Fuente: Avispa Midia Por Rocío Heredia En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta
Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.
Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.
La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.
Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.
BOLETÍN DE PRENSA Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Huajuapan de León, Oaxaca. 20 de agosto de 2025
¡CHAVA VIVE, LA LUCHA SIGUE! Nueve años de la muerte de Salvador Olmos García. Siete años para que el Ayuntamiento aceptara su responsabilidad. ¡Fue el Estado!
El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) se pronuncia a nueve años del asesinato de nuestro compañero Salvador Olmos García “Chava”, periodista comunitario, defensor del territorio y la cultura de los pueblos, quien fue detenido y brutalmente asesinado por la Policía Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, la madrugada del 26 de junio de 2016.
Durante casi una década, la familia, amistades, organizaciones y colectivos hemos exigido justicia. Han sido años de litigio, burocracia, revictimización e impunidad que muestran cómo el sistema de justicia en México protege a los perpetradores y obstaculiza el derecho a la verdad.
En 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó la responsabilidad del Ayuntamiento de Huajuapan de León a través de la Recomendación 03/2018. Sin embargo, fueron necesarios siete años de presión, demandas y sentencias judiciales para que el gobierno municipal aceptara su responsabilidad y anunciara una Disculpa Pública este 24 de agosto de 2025 en el Hemiciclo a Juárez.
Reconocemos este acto como un avance, pero no es suficiente. Una disculpa pública no devuelve la vida de nuestro compañero, no repara el daño y no sustituye la justicia que seguimos exigiendo.
Exigimos:
Cumplimiento integral e inmediato de la Recomendación 03/2018 emitida por la DDHPO.
Castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de la detención, tortura y asesinato de Salvador Olmos García.
Garantías de no repetición, el cese del abuso policial y el desmantelamiento de los pactos de impunidad que operan en Huajuapan de León.
Denunciamos:
Que durante estos nueve años, el Ayuntamiento de Huajuapan —encabezado hoy por Luis de León Martínez, hijo del expresidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez— ha utilizado recursos públicos, relaciones políticas y poder institucional para obstaculizar la justicia y proteger a los responsables.
¡Una disculpa no es suficiente! ¡Justicia para Chava! ¡Justicia para su familia! ¡Basta de impunidad, castigo a todos los responsables! ¡Chava vive, la lucha sigue!
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Huajuapan de León, Oaxaca. 20 de agosto de 2025
Fuente: Avispa Midia Por Jeny Pascacio Fotos por Jeny Pascacio
La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024.
Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco.
“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia.
El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.
Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.
Fuente: Avispa Midia Por Aldo Santiago En portada: Protesta de campesinos en las inmediaciones del poder Judicial, en la ciudad de San Pedro Sula, para exigir justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales por el asesinato de Juan López.
A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.
Acorde a Ruy Barahona, portavoz del poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, donde se realiza el proceso penal, la audiencia fue reprogramada debido a que el juez accedió a la petición de la defensa de dos de los tres imputados, quienes aludieron una posible indefensión, consiguiendo con ello la reprogramación de la audiencia para el siguiente jueves 21 de agosto.
En entrevista para Radio Progreso, la abogada Rita Romero del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT), organización que López ayudó a fundar hace una década, denunció lo que calificó como negligencia institucional por parte del Ministerio Público. Esto debido a que, acusa, la Fiscalía entregó demasiado tarde un dictamen pericial realizado a los dispositivos telefónicos de los involucrados en el crimen, un informe que podría aportar pistas sobre los autores intelectuales.
Las comunidades mapuches de la provincia argentina de Neuquén están en alerta para defender los lagos Mari Menuco y Los Barreales, ubicados en un área entregada al megaproyecto Vaca Muerta, iniciativa para la explotación de hidrocarburo no convencional (extraido por la técnica de fracking) en la formación geológica Vaca Muerta, zona de importantes fuentes de agua de la Patagonia norte argentina.
Este miércoles 13 de agosto, la petrolera estatal argentina YPF anunció la decisión de iniciar el desarrollo de una locación de fracking en el istmo que une los embalses Los Barreales y Mari Menuco, tras meses de tensiones en el territorio ancestral.
En Loma La Lata, líderes de la comunidad Kaxipayiñ reiteraron a los funcionarios de YPF que no les permitirán trabajar hasta que el gobierno provincial cumpla el compromiso de realizar una consulta previa a la población. Se teme que la empresa ingrese a la zona mediante la represión letal contra los guardianes de los lagos.
