Pueblos Indígenas
Violencia minera contra el pueblo Munduruku en Brasil
COMUNICADO URGENTE DE LAS ORGANIZACIONES DE RESISTENCIA DEL PUEBLO MUNDURUKU
El pueblo munduruku pide responsabilidad a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región.
Esta mañana se produjeron manifestaciones a favor de la minería ilegal, incentivadas por el municipio de Jacareacanga, y dirigidas contra los grupos de la Fuerza Nacional y de Policías federales desplegados en la región. Los manifestantes intentaron quemar los equipos de las policías, y fueron respondidos con bombas de gas. Como los mineros y los grupos indígenas cooptados no pudieron con la policía, fueron a atacar las casas de nuestros líderes.
Fue allí donde la violencia contra nuestro pueblo traspasó todos los límites. Esta tarde, 26 de mayo, alrededor de las 12:30 horas, la aldea Fazenda Tapajós, donde vive la coordinadora de la asociación Wakoborun, Maria Leusa Kaba, fue invadida por mineros armados y atacada, disparándose contra las casas y las personas. Se incendiaron dos casas, la propia casa de la coordinadora y la de su madre, jefa de la aldea. La información es que nadie resultó herido, pero todos están en estado de shock.
La promesa ahora es ir a la aldea de Ademir Kaba y Ana Poxo, líderes de nuestro pueblo, y hacer lo mismo. Necesitamos operativos policiales para arrestar a los criminales que nos atacan y mantener a salvo a nuestros líderes para que realicen su trabajo, y expulsar a los invasores de nuestras tierras, de lo contrario esto nunca terminará.
Es inaceptable que aún con la presencia de la Fuerza Nacional en la región, la aldea de uno de nuestros principales líderes haya sido invadida por hombres armados que transportaban galones de gasolina, y que incitan al odio contra todos nosotros. Tememos por la vida de quienes luchan incansablemente por defender la vida del pueblo Munduruku y el futuro de todos en este planeta.
Al defender el río limpio y el bosque en pie, estamos siendo víctimas de la política de muerte de este Gobierno, que nos deja a merced de mineros armados dentro de nuestro propio territorio.
Hacemos un llamado urgente a la presencia de la Policía Federal para prevenir más violencia, asesinatos y masacres resultantes del fomento de las actividades mineras ilegales y de la impunidad de los delincuentes, como vemos que está sucediendo en los Yanomami y Mundurukania.
Nuestra gente solo quiere VIVIR EN PAZ y QUE NUESTROS DERECHOS SE RESPETEN. No somos nosotros los que pedimos violencia. Solo pedimos la protección de nuestras tierras y de las vidas indígenas por parte del Estado, como lo manda la Constitución Federal. Gritamos por ayuda.
FIRMAN: Movimiento Munduruku Ipereg Ayu, Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborun, Asociación Da’uk, Asociación Arikico, Concejo Indígena Alto Tapaós Munduruku – CIMAT
Solicitamos al Estado brasileño garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en las comunidades.
Más información del Movimento Munduruku aquí: https://bit.ly/3vz0ssu
Continuidad de la Iniciativa Mérida en el gobierno de López Obrador
Por Santiago Navarro F
Un informe del congreso de los Estados Unidos, llamado “Evolución de la Iniciativa Mérida, 2007-2021”, reconoce que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los gobiernos que le antecedieron, quienes desplegaron la llamada “guerra contra el narcotráfico”, rechazó considerar como una “guerra” los objetivos trazados en la llama Iniciativa Mérida. No obstante, afirma el documento, “López Obrador respaldó las reformas constitucionales para permitir la participación militar en la seguridad pública durante cinco años más”, siguiendo así los objetivos de la Iniciativa Mérida.
La Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación bilateral, fue lanzada desde Washington en el año 2007 y aún se ejecuta hasta el día de hoy. Hasta octubre del año 2020, el gobierno de EEUU ha desembolsado 3300 millones dólares con este programa, una asociación sin precedentes en materia de seguridad que ha brindado, por parte de EEUU, entrenamiento militar, venta de armas, equipo bélico, como helicópteros y la incidencia en las estructuras encargadas de impartir justicia en México.
