidas, de nuestros territorios y de nuestras subsistencias?

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Por Diana Lenton – Revista Anfibia

A pesar del maltrato recibido durante siglos, no hay constancia, hasta hoy, de la existencia de un proyecto secesionista, y mucho menos, violento, entre los líderes mapuche, tal como dijeron algunos funcionarios. La especialista Diana Lenton explica la historia y desanda las mentiras difundidas ante la desaparición de Santiago Maldonado, la falaz vinculación con grupos extranjeros que coloca a ciudadanos argentinos como un “otro externo”, y cómo se elude la responsabilidad del Estado y se criminaliza a los indígenas.

Fotos: Marcelo Martínez

En los últimos días una serie de hechos puso en las portadas de los medios y en las bocas de varios funcionarios de gobierno el llamado “conflicto mapuche” en la Patagonia. Un conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o “terrorismo mapuche”. El provecho político reside en la escalada, y entonces, a medida que pasan las horas, el titular es cada vez más el “terrorismo”, sin ninguna otra consideración.

La cuestión gira en torno a las características atribuidas al preso político mapuche Facundo Jones Huala, su familia y su comunidad, y a las organizaciones con las cuales se lo relaciona. El conflicto en sí no es nuevo aunque tuviera una extraordinaria difusión en las últimas semanas, estimulada por la coyuntura electoral. Hasta la desaparición de Santiago Maldonado, un joven bonaerense adherente a la causa mapuche, en el contexto de una de tantas represiones ilegales y violentas encaradas por las fuerzas armadas en el territorio mapuche.

En este punto no quiero ceder a la tentación de demorarme en la vergonzosa cobertura que los medios vienen haciendo de esta cuestión. Desde el “descubrimiento” que hizo Clarín en enero de este año, de Facundo Jones Huala como “el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, en una nota plagada de errores acerca del origen y la biografía del protagonista, de las características de las organizaciones e inclusive de los datos concretos de las supuestas “víctimas” del peligroso terrorista. Hasta la participación decisiva del mismo diario y otros en la viralización de las acusaciones del Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien llegó a la irresponsabilidad de acusar al Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, de actuar en “connivencia con delincuentes” a raíz de su decisión de no hacer lugar al pedido de extradición de Jones Huala a Chile, en noviembre de 2016.

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Resumen Latinoamericano / Víctor Quilaqueo, CEPPAS-GT / 10 de agosto de 2017

La desaparición de Santiago Maldonado en Argentina es un hecho gravísimo para todos los movimientos sociales en América Latina.

Al momento de escribir estas líneas sigue sin conocerse el paradero de Santiago Maldonado, activista de 28 años que fue detenido por fuerzas de seguridad del estado en Argentina, y del cual no se han tenido noticias.

Fue detenido y golpeado por un grupo policial en el marco de un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en la patagonia argentina, el martes 1 de agosto. Desde ese día no se sabe más de él.

Su familia, amigas, amigos, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas han hecho un llamado incesante para que el gobierno argentino responda por su paradero. Las respuestas aparte de escasas, buscan ocultar, ensuciar y criminalizar a las víctimas.

El contexto de su detención y desaparición sería muy extenso de resumir en estas letras, pero es una muestra precisa de la connivencia entre poderes estatales, fuerzas represivas en actividad permanente e intereses de privados en relación con la posesión de tierras. En efecto, Santiago fue apresado en un operativo policial en contra de una comunidad mapuche que lleva adelante un proceso de recuperación territorial que va en contra de los intereses del grupo transnacional Benetton. Esa mañana la soberanía estatal argentina se vistió con los colores corporativos de una empresa de ropa y moda.*

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Fuente: Revista Anfibia

Mariana D. se cambió el apellido hace un año. Es la hija del represor Miguel Etchecolatz. El 10 de mayo marchó a Plaza de Mayo. Como las 500 mil personas que se movilizaron en Buenos Aires contra el 2×1, como millones de argentinos, quiere que su padre cumpla la condena en la cárcel. “Es un ser infame, no un loco. Un narcisista malvado sin escrúpulos”, dice ella, que padeció la violencia de Etchecolatz en su propia casa.

La hija de Miguel Etchecolatz camina por Avenida de Mayo y Perú buscando a sus dos amigas. No agita el pañuelo blanco ni salta con los cánticos. Podría ser cualquier mujer de las miles que asisten a la marcha contra el 2×1. Salvo sus amigas, ninguna de las 500 mil personas que se amontonan en la Plaza de Mayo y alrededores y gritan “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar” saben que esa mujer anónima es hija de uno de los hombres más conocidos de la represión. Se llama Mariana D. Hace un año se cambió el apellido.

Mariana lloró cuando se conoció el fallo de la Corte que otorgó el 2×1 al represor Luis Muiña. Horas después del fallo de la Corte, Etchecolatz, condenado seis veces por delitos de lesa humanidad, pidió el beneficio del 2×1. Como los que marcharon el 10 de mayo, como millones de argentinos, quiere que los genocidas condenados mueran en la cárcel. Que su padre, el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, muera en la cárcel. Mariana D. fue por primera vez a una marcha por los derechos humanos. Nunca se animó a ir a Plaza de Mayo los 24 de marzo. Por miedo a ser rechazada. Por miedo a no poder soportar el dolor en vivo y en directo. Pero ahora está allí por primera vez para decir que ella, también, desea verlos morir en la cárcel.

