Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.

Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.

En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.

A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:

Antecedentes Históricos (1900–1936)

• 1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
• 1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
• 1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
• 1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.

Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)

• Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
• En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
• Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.

Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)

• En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
• Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
• Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.

Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)

• El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
• Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
• Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).

Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)

• En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
  • Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
  • Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
  • El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.

Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)

• Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
• Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
• Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.

Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)

• Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
• Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
• El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
• Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.

Demandas del Ejido

• Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
• Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
• Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
• Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.

DENUNCIAMOS TORTURA Y AGRESIONES SEXUALES
EN CONTRA DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ÑHÖÑHÖ (OTOMÍ)
DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN, QUERÉTARO.

A nuestras hermanas y hermanos del pueblo ñhöñhö (otomí) de Santiago Mexquititlán, Querétaro:
Al Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán:

A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional repudiamos la violencia policiaca con la que fueron arrestados y torturados nuestros hermanos ñhöñhö Estela Hernández, Sergio Chávez, Jesús Torres, Leonardo García y Martín Álvarez y dos personas más cuya identidad no hemos podido establecer; en cuyos cuerpos se concentraron el odio y el racismo que caracterizan al gobierno de Mauricio Kuri en Querétaro, así como se concentran en nuestra Madre Tierra y en los pueblos originarios el despojo y la destrucción que nacen del estado mexicano y sus instituciones.

El día de ayer, miércoles 4 de junio, en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, la Policía Estatal de Querétaro (POES),realizó una redada totalmente ilegal. en la cual realizó la detención arbitraria de 6 personas, la mayoría jóvenes, sin haber cometido delito alguno.

Ante este abuso de autoridad, la compañera Estela Hernández, miembro del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, delegada del Congreso Nacional Indígena e integrante de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se trasladó al DIF municipal, lugar a donde los detenidos fueron trasladados. Al preguntar por el motivo de la detención y por la integridad física de los compañeros detenidos, un grupo de al menos 10 policías detuvo y agredió física y sexualmente a la compañera. Además de los golpes, le expresaron violentamente que “ya estaban hartos de ella”, lo cual evidencia que el ataque tiene claras intenciones de amedrentar el trabajo de defensa del territorio y de los derechos humanos que nuestra compañera realiza.

 Casi 5 horas después, todos los compañeros fueron liberados gracias a la acción del pueblo y a la solidaridad de organizaciones, colectivos y personas que mostraron su indignación y exigieron su libertad inmediata.

El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán ha sido reprimido y agredido sistemáticamente por evitar la privatización del agua en Querétaro, por frenar la devastación de su territorio y por no someterse a los proyectos coloniales de muerte. Hoy nuevamente es agredido con el sello del desprecio, unas horas después de haber anunciado su asamblea comunitaria en defensa del agua para el sábado 14 de junio, lo que parece incomodar a quienes desde el poder actúan como criminales.

¿Por qué detuvieron a la compañera Estela y a los demás compañeros de Santiago Mexquititlán? Porque en Querétaro el racismo es el protocolo policiaco por excelencia. Porque el mal gobierno sólo conoce desprecio hacia los pueblos originarios. Porque al mal gobierno sólo le gustan los indígenas sumisos y funcionales a sus crímenes, no los que luchan por la vida. Porque para el mal gobierno la dignidad es peligrosa.

Para los jóvenes la cárcel y levantones, para las mujeres indígenas que defienden su territorio y construyen autonomía en sus comunidades los golpes y la tortura física y sexual. Vivir en comunidades indígenas, trabajar honestamente, documentar violaciones a los derechos humanos, defender al territorio y levantar la voz son delitos para el estado.

La presencia del ejército en la manifestación pacífica que pobladores de Santiago Mexquititlán y comunidades aledañas realizaron en las inmediaciones del DIF de Amealco, Querétaro, para exigir la libertad de nuestros compañeros, es una muestra más de la guerra generalizada que se vive en el país, la muestra de que las fuerzas armadas están para callar al pueblo organizado en defensa de la vida y la libertad. Es esta la verdadera cara de la cuarta transformación, la que exhibió hace unas semanas al secuestrar y detener arbitrariamente a nuestros compañeros Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez en la comunidad tzotzil de Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas.

