Al Congreso Nacional Indígena

A la Comunidad Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los Medios de Comunicación Libres

Presente.

Los pueblos originarios del Municipio de Juan C. Bonilla, integrados por San Mateo Cuanala, San Lucas Nextetelco, San Gabriel Ometoxtla y Santa María Zacatepec, así como la colonia José Ángeles.

Manifestamos.

En el marco de la lucha por la defensa de la tierra y el agua, como pueblos originarios de México, damos a conocer que por acuerdo de la asamblea general de pueblos del 31 de Octubre de 2019, se determinó presentar ante el Congreso del Estado. La solicitud para la revocación del mandato del actual presidente municipal y su ayuntamiento. Por la violación de acuerdos ya establecidos en la asamblea municipal realizada el día 14 de Agosto de 2019, en la cual firmaba su negativa a la descarga de los desechos tóxicos en el RÍO METLAPANAPA, producto del Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona Industrial de Huejotzingo, Puebla, conocido como “CIUDAD TEXTIL”

A continuación se hace una cronología de los acontecimientos en los cuales el C. Joel Lozano Alameda ha faltado a los acuerdos establecidos por la población además de violar los derechos de los ciudadanos.

13 de Agosto de 2019.

En una reunión en la presidencia auxiliar de Santa María Zacatepec, en compañía de delegados de Gobernación, a manera de amenaza, expreso su inconformidad ante la difusión de información sobre el problema de las descargas toxicas en el rio Metlapanapa, cuartando nuestro derecho a la libertad de expresión.

14 de Agosto de 2019

Ante las múltiples solicitudes del pueblo, el C. Joel Lozano Alameda, acepta una asamblea municipal, en la cual en compañía de unos cuantos de sus regidores y los presidentes auxiliares, firma dando su negativa a dicho proyecto, acuerdo que posteriormente rompe e ignora.

En esta asamblea, fue la primera vez que se presentaron los “ingenieros” tratando de engañar a los pobladores, presentando información falsa.

24 de Septiembre de 2019

Alrededor de las nueve de la mañana se presentó la maquinaria a la altura del puente Metlapanapa, para iniciar labores de construcción de dicho drenaje, en compañía de un aproximado de 50 elementos de la policía federal, así como dos tanquetas de la Guardia Nacional. El C. Joel Lozano Alameda no se presentó.

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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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Siguen las manifestaciones sin precedente en Chile contra el régimen político – económico que encabeza el empresario y presidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique, acusado de violar derechos humanos y de acciones gubernamentales de facto, quien además es anfitrión de dos cumbres internacionales en noviembre y diciembre (Apec y COP25).

Este domingo nuevamente se realizaron masivas manifestaciones en todo el País, continuando este lunes activamente. Más de 100.000 personas se movilizaron en Viña del Mar y Valparaíso, considerada histórica, quienes se dirigieron al Congreso de la República y fue reprimida para impedir el paso al edificio legislativo.

El presidente firmó este domingo los decretos que suponen el levantamiento del estado de excepción en todo Chile a partir de las 0.00 horas de este lunes, 28 de octubre, con ello logrando las masivas manifestaciones la retirada de los militares de las calles, terminando así el toque de queda que afectaba a numerosas localidades en el País, luego de una serie de asesinatos, torturas, violaciones, abusos y miles de heridos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), órgano autónomo del Estado, mantiene un formulario en sitio web para recibir denuncias relacionadas a violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del estado. Amnistía Internacional anunció comisión investigadora para documentar las violaciones a los derechos humanos. A su vez, impulsó una campaña denominada: “Presidente Piñera, detenga ya la represión contra manifestantes en Chile”. Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que decidió convocar por oficio la audiencia pública “Situación de derechos humanos en el contexto de la proteste social en Chile”. La audiencia tendrá lugar el 11 de noviembre de 2019, de 17:00 a 18:00 (hora local en Quito), en el marco del 174 Periodo de Sesiones, a realizarse del 8 al 14 de noviembre de 2019, en Quito, Ecuador.

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Hoy por la mañana, el juez del Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, dictó sentencia por el delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Dicha sentencia es injusta ya que durante el juicio no se probó dicho delito por lo que los compañeros son víctimas de criminalización por la defensa de su Autonomía y territorio.

Para la defensa legal esta claro que emitieron la sentencia con pruebas inconsistentes “es claro y notorio que los hechos se contradicen en las declaraciones de los testigos, quedo muy claro que declararon con falsedad y de manera contradictoria” dice Alejandro Chavez Rojas abogado defensor.

La defensa apelará la sentencia, una vez que el juez la dicte y se las envíe por escrito, lo cual tiene que ocurrir en los siguientes 5 días. “Apelaremos para los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada por los magistrados” dice Jesús Casares Ramirez, abogado defensor.

Según el Código Penal del Estado de Michoacán, el delito de sabotaje es cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público. El  abogado Jesús Casares explica que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenían y los siguen teniendo el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por lo tanto, al tener los bienes,  en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad. Al contrario, el Ayuntamiento de Nahuatzen interfiere en las funciones del Consejo Indígena por el retiro arbitrario de los recursos económicos como meterse de manera arbitraria en las instalaciones.   Esta claro que las instalaciones del DIF son parte del patrimonio de la cabecera municipal, que son administradas por el gobierno autónomo de Nahuatzen. La sentencia no se apegó a derecho y haremos valer los recursos que dictan la ley para el resultado sea favorable una vez  que otras autoridades de superior jerárquico revisen las pruebas”.

El delito de sabotaje es el más común usado por los Estados para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) estas sentencia es una amenaza a su Autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.

El CCIN, están realizando movilizaciones para exigir la liberación de José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Mañana estarán realizando un acto para medios de comunicación a las 10 am en la Representación del estado de Michoacán en la CDMX, ubicado en Calle Kansas 48, Colonia Nápoles.