Etchecolatz era una presencia fantasmagórica en su casa de Avellaneda. Mariana y sus hermanos varones J .M. y F. M. solo lo veían los fines de semana. De lunes a viernes, el padre conducía el aparato represivo de la ciudad de La Plata y alrededores. Daba órdenes para secuestrar personas, torturarlas, asesinarlas. Los sábados y domingos Etchecolatz casi no hablaba. Se la pasaba echado en una cama mirando televisión. Cada tanto emitía un silbido: había que llevarle rápido un vaso de agua mineral fresca con gas. Si algo no le gustaba, Etchecolatz les pegaba unos bifes con la palma abierta a sus hijos.

Mariana supo de grande que su madre intentó varias veces escaparse con ella y sus dos hermanos. Lo planeó varias veces. Etchecolatz se dio cuenta y la amenazó: “Si te vas te pego un tiro a vos y a los chicos”.

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SOLICITAMOS AL GRUPO DE TRABAJO DE DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS, AL RELATOR ESPECIAL DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS Y ARBITRARIAS, SOLICITEN DE MANERA URGENTE MEDIDAS CAUTELARES

La madrugada de este 11 de mayo, fuimos informados por representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas de Tamaulipas, del repudiable  asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Los cobardes asesinos entraron a su casa y la acribillaron alrededor de la 10:30 pm, del 10 de mayo. En esta oscura noche de violencia y terror que hemos vivido por  más de una década en el noreste del país –y  que desgraciadamente se fue extendiendo a todo el territorio mexicano–, la impunidad, la ausencia total e incuestionable de un supuesto Estado de Derecho ha posibilitado la vigencia de un sistema de terror y muerte como forma de gobierno en nuestros estados.

Nos preguntamos quiénes fueron los perpetradores directos. ¿Acaso los hombres que se fugaron del penal de Ciudad Victoria y que están procesados por la desaparición y ejecución de su hija KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, desaparecida en el 2012? ¿Acaso fueron simples ladrones como suelen ser las versiones oficiales? No lo sabemos, pero lo que sí podemos constatar es la responsabilidad del Gobierno Mexicano por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija.

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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entrega al Senado miles de firmas para exigir una Ley contra la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que contemple a las familias

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016. El día de hoy, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entregamos en el Senado de la República a las senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz y al senador Fernando Yunes, más de 17 mil firmas de apoyo de la sociedad civil, de México, Centroamérica y otros países, que se recolectaron a lo largo de un mes, para exigir una Ley contra la desaparición forzada y desaparición por particulares en la que se contemple los ocho puntos fundamentales propuestos por las familias de víctimas.

A un mes de que el actual periodo legislativo finalice, a las familias nos preocupa que no se esté discutiendo la propuesta de Ley que permita garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. La Ley en cuestión se debió concretar el 6 de enero de 2016, según la reforma Constitucional al Artículo 73 publicada el 10 de julio de 2015. Estamos preocupadas por el tiempo que transcurre sin tener una respuesta seria y congruente por parte del Estado mexicano.

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Pronunciamiento de cara a las declaraciones que ha realizado el Gobierno de Coahuila con motivo de las osamentas y fragmentos de huesos humanos encontrados por familias del Grupo Vida en un campo de exterminio localizado en el ejido Patrocinio, Coahuila

El Gobierno de Coahuila ha minimizado y desestimado el hallazgo y la labor que el Grupo Vida ha realizado en el ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, en donde la delincuencia organizada realizó la ejecución de decenas de personas en los últimos años. Como Movimiento de Desaparecidos en México decimos que no se puede minimizar tal hallazgo.

El Grupo Vida, junto con la Subprocuraduría para Personas Desaparecidas de Coahuila, ha recorrido aproximadamente 5 hectáreas del Ejido Patrocinio en búsqueda de cuerpos humanos. Cinco osamentas semi-completas se han encontrado y aproximadamente en 30 puntos muy localizados se han identificado restos humanos, a distancias que van desde los 4 a los 100 metros entre ellos. Hasta el momento no se ha podido determinar cuántos puntos son en su totalidad, pues en cada operativo de búsqueda los puntos de localización aumentan. Tampoco se puede determinar el número de personas acaecidas en el lugar debido al grado de calcinación y condición de los restos.

Pobladores del lugar señalan que por años vieron entrar diariamente camionetas y veían hogueras que evidenciaban la quema de personas. También dicen que la quema se realizaba en tambos de 200 litros que utilizaban para incinerar a las personas para después ser vendidos.

Los familiares de desaparecidos en Coahuila han tenido que realizar esta labor de búsqueda para poder rescatar hasta el más mínimo de los restos y así intentar su identificación, considerando la posibilidad de su reconocimiento mediante el ADN.  Cabe señalar que la Policía Federal, División Científica ha abandonado restos en el lugar argumentando que no sirven para la identificación.

El problema de desaparición en Coahuila es muy grave, como lo es también en otros estados de la República Mexicana. Su dimensión ha provocado una situación inimaginable y terriblemente dolorosa. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que agrupa a más de 70 organizaciones de familiares de desaparecidos y organismos civiles, exige al Gobierno del estado de Coahuila:

• No minimizar ni desestimar el hallazgo de osamentas y restos en el campo de exterminio localizado en el ejido Patrocinio;
• El respeto y reconocimiento del trabajo del Grupo Vida;
• Su actuación inmediata para la identificación certera de los restos y osamentas semi completas, no identificadas que están en el ejido Patrocinio, así como un informe público sobre fecha y localización de cada uno de los aseguramientos de fragmentos óseos; sobre resultados en términos de fragmentos considerados “sin utilidad”; sobre el número de perfiles genéticos con los que se cuenta; sobre los métodos usados para recuperar el ADN; así como el número de personas identificadas.
• Que actúe con absoluta responsabilidad frente a esta grave crisis y ofrezca las mejores condiciones para la búsqueda, así como que brinde información y declaraciones públicas con absoluto apego a la realidad.

¡Sin las Familias, No!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México