CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.

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Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa

Por John Gibler

Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.

Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.

De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.

Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.

Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.

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México, 31 de julio del 2023

Mensaje final del GIEI
Hoy es todavía

El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.

En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.

Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.

Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.

El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.

La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.

EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.

La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.

El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

Este próximo 21 de junio, se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González, desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ante la próxima audiencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) construyó este sitio especial sobre el caso de Antonio González:

https://frayba.org.mx/tema-prioritario/antoniogonzalez

Programa de radio de NotiFrayba sobre la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González:
(Descarga aquí)  

10 de mayo de 2023.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

XII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijos e hijas
¡Verdad y Justicia!
No Conocemos Fronteras para Buscarles.
Concentración Pública con Madres Buscadoras de Chiapas

Este día, en que celebramos el Día de las Madres, no es de celebración para muchas familias, ya que miles de madres buscan a sus hijos e hijas.

Ellas están marchando en la Ciudad de México, se están concentrando en varias plazas del país, están visibilizando la problemática que vivimos en este país, y por eso estamos aquí, con ellas, en esta plaza central en San Cristóbal de las Casas, para exigir justicia y hacer visible la desaparición de personas en Chiapas.

Esta problemática atraviesa a todo nuestro territorio mexicano, y aunque la cifra oficial es de 112,203 personas que han sido desaparecidas a nivel nacional, y de 1,314 en Chiapas, sabemos que la cifra es lamentablemente más alta cada día.

La violencia sociopolítica es la realidad que vivimos todas y todos los que vivimos y transitamos en este país. Chiapas no es la excepción, las zonas de los Altos, Norte, Frontera, Costa, Selva, y prácticamente toda nuestra entidad, se han vuelto un campo de batalla, un campo en disputa, con violencia, armas, muertos, familias desplazadas, feminicidios, secuestros; y la desaparición de personas va cada día en aumento. Aunque las autoridades del estado de Chiapas quieran maquillar y disfrazar esta realidad y hacernos creer que vivimos en uno de los estados más seguros y que tenemos a un gobierno con autoridades eficaces y eficientes cercanas a las personas.

La realidad es que las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y jóvenes, personas en contextos de movilidad humana nacionales e internacionales, desaparecen día a día, y la principal demanda de las Madres sigue siendo: ¡Regrésenos a nuestras hijas e hijos!, ¿dónde están?, ¡queremos a nuestras hijas e hijos en casa!, ¡este día no es de fiesta, sino de lucha y de protesta!

Las Madres que buscan a sus hijos e hijas, y las organizaciones que les acompañamos, seguiremos gritándole al Estado que su omisión e indolencia lo hace responsable de esta tragedia que se vive en las familias, ya que hemos comprobado, día con día, que las instancias del Gobierno Federal y Estatal, las Fiscalías, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, realizan acciones de simulación y son las madres quienes verdaderamente realizan las acciones de investigación y de búsqueda, poniendo en riesgo su seguridad, su integridad y su vida.

Es por ello que, desde el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas, acompañamos esta concentración en la plaza pública en San Cristóbal de las Casas, mencionando que un día como hoy es un símbolo de lucha, de resistencia, de búsqueda, pero también es un símbolo de mucho amor, de madre a madre que exige justicia, para que ninguna otra madre viva este dolor. Esta concentración es por la vida, por la esperanza, por el amor, por el regreso, por la verdad y la justicia. No están solas, compañeras, las acompañamos desde cada rincón que habitamos.

Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Melel Xojobal
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)

INTERNACIONALES

• FRANCIA: Llamamiento internacional – Somos el agua que se defiende! Más de 300 organizaciones de todo el mundo invitan a reforzar las alianzas internacionales en defensa del agua y apoyar la lucha contra los mega estanques en Francia. Fuente: Les soulevementsdelaterre
• SALVADOR: El Aeropuerto del Pacífico responde a una lógica regional de conectar el Tren Maya en México, Tren Bicentenario en Guatemala y Tren del Pacífico en El Salvador para la extracción de recursos. Fuente: Avispa Midia
• WALLMAPU CHILE: Declaración conjunta de organizaciones Mapuche del weichan frente a la Ley Nain-Retamal / LNM – RMM – WAM – RML. Fuente La Zarzamora
• PELLMAPU ARGENTINA: En Mendoza, repudio de la comunidad científica a resolución parlamentaria que no reconoce al pueblo mapuche. Fuente La izquierda diario.

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUSTRO

• OAXACA: Asesinato de Felix Vicente Aquino defensor del territorio opositor al Corredor Interoceanico Autoridad local y militante de Sol Rojo en «El morro» Ixhuatan. Fuente: Tierra y Territorio.
• CDMX OAXACA: PRESXS POLITICOS: Organizaciones y colectivos se manifestaron en el reclusorio oriente, contral el montaje y por la libertad del Yorch, Jorge Esquivel. Audio del Yorch desde prisión. Fuente: Noticias de Abajo.
• EDI DE MEX y CDMX DESAPARECIDAS: Nos falta Inof, rapera mexicana desaparece en el Estado de México, organizaciones exigen su aparición con vida. Fuentes: Redes
• MICHOACÁN: Comunidades indígenas toman carreteras en defensa de autonomías. Con el objetivo de visibilizar y defender los procesos de autonomía que viven en sus comunidades, reconociendo a Zapata como precursor de las autonomías indígenas contemporáneas. Fuente: CNI
• CDMX: #MagdalenaContreras: Manifestación de los vecinos Contrerenses en contra de los mega proyectos de muerte que propicia el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum.
• PUEBLA: Despues de 8 años de batalla legal, la comunidad nahua y el ejido de Tecoltemi en la Sierra Norte de Puebla logra la cancelación definitiva de concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán Fuente: Consejo Tiyattlali.