Exigimos un alto total a la violencia racista y de género por parte del Estado, a la guerra de exterminio desatada contra los pueblos de México; llamamos a los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes y a la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, a estar alertas y organizados en contra de esta guerra y de estas acciones represivas dirigidas hacia los pueblos originarios que en México y el mundo entero resisten la tormenta capitalista.

Esta violencia se da en un momento en que la llamada “4T” festina a un ministro supuestamente indígena y presume el respeto a los derechos de los originarios.  Ese señor, junto con su cómplice Adelfo, es otro “indígena” de maniquí en el aparador de la 4T, parte de la escenografía de cartón piedra que la nueva comedia de “La Señora Presidenta” presenta allá arriba para su propio consumo.  Sin importar el color político, allá arriba es el mismo PRI de siempre.  El cambio es que pasaron de lo obsceno a lo francamente pornográfico, como sus chats de redes sociales.  La compañera Estela es quien, hace años, acuñó la frase de “hasta que la dignidad se haga costumbre”, pero en los malos gobiernos la costumbre sigue siendo la hipocresía.

Seguirá siendo la fuerza de los pueblos la que arranque la libertad de nuestros hermanos y hermanas, la que sostenga la dignidad ante esta guerra de exterminio. Abrazamos a nuestros hermanos ñhöñhö que luchan y resisten incansablemente por el agua, la vida y la libertad.

ATENTAMENTE
JUNIO DE 2025

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e internacional
A las organizaciones sociales, solidarias y de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los pueblos indígenas de México y del mundo

En el marco de los 15 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola:

Hoy se cumplen 15 años de impunidad. Quince años desde el asesinato de Bety y Jyri. Y, fieles a la costumbre —y a la necedad necesaria de mantener viva la memoria— volvemos a esta fecha con la misma dignidad herida, pero inquebrantable.

En esta era digital, nuestros compañeros han sido convertidos en un código QR, un mensaje de WhatsApp, una aplicación, una canción, un video que recorre el mundo, una foto desgastada, una exposición gráfica. Pero no son solo eso: son una voz que resiste en el tiempo, en la memoria de quienes nos negamos a olvidar.

En estos 15 años hemos transitado el abecedario entero —de la A a la Z— recorriendo cada rincón donde nos fue posible estar, pidiendo justicia. A veces hallamos un espacio cálido, un rostro amable que supo escuchar lo que debía ser Justicia; pero la mayoría de las veces solo encontramos la eterna burocracia, la mentira, la indiferencia. Las banquetas fueron nuestro lugar de diálogo, nuestras aulas, nuestras plazas públicas: en huelgas de hambre, en marchas, en bloqueos, en esperas interminables ante funcionarios públicos y “autoridades” de cualquier nivel. De ellos nunca esperamos nada. Y el tiempo solo nos ha confirmado que la justicia institucional en México es un fracaso.

Han pasado 5475 días, casi nada, para decir —con palabras firmes y heridas abiertas— que el sistema judicial, en el que aún millones de mexicanos depositan su esperanza, está diseñado para perpetuar el ciclo de la eterna impunidad. ¿Qué nos dirán en otros 5475 días? Tal vez, si acaso, algo resuelva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy sabemos que si no hubiéramos vivido esta injusticia, tal vez seguiríamos creyendo en el cambio posible, en la escucha, en la reparación. Pero no: esa justicia no ha llegado y no llegará de quienes ocupan el poder. Gobiernos van y vienen, pero las prácticas siguen siendo las mismas: censurar, amordazar, criminalizar la palabra de quienes luchan y exigen justicia.

Y mientras tanto, la guerra contra los pueblos indígenas no se detiene: se agudiza, se profundiza. Denunciamos el ataque constante contra los territorios autónomos, contra quienes defienden la vida frente a los megaproyectos de muerte. Hoy, en particular, exigimos el alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas, contra la comunidad de Ostula en Michoacán, y contra todas las resistencias indígenas del Istmo y todo México.

