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La Tierra Indígena Yanomami (TIY), en la Amazonia brasileña, fue uno de los territorios más afectados por los “garimpeiros” (buscadores de oro clandestinos) en 2021, de acuerdo con el informe Conflictos en el Campo Brasil 2021, realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Demarcada en 1992, la TIY es la mayor de Brasil en área, con 9,6 millones de hectáreas en donde viven los indígenas Yanomami y los Ye’kwana. También consta la presencia de ocho grupos de indígenas aislados en la selva, uno de los cuales son conocidos como indígenas Moxihatëtëa.
La actividad clandestina de extracción minera está en acelerada expansión en el país por lo menos desde 2012, con impacto significativo sobre la Amazonia. Durante 2020, el Centro de Documentación de la CPT – Don Tomás Balduino había registrado 9 muertes en consecuencia de conflictos del campo, la mayor parte dentro del estado de Amazonas (6).
En 2021 fueron registradas 109 muertes en consecuencia de conflictos, lo que significa un aumento de 1,110%. Del total, 101 muertes fueron registradas dentro del estado de Roraima, en la Amazonia. Todas de indígenas Yanomamis. Todas causadas por acciones de buscadores de oro clandestinos.
Uno de los motores de la deforestación de la amazonía es la industria minera
Desde 2020, la Asociación Hutukara alerta a las autoridades de los riesgos de la escalada de violencia en las regiones de la TIY donde la extracción minera ilegal, el “garimpo”, ha avanzado. Según datos obtenidos por el Sistema de Vigilancia de la Minería Ilegal dentro de la TIY, el cauce del río Uraricoera es la región más afectada por la actividad, concentrando un 45% de toda la área degradada por la minería ilegal dentro del territorio indígena yanomani.
Apiaú es otra región que sufre amenazas por la presencia de minería ilegal. En noviembre de 2021, una comitiva de líderes informó a Hutukara sobre el deterioro de las condiciones de vida comunitaria en la aldea Serriña, con distribución de alcohol y de drogas traídas por mineros que usan la comunidad como dormitorio.
En la misma ocasión, los líderes informaron sobre el asesinato de tres indígenas del grupo aislado Moxihatëtëa en agosto de 2021.
Conflicto
En 2021 fueron registrados un total de 1,768 conflictos en el campo en todo el país, involucrando 897,335 personas. De acuerdo con Carlos Pinto, coordinador del Centro de Documentación – Tomas Balduino, de la CPT, el informe considera como conflicto “la relación de disputa por la tierra, por el territorio”.
El agente causador del conflicto es, generalmente, el “latifundiario [gran propietario de tierras]”. En esta relación, “entre opresores y oprimidos”, se da, según Pinto, el conflicto en el campo. “Registramos entonces la violencia en esta relación, en tres ejes: agua, tierra y trabajo”, explica.
Asesinatos
En 2021, la violencia contra personas fue brutal. Sólo dentro de los estados de la Amazonia Legal hubo 28 asesinatos, 80% del total. La actuación de “pistoleros por encargo” y de las llamadas “agromilicias”, así como de agentes públicos, ocasionaron 35 asesinatos por conflictos en el campo en Brasil, durante el año 2021.
Durante este período hubo, todavía, 27 tentativas de asesinato y 132 amenazas de muerte. También fueron registradas 75 agresiones físicas con diversos heridos, inúmeras intimidaciones y humillantes intentos de subyugación, con 13 registros de tortura practicadas principalmente por agentes privados de grandes propiedades, terratenientes identificados como “fazendeiros”. En este año de 2022, según datos parciales, ya son 14 los asesinatos en conflictos del campo.
María Leusa Munduruku (centro) durante la Caravana del Agua en Tapajós. Ella sufrió un intento de asesinato en 2021 por oponerse a la minería ilegal en tierras indígenas. Foto: Ana Mendes/Amazônia Real
El número de personas sin-tierras asesinadas aumentó un 350% de 2020 para 2021, pasando de 2 a 9; y el número de pequeños agricultores sin título de propiedad aumentó 500%, pasando de 1, en 2020, para 6, en 2021. Aumentó, también, el número de torturados, pasando de 9 a 13, un aumento de 44%; y de agredidos, que de 54 pasaron a 75, con aumento de 39%.
Trabajo esclavo
En 2021, la fiscalía del trabajo rescató 1,726 personas. Este es el mayor número desde 2013. Un aumento de 113% en relación a la cifra de 2020. Fueron 169 casos de trabajo esclavo en ambiente rural en 2021, un aumento de 76% en relación al año anterior.
Del total de rescatados de esta práctica criminal, 64 eran niños y adolescentes. Las regiones Sudeste y Centro-Oeste concentraron el mayor número de menores de edad esclavizados, 19 en cada una.
Desalojos
Durante 2021 hubo 2,143 familias desalojadas judicialmente, más de 12% en relación al año 2020. Del mismo modo hubo un aumento de 18% de la cantidad de familias expulsadas violentamente en 2021. El número pasó de 469, en 2020, para 555 en 2021.
