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Tlachinollan

Libres 6 autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC

·       Otra grieta a las acusaciones falsas del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena.

·       Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia.

·       Las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

·       Las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos. 

Ayutla de los Libres, Guerrero a 12 de mayo de 2016.-  El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

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Argelaga

En Grecia, fábrica recuperada es ejemplo de alternativa autogestiva frente a la crisis

Video traducido y subtitulado al castellano por compañeros de CAS, sobre la experiencia de la fábrica recuperada de Vio Me en Salónica.

Dicha fabrica no solo supone un ejemplo para la recuperación y autogestión de otras fábricas en quiebra u ocupadas, sino que se ha convertido en un espacio de solidaridad en el que se ha creado un consultorio autogestionado de salud y sirve también de almacén para centralizar las ayudas a los refugiados.

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CNI | EZLN

CNI y EZLN se pronuncian contra represión en Xochicuautla y Ostula

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A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

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CUSLAR-Cornell University

(English) Berta Cáceres killing was a sympton, not an isolated incident

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

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Agencia Subversiones

El Okupa Che: un espacio autónomo se defiende

Texto y fotografías: Carolina S. Romero

Hay un territorio liberado dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se llama auditorio Che Guevara. Conocido hace medio siglo como el auditorio Justo Sierra, su nombre fue cambiado por los estudiantes en la huelga de 1968 y tres décadas después fue tomado en la huelga estudiantil de 1999-2000. Perdido brevemente luego de la invasión de 2,500 policías federales militarizados a la UNAM el 6 de febrero del 2000, el auditorio fue retomado unos meses después. Desde entonces, varios grupos se han encargado de mantener el espacio.

El auditorio, ahora nombrado OkupaChe, se define como un espacio autónomo de trabajo autogestivo, un espacio del pueblo que se conforma de varios colectivos e individuos.

Ahí puedes disfrutar de una deliciosa comida vegetariana, encontrar algo interesante para leer en la Fanzinoteca, escuchar las últimas noticias en Radio Desobediencia, ver una buena obra de teatro del Ollin Company, aprender de la medicina alternativa, participar en un debate sobre un tema de relevancia social, ayudar a pintar uno de los murales que adornan las paredes, cultivar hortalizas orgánicas, asistir a una asamblea, ir a un buen toquín o participar en talleres de software libre, danza, tambores, medios libres, diseño gráfico, teatro callejero, artesanías o idiomas, entre muchas otras opciones. Ahí se organizan actividades libertarias y anarquistas, igual que eventos en apoyo a las luchas de pueblos, el zapatismo, los presos y presas políticas, las luchas estudiantiles, y los proyectos autónomos.

Lo que NO encontrarás en el OkupaChe es capacitación para ser el ejecutivo de una gran empresa transnacional o un policía de investigación o inteligencia, o un senador, diputado, magistrado o jefe de un podrido partido político. Ahí se ofrece educación para vivir con dignidad en un mundo tambaleante, es decir, el  mundo actual.

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Asamblea Comunitaria Amilcingo, Morelos

Amilcingo, Mor. rechaza elecciones mediante votación y defiende a su Asamblea Comunitaria

AL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL DE TEMOAC,

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION,

A LOS PUEBLOS DEL ESTADO DE MORELOS,

A LAS ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS,

A LA CIUDADANIA EN GENERAL,

El día de hoy 18 de marzo del año en curso, los integrantes de la asamblea comunitaria de la comunidad de Amilcingo, Temoac, Morelos, al dar cumplimiento a los acuerdos establecidos el día 17 de marzo en la asamblea, en donde se decidió actuar ante la imposición del voto a través de casillas, cuestión que viola los usos y costumbres de nuestro pueblo indígena, por lo que se hizo valer la decisión de la asamblea impidiendo un acto ilegítimo.

Seguimos reiterando que somos un pueblo indígena que pide que se respeten los acuerdos establecidos dentro de nuestros usos y costumbres, haciendo valer la voz de todos y todas. Así fue que en la asamblea general después de analizar diferentes propuestas decidimos accionar estrategicamente ante la imposición de la elección del Ayudante municipal de la comunidad y no permitir la instalación de la casilla. Ya que estas elecciones violentan nuestros derechos como comunidad indígena, donde la mayoría pidió elecciones a través de usos y costumbres.

A partir de las 5:00 am una comisión de voluntarios realizaron guardia por las calles principales de la comunidad, esto con la finalidad de no ser sorprendidos con la instalación de las casillas. Fue así que a partir de las 7:00 am se comenzaron a dar comisiones a los pobladores para resguardar la integridad de nuestro en los puntos estratégicos, siempre teniendo presente el realizar dichas actividades de manera pacífica sin agresión física ni verbal, actuando colectivamente y demostrando que la unión hace la fuerza.