Arde la rabia al ver cómo los que alzan la voz son asesinados o desaparecidos: Marco Antonio Suastegui , María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, Alin Isaday Salas Isidro, Samir Flores Soberanes, Sergio Rivera Hernández… y tantos, tantos nombres más.

¿Qué puede cosechar un país que siembra violencia, sangre e impunidad?

A 15 años, con memoria viva, con la dignidad intacta y con la rebeldía que no se rinde, seguimos exigiendo:

¡Justicia para Bety y Jyri!
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!
¡Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y contra Ostula!
¡Justicia para todos los luchadores y luchadoras sociales!
Justicia para los asesinatos!
¡Presentación con vida de los desparecidos!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Ni olvido ni perdón!

Por decisión de Asamblea General de Autoridades, el CSIM realizará tomas de carreteras de forma pacífica en todo el estado, para exigir el derecho de consulta sobre medidas legislativas que afectan a los pueblos indígenas, la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Indígena de Michoacán, presentada por el Gobernador es discriminatoria, toda vez que únicamente establece la entrega del presupuesto directo estatal a 40 comunidades que tienen autogobierno, discriminando a 460 comunidades que no se rigen por usos y costumbres.

A continuación, la solicitud de consulta presentada al Congreso del Estado:

Por Fortino Domínguez Rueda^[1] 

Desde nuestra vivencia sabemos que no se impugnaron las relaciones coloniales de opresión después de que los procesos de independencia edificaran el Estado-nación mexicano. La Colonia culminó en términos formales y jurídicos y obtuvo reconocimiento internacional, sin embargo, la colonialidad ha persistido hasta el día de hoy. De esta suerte el Estado se revela como uno de los instrumentos de dominación mejor articulados para el sostenimiento del sistema capitalista mundial, donde una característica que resalta para el caso de México y de su último sexenio, es la participación activa de miembros de pueblos indígenas que pretenden construir el rostro indígena de la actual administración estatal, y quienes en conjunto con la élite blanca gobernante son los “nuevos” capataces de la finca llamada México. Historias locales y diseños globales configuran la experiencia de sometimiento y opresión, así como de resistencia que cada pueblo ha levantado para persistir a los embates del Estado a lo largo del planeta. 

En México hace 30 años (1994) un nuevo ciclo de luchas y resistencia indígena se hizo presente. El levantamiento armado del EZLN cimbró al planeta entero y mostró el proyecto civilizatorio maya que como hace miles de lunas, sigue hoy, asegurando la vida y creando opciones en tiempos de muerte y destrucción que arroja la crisis civilizatoria que enfrentamos como humanidad.  

A lo largo de estas tres décadas hemos presenciado la aparición de discursos, políticas públicas, modelos educativos y la discusión sobre la diferencia étnica en México, las cuales sufrieron una transformación radical a partir del levantamiento armado del EZLN. Esta bifurcación histórica transformó las maneras de nombrar, visualizar y pensar a los pueblos indígenas, de ello ineludiblemente se desplegó un renovado indigenismo de Estado con raíz colonial, pero con discurso multicultural e intercultural, con perspectiva de género, interseccional y descolonizante; sin embargo, los discursos desde el Estado, no han logrado detener la guerra de conquista y exterminio que azota a nuestros pueblos y a todo el país.  

En las geografías del México de abajo se reconoce desde hace mucho tiempo que el ejercicio de la autonomía y la reconstitución integral de nuestros pueblos son un buen comienzo para impugnar el colonialismo histórico. Por su parte, en los calendarios del poder de arriba se buscó incluir en el lenguaje lo referente a la diversidad. Fue así como a la luz del neoliberalismo, la diferencia étnica, la multiculturalidad e interculturalidad se convirtieron en parte del paquete discursivo de políticos, científicos sociales, ONGs, universidades e indígenas afines a los partidos políticos y a los gobernantes en turno. Durante el último sexenio se consolidó un nuevo consenso alrededor del Estado en México. Hubo un reajuste en la relación del Estado y los ciudadanos. La serie de reformas que en la actual administración se articulan son para hegemonizar ese cambio en el Estado mexicano. En otras palabras, la máquina que perpetúa la muerte en el país necesita una modificación, ya que el capitalismo “no puede parar”.   