Más de 71 millones de hectáreas estuvieron o están en situaciones de conflicto, lo que equivale a 8,35% del territorio nacional. Las tierras indígenas constituyen la mayoría aplastante de estas tierras que sufrieran intrusiones con violencia y agresivos saqueos, correspondiendo a 81% de las áreas en situación de tensión social y conflicto.
Los llamados sin-tierra constituyen la segunda categoría de identidad con más áreas bajo cruenta presión y conflicto. El total de familias afectadas por las ocurrencias de conflictos de tierra, en el curso de 2021, refleja la creciente tendencia de los últimos cinco años, correspondiendo a 164,782 familias, siendo que 17,706 de las cuales están amenazadas de desahucios judiciales.
Por lo que respecta a los datos sobre el número de familias implicadas en conflictos por tierra en los últimos diez años, hubo aumento de la cantidad de familias que sufrieron invasión de sus tierras desde el inicio del actual gobierno (2019- 2021): 206% más que en relación a 2018.
En cuanto a la ocurrencia de conflictos por tierra en Brasil en el último bienio, entre los cinco primeros estados con mayores números (Pará, Maranhão, Bahía, Mato Grosso e Rondônia), cuatro están en la Amazonia Legal.
En 2021, se devastó más de 10 mil km² de bosque en la Amazonia brasileña
En 2021, la Amazonia registró 52% de los conflictos por tierra de Brasil y 61% del número de familias envueltas. Cuando se observa la cantidad de terreno de áreas en disputa, la escala de los conflictos muestra todo el motivo de las disputas por tierras y territorios en la región.
En la Amazonia ocurrieron, todavía, 64,5% de las amenazas de expulsión, 63% de las contaminaciones por agrotóxicos, 78% de la deforestación ilegal, 87% de las expulsiones, 81% de las “grilagens” (acaparamiento ilegal de tierras), 82% de las invasiones, 69% de los registros de sicarios y pistoleros, 73% de las omisiones/connivencias del Estado y 70% de violaciones de las condiciones de existencia.
Resistencia
Las acciones de ocupaciones y retomadas tuvieron un aumento expresivo en 2021. En total pasaron de 29 en 2020, para 50 en 2021, con aumento de 72%, y de 1,391 familias en 2020, para 4,761 familias en 2021. Un aumento de 242%.
Conflictos por agua
En 2021 se registraron 304 conflictos por agua en Brasil, involucrando a 56,135 familias, de acuerdo con los datos de la CPT. En 2020 fueron 350 conflictos con 56,292 familias.
Alrededor de 30% de los conflictos por agua fueron provocados por empresas mineras internacionales, 19% por sectores empresariales, 14% por grandes propietarios de tierras, 10% por instalación de hidroeléctricas, 9% por entidades gubernamentales (federales, estatales y municipales) y 8% por la acción de “garimpeiros” (minería clandestina).
En relación a los principales afectados por los conflictos por agua, destaca el predominio de las comunidades tradicionales.
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Más venezolanos cruzan el Tapón del Darién, en Panamá, para después enfrentar la contención migratoria de México, donde sus connacionales organizados con centroamericanos y caribeños se organizaron para salir de Tapachula, Chiapas, en una caravana.
El mas reciente éxodo del año planeó salir de la frontera sur de México este sábado 16 de abril ante la nula respuesta a los procesos migratorios ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).
Se trata de la tercera salida en grupo con acompañamiento de defensores de los derechos humanos en lo que va del 2022, pues aseguran es la única forma de no enfrentar solos la militarización de la frontera: detenciones, operativos y persecución.
Pero el Instituto Nacional de Migración impidió que los extranjeros abandonaran Tapachula en caravana; ofreció visas y traslados a otros estados del país para continuar con los trámites migratorias.
Mientras, organizaciones de la sociedad civil insisten en que las personas en contexto de movilidad no necesitan tarjetas humanitarias si no reconocimiento de sus derechos, pues aún con documentos son víctimas de detenciones arbitrarias y deportaciones.
Desde el año pasado, los originarios de Venezuela comenzaron a llegar a México en mayor número que años anteriores. A principios de 2022 protagonizaron protestas junto a otros migrantes en Tapachula para exigir la atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración.
La última actualización de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria muestra que sólo en enero y febrero de este año, fueron presentadas 2,443 personas de Venezuela ante el INM, la mayoría detenidas en Apodaca, Nuevo León, al norte de México.
Tapón
En un reciente informe, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron que son cada vez más las personas de esta nacionalidad que recorren peligrosos caminos por las junglas entre Panamá y Colombia.
El Tapón del Darién comprende 5,000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que la convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes que pueden tardar hasta diez días en cruzarlo.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de Panamá, alrededor de 2,500 personas de Venezuela cruzaron el Tapón del Darién en los primeros dos meses de 2022 por el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en la vida de estos refugiados y migrantes en distintos países de acogida en América Latina y el Caribe.