Entre otros objetivos, pretendía “desmantelar las redes de las organizaciones criminales”. Además, señala el documento, “el gobierno mexicano se comprometió a combatir la corrupción. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a abordar la demanda de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego y divisas a granel hacia México”.
Aunque el propio informe sostiene que los resultados demuestran que no se han cumplido con esos objetivos. “La impunidad por la corrupción pública continúa en México”, afirma el documento.
El informe del 2019 del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS por sus siglas en inglés) estima que, desde 2006, más de 150 mil personas han muerto en México como resultado del crimen organizado. Aunque los datos oficiales del gobierno mexicano alcanzan cifras de más de 250 mil personas muertas durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero, además, las fracciones de los grupos criminales en el territorio mexicano se han fortalecido y han alcanzado una presencia transfronteriza.
Por otra parte, el documento del congreso estadounidense puntualiza que, en lugar de que el gobierno mexicano reforzara a la Policía Federal, que “recibió equipo y capacitación estadounidense, el presidente López Obrador obtuvo la aprobación del Congreso para la creación de una nueva Guardia Nacional (compuesta en su mayoría por militares y ex policías federales)”, abunda el documento.
Esta medida fue asumida mediante un decreto presidencial emitido el 26 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que las Fuerzas Armadas asumirían la función de policía para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. “Esta medida se ha tomado hasta que la Guardia Nacional consolide su estructura”, anunció en su momento el mandatario mexicano.
Este cuerpo policiaco de corte militar fue desplegado para asegurar oleoductos, reafirmar el control territorial en áreas de alta criminalidad, pero, sobre todo, para “asegurar las fronteras de México”, remarca el Congreso estadounidense.
Ver También ⇒ Fuerzas Armadas en México tendrán función de policía
Esta medida fue establecida en función del acuerdo de la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras
México también reafirmó su compromiso para trabajar con Estados Unidos en los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP y, “crear un grupo de trabajo de alto nivel en materia de seguridad, que incluía la Iniciativa Mérida como parte de los esfuerzos bilaterales”, agrega el informe.
López Obrador está listo nuevamente
Para miles de mexicanos que fueron afectados directa e indirectamente por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que es sinónimo de la Iniciativa Mérida, esta estrategia ha sido un rotundo fracaso. No obstante, advierte el documento del parlamento estadounidense, la administración de López Obrador “ha señalado que está lista para replantear aspectos de nuestra cooperación de seguridad bilateral, lo que podría convertirlo en un momento oportuno para reemplazar la Iniciativa Mérida con un marco de seguridad más amplio que abarque la asistencia para el desarrollo”, aunque no se detalla el rumbo que tomará este acuerdo bilateral.
Según el gobierno estadounidense, su prioridad es “proteger y ayudar a los ciudadanos estadounidenses en México”, ya que México es el destino extranjero más popular para los turistas provenientes de EEUU.
Pero, la propia Oficina de Inspección de la Embajada en la Ciudad de México asegura que la relación México-Estados Unidos se basa en que México es el tercer socio comercial más grande de los EEUU. Es el segundo mercado más grande que absorbe exportaciones estadounidenses y el tercer proveedor más grande de petróleo crudo. En promedio, Estados Unidos intercambia $ 1 millón en bienes y servicios por minuto con México. Estados Unidos es el mayor inversor extranjero de México; más de 18 mil empresas estadounidenses operan en territorio mexicano.
Además, con su política del combate al crimen organizado, en el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de EEUU busca enmarcar a México en su política de ayuda humanitaria en contextos de crisis ambientales y climáticas. “Los desastres naturales, incluidos terremotos, huracanes y erupciones volcánicas, son frecuentes en México y requieren una acción rápida e integral por parte de Misión México para proteger a los ciudadanos estadounidenses”, abunda el documento.
La estrategia de la “Ayuda Humanitaria” de los EEUU ha sido desplegada en todo el continente americano y está enmarcada en la llamada Estrategia del Teatro 2017-2027. “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala la estrategia presentada en un primer momento por quien fue jefe del Comando Sur, Kurt Walter Tidd.
Con esta estrategia se han llevado a cabo diversos acuerdos de cooperación en materia de inteligencia y seguridad con los considerados países socios de los Estados Unidos.

