A esto, debemos sumar la situación de la cooptación, imbricada con los intereses de poder de personajes indígenas, lo cual ha dado como resultado no solo la creación de indígenas permitidos, como lo nombramos en 2019, sino también ha consolidado una clase de políticos profesionales indígenas que buscan corporativizar y tener fichas para negociar en el nuevo reacomodo de fuerzas. Sí, así justo como en el pasado con el INI, CDI y ahora el INPI de la “4D”, o sea, la Cuarta Destrucción. 

Si bien el Estado y sus instituciones siempre están en una constante subsunción retórica hacia las demandas de los pueblos, ahora podemos observar cómo durante este sexenio, se registra la adopción de un lenguaje técnico y de una indumentaria por parte de los miembros de la “izquierda ilustrada e institucional” que ahora sirve a los gobiernos en turno. Observamos un uso políticamente correcto de las demandas históricas de los desposeídos, se enarbolan las demandas y frases emblemáticas de los movimientos indígenas. Afuera de sus palacios y de las mañaneras, la realidad es diferente a la percibida por los gobernantes étnicos en turno.

Por tanto, ante la constante cooptación del lenguaje y la disputa narrativa conviene señalar que una cosa es la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) impulsado por el INPI con su actual director Adelfo Regino, quien es calificado como traidor al movimiento indígena; y otra cosa es el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), sí, así mero con C, y que nació a mediados del 2017 como una iniciativa del EZLN – CNI presentada en 2016. El primero corre sobre los rieles del tren del progreso con dirección a la catástrofe y el otro teje la vida desde abajo y a la izquierda. 

De ahí que no nos resulte extraño las limitantes de la hoy tan “controvertida” Reforma Constitucional y Legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, puesto que nació muerta. Solo basta recordar el año 2001 para tener claro que el Estado tuvo una oportunidad para cumplir los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 y no estuvo a la altura. Por ello, el movimiento indígena desde el espacio del Congreso Nacional Indígena CNI y el EZLN decidieron romper el diálogo y enfocarse en lo que seguía para sus pueblos. Lo anterior decantó en el ejercicio de la autonomía por la vía de los hechos, ejemplo paradigmático fue la creación de los caracoles en 2003 por el EZLN, así como la recuperación de tierras de la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoacán en 2009. Muchos argumentan desde el púlpito del poder que ahora el Estado sí cumplió y que por ello la reforma va. Olvidan que no puede venir la vida de la máquina de muerte que es el Estado y esa enseñanza la miramos todos los días en nuestros pueblos y a través de las madres buscadoras. Por otra parte, es necesario señalar que en ese 2001, algunos cuantos decidieron aceptar la oferta del poder y con ello participar en los partidos políticos. De ese tiempo viene la traición de Adelfo Regino.

Sumado a lo anterior, recordar que desde el 2019, cuando el INPI y su actual director Adelfo Regino convocó a foros regionales a lo largo de la república mexicana, lo hizo bajo la bandera de que esta iniciativa cumpliría los temas que quedaron pendientes en los Acuerdos de San Andrés, y paradójicamente continuaron legitimando una política de militarización en Chiapas y de todo el país. Con la mano derecha crean “nuevas leyes” —estirando y lucrando con las demandas—, con la mano izquierda reprimen a los que se organizan y con ambas aplauden el festín de la élite gobernante.