Protesta de migrantes venezolanos en el sur de méxico. Foto: Efecto Cocuyo
Lo grave es que la cifra total se triplicó en comparación con el mismo periodo el año pasado: de 2,928 en los primeros dos meses de 2021 a 8,456 en el mismo lapso en 2022. La cifra de este año incluye 1,367 niñas, niños y adolescentes.
Esta migración se encuentra expuesta a amenazas naturales y también a grupos criminales que perpetran violencia, incluyendo abusos sexuales o robos, por lo general contra adultos jóvenes y familias.
El estudio de la OIM dice que las personas llegan a comunidades indígenas de difícil acceso con hambre y deshidratación, exhaustas y requiriendo atención médica. En 2021 se registró un número récord de 133,000 personas que hicieron la travesía el año pasado, cuando se reportó la desaparición de 51 personas.
Entonces, la mayoría provenía de Haití, incluyendo su descendencia nacida en Chile y Brasil, seguidos de cubanos, venezolanos y personas de lugares lejanos como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal.
Según la OIM seis millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en distintas partes del mundo; casi cinco millones residen en América Latina y el Caribe. En 2022, la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela (R4V) lanzó un plan de 1,790 millones de dólares para satisfacer las crecientes necesidades de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de las comunidades que les han acogido en 17 países en la región.
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El Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decidió mantener la suspensión de operaciones que fue impuesta a la mega granja porcícola, de manera que la fábrica de cerdos permanecerá cerrada en lo que concluye el juicio de amparo promovido por niños y niñas mayas de Homún, Yucatán, contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo).
El argumento principal para la suspensión de la mega granja es que viola los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.
En 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La empresa, entonces, pidió la revocación de la suspensión de sus actividades.
De acuerdo con la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que asesora jurídicamente a la comunidad, el Tribunal determinó que dicha compañía no aportó pruebas de hechos novedosos que “derribaran” los tres pilares que sostienen la suspensión impuesta a la fábrica de cerdos.
El primero, que la planta de tratamiento de aguas residuales no estaba concluida al momento de iniciar operaciones. El segundo, que no se hizo la consulta previa a la población maya de Homún. El tercero, que ante el riesgo de que el funcionamiento de la granja podría afectarse al medio ambiente y por lo tanto, debía aplicarse el principio precautorio.
Sobre el primer pilar, relacionado con la planta de tratamiento, el Juez explicó que la prueba otorgada por Papo, un documento emitido en abril del 2021 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no es novedosa, pues está basada en hechos pasados. Solamente relata que, en el 2017, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) consideró viable la planta de tratamiento al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de la fábrica de cerdos. Además, no se aportaron exámenes periciales o científicos que garanticen que dicha planta evitará la contaminación del aire u otros impactos ambientales.
Respecto al segundo pilar, la empresa aseguró que en su momento, la Seduma publicó la MIA de la mega granja en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. También alegó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no tiene la obligación de realizar una consulta indígena.
El Juez respondió que la consulta pública realizada por la Seduma no es equivalente a una consulta indígena, la cual, según la normativa internacional, tiene que ser previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe respetando el derecho a la autonomía del pueblo maya y con el fin de obtener el consentimiento del pueblo.
En cuanto al principio precautorio, se resaltó que la empresa Papo tampoco logró comprobar que existen las condiciones para afirmar que el principio precautorio está superado, pues no sólo se debe contemplar la contaminación del suelo y el agua, sino también del aire.
En un comunicado, el pueblo Maya de Homún sostuvo que la resolución “resulta crucial para los pueblos mayas de la península que enfrentan industrias extractivas que imponen proyectos en su territorio y ponen en riesgo la salud, el agua, el aire y al medio ambiente en general”.
El pueblo maya de Homún resalta que las pruebas utilizadas por la empresa, en todos los intentos de eliminar la suspensión, han tenido en común la participación del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, argumentando que la planta de tratamiento de aguas residuales ya está terminada.
“La población de Homún exige al Gobierno del Estado de Yucatán no ser cómplice de la empresa Papo y respetar su derecho a la libre determinación”.
El juicio principal todavía continúa, bajo la medida cautelar que suspende las actividades de la mega granja.
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En portada: Don Antonino, ganadero de la comunidad de Fondo de Pasto de Bom Jardim, en Canudos (Bahía). (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)
El polvo y el ruido ensordecedor atormentan a las comunidades conocidas en Brasil como Comunidades de Fundo de Pasto en las cercanías de las obras de Voltalia, una multinacional francesa que opera en el sector energético. La construcción de un complejo eólico entre los municipios de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha, en el interior de Bahía, tiene el potencial de causar un daño aún mayor, amenazando el modo de vida tradicional de la población y la preservación del ave conocida como Guacamayo de Lear, en peligro de extinción.
La página web de la multinacional afirma que se fundó en 2005 y está presente en 20 países, con el objetivo de “mejorar el medio ambiente global promoviendo el desarrollo local”. El principal accionista de Voltalia es Creadev – www.creadev.com -, una sociedad de inversión fundada por una familia francesa. Los Mulliez poseen 130 marcas, entre ellas Decathlon y Leroy Merlin, y sus ingresos anuales rondan los 100 mil millones de euros.
