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Pueblos Indígenas
(Español) Plan Sonora y nearshoring en México, apuesta de EEUU para hacer frente a industria China
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Acompañado del embajador de EEUU en México, Ken Salazar, y otros 100 diplomáticos, el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presume las obras de Puerto Peñasco, el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica que forma parte del Plan Sonora. Febrero, 2023.
Pese a la enunciación desde el oficialismo, de que la construcción y operación de infraestructura energética, transporte e industria impulsadas con ahínco en el Sureste y Noroeste mexicano responden a cuestiones de soberanía nacional, un estudio realizado por el colectivo GeoComunes devela como el despliegue reciente de estos proyectos refuerzan una dinámica territorial de subordinación al capital extranjero, primordialmente de los EEUU.
Esta lógica, detalla el informe, cohesiona diversos proyectos ante el denominado nearshoring, una política que busca trasladar actividades extractivas y manufactureras -que requieren una alta demanda de bienes naturales, energía y fuerza de trabajo- a la región fronteriza entre EEUU y México.
En la región Noroeste que abarca los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, los investigadores resaltan el denominado Plan Sonora como un “nuevo eslabón en la subordinación energética de México”.
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El informe destaca que uno de los objetivos principales de dicho plan es fortalecer sectores de la economía estadounidense frente a la actual desventaja con respecto a la industria de China, donde sobresalen dos sectores estratégicos que demandan la infraestructura que se desarrolla en el noreste mexicano: para la fabricación de microprocesadores y la maquila de automóviles eléctricos.
Industrias claves para EEUU
“El Plan Sonora es un proyecto que pese a ser anunciado como soberano, en los hechos, está complementado de forma muy clara con los compromisos de corte neoliberal asociados a la política estadounidense: el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá), la Ley de Chips y Ciencia y la llamada Ley de Reducción de la Inflación, con la que busca incentivar el consumo de automóviles eléctricos”, aseveraron integrantes de GeoComunes durante la presentación del informe.
En su análisis, subrayan que EEUU busca atraer a su territorio dos de las tres etapas más lucrativas en la cadena de valor en la producción de microprocesadores en una competencia que tiene a nivel internacional con China para frenar su presencia en este sector, lo que se traduce en el desarrollo de la infraestructura en el Noroeste mexicano que “profundiza en el carácter extractivista y dependiente de la región fronteriza”.
En el caso de la reconversión de la matriz energética para la industria automotriz, GeoComunes enfatiza que “el Plan Sonora suma algunos proyectos vinculados con el seguimiento de los acuerdos del T-MEC, como comprometer el litio del subsuelo mexicano para el abasto de las cadenas de suministro automotriz estadounidense”.
Así, el gobierno mexicano y sus proyectos de infraestructura actúan en concordancia con el fortalecimiento para la producción de automóviles privados eléctricos estadounidenses y debido a la relevancia de minerales para su fabricación, el colectivo GeoComunes resalta el papel de la empresa estatal LitioMx con la que México regulará la inversión privada en la extracción de litio.
“Sonora tiene el yacimiento de litio más relevante del país, el cual en septiembre de 2023 dejó de estar bajo control de la empresa China Ganfeng Lithium como resultado de la cancelación por parte del gobierno de la concesión que tenía sobre el mismo, siendo la única área donde hasta la fecha el Servicio Geológico Mexicano ha decretado la única reserva para la explotación de este mineral en el país”, enfatiza el informe.
Minería, riesgos ambientales y opacidad
En el análisis sobre la reconfiguración energética y las cadenas de producción, GeoComunes subraya que el lítio no es el único mineral relevante para la fabricación de automóviles eléctricos.
“Hay que prestar atención a la expansión de la cadena de producción de acero, del aluminio y del cobre, minería que ya tiene una importante presencia y huella socioambiental en la región Noroeste”, contextualizó el colectivo durante la presentación del informe.
Para las y los investigadores, el Plan Sonora promueve el extractivismo minero en la región, cuya operación ya ha demostrado que constituye un riesgo para el medioambiente y los bienes naturales.
Basta recordar que, el 6 de agosto de 2014, ocurrió un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Bacanuchi y Sonora. La responsabilidad del ecocidio, que afectó a más de 22 mil personas, recae en Grupo México, una de las mayores empresas mineras del país quien hasta la actualidad no ha cumplido con la remediación de los daños ambientales.
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Para GeoComunes, es alarmante el renovado impulso de la minería para los componentes de baterías y sistemas eléctricos de los automóviles, que se presenta bajo el “falso argumento de que es un extractivismo necesario para luchar contra el cambio climático”.
En comparación a un auto convencional, detallan que se requieren seis veces más metales, principalmente cobre, grafito y níquel, para la fabricación de un coche eléctrico, por lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que se podría duplicar la demanda de cobre entre 2020 y 2040.
Preocupa también, que el Plan Sonora ha sido develado “a cuentagotas”, mediante declaraciones informales y sin contar con un plan rector que aclare sus alcances territoriales, componentes y posibles afectaciones al medioambiente.
Militarización
Según las y los investigadores, existe un factor común en los diversos proyectos de reorganización territorial promovidos por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “la presencia de las fuerzas armadas como administradora, constructora y resguardante de los proyectos de infraestructura”.
Esta situación la califican como controversial y preocupante debido a la poca transparencia e información de los planes que opera el gobierno federal “con relación a este proyecto, y sobre la militarización de la región”.
Uno de los muchos proyectos estratégicos del Plan Sonora, en manos de las fuerzas armadas, es la ampliación de medios de transporte como la remodelación del puerto de Guaymas, iniciado en el año 2022 y cuyo objetivo es que dicho puerto se convierta en un “tecnificado centro de distribución de mercancías que llegue a mover 3 millones de contenedores, compitiendo así con el puerto estadounidense de Long Beach en los Ángeles, EEUU”.
Con este proyecto se realizó un cambio administrativo en el puerto de Guaymas, ya que a partir de ahora será administrado por una empresa descentralizada en la Secretaría de Marina, quien también administrará los aeropuertos de Obregón y Guaymas, ambos en Sonora.
“La única información al respecto es la que se da en las conferencias de prensa del presidente, del gobernador del estado de Sonora y en las giras de los titulares de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, además de las menciones del propio gobierno de Estados Unidos, mismas que las más de las veces son ambiguas, breves e incluso contradictorias”, señala el análisis.
Además de la energía, minería, litio y electromovilidad, el Plan Sonora integra otro componente que denomina capital humano e infraestructura de punta, “esto último, algo que se traduciría en la construcción de seis parques científicos”, es decir, el fortalecimiento de corredores industriales que “implica riesgos en materia de seguridad, industrial, ambiental y económica” para México.
Baja California, colonia energética de EEUU
Si bien la región Noreste, acorde a GeoComunes, representa la subordinación energética de México frente a EEUU, destacan los territorios y bienes naturales de Baja California donde se despliegan proyectos que le constituyen como una “colonia energética” norteamericana.
Destacan que es en Baja California donde actualmente se generan 1,281 MW dedicados a la exportación de electricidad y, además, se construye infraestructura para brindar una capacidad adicional de 310 MW. Esto es relevante debido a que es la región donde se ubica la mayor capacidad de generación dedicada a la exportación eléctrica de todo el país, que representa 90.5%.
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GeoComunes contextualiza que, en su totalidad, la generación energética para exportación es propiedad de empresas privadas y se encuentra directamente conectada con los pasos fronterizos de electricidad. “Según los datos de la CEC (Comisión de Energía de California), en su conjunto, en 2022 estas centrales de exportación enviaron 4,209 GWh al estado de California”, detalla el informe.
Esta exportación de energía, sobre todo de fuentes renovables, prevé aumentar con el paso del tiempo, debido a que California aprobó una ley que establece que para el año 2045 sólo consumirá electricidad proveniente de dichas fuentes, “lo que puede apuntalar la instalación de más proyectos para importar energía clasificada como ‘limpia’ de Baja California y Sonora”, asevera el informe.
Es en el Noroeste donde también se proyectan emplazar sistemas de almacenamiento de energía compuestos por granjas de baterías, para compensar la intermitencia de las renovables, como el que impulsa la empresa Sempra en Mexicali, Baja California.
El papel de Sempra
El Plan Sonora está vinculado con la predominancia que ejerce la empresa norteamericana Sempra, cuyas inversiones se despliegan en amplios sectores de la generación energética. Durante las últimas dos décadas, Sempra ha desplegado en México, particularmente en la región fronteriza, “un conjunto de infraestructura energética de tal magnitud que, en el caso particular del norte de Baja California, ha llegado a determinar en gran medida el metabolismo energético local”, sostienen las y los investigadores.
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El parque eólico Energía Sierra Juárez en las montañas cercanas a Tecate, en Baja California. (IEnova)
Para dimensionar el papel de Sempra en México, detallan que la empresa es dueña de 17 gasoductos, -con más de 2,900 km de tuberías operando y 200 km actualmente en construcción-. También posee terminales de almacenamiento de petrolíferos y de Gas Natural Licuado, redes de distribución residencial de gas metano, así como centrales eléctricas de ciclo combinado, fotovoltáicas y eólicas, lo que en conjunto le representan ganancias anuales por casi 400 millones de dólares.
Sempra es una de las empresas que obtuvo mas beneficios con la apertura del sector energético a las inversiones privadas, que tuvo lugar durante la década de los noventas, principalmente en gas metano, y que cuadruplicó sus activos tras la reforma energética del 2013.
Actualmente, pese a que Sempra posee solo el 5% de la capacidad de generación conectada a la red de transmisión del Sistema Eléctrico de Baja California (SEBC), mantiene el control de 74% de la capacidad instalada para la exportación de electricidad, y el 100% de los gasoductos
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Destaca que Sempra controla también el 100% de los puntos fronterizos de internación terrestres y marítimos por donde se importa el gas metano a Baja California y de los cuales depende el 81% de la capacidad de generación conectada al SEBC y 80% de la capacidad para la exportación eléctrica que no está conectada a la red local, lo que confirma su predominancia en el sector.
(Español) Asamblea Nacional por el Agua: piden organizar campañas de boicot a Coca-Cola y Bonafont
Fuente: Avispa Midia
Texto y fotos por Karen Castillo
Los días 23 y 24 de marzo se llevó a cabo la cuarta Asamblea por el Agua y por la Vida en el territorio de La Magdalena Tlatelulco, en el estado de Tlaxcala, asistiendo más de 500 personas de 300 pueblos originarios, comunidades, colectivos y organizaciones de distintas geografías del territorio mexicano, así como de otros países de Latinoamérica y Europa.
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La consigna principal de esta Asamblea fue “No es sequía, es saqueo”, haciendo referencia a que “el agua, un elemento esencial para la vida, es disponible sólo para unos cuantos millonarios”, y denunciando que el Estado mexicano privilegia a empresas e industrias transnacionales que obtienen millones de litros de agua en concesiones.
Las comunidades ofrecieron cifras sobre la extracción de agua que el Estado mexicano permite a las grandes industrias, mencionando a la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que extrae 143.7 mil millones de litros al año, a la Coca-Cola que extrae 55 mil millones de litros al agua y a la Compañía Industrial Minera, con la extracción de agua de 8 mil millones de litros al año. Otras empresas mencionadas como grandes explotadoras del agua en México fueron Danone, Nestlé, Bimbo, Bachoco, Walmart, así como empresas inmobiliarias y complejos turísticos.
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Los participantes de esta Asamblea reconocieron que las dinámicas de despojo y saqueo son complejas y que además se entrelazan y se relacionan a otras formas de explotación.
Algunas de las problemáticas más mencionadas por las comunidades fueron el crimen organizado y el aumento de consumo de drogas como el cristal, sobre todo en las juventudes; la gentrificación de pueblos, barrios, colonias y el aumento del turismo desmedido; leyes y programas de ordenamiento territorial y de privatización del agua y otros recursos; la militarización y el incremento de represión en contra de comunidades originarias.
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Debido a la complejidad de las dinámicas de despojo, las comunidades también reconocieron la necesidad de responder a la crisis provocada por el sistema capitalista y patriarcal desde distintos frentes como lo es la educación, la salud comunitaria, las movilizaciones, detener leyes de privatización, el fortalecimiento de los sistemas normativos tradicionales de las comunidades indígenas, la comunicación comunitaria y otras formas de resistencia.
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El consenso de las comunidades es que toda propuesta debe partir desde y hacia la autonomía plena de sus territorios.
Tlaxcala sí existe y está luchando por defender el territorio
El equipo de este reportaje acompañó a la Asamblea y entrevistó a seis mujeres de la comunidad de La Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala, que forman parte del Colectivo en Defensa de Tlaltelulco. El colectivo se dedica a la defensa del territorio, la cultura y a la organización comunitaria. Hace parte de los Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala, que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta Asamblea.
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“Las mujeres somos la fuerza de estos movimientos y de la defensa de este territorio. Nosotras trabajamos con mujeres ejidatarias que por muchas dinámicas que se nos han asignado los trabajos en reproducción en las sociedades, siempre están aquí y han defendido el territorio incluso con el cuerpo”, mencionan.
Todas las presentes expresaron sentimientos similares: felicidad y alegría por los aprendizajes, experiencias y vivencias compartidas previo, durante y al cierre de la cuarta Asamblea por el Agua y la Vida y, al mismo tiempo, cansancio por el esfuerzo realizado durante seis meses de planeación y organización de esta Asamblea Nacional.
“Nunca había vivido una experiencia tan enriquecedora, hay muchas problemáticas en los territorios, no es un problema nacional es internacional que se pierde la identidad y la cultura. Fue muy bonito ver a muchos jóvenes involucrados”, dijo una joven integrante de Colectivo en Defensa de Tlaltelulco.
Las mujeres mencionaron como una de las problemáticas principales la expansión de las urbes a sus territorios transformando el paisaje, la cultura, la identidad e incrementando la demanda de recursos como el agua y la tierra.
Otra joven menciona el despojo de los bosques y la tala ilegal de cientos de árboles como una situación crítica en este Estado.
El Colectivo en Defensa de Tlaltelulco se encuentra a las faldas del volcán conocido como “La Malinche” y también participa en la defensa y cuidado del mismo. De acuerdo con el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la tala ilegal, los incendios forestales, muchas veces provocados, y el cambio de uso de suelo para uso agrícola y de asentamientos urbanos, son las principales causas del deterioro del ecosistema de la Malinche.
El mismo centro reconoce que la destrucción de los bosques de esta Área Natural Protegida “compromete la captación, filtración y disponibilidad de agua, así como la fertilidad del suelo, secuestro de carbono y regulación del clima y aire”.
Las mujeres parte del Colectivo en Defensa de Tlaltelulco también mencionaron que la industrialización es una de las problemáticas más importantes en su territorio. La comunidad de Magdalena Tlaltelulco poco a poco se ha convertido en parte de un corredor industrial que une a la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Las industrias que llegan, sostienen ellas, no están reguladas y, en cambio, el gobierno les da todas las facilidades para establecerse sin un plan para mitigar los impactos sociales, económicos y ambientales que generan en los territorios.
“Llega mucha gente que no se integra a la comunidad, no participa, entonces también rompen el tejido comunitario, y aquí hay sistemas normativos propios de la comunidad que son muy importantes, y eso también se va perdiendo con la llegada de todas estas industrias”, señala una joven.
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Mencionan, además, cómo la industrialización genera problemas de salud, que pasan desapercibidos para la población. De acuerdo con instituciones de salud del gobierno mexicano, en 2020 Tlaxcala era el tercer Estado del país con mayor incidencia de enfermedades renales y mostraba cifras alarmantes de incrementos de este tipo de enfermedades sobre todo entre jóvenes y niños/niñas.
Exigencias y denuncias
Durante la Asamblea se llevaron a cabo mesas de trabajo con el fin de identificar las principales problemáticas que las comunidades enfrentan, así como soluciones y formas de hacer frente al despojo desde la organización autónoma.
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Estas son algunas de las acciones coordinadas que la cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida acordó realizar con el fin de defender los territorios y el agua y, con ello, la vida de miles de personas en el país.
- Realizar memoria colectiva y documentar los saberes ancestrales de las comunidades.
- Fortalecer el trabajo de formación con niños y jóvenes durante las asambleas desde el enfoque de escuelas autónomas.
- Sumarse a las movilizaciones para acuerpar la lucha de madres buscadoras, padres y madres de Ayotzinapa y en contra de la guerra en contra de las comunidades zapatistas.
- Exigir la presentación de los defensores del territorio Antonio Díaz y Ricardo Lagunes desaparecidos en 2023.
- Organizar campañas de no consumo de productos de Coca-Cola, Bonafont–Danone, así como de todas las empresas refresqueras, embotelladoras y cerveceras.
- Denunciar y realizar boicot a empresas que apoyan el genocidio en Palestina.
- Realizar baños secos en nuestras comunidades para evitar contaminar nuestros ríos.
- Campañas contra los Planes de Ordenamiento Territorial que se buscan aprobar en estados como la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala.
- Movilización nacional e internacional dislocada, en el marco del 105 aniversario luctuoso por el asesinato del General Emiliano Zapata el 10 de abril.
- Campaña en contra de la militarización, por el derecho al agua y por la libertad de presos políticos, del 26 de abril al 26 de septiembre en todos los espacios posibles.
- Jornada por la liberación de Saúl Rosales a partir del próximo 14 de julio.
Finalmente se acordó llevar a cabo la quinta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, con la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, los días 17 y 18 de agosto del 2024.