“YPF va creando condiciones para conseguir el aval de la justicia e ingresar a la fuerza a territorio comunitario. Hacemos responsable al presidente de YPF, Horacio Marin, de las consecuencias”, señaló la Confederación Mapuche de Neuquén.
La explotación de hidrocarburos en el territorio donde se encuentran los embalses que almacenan agua del río Neuquén es parte de la expansión de Vaca Muerta en Neuquén, autorizada por el gobernador Rolando Figueroa. El crecimiento del proyecto también comprende la construcción de 800 kilómetros de oleoductos e instalaciones en reservas marítimas en otras provincias del país.
“Este es un nivel de acercamiento inédito, se quiere perforar la laguna. Se excluyó la consulta previa, no hay estudios de impacto ambiental. En Vaca Muerta no hay regulación alguna, políticas de conservación. En Río Negro había una normativa para que no se exploren hidrocarburos, la anularon”, declaró para Avispa Mídia Leonora Jáuregui, integrante del Observatorio Petrolero Sur.
Reiterando el carácter autogestivo de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, los pueblos, organizaciones, compañeros y compañeras nos hemos dado a la tarea de organizar una rifa, con el objetivo de asegurar el pasaje de los primeros delegados que participaran en dicho evento, el cual, se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de octubre con el pueblo Yaqui de Loma de Bácum, Sonora.
El costo del boleto tendrá un precio de 50 pesos y los premios, en su mayoría, son productos elaborados por compañer@s de los pueblos que asistirán a la Asamblea Nacional. Esta rifa se llevará a cabo con la comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México el próximo 12 de octubre en el marco del quinto aniversario de la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas «Samir Flores Soberanes».
Agradeciendo sus atenciones y apoyo solidario
ATENTAMENTE TIERRA, AGUA Y LIBERTAD ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 13 de agosto de 2025
Boletín No. 06
Padre Marcelo, ley sin Justicia, Verdad mutilada
• La verdadera justicia implica una investigación exhaustiva, sanción a los responsables y garantías de no repetición. • Se le negó el reconocimiento de persona defensora de derechos humanos y constructor de paz.
El 6 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, fue sentenciado a 20 años de prisión el “autor material” de la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez (en adelante Padre Marcelo), cubriéndose de impunidad y manteniendo la injusticia desde una estrategia institucional que clausura la verdad, sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas. La ejecución se dio en contra de un defensor de derechos humanos, y el Estado, lejos de protegerlo, lo criminalizó, lo persiguió y omitió la Medida Cautelar MC-506-14 ordenada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se obstaculizó la justicia, se silenció la exigencia de verdad y justicia. Las acusaciones contra el Padre Marcelo para atacar, intimidar y silenciar su trabajo como defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, forman parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras en Chiapas. A pesar de contar con medidas cautelares el Estado mexicano no garantizó su seguridad. Una vez más el caso de una persona defensora se trata como un simple homicidio, negando el trabajo por la paz y reconciliación entre los pueblos al que dedicó su vida el Padre Marcelo.
La violencia generalizada en Chiapas no deja avanzar la paz. En las últimas semanas se ha reactivado la violencia en la Región Frontera y Sierra, así como en los Altos de Chiapas. En medio de los discursos de paz, grupos armados que operan en las diversas regiones de Chiapas, que no fueron identificados, investigados, judicializados ni desarticulados continúan amenazando a los pueblos y comunidades.
En medio de una violencia generalizada en el estado de Chiapas, donde no se reconoce el trabajo de las personas defensoras, por el contrario, se les asesina, difama, criminaliza y agrede, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para visibilizar a quienes caminamos junto a los pueblos, exigiendo al Estado mexicano cumpla su responsabilidad de proteger y garantizar la vida, seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos.
Exigimos al Estado mexicano que se investigue sin atajos ni pactos de impunidad. Porque cuando se ejecuta a quien lucha por la vida, no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar. Que haya una investigación exhaustiva, identificando a los responsables, sancionando adecuadamente y garantizando que estos hechos no se repitan, que la acción sea un impulso con voluntad institucional para saber la verdad y lograr justicia.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 12 de agosto 2025
Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A las y los Defensores de los Derechos Humanos A los Medios Libres y Alternativos A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
La muerte nos hizo historia. Somos los 45 Mártires de Acteal. Somos los 4 bebés que fuimos despedazados dentro del vientre de nuestras madres. Nos mataron pequeños e indefensos, renacimos gigantes e inmortales. Ahora somos fragmentos de luz que impide que todo sea noche.
Nuestros mártires, nuestras hermanitas y hermanitos sacados con machetes del vientre de sus madres, ahora son semillas, ahora son retoños resurgidos en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Ahora, nosotras las y los jóvenes que junto a nuestros mayores y autoridades de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, hemos convocado esta conferencia de prensa, decididos a denunciar el crimen de Estado cometido aquí en Acteal, y sobre todo decididos a continuar caminando el Camino de la Paz y de la No-violencia, ese mismo camino que caminaron nuestras abuelas y abuelos masacrados por los paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, por órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León y del Ejército mexicano, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.
Hoy confirmamos lo que siempre ha declarado nuestra organización, que nuestra lucha no se acaba, que nuestra organización no tiene límites, que, aunque nuestros mayores y mayoras, tal vez, ya no alcancen ver llegar la justicia verdadera, pero sí estamos seguros que nosotros los jóvenes y jóvenas, lograremos ver llegar esa justicia. ¿Y cómo sucederá eso? Pues, lo que ahora está sucediendo, que la juventud Abeja, va creciendo su conciencia y convicción de continuar la lucha por la justicia verdadera, por verdad, no olvido y la memoria de la Masacre de Acteal.
Acteal, Chenalhó, Chiapas. 12 de agosto. “Nuestra lucha no tiene fecha de caducidad. Confirmamos que nuestra lucha no se acaba. Aunque los mayores no alcancen a ver esa justicia verdadera, nosotros los jóvenes si llegaremos a ver esa justicia”, explicaron en conferencia de prensa jóvenes de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, quienes estuvieron a cargo de recordar que hace 16 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejara en libertad a los asesinos confesos de la masacre de Acteal, en diciembre de 1997.
“Es una vergüenza lo que hizo la SCJN el 12 de agosto de 2009, al liberar a los asesinos… La vida de nuestros familiares no tuvo valor para ellos… Al liberar a los paramilitares encubrieron a los autores intelectuales”, denunciaron este día las nuevas generaciones de las Abejas.
“Los ministros serán recordados en la historia de crímenes de lesa humanidad. No permitiremos que la muerte quede en el olvido”, aseguraron.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los indígenas tsotsiles le recordaron que se pronuncie sobre el caso 12.790 Miguel Sántiz Culebra y la masacre de Acteal, para que no se repitan casos como el asesinato del Simón Pedro Pérez López y del padre Marcelo Pérez Pérez. “El sistema de justicia en México, no alcanza el sentido profundo de la justicia”, señalaron.
“Responsabilizamos al Estado mexicano de la impunidad y complicidad de la masacre de Acteal. Tanto al gobierno de Zedillo y gobiernos posteriores que se pregonan de izquierda”, externaron.
“Como niños pedimos la sabiduría de los abuelos. Nos solidarizamos con los niños y adultos de Palestina. Somos pequeños, no tenemos el poder de detener el genocidio. Pero si nos unimos podemos salvar la vida de mucha gente”, compartieron las y los jóvenes.
El gobierno le apuesta al desgaste de nuestras experiencias. Pero ya están aquí las nuevas generaciones que exigen justicia. Queremos que las nuevas generaciones vivan y sean libres. Queremos vivir, no sobrevivir, agregó Guadalupe Vázquez Luna, vocera de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal.
Transmisión de la conferencia en vivo por:
Equipo de comunicación de las Abejas de Acteal https://www.facebook.com/share/1ASPpuFz1H/
Luis Rey García Villagrán, reconocido defensor de migrantes en la frontera sur de México, fue exonerado tras acusaciones por trata y delincuencia organizada promovidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). La Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener los cargos, pese a señalamientos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Me da mucha pena contradecir a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, siento mucha pena por los mexicanos que tenemos esa presidenta y este gobernador. El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana AC, reconocido desde hace más de nueve años por la Secretaría de Gobernación”, dijo el activista, al salir del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3.
Seis días después de haber sido arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Marina, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional, este lunes, 11 de agosto, se celebró la audiencia de vinculación a proceso, la cual se prolongó por más de dos horas, hasta que el juez federal determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ordenó su libertad inmediata.
El activista de 62 años abandonó el penal vestido con una camisa blanca, pantalón café, tenis y una mochila azul al hombro. Primero abrazó a su familia y, después, se detuvo unos instantes para responder algunas preguntas de los medios de comunicación que presenciaron su liberación.
En la audiencia
“Uno de los puntos que defendió el abogado fue el señalamiento de que él (Villagrán) no es activista y de que no existía la asociación civil. Pero se comprobó que todo lo que decía la carpeta de investigación era mentira”, dijo la familia del defensor a Avispa Mídia.
Lograron acreditar el riesgo derivado de su labor en la frontera sur de México, por lo cual fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2020. El mismo mecanismo instaló un sistema de seguridad en la casa del defensor y le fue otorgado un botón de pánico.
“Es un expediente falso, completamente plagado de mentiras e incongruencias, incluso tiene una acusación de recibir dinero en fechas que él estaba hospitalizado por un atentado que sufrió, pero eso sí, en ese expediente de más de dos mil hojas no aparece el atentado que sufrió y que fue muy grave”, agregó la familia.
El atentado mencionado por la familia de Villagrán se trató de un ataque de un grupo criminal en la vía pública, el 17 de octubre de 2023, que le dejó fracturas de dedos, costillas, piernas y rostro desfigurado por los golpes. “Pasó una patrulla de la Guardia Nacional y los llamamos, pedimos auxilio y no se detuvieron; la FGR entonces, no hizo nada”, explicó Villagrán en entrevista a Avispa Mídia.
De acuerdo con el abogado defensor José Antonio Martínez Sánchez, el delito que se le imputó a Villagrán es delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas y la denuncia fue iniciada por el Instituto Nacional de Migración (INM), “acusándolo de que él era el encargado de realizar las caravanas [de migrantes] con otras tres personas más”.
El abogado dijo que la carpeta comenzó a integrarse en 2022 y siguió hasta febrero del 2024. “Las autoridades hicieron actos de investigación (a Luis Villagrán) en fuentes abiertas y en sus redes sociales”, dijo Martínez Sánchez.
Además, su teléfono móvil fue parte de la supuesta investigación. “Usaron una técnica para que una compañía de teléfono [Telcel] entregara sus datos conservados, es decir, todo lo que es mensajería y telefonía, pero no se pudo acreditar que hubiera esa delincuencia que se le había acreditado”, explicó Martínez Sánchez.
El derecho a disentir
En conferencia de prensa, este 12 agosto, Luis Villagrán explicó que un juez autorizó por un año y medio, en tres momentos diferentes, la intervención de redes sociales y teléfono móvil, “y no encontraron nada”.
Mientras tanto, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, señaló que obtuvieron cerca de 75 pruebas en su contra y que, ahora, no solo apelarán la decisión del juez que absolvió al defensor, también iniciarán otra carpeta de investigación.
“Las pruebas son entrevistas de policías federales de hace tres años a migrantes. Es inverosímil, son entrevistas que no cuentan con tiempo, modo y lugar y por lo tanto no se acreditan como pruebas”, enfatizó el defensor en el Parque Bicentenario de Tapachula.
“Había pensado quedarme callado, pero ante las mentiras e infundios de tan altos tribunales, no me queda más remedio que morir luchando”, dijo y, de nuevo, pidió al gobierno federal a respetar el derecho a disentir, “y no tomarse personal los señalamientos de corrupción en INM y Comar”.
También mostró partes de la carpeta de investigación donde se observan imágenes de sus hijos y nietos. “Si así investigaran a los administradores del río Suchiate, ya estuvieran presos; el cartel cualquiera y el INM son lo mismo”.
Luis Villagrán dijo que la libertad llegó porque aún no se aplican los cambios con motivo de la reforma judicial. “Estamos antes de la etapa de los jueces que van a estar a modo de ellos [gobierno federal]. Esta reforma al poder judicial nos deja a nosotros los activistas en manos de un terrorismo de Estado”, lamentó.
En los próximos días, acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). “El Estado mexicano es un narcoestado y ahora quiere ejercer el narcoterrorismo, primero, en contra de migrantes, defensores y, luego, van con ustedes, los periodistas”, insistió.