Desde que era un niño, Antonino Carvalho ha pastoreado ganado en “terra de eréu”, extensiones de tierra que nunca tuvieron dueño:
“Este lugar nos pertenece a todos. Ahora los cabrones lo han invadido todo y hemos perdido nuestro lugar en esta ‘terra de eréu’. Los de fuera nos están dejando sin futuro. En unos días más, sólo podremos criar gente porque se cría en la casa”, se lamenta.
El ganadero Antonino ha participado en varios documentales y ha dado su testimonio en varios libros sobre ganaderos. Hoy, a la edad de 66 años, está angustiado por el impacto de las obras de Voltalia en la región:
“El ganado no aguanta el ruido. El ganado se asustó y huyó. Ya hemos capturado animales que llegan a [el estado] Sergipe. Y no sólo una vez”, relata.
El drama de los pueblos tradicionales comenzó a finales de 2018, cuando la multinacional energética presentó ante el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos (Inema) la solicitud de licencia previa de instalación. También solicitó la autorización de gestión de la fauna para el complejo, compuesto por 97 aerogeneradores (turbinas que convierten la energía cinética del viento en electricidad) y once parques eólicos.
El inicio de las obras para la instalación de las turbinas en las centrales Canudos I y II está afectando directamente a las comunidades de Bom Jardim, Angico, Toca Velha, Pedra Sozinha, Toca da Onça, Raso, Rio do Suturno, Alto Redondo, Barriguda, Rosário, Aroeira (Canudos) y Angico Silva (Jeremoabo).
Maria Pereira nació, creció y sigue viviendo en Toca da Onça, y dice que le asustó el repentino interés por las tierras de la región y la cantidad de gente extraña que deambulaba por la localidad.
Su familia sufrió acoso para vender la propiedad:
“Un muchacho estuvo allí. Habló con mis hermanos y les preguntó si no queríamos vender. No podemos vender porque es donde vivimos. Si vendemos, ¿a dónde iríamos?”, cuestiona.
Independientemente de las negativas, se está produciendo un gran movimiento de apertura de caminos y carreteras, de instalación de vallas en la región y de deforestación.
María Pereira y su familia aún se resisten a deshacerse de la tierra que heredaron (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)
“Mucha gente ya ha vendido su ganado porque no hay otro lugar donde criarlo, ¿verdad? Si terminan de despejar el resto de la vegetación para cercar el bosque, se acabó. No habrá movimiento ni siquiera para el sustento del ganado y para nosotros, que dependemos de la ganadería”, dice María Pereira.
La expresión fundo de pasto tiene un significado similar al de fondo de pateo, donde hay pastizales. Los antiguos habitantes construían sus casas cerca de las fuentes de agua necesarias para la supervivencia. Y contaban con la parte trasera de sus casas que daban a grandes extensiones de terreno para los animales. Además, en estas tierras de uso común, cultivaban pequeños campos de frijoles, yuca, maíz y calabaza, entre otros alimentos.
La historia de los conflictos, a menudo ligados a la especulación, y la presión sobre las áreas de uso común de pastoreo consternan a los residentes que lograron unir la generación de ingresos con la preservación de la catinga (vegetación y ecorregión en el noreste brasileño), asegurando el equilibrio del medio ambiente durante casi dos siglos.
La disputa se intensificó en la década de 1960, con la participación del Estado. Siempre acompañados por el discurso de minimizar los efectos de la sequía en la región semiárida y promover el crecimiento económico, se crearon diferentes programas, entre ellos el Projeto Sertanejo.
Lo explica José Adelson, vecino de Alto Redondo:
“Fue un incentivo. La asignación de préstamos a los pequeños agricultores y productores, de hecho, se quedó sólo en el papel. Quienes accedían a ellos eran personas que no tenían actividad rural y desviaban los fondos. Invirtieron en otra cosa y adquirieron tierras. Una vez que compraban una pequeña área, rectificaban las zonas y empezaban a especular hasta encontrar un comprador”.
José Adelson sacando agua con una bomba manual para su granja. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)
La financiación iba acompañada de la “ley del pie alto”, también llamada “ley de los cuatro hilos”. Se trataba de normas municipales que favorecían la ocupación de las tierras por parte de los grandes ganaderos. La nueva normativa obligaba a criar cabras y ovejas sólo en zonas delimitadas, para evitar daños en otras propiedades. En la práctica, la exigencia de cercar la tierra con cuatro hilos de alambre también preveía que los pequeños animales que la sobrepasaran pudieran ser sacrificados. Esto hizo inviable el modo de vida de los pueblos tradicionales de Fundo de Pasto.
“Sabemos que en la región semiárida las lluvias son localizadas. Por lo tanto, si no se dispone de una zona de pastos para la producción, a menudo la lluvia caerá donde los animales no pastan. Pero si lo tienes, se moverán libremente y no tendrás un rebaño pasando hambre y otro con la barriga llena”, garantiza Adelson, que insiste en criar su rebaño de cabras en un espacio cada vez más reducido.