Pero incluso antes de que fuera “descafeinada”, ya desde el 2019 en el foro nacional fue discutido el punto referente a Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los Pueblos Indígenas, puesto que uno de sus principios marcaba abiertamente la supeditación de los pueblos: Reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, salvo aquellos considerados estratégicos para la Nación, para estipularse en la modificación de la fracción VI del apartado A. del Artículo 2° y en la adición de un párrafo segundo a la misma. Un punto nada desdeñable considerando que los recursos estratégicos para la nación son: el petróleo, los minerales, la energía nuclear, los ferrocarriles y la petroquímica básica.

Por otro lado, las instituciones del Estado mexicano confirmaron una vez más que llegan tarde, sin actualización y sin querer reconocer las formas que los pueblos despliegan para asegurar la vida día con día. O sea, estamos ante la presencia de una mezcla entre una etnicidad S.A. de C.V. al servicio del Estado mexicano y revestido de progresismo ilustrado del siglo pasado, lo cual es perfectamente combinado con la participación en cargos públicos, y con todo ello, nos quieren hacer creer que las demandas de los pueblos en lucha han sido cumplidas y que ahora todo cambió. Hace un año el CNI señaló: 

México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y las cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el Congreso Nacional Indígena CNI (CNI, 2023).

Las cifras del colapso y la destrucción son claras. Ante la oscuridad que va adquiriendo la tormenta, es nuevamente necesario continuar con los trabajos de base, escuchando la palabra, reconociendo y enlazando dolores; es decir, llevar la organización a nuestras vidas, con nuestras familias, vecinos, amigos, miembros de la comunidad.

Por último, no debemos olvidar que es necesario dejar constancia en la historia de quien decidió servir al amo y quienes decidieron caminar por abajo y en colectivo.    

^[1] Zoque de Chapultenango, Chiapas, México. Historiador, antropólogo e integrante del Centro de Lengua y Cultura Zoque.

EN APOYO A NUESTROS HERMANOS ORIGINARIOS EN GUERRERO

Octubre del 2023.

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO:
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Con mucha consternación hemos visto como el huracán Otis golpeó con furia inusitada las costas del estado de Guerrero, provocando la muerte de decenas de seres humanos y la destrucción de pueblos y ciudades. Nuestrxs hermanxs de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en el municipio de Coyuca, estado de Guerrero, e integrantes del Congreso Nacional Indígena, nos han informado del daño que este huracán ha causado en las comunidades indígenas y campesinas de dicho estado y en particular en los pueblos de la Costa Grande de dicha entidad.

Este huracán no es un fenómeno atípico, como lo señalan los medios de comunicación y los malos gobiernos, es producto directo de la destrucción provocada por el capitalismo, por el daño, cada vez mayor, que las grandes empresas y las políticas de los gobiernos, provocan a nuestra Madre Tierra. Lo atípico no es el huracán, lo atípico es este violento sistema que se sostiene con base en guerras, en pandemias y en la explotación y el despojo descarnados de millones y millones de seres humanos y de la naturaleza.

Frente a estos acontecimientos tan graves ocurridos en Guerrero, observamos como el gobierno de la mal llamada cuarta transformación concentra sus apoyos en los grandes hoteleros y comerciantes del puerto de Acapulco, mientras se olvida de las miles de familias pobres, principalmente campesinas, que están siendo afectadas por Otis.

Sabemos que, como acostumbran los malos gobiernos, éstos van solo a burlarse de nuestro sufrimiento, a tomarse una fotografía sobre los escombros y a lucrar sobre el dolor de los pueblos en desgracia, por lo que llamamos a los hombres y mujeres de buen corazón, a los colectivos de la Sexta Nacional e Internacional y a los pueblos de México y del mundo, a solidarizarnos y a concentrar alimentos no perecederos y medicamentos en apoyo a los pueblos originarios del estado de Guerrero afectados, en el domicilio de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, ubicado en Av. México-Coyoacán 343 colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CP03330, así mismo llamamos a  realizar depósitos y transferencias bancarias en apoyo a estos pueblos y comunidades en la cuenta Número 0113643034, CLABE 012540001136430347, código SWIFT BCMRMXMMPYM, del banco BBVA México a nombre de: Ciencia Social al Servicio de los Pueblos Originarios.

MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 2023

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL