San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025

Boletín de prensa No. 11

 
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces

• El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.

El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.

La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.

La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.

El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.

Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.

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Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

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Este podcast nos acerca a la crisis de desapariciones forzadas en Chiapas y en específico a la lucha de familiares de 7 habitantes de San Cristóbal que este 23 de noviembre cumplen un año de haber sido desaparecidos.

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Fuente: El Tlacolol
Por Emiliano Tizapa, Arturo de Dios Palma y Jesús Guerrero

Ayotzinapa y Palestina sangran en el mismo mapa

Escucha este especial en el onceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el genocidio en curso del pueblo palestino.

Información generada por Eduardo Ibañez (Plantón de los 43 CDMX).
Producción de Radio Cósmica Libre en colaboración con las jornadas de articulación de Comunicadorxs por Palestina.

(Descarga aquí)  

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México, 26 de septiembre de 2014. Palestina, julio de 2014. Dos fechas que parecieran no dialogar entre sí, pero que resuenan con un eco compartido.

Esa noche en Iguala, 43 estudiantes campesinos fueron arrancados de sus dormitorios, de sus aulas, de sus sueños. Ese verano en Gaza, más de 2 mil vidas palestinas fueron cegadas en cuestión de semanas por la maquinaria militar de Israel. ¿Qué une a un joven normalista guerrerense con una niña palestina que jamás llegará a ser adolescente? La respuesta está en el lenguaje de la violencia de Estado, en la economía de la muerte que conecta al narcoestado mexicano con la necropolítica israelí.

La historia es larga. En México, las normales rurales nacieron en los años 30 para educar a los hijos de campesinos pobres y formar docentes comprometidos con sus comunidades. En Palestina, la Nakba de 1948 inauguró una vida bajo ocupación, despojo y desplazamiento forzado.

Dos procesos que parecen distintos, pero que comparten la experiencia de pueblos a los que se les niega el derecho a existir en condiciones de dignidad. En 2014, las historias se cruzan. Mientras Gaza sufría bombardeos durante julio y agosto, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa salieron a las calles de México a protestar en solidaridad.

Apenas un mes después, ellos mismos fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato en Iguala. La desaparición no sólo borra cuerpos, también condena a madres, hermanas y esposas a una vida de búsqueda interminable. La violencia de Estado produce viudas, huérfanos, familias mutiladas, comunidades condenadas al duelo permanente.

El crimen de Estado no tiene pasaporte. Los gobiernos que matan en nombre de la seguridad aprenden unos de otros. La necropolítica se habla en varios idiomas, pero la muerte siempre dice lo mismo: “Ustedes no importan”.

Ayotzinapa y Palestina son heridas que sangran en un mismo mapa. Cuando los gobiernos callan, los pueblos se buscan. Así ocurrió días después de la desaparición de los 43. Desde Gaza llegaron mensajes de apoyo a las madres y padres mexicanos. No eran palabras diplomáticas, eran ecos de un dolor que reconocía su reflejo en otro continente.

En 2019, la organización palestina BDS envió un video a los padres de Ayotzinapa en el aniversario de la desaparición. En el Zócalo de Ciudad de México se organizó el juicio popular al papel de Israel en la militarización de América Latina. Ahí se documentó cómo el transporte y los equipos de comunicación usados en Iguala tenían origen israelí.

Los pueblos comenzaron a hablar de negocios de sangre, armas, spyware y entrenamiento vendidos como seguridad que en realidad sostienen regímenes represivos. La solidaridad no es abstracta. Madres campesinas de Guerrero y mujeres palestinas en campos de refugiados comparten la carga de sostener a sus comunidades fracturadas.

La resistencia se teje desde lo doméstico, lo escolar, lo comunitario, con cuerpos que cargan tanto con el dolor como con la dignidad. Si Gaza miró hacia Ayotzinapa y Ayotzinapa hacia Palestina, no fue por romanticismo, sino porque reconocieron que el enemigo es el mismo, el Estado que desaparece y el imperio que lucra con la muerte. Si los muertos fueran negocio, México e Israel serían socios mayoritarios. Y de hecho lo son.

Pegasus es el ejemplo más claro. El software israelí de espionaje se usó en México para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a los propios padres de los 43. El abogado Bidulfo Rosales fue una de sus víctimas.

El caso de Tomás Zerón muestra la complicidad transnacional. Zerón, arquitecto de la llamada verdad histórica, fabricó pruebas, encubrió responsabilidades y torturó a acusados. Hoy vive protegido en Israel, que se niega a extraditarlo.

No lo protegen por compasión, sino porque Zerón conoce demasiado sobre contratos de armas y sobre Pegasus. La vigilancia digital nunca es neutra. Periodistas mujeres, defensoras de derechos humanos, disidencias sexuales, madres buscadoras, son blancos prioritarios del espionaje.

El control patriarcal se refuerza con tecnología de ocupación. El ejército mexicano, implicado directamente en la desaparición de los normalistas, se entrena con fuerzas israelíes. La Guardia Nacional, presentada como institución de confianza, también nació con asesoría y equipo de ese país. Funcionarias como Rosalinda Trujillo Marial presumieron su cercanía con Israel mientras autorizaban compras multimillonarias de espionaje digital. Israel exporta la ocupación como modelo de seguridad. México la compra como receta para reforzar un narcoestado con fachada democrática.

El resultado es el mismo. Vidas descartables. Pueblos sometidos. Impunidad asegurada. Negocios de sangre. Así nombran los pueblos lo que los gobiernos maquillan como cooperación internacional. Pegasus en México. Bombas en Gaza. Contratos millonarios en Tel Aviv. La factura siempre se paga con cuerpos pobres.

Ante tanta impunidad, cabría esperar silencio. Pero lo que nace es lo contrario: resistencia. Y la resistencia no necesita visa. Viaja de guerrero a Gaza, de los campos a los barrios, de las aulas rurales a los campamentos de refugiados.

Las madres y padres de Ayotzinapa se convirtieron en símbolo contra el olvido. El pueblo palestino, que resiste a un genocidio continuado desde hace 77 años, es referente de dignidad frente a la barbarie.

México exige la extradición de Zerón. Israel la bloquea. La ONU condena crímenes de guerra en Gaza. Potencias occidentales los financian.

La impunidad es global. Pero también lo es la solidaridad. La lucha contra el olvido no puede separarse de quienes cargan con ella. Son mujeres, madres buscadoras, comunidades indígenas, pueblos desplazados quienes sostienen la memoria y ponen el cuerpo en primera línea. ¿Qué pasaría si los pueblos del sur decidieran romper con los negocios de sangre? ¿Qué pasaría si las luchas de Ayotzinapa y Palestina no fueran excepciones, sino el inicio de un frente global contra la necropolítica? Los 43 y Palestina son espejos. Nos devuelven la imagen de un mundo gobernado por la impunidad.

Pero también la certeza de que la resistencia es transnacional. Que el grito de justicia no tiene fronteras. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque Palestina vive en cada lucha digna. Y porque la memoria es nuestra arma más peligrosa.

En el caso de Palestina, la exigencia es clara y urgente. Que el Estado sionista de Israel deje de intervenir en el caso Ayotzinapa. Que cese la protección a Tomás Zerón y lo extradite de inmediato para que enfrente a la justicia mexicana. Porque la impunidad no puede seguir siendo un bien de exportación. En el caso de Ayotzinapa, la exigencia es igual de contundente. La aparición con vida de los 43 normalistas y justicia para los caídos en Iguala.

No discursos, no simulaciones, no verdades históricas fabricadas. Justicia real, verdad completa, reparación integral y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Ambas luchas, la de Palestina y la de Ayotzinapa, están unidas por una misma consigna.

Que los pueblos no pueden seguir siendo mercancía en el mercado de la muerte, ni botín de la necropolítica. Que la solidaridad entre pueblos se convierte en un muro mucho más fuerte que los muros de ocupación o de silencio. Decir justicia para Ayotzinapa es decir justicia para Palestina.

Decir verdad en México es también exigir verdad en Gaza. La memoria y la dignidad no se negocian, se defienden, se gritan y se siembran como semillas que tarde o temprano florecen.

Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Porque Palestina será libre y porque la justicia no tiene fronteras.

Fuente: Enlace Zapatista

3 posdatas 3

VII.- PREGUNTAS, IMÁGENES Y SENTIMIENTOS.

  ¿Cuál imagen le conmueve?