Hoy evitamos que se legalizara la imposición a nuestro pueblo, esta acción es legítima porque estamos defendiendo nuestros derechos indígenas. El gobierno municipal debe respetar nuestra decisión, dejar de invalidar la posición del pueblo y reconocer a nuestros ayudantes. En nuestro pueblo no hay condiciones para realizar elecciones por urna porque simplemente no reconocemos otra forma de elegir a nuestra autoridad sino es en la asamblea comunitaria.

Exigimos al gobierno estatal, a la comisión de asuntos indígenas del Congreso del estado y a la presidenta municipal Edith Cornejo, que cumplan con su responsabilidad de reconocer nuestro derecho a elegir por usos y costumbres a nuestras autoridades. De no ser así los responsabilizamos de cualquier agresión física o psicológica hacia miembros de la asamblea.

No somos un pequeño grupo, somos el pueblo de Amilcingo y estamos organizados, no vamos a permitir que se pisotee nuestra dignidad.

ASAMBLEA COMUNITARIA GENERAL DE AMILCINGO

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Radio Zapatista

La lucha por la tierra de San Isidro los Laureles

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Alejandro Reyes – Radio Zapatista

El 20 de diciembre del 2015, la comunidad de San Isidro Los Laureles decidió recuperar 200 hectáreas de tierras que fueron de sus antepasados, y donde muchos de sus abuelos y abuelas trabajaron en el corte de caña desde mediados del siglo pasado. En visita a las tierras recuperadas, hablamos con algunos de los campesinos de San Isidro, que nos explicaron el contexto histórico y el significado de la toma de las tierras.

(Descarga aquí)  
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¿Y EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS?

¿Y EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS?

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

México.

Febrero del 2016.

A l@s compañer@s de la Sexta:

A quien corresponda:

Compañeroas, compañeros y compañeras:

Ahora les vamos a platicar un poco de cómo están las comunidades zapatistas, donde resisten y luchan las bases de apoyo.

Esto que ahora les vamos a relatar viene de los informes de las mismas compañeras y compañeros zapatistas responsables en los pueblos, responsables de comisiones (por ejemplo de salud, educación, jóven@s, etc), autoridades autónomas y responsables organizativos. Pero con l@s compas del Comité lo hemos checado para ver si no es mentira, o que le están cambiando para que parezca que está bien y esconder lo que está mal. El trabajo de estos escritos no es decirles mentiras a nuestr@s compas de la Sexta ni a quienes apoyan y son solidari@s. Ni a ustedes, ni a ell@s ni a nadie más.

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Y MIENTRAS TANTO EN… las comunidades partidistas

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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

México.

Febrero del 2016.

A l@s compañer@s de la Sexta:

A quien corresponda:

Compas y no compas:

Esto que les contamos viene de la propia voz de indígenas partidistas que viven en las distintas zonas del suroriental estado mexicano de Chiapas. Aunque militan, simpatizan o colaboran en los distintos partidos políticos institucionales (PRI, PAN, PRD, PVEM, PMRN, PANAL, PT, PES, PFH,… más los que se sumen de aquí al 2018), tienen en común el haber recibido los programas de asistencia del mal gobierno y ser material humano para votos y acarreos terrenales y celestiales, además, claro, de ser indígenas y mexican@s.

Lo que ahora leerán ustedes no sólo no ha aparecido, ni aparece, ni aparecerá en la prensa de paga local, nacional e internacional; también contradice puntualmente la propaganda gubernamental y las loas que sus medios cantan (muy mal, por cierto).

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Frayba

Frayba: El Estado mexicano sigue sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 16 de febrero de 2016

Boletín de prensa No. 03

El Estado mexicano sigue sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas

  • A 20 años de los Acuerdos de San Andrés

Hoy hace 20 años, en San Andrés Sakamch’em de los Pobres, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Son 20 años, en que el gobierno de México se ha negado a cumplirlos; 20 años de puesta en práctica en los territorios zapatistas, con la construcción de sus propias formas de gobernarse, primero a través de los Municipios Autónomos y posteriormente con los 5 Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) considera que el Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de manera reiterada. Esto, para imponer su política económica y así avanzar en un modelo de desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras, en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país.

Las administraciones federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas, particularmente a la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio. Es el caso del pueblo nahua de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la devastación de su territorio por amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto del grupo Higa; y la Tribu Yaqui en Sonora, que ha ganado un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender el Acueducto Yaqui, que les quita el agua para abastecer a la industria en Hermosillo, sin embargo, las propias autoridades no han respetado esta decisión.

También han sido atacadas las formas de gobierno que varias comunidades y pueblos originarios han construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán en Michoacán, agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces coludidos con la delincuencia organizada.

Es importante señalar que continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. Además persiste el desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y grupos paramilitares.

Frayba reivindica el inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su sobrevivencia.