Internacionales

• PALESTINA: El Estado fascista de Israel promueve la guerra para mantener el territorio ocupado de Palestina. Israel atacó la final de futbol palestina el fin de semana pasado y luego invadió y  atacó el Centro Ceremonial en Jerusalén, y desato fuerte bombardeo  ante respuesta de grupos palestinos a la represión en territorio ocupado. Fuente: Palestinalibre.
• PELMAPU ARGENTINA: Mapuches desconocidos en su propio territorio. Resolución antimapuche en Mendoza: crónica de un racismo anunciado. Fuente: Agencia TerraViva y AnRed.
• CANADA: Wet’suwet’en vuelve a ser atacada por la policía montada, cinco defensores del territorio son arrestados, se suma a la lista de hostigamiento por su resistencia contra CoastalGasLink, el gasoducto que intentan atravesar por sus aguas sagradas.

Locales:

• MICHOACÁN: Eustacio Alcalá defensor comunitario y opositor de la minería en Huizontla  es asesinado. Organizaciones se suman para exigir justicia.
• YUCATÁN: Muerte masiva de abejas pone en alerta a apicultores, llaman a la prohibicion de agroquímicos tóxicos.
• CHIAPAS: Continúa la campaña por la Libertad del Manuel Vásquez, preso político indígena, base de apoyo de las comunidades zapatistas. Fuente: CDH Frayba
• MÉXICO MICHOACÁN: Por cumplirse 3 meses de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díazy nulo avance en las investigaciones.
• MÉXICO SUR: Invitación a la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste. El Sur Resiste.
• CDMX: Jornada por la Libertad de Yorchs, preso anarquista criminalizado por la UNAM. Fuente: Noticias de abajo.

Texto y fotos: Heriberto Paredes | Pie de Página

Después de ser reportado como desaparecido, este martes se encontró el cuerpo de Eustacio Alcalá, defensor del territorio de la sierra costa michoacana. Sin pruebas, funcionarios del gobierno de Michoacán adelantan que el defensor era integrante de una organización criminal, una afirmación desmentida por la comunidad.

MICHOACÁN. – El cuerpo sin vida de don Eustacio Alcalá, de 66 años, defensor del territorio, fue encontrado hoy en las cercanías del camino que conduce a la comunidad de San Juan Huizontla, en el municipio de Chinicuila. Desde el pasado 1 de abril se reportó su desaparición tras ser comisionado para trasladar a 3 misioneras que se dirigían a la comunidad nahua a desarrollar tareas de evangelización.

Según los propios testimonios de las misioneras, sujetos armados interceptaron el vehículo en donde viajaban y se llevaron a don Eustacio. Poco después, elementos de la Guardia Nacional localizaron a las mujeres y la camioneta en donde viajaban inicialmente, sin embargo se negaron a buscar al defensor a menos de que tuviesen una denuncia ante un Ministerio Público.

Algunos habitantes de esta comunidad afirmaron que la Guardia Nacional estaba presente cuando se escucharon disparos en las cercanías de este camino, más o menos a 500 metros de donde ocurrieron los hechos y –a partir de lo dicho por testigos– “en lugar de ir a perseguir a los malandros se fueron a la comunidad”.

Sin un comunicado oficial, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, declaró que uno de los posibles móviles del asesinato es “el parentesco con un miembro de la delincuencia organizada”. No hay indicio de que esto sea cierto, tanto en la comunidad como en la región, don Tacho, como se le conocía cariñosamente, era una persona muy participativa en Huizontla. Su familia y allegados no son miembros de ninguna organización criminal.

Las declaraciones del funcionario sólo afectan la imagen de don Tacho y no abonan a la seguridad en la comunidad. Se trataba de una persona querida y respetada en Huizontla y en toda la región por sus esfuerzos para lograr el bienestar de las personas.

El defensor ganó un amparo contra minera

Don Tacho fue miembro del Consejo Ciudadano de Chinicuila, una experiencia organizativa que veló por el cumplimiento de las tareas y compromisos de los gobiernos municipales y de las autoridades estatales. En el contexto de la lucha en contra de la organización criminal de los Caballeros Templarios, participó junto con muchas personas de la comunidad y de la región en los grupos de policía comunitaria que defendieron a la población y los recursos naturales que peligraban en ser explotados por la violencia organizada.

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Este podcast aborda el tema de las desapariciones forzadas en México, en memoria y honra de las madres buscadoras. ¡No olivdemos!