  ¿La de un niño extraviado en una multitud de adultos?  ¿La de una niña que no sabe aún que es sólo una pieza de cacería?

  ¿La de una mujer desaparecida, atrapada en el limbo de la violencia sin fin, atenida sólo a que sus cercanos le busquen porque las autoridades sólo están preocupadas por las estadísticas (las oficiales, porque la reales no se pueden manipular)?

  ¿La de una madre, con todo el dolor tatuado en el rostro, buscando a su cría desaparecida?

  ¿La de los cadáveres de infantes entre los escombros de Gaza?

  ¿La del migrante hombre, mujer, otroa (no importa el género sino el color de piel), que descubre que el terror no reconoce fronteras ni nacionalidades, y que tiene que agregar a las remesas el envío de miedo y desesperanza?

  ¿La de loa otroa, orgullosa de su ropaje de luces, con el rostro descompuesto al ver acercarse las luces rojas y azules de la policía?

  ¿La de la familia del trabajador, la empleada, el chofer, la repartidora, el albañil, la profesora, que no puede disponer del seguro porque el abogado del patrón “demostró” que el accidente que le costó la vida “no fue en horario laboral”?

  ¿La del pueblo originario (el Tata Juan Chávez nos enseñó que así se nombra a quien el de arriba llama “indio”, y que hay pueblos, naciones, tribus y barrios originarios) que mira desconcertado al que tiene su mismo color de piel pero no de corazón (ahora es funcionario -que quiere decir que tiene el color del dinero)-, que le dice algo y le entrega papeles, y ese pueblo no entiende que le están diciendo que será desalojado porque es invasor de la tierra que trabajaron sus padres y madres, sus abuelas y abuelos, sus bisabuelos y bisabuelas y así hasta siglos antes, pero que no se preocupe porque con esa mina, ese campo de fotoceldas, ese complejo turístico, esa autopista, ese tren turístico, ese centro comercial, llegará el progreso y la civilización y al fin podrá volver a ser peón de un nuevo hacendado?

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  ¿Cuál imagen le indigna?

  ¿La de Trump masturbándose mientras ve las noticias de más y más infantes asesinados en Palestina, y se imagina un complejo turístico “grande y hermoso” construido sobre los cadáveres?

  ¿La de Netanyahu declarando a la televisión internacional que Irán está atentando contra civiles con sus bombas y debería ser condenado por la comunidad internacional?

  ¿La del ministerio público que mira con morbo a la jovencita ultrajada mientras la juzga, sentencia y condena “porque con esas ropas, mija, tú te lo buscaste”?

  ¿La de la funcionaria transformadora que, para demostrar que está comprometida con las causas justas, ante la demanda de búsqueda de desaparecidas, “regala” picos y palas? (“oiga, pero las están cobrando”; “Bah, a ese precio están como regaladas”).

  ¿La del policía del ICE gringo que golpea con saña a un migrante que le dice, el rostro sangrante, que él está en la Unión Americana desde antes que ese agente naciera?

  ¿La de loa otroa, con el cuerpo roto cubierto de orines y sangre, mientras el de la cámara envía a su jefe la foto y el mensaje “va la foto del putito que quebraron”?

  ¿La del abogado que argumenta: “las leyes se estudian para saber cómo violarlas… legalmente, claro”?

  ¿La de la preclara legisladora progresista que, soberbia vana, consigue condenar a quien puso un tuit (o como se diga) diciendo lo que todos saben que es cierto, pero, al mismo tiempo, teme, humildad impuesta, que le cancelen la visa gringa?

  ¿La de funcionarios que no funcionan si no “se aceita la maquina”, o lo que es lo mismo: “with money dancing the dog”?

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 Y ¿por qué necesita esas imágenes -si es que le conmueven e indignan, claro-, para reconocerse como ser humano?

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  En la pirámide mundial, la geografía de la modernidad y el progreso, su mapa pues, es un gigantesco mural con fotos.

  Arriba: las imágenes retocadas de las distintas marcas del Gran Capital.  Pocas.

  Abajo: millones de imágenes de desaparecidas, muertos y olvidadas.  Selvas devastadas con máquinas y estupidez.  Ríos y lagunas contaminadas con las heces mortales de las mineras.  Pueblos originarios que ataño eran vida y hoy son un complejo hotelero “todo incluido”.  Las colonias marginales.  Los cielos humeantes de las ciudades industriales con piezas y engranes de carne y hueso.  Guerras donde mueren los desechables de siempre.  Un cementerio clandestino como Patria.

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  Pero tal vez no es todo.  Tal vez, ahí, en ese rincón, abajo y a la izquierda, hay quien resiste y, resistiendo, se rebela y revela.  Tal vez…

“Son las voces, los brazos y los pies decisivos,
y los rostros perfectos, y los ojos de fuego,
y la táctica en vilo de quienes hoy te odian
para amarte mañana cuando el alba sea alba
y no chorro de insultos, y no río de fatigas,”
y no una puerta falsa para huir de rodillas.”

Declaración de Odio.  Efraín Huerta (1914-1982).

Desde las Montañas del Sureste Mexicano.

El Capitán.
México, Julio del 2025.

Imágenes de preparativos para el «Encuentro de Resistencias y Rebeldías Algunas Partes del Todo» en agosto del 2025, Terci@s Compas Zapatistas
Audio: Voz y palabras de Eduardo Galeano, fragmentos de los textos «Los Ausentes», «El disfraz de la guerra», «Educación y Cultura» y «El Mundo». Entrevista de Mundo Untref, 2012.

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.

Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.

Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.

Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.

No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.

Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Compañeros y compañeras les informamos con alegría que por la irrefutable inocencia de los compañeros, se demostró de manera contundente y por las acciones persistentes de quienes se movilizaron: personas en lo individual, colectivas, organizaciones… Las exigencias de libertad total fueron irrebatibles,  así se obtuvo la libertad absoluta y se logró arrebatar de las garras del mal gobierno a las BAEZLN.

¡Por su solidaridad rebelde, que viva la resistencia por la Verdad y la Justicia!

#LibertadInmediataZapatistas #EZLN

26 de abril de 2025
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Acción Urgente: 01

• Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas.
• Nuevo ataque a la autonomía.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió información urgente por parte de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas, como se expone:

El 24 de abril de 2025, al rededor de las 15:30 horas, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas, Región Autónoma Vicente Guerrero. En un fuerte operativo conjunto con al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con personas civiles armados, realizaron cateos sin ordenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas, de manera violenta irrumpieron en las casas deteniendo a los compañeros tsotsiles José Baldemar Sántiz Sántiz de 45 años de edad y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 21 años, seguidamente el convoy continuó hacia el municipio de San Andrés Larráinzar.

Al envío de esta comunicación, las familias y el Frayba desconocemos el paradero, lo que podría constituirse como una desaparición forzada. Además durante el operativo fueron robados un vehículo, una motocicleta, un celular, dinero en efectivo, mercancía y equipo de trabajo.

Lo anterior se da en el contexto grave de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policiacas y militares, mismas que documentamos recientemente en el marco del Encuentro Rebel y Revel Arte [1] convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canek en Tenejapa y el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro; cabe destacar que en estos lugares son poco habituales los recorridos de seguridad.

Desde el inicio de este año, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciando graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policiacos y militares en donde se han violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias.

Por lo que exigimos al Gobierno Federal y Local, la presentación con vida de los compañeros Bases de Apoyo Zapatistas José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez.

A la solidaridad nacional e internacional solicitamos muestras de apoyo y exigencia de presentación con vida al Estado Mexicano.

[1] https://fryaba.org.mx/hostigamiento-vigilancia-rebel-revel

Firma la Acción Urgente para exigir al Gobierno Federal y Local, la presentación con vida de los compañeros Bases de Apoyo Zapatistas José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez.

México, 18 de marzo de 2025

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos

Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación.

1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país.
Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar en el mismo. Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado.

2. Reformas legislativas.

Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 3 obstáculo para encontrar.
Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo.

3. Nuevos protocolos.

Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro.

Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. No se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta. Por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta.

5. Estadística mensual.

Esperemos que se consolide esta propuesta, que nos permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez (al día de hoy solo lo hacen el 1%). Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable.

6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoqué a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo.

Sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Reiterando en todo momento la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema.

Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo.

La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano.

Atentamente
¡Hasta encontrarles!
Familiares de personas desaparecidas en México

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