COMUNICADO DE PRENSA

Ciudad de México a 21 de marzo del 2019

“El acceso a la Justicia Social que tienen las y los jornaleros agrícolas junto con sus familias, no será vista hasta que su trabajo sea reconocido, equitativo, se defienda y se reconozca desde el respeto integral y justiciabilidad de sus derechos humanos laborales en la movilidad laboral en el sector agrícola de México”.

Introducción

La importancia del informe elaborado por los miembros de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas radica no sólo en la presentación de cifras de esta población sino en visibilizar algunos de los abusos y violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos laborales sufridos de manera constante y cotidiana. Estos abusos inician en su comunidad de origen y continúan durante los traslados hasta el lugar del trabajo; están presentes durante sus jornadas laborales en los campos agrícolas de México y en los albergues donde llegan enganchados, así como a su regreso.
Las estadísticas oficiales reconocen que en México hay casi 3 millones de jornaleros y jornaleras trabajando directamente en los campos, incluyendo a su familia hay asociados a los/as jornaleros/as 9 millones de personas. En contra de lo que declaran las autoridades de la Secretaría de Bienestar de que casi todos los jornaleros y jornaleras son indígenas, les recordamos que cálculos del extinto Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), estiman que hay 2.5 millones de jornaleros/as de los cuales el 40% son indígenas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2018) entre 2005 y 2018 se han agregado a las filas de los asalariados del campo casi 900 mil personas de las cuales el 88% son jornaleros hombres y 12% mujeres.

 

Aunque la proporción de mujeres jornaleras a nivel nacional escasamente llegan a 300 mil (10% del total), por entidad federativa, en algunas entidades donde se cosechan cultivos de exportación, la proporción de mujeres jornaleras supera el porcentaje nacional: Guanajuato, 17%, Sinaloa, 18%, Sonora, 21%, Baja California, 29%.
Migran por pobreza y marginación.

En el 2012, 75.4% de la población potencial jornalera se encontraba en condición de pobreza, y el 23.6% en pobreza extrema. Es decir, la incidencia de pobreza extrema entre la población potencial es mayor al doble de la media nacional (9.5%). El 97.2% presenta al menos una carencia social, 55.6% presenta al menos tres. La carencia social con mayor incidencia es la relacionada con el acceso a la seguridad social (89.1%), seguida de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (57.1%), por acceso a la alimentación (40.0%), por rezago educativo (35.7%), calidad y espacios en la vivienda (29.5%), y acceso a los servicios de salud (21.2%).

 

Violaciones a derechos en las condiciones de vida en los campos agrícolas de México.

• Los niños, niñas y adolescentes que llegan a los campamentos (o campos agrícolas) no tienen garantía de acceso a la educación, mientras el promedio nacional es de 8.1 años, entre los/as jornaleros/as es de 4.5 años.
• En los albergues, cuarterías y viviendas no hay garantía de vivienda digna, hay hacinamiento, inseguridad, carencias respecto al agua en cantidad y calidad suficiente e infraestructura para el saneamiento: sanitarios, regaderas y manejo de desechos.
• Los alimentos que se proveen en los campos no siempre son suficientes comparados con la intensidad de la jornada. Existen aún en campos y cuarterías sistemas de endeudamiento y raya, principalmente a través de tiendas de abarrotes y comedores. Por otro lado, en los casos donde migran las familias, ellas mismas se proveen sus propios alimentos, así como los utensilios para la elaboración de estos. La dieta jornalera es limitada en variedad y cantidad de alimentos. Es común encontrar grandes cantidades de carbohidratos y muy poca o nula presencia de alimentos frescos y nutritivos.
• La atención a la salud, cuando la hay, es burocratizada, lo cual se vuelve un problema importante para las familias que no están registradas en el seguro social. No cuentan con intérpretes-traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el acompañamiento durante su atención.
• Es práctica común que los empleadores (agricultores) limiten los permisos por enfermedad o cuestiones personales-familiares, y, cuando llegan a otorgarlos por cuestiones de salud, son los/as trabajadores/as quienes gestionan el traslado, generalmente a clínicas o centros de salud alejados de los lugares de trabajo. Sin embargo, algunos empleadores les descuentan su día o jornada de trabajo por estos permisos.

Violaciones a derechos en el lugar de trabajo.

Las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras jornaleras agrícolas junto con los sectores de trabajo doméstico, comercio y construcción son de las más deterioradas de todos los trabajadores asalariados en México porque:
• No cuentan con contratos de trabajo escrito y en español que especifiquen los nombres del patrón y la empresa o rancho agrícola que los/as está contratando.
• No se especifica la jornada de trabajo ni modalidad de este.
• Generalmente laboran sin prestaciones, ni seguridad social, ni atención a la salud. Hay una prolongación de la jornada de trabajo sin pago extraordinario.
• Si hay suspensión de actividades durante la jornada no se les paga, únicamente los días trabajados completos. En otras ocasiones, a lo largo de la jornada se modifican las condiciones ofrecidas inicialmente y, cuando no están de acuerdo, no reciben el pago por las horas trabajadas ni el regreso a sus viviendas.
• Pagos condicionados al término del contrato o temporada, que en algunas zonas agrícolas puede durar hasta tres meses.
Como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas vemos con preocupación la violatoria realidad encontrada y documentada en este primer informe. Por tanto, exigimos y demandamos a las autoridades correspondientes lo siguiente:
• La creación y ejecución de un programa que atienda personalmente a las y los jornaleros agrícolas y sus familias.
• Desarrollar una propuesta que contemple el pago de “salarios dignos y decentes”.
• Garantizar el acceso a la Seguridad Social para todas las personas jornaleras y sus familias.
• Que los gobiernos estatales y municipales garanticen la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos laborales de las personas jornaleras agrícolas y sus familias en los estados de origen, tránsito, destino y asentamiento.
• Que el Estado mexicano genere los mecanismos necesarios de interlocución con los propios actores para la construcción de políticas públicas que visibilicen e incluyan a las y los jornaleros agrícolas y sus familias.
• Que el Estado mexicano genere un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita el diseño y ejecución de un diagnóstico de personas jornaleras migrantes internas con perspectiva de género, infancia e interculturalidad. Éste debe de ser público y actualizado anualmente.
• Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, implementen el diseño para la ejecución de un Padrón Nacional de Productores por entidad federativa, cultivo y superficie cosechada. El padrón tendrá que ser público y actualizado anualmente
• Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las secretarías estatales, se apeguen a estándares internacionales de derechos humanos laborales para que se vigilen y supervisen las condiciones de vida y de trabajo de las y los jornaleros agrícolas y sus familias, tanto en los albergues o lugares que alquilan para vivir, así como en los campos agrícolas donde laboran.
• Que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y las Procuradurías de Derechos Humanos vigilen el trabajo de las autoridades competentes tanto en el origen, tránsito como en el destino de personas migrantes jornaleras agrícolas y den seguimiento a las recomendaciones y resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Firma el comunicado:
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas integrada por: el Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHMTlachinollan), Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL), Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG), Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE), Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C., Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, académica de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Mtro. Mariano Yarza, y el Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora.

Contacto de comunicación de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas
Mayela Blanco Ramírez. Cel: 5532731554
Email: bmmayela@gmail.com y mayela.blanco@cecig.org.mx