Son principalmente las áreas de pastoreo, utilizadas por los residentes de las comunidades tradicionales de forma colectiva, las que garantizan la supervivencia de todos. En contra de esta realidad y costumbre, en cuanto Voltalia llegó a la región, publicitó una mejora de la vida con la creación de puestos de trabajo. Las cifras anunciadas estaban por debajo de la realidad y la disputa por los pocos puestos de trabajo creó divisiones internas en las comunidades. Según la publicación trimestral “Voltalia Informa”, de diciembre de 2021, se produjo la contratación de unas 400 personas, muchas de ellas procedentes de otras ciudades y regiones. Los empleados equivalen al 16,6% de los residentes de las comunidades tradicionales.
Hábitat de las guacamayas
Guacamayo de Lear en el criadero de Toca Velha dentro de la estación biológica gestionada por la ONG Biodiversitas (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)
La iniciativa del proyecto Jardines del Guacamayo Lear es un ejemplo de generación de ingresos de forma sostenible. Junto con las comunidades, buscan alternativas viables a las acciones que degradan el medio ambiente. Según Marlene Reis, de 42 años, integrante del grupo, más de 120 familias participan en el proyecto. Las artesanías producidas se exponen y venden en dos tiendas propias y garantizan los ingresos de los participantes.
“Me preocupa mucho la intención de la empresa francesa de instalar un parque eólico exactamente en el lugar donde se encuentra el Guacamayo de Lear. Es en la región donde más vuelan las aves de un refugio a otro y a las zonas de alimentación” – dice Marlene, mostrando un mapa elaborado por el proyecto.
Mapa que muestra que los aerogeneradores están en las rutas de los guacamayos de Lear (Proyecto Lear Macaw Gardens)
Ante esta preocupación, los miembros del grupo buscaron a los representantes de Voltalia en 2019.
“Queríamos saber la proporción del parque. Y sugerimos que no estuviera en esta ubicación porque ni siquiera hace falta ser un científico para ver que hay una amenaza para nuestros guacamayos. Pero, desgraciadamente, nuestra opinión no fue respetada por la empresa” – dice Marlene, decepcionada.
La agricultora Maria Ribeiro tiene una pasión especial por el Guacamayo de Lear. Dice que no hay día en que no sobrevuelen su comunidad:
“A veces pasan dos, a veces seis. Siempre las veo moverse”, dice.
María comparte con ellos el maíz que siembra y garantiza que nunca los ha ahuyentado de sus cultivos, porque las aves forman parte de la naturaleza. Cuando se enteró de la posible instalación del parque eólico, pensó inmediatamente que los guacamayos serían los más afectados, así como otras aves.
El primer dibujo de un Guacamayo de Lear fue realizado por el ilustrador Edward Lear a principios de la década de 1830, en un zoológico de Londres. Pronto, los delicados rasgos que representan al ave llamaron la atención de zoólogos y biólogos, que desconocían su origen. Veintiséis años más tarde, el francés Charles Lucien Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón, fascinado por la imagen, describió con detalle la especie a partir de animales disecados. Este zoólogo denominó a la especie Anodorhycus leari. El misterio sobre el hábitat del guacamayo se mantuvo.
Caboclo es uno de los responsables de vigilar y proteger la estación biológica. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)
Sólo en 1978, por tanto, unos dos siglos y medio después, el ornitólogo alemán, naturalizado brasileño, Helmut Sick1 se adentró en el sertão (región semiárida del nordeste brasileño), siguiendo las pistas dadas por los lugareños, y descubrió la especie amenazada en las laderas. La expedición de Sick contó con la ayuda de Eliseu Alves, padre de Eurivaldo Caboclo Alves, de 50 años, responsable de la estación biológica de la ONG Biodiversitas, en Toca Velha. Caboclo es uno de los encargados de preservar la zona y proteger la especie. Recuerda que cuando Sick llegó a la Fazenda Angico Descascado, donde vivía Eliseu, vio por primera vez seis guacamayos.
“Mi padre dijo que sabía dónde estaban y lo llevó a Toca”, dice.
Recomendaciones ignoradas
Ante las violaciones practicadas por la multinacional francesa, entidades como la Articulação Estatal de Comunidades Tradicionais de Fundos e Fechos de Pasto, la Asociación de Abogados de los Trabajadores Rurales del Estado de Bahía, el Instituto Regional de la Pequeña Agricultura Apropiada, el Instituto Popular Memorial de Canudos, la Fundación Biodiversitas, la Comisión de Tierras Pastoriles y el Movimiento Salvemos las Montañas han solicitado al Ministerio Público del Estado (MPE) que tome medidas.
Entre las normas violadas por Voltalia se encuentra la no realización de la consulta previa a las comunidades como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la no realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la no divulgación del Informe de Impacto Ambiental (Rima, por sus siglas en portugués), exigido por la resolución 4.579, del Consejo Estatal del Medio Ambiente (Cepram) y requerido para el otorgamiento de una licencia en emprendimientos como éste.
Siete bases de las 97 torres eólicas de Voltalia en medio de la catinga. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)
Las denuncias fueron aceptadas por el fiscal regional de Medio Ambiente de Euclides da Cunha, Adriano Nunes de Souza, y la fiscal Luciana Espinheira da Costa Khoury. Ante esto, el 19 de julio de 2021 se emitió la recomendación 01/2021, anexa a la investigación civil ya abierta. En ella, el MPE dice que es necesario reexaminar el proceso de concesión de licencias para suspender o cancelar la licencia medioambiental de Voltalia. También sugiere una consulta previa con las comunidades y recomienda que la empresa se abstenga de implantar el parque eólico.
La multinacional francesa e Inema hicieron caso omiso de las recomendaciones y las obras se aceleraron. Recientemente, los vecinos de las comunidades fueron sorprendidos por un anuncio difundido por whatsapp, en el que la empresa informa:
“Hola residentes de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha. Voltalia informa de que las obras de los parques eólicos I y II avanzan hacia la fase final. Tras la finalización de la fase de cimentación, estamos iniciando la fase de montaje de las 28 torres eólicas, también llamadas aerogeneradores. Los aerogeneradores están formados por grandes componentes que pueden alcanzar los sesenta y cuatro metros de longitud. Así que esté atento a las grandes cargas que circulan por las carreteras”.
Indignados con la actitud y la falta de respeto de la empresa y de la agencia estatal de medio ambiente, los miembros de las comunidades tradicionales esperan que los tribunales concedan un amparo para suspender la obra, antes de definir la reubicación de la empresa en un lugar que cause menos impacto.
1 – Sick es considerado el principal científico brasileño del siglo XX. Antes, sin embargo, fue detenido por el gobierno brasileño, durante la Segunda Guerra Mundial, sospechoso de espionaje sólo por ser alemán.
Edición: Paulo Oliveira – Meus Sertões
Este reportaje forma parte de un trabajo conjunto entre CPT Bahia y Meus Sertões.
Publicado originalmente el 29 de marzo de 2022, en el site de la CPT Nacional. Traducido por Avispa Midia.
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En portada: Habitantes de San Cristóbal de las Casas exigen la protección de los humedales de montaña
El pasado jueves (14), personas armadas con machetes buscaron evitar una reunión en San Cristóbal de las Casas que tenía el propósito de emitir la declaratoria de hábitat crítico de los humedales de montaña.
Testimonios indican que habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes de un grupo de choque, conocido popularmente como “los motonetos”, impidieron el paso a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y agredieron a ambientalistas que se reunirían con representantes de colonias para explicar la declaratoria.
Habitantes de las colonias aledañas a los humedales registraron al grupo agresor y la falta de vigilancia policial
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de una especie o población de una especie con condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial.
El primer día de abril, la Semarnat publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para alertar sobre estado crítico de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas, “tendiente a desaparecer debido al crecimiento urbano insostenible”, además de la contaminación, derivado de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional.
El documento público hace referencia que el instrumento fue adoptado a partir de la lucha de la organización social que defiende los humedales La Kisst y María Eugenia, localizados dentro de la mancha urbana.
“Aplica cuando se tiene conocimiento de que existe una afectación y una complejidad social o de otro tipo en torno a ciertas zonas y se tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para detener y, si es posible, revertir el daño”, reza el texto de Semarnat.
El pasado 26 de febrero, ambientalistas y representantes de las colonias y barrios solicitaron el cumplimiento y seguimiento del acuerdo de establecer las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación. Esto, según la Semarnat, permitirá la recuperación y restablecimiento de los recursos naturales y de las especies identificadas con la categoría de riesgo que habitan en los humedales.
Ahora será facultad de la dependencia federal preservar, proteger y restaurar los humedales: prohibir la liberación de organismos genéticamente modificados y el uso de sustancia tóxicas como plaguicidas; no permitir la contaminación del agua, así como tampoco el desarrollo inmobiliario dentro del polígono de hábitat crítico que comprende 220 hectáreas.
Agresiones
Después de la declaratoria, los activistas y ambientalistas lograron un espacio en la agenda de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, para reunirse con representantes de al menos 90 colonias y explicar el funcionamiento del mecanismo de habitar crítico.
El encuentro se planeó a discreción entre autoridades municipales, estatales y federales, pero el día del encuentro los policías se retiraron de la zona y un grupo de choque armado con machetes se colocó en el camino de la colonia FSTSE 2001, que colinda con el humedal María Eugenia, lugar acordado para el acto ambiental.
Las personas armadas dijeron que la declaratoria es para desalojarlos y mientras trataron de explicarles que la búsqueda es la conservación de las áreas, la situación se tensó. Hubo jaloneos, persecución, amenazas y agresiones físicas al académico de la Universidad Intercultural de Chiapas y ambientalista, León Enrique Ávila, que documentó el hecho con su teléfono celular.
“Es complicado hablar con gente que le han sembrado odio y que viene de manera muy agresiva”, relató y agregó que el grupo de choque no permitió la entrada de alrededor de 100 personas. Ávila cuenta con medidas del mecanismo de protección de defensores desde el año pasado, por la violencia que enfrentan como defensores y ambientalistas en los Altos de Chiapas.
Los grupos de choque fueron identificados como habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes del grupo delictivo conocido como “los motonetos”, que han invadido o son cómplices en actos ilícitos en las reservas ecológicas, también reconocidas como sitios Ramsar —por su importancia internacional—.
Luego de la tensión, la policía municipal detuvo a dos personas que fueron liberadas horas más tarde. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizaron al gobierno municipal y del estado por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión urgente y necesaria.
Por su parte, Albores González escribió en redes sociales: “El proceso de defensa del Hábitat Crítico de La Kisst y María Eugenia en Chiapas lo construiremos juntos a través del diálogo respetuoso. Diálogo, acuerdos y la defensa de la naturaleza guían nuestra acción. El agua de San Cristóbal de Las Casas es el bien superior a proteger”.
Humedales en riesgo
La defensa de los humedales siempre representó un peligro para los ambientalistas, pero desde 2020, la situación se agravó, por lo que dos representantes de 14 colonias cuentan con medidas de protección.
“De 2015 para acá tendremos alrededor de 10 incidentes graves en los que se ha puesto en riesgo la integridad de los defensores de los humedales”, agregó el investigador agredido.
Durante años, los defensores de los humedales han solicitado la historia traslativa de los terrenos, pero es negada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahora se enfrentan a la amenaza de los grupos criminales de la zona que ya están involucrados en el deterioro de las zonas de conservación.
Humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Los humedales de montaña surten de agua al 70 por ciento de la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas y albergan especies endémicas como el pez popoyote, además son refugio de aves migratorias y residentes.
Este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la falta de protección de los humedales por parte de autoridades federales, estatales y municipales y emitió la recomendación 18-2022.
Se trata de 115 hectáreas de los humedales de la Kisst y las 110 de María Eugenia, que se encuentran dentro de la mancha urbana de la ciudad turística que crece precipitadamente, por lo que urgen soluciones para evitar la pérdida total.
“Están contaminando los humedales y están generando no solo un problema de salud pública para los que vivimos alrededor sino para los habitantes de la ciudad. Pedimos que acepten ser reubicados; nosotros queremos que se conserve lo que queda de los humedales”, dijo Ávila.
El académico dijo que la titular de Semarnat se retiró tras el incidente, pero el encuentro se logró con representantes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); además de María del Rosario Bonifaz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y quien no aceptó las recomendaciones previas de la CNDH sobre este caso.
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Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.
La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.
De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.
“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.
En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.
Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.
Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.
El conflicto
En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.
Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.
En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.
El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.
Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.
“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.
Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.
La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de abril de 2022
Boletín No. 14
Justicia para Simón Pedro Pérez López
Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada por la defensa del acusado de ser el asesino material de nuestro compañero.
El pasado 28 de marzo de 2022, se suspendió la audiencia de etapa intermedia debido a que la defensa del acusado solicitó diferirla para realizar una propuesta de procedimiento abreviado (en donde el acusado admita su responsabilidad). Seguimos en espera de fecha para la celebración de la audiencia intermedia en el Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio un plazo de diez días para que se valorara la propuesta por parte de la representación legal que encabeza el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), junto a la familia de Simón Pedro y la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal). Este tiempo ha sido de reflexión colectiva, consideramos que la estrategia de procedimiento abreviado propuesta por la defensa del acusado de ser el asesino material de Simón Pedro atenta contra la verdad, la justicia y las pruebas aportadas tanto por equipo del Frayba, como por la familia de nuestro compañero asesinado.
La propuesta de la defensa implica que el delito sea reducido a un homicidio simple, lo que omite el carácter de ejecución sumaria y la vinculación del hecho al trabajo de defensor de derechos humanos que realizó Simón Pedro en la región de Simojovel, Pantelhó y Chenalhó en medio de un contexto de violencia generalizada auspiciada y permitida por el Estado mexicano; esto es, en los hechos del asesinato quedarían exentos tanto la alevosía como la ventaja, además de omitir el trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia que implicó la planeación de la ejecución con arma de fuego.
No nos cansaremos de hacer hincapié en que el camino emprendido por Simón Pedro ha sido de luz en medio de una profunda obscuridad, por eso lo reivindicamos desde la memoria por su compromiso como catequista, padre, hermano, esposo, hijo y defensor de derechos humanos. Su mirada profunda y llena de esperanza fue el reflejo de su decisión de luchar por defender la vida y caminar junto a los pueblos para denunciar la injusticia e impunidad.
Junto a Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro seguiremos exigiendo al Estado mexicano una investigación exhaustiva que abarque a los autores intelectuales de su asesinato, exigimos también que retome lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de defensores de derechos humanos asesinados: “las autoridades investigadoras deben tomar en cuenta el contexto de los hechos y sus actividades para identificar los intereses que podrían haberse visto afectados en el ejercicio de las mismas, a efectos de establecer y agotar las líneas de investigación que tengan en cuenta su labor, determinar la hipótesis del delito e identificar a los autores.[1]
La vida de Simón Pedro será alegría para nuestra lucha por generaciones, por eso continuaremos construyendo La Otra Justicia, desde el no olvido, la memoria y la verdad, exhibiendo la muralla de impunidad que el gobierno mexicano ha impuesto, construida desde la permisividad del contexto de violencia que cubre la región de Los Altos de Chiapas.
Desde este pequeño espacio de luchas profundas que representa Chiapas, abrazamos a todas las familias de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en nuestro país, les decimos que seguimos luchando a su lado porque estos crímenes no queden en la impunidad y por hacer que en este mundo existan espacios para la justicia y la dignidad.
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[1] Corte IDH. Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de septiembre de 2018. Serie C No. 361. Párrafo 47.
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16 de abril del 2022
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación en general
Denunciamos que este sábado 16 de abril se cumplen 6 días consecutivos de hostigamiento, por parte de un grupo armado de más de 30 personas, proveniente de la comunidad de Culilápam de Guerrero, quienes han disparado hacia la comunidad de El Rebollero. Incluso, la Guardia Nacional y policía del estado de Oaxaca, subió este mismo sábado a las 12:50 am y se retiró 13:03 pm, permaneció menos de una hora y, entabló comunicación con las personas que han disparado contra habitantes de nuestra comunidad, El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados. Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó
Cabe señalar que, en meses pasados, el gobierno de Oaxaca, a través de Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, nos llamó para entablar un diálogo con
autoridades vecinas de Culilápam de Guerrero, para tratar el tema de nuestras tierras que, sostienen, les pertenece. Nosotros como comunidad decidimos participar en este dialogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de dialogo se suspendía.
Nosotros, nosotras, como comunidad El Rebollero, estuvimos abiertos a compartir la
palabra, porque pensamos como nos han enseñado nuestros ancestros, que la palabra vale. El rompimiento del diálogo no solo viene del gobierno, sino que también, de la comunidad de Cuilapam de Guerrero y del municipio de San Pablo Cuatro Venados al desconocernos.
Además, no solo han traicionado su palabra, sino también a sus propios paisanos de su
comunidad, ya que uno de los objetivos de ocupar nuestras tierras es, la explotación minera, a la cual nos hemos opuesto. Mientras pidieron tregua, estos meses, sin permiso ambiental, comenzaron a realizar exploraciones en una de las tres concesiones mineras que hay en nuestra comunidad. El arroyo que cruza por nuestros poblados y, que tiene como final la comunidad de Cuailpam, ya ha mostrado pigmentaciones de contaminación y esto, no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas.
Vemos una vez más que el gobierno, tanto estatal, como federal, está respaldando a este
grupo de corte paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar
con la explotación minera. Dejamos claro que no cederemos ni un milímetro de nuestro
territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque.
Estos pistoleros están disparando directo hacia los hogares donde hay mujeres y niños.
Responsabilizamos al gobierno de Oaxaca, que encubre y respalda a este grupo armado de
corte paramilitar, así como al gobierno federal, de la escalada de violencia hacia la
comunidad de El Rebollero. También Responsabilizamos a las autoridades de Culilápam de
Guerrero y San Pablo Cuatro Venados y los políticos involucrados, del saldo que pueda
tener esta incursión paramilitar en nuestro territorio.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar estos
atropellos y violación a nuestros derechos humanos y como pueblo zapoteca.
A los medios de comunicación, convocamos a una conferencia de prensa, para este día 20
de abril, a las 2.30 pm, en la Alameda de León, en el centro de Oaxaca. En el marco de la
Caravana por el agua y la vida donde estaremos detallando estas agresiones.
Atentamente Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos ¡Nunca más un México sin nosotros¡
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Entre las comunidades de Morelos que son atravesadas por el Proyecto Integral Morelos se encuentra Huexca y Amilcingo, en el día 21 del recorrido de la Caravana, se visitó ambas comunidades, las dos rechazaron tajantemente la instalación de este megaproyecto, sin embargo el gobierno lo impuso con la justificación de una consulta ilegítima y la descalificación de los luchadores sociales de la región entre el que destaca Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019 por su ardua labor de oposición.
La primera parada fue en la comunidad de Huexca, la termoeléctrica se erige en medio de campos de cultivo y casas humildes que contrastan a la enorme estructura industrial, con una entrada que parece un fuerte de guerra más que una central eléctrica, el personal de vigilancia y técnicos que se pudo observar llevan consigo rifles de alto calibre, la fuerte militarización responde al nulo apoyo que tiene de la población circundante y la imposición autoritaria, ya el presidente había dado su palabra durante la campaña de que esa termoeléctrica no se terminaría pero traicionó y termino descalificó a los activistas de la región como lo ha hecho con las personas que no concuerdan con su proyecto de gobierno.
In early April, shocking video surfaced revealing the brutal murder of civilians by an occupying army. The year was 2010, however, not 2022, in Iraq, not Ukraine, and the soldiers were American, not Russian. On April 5th, 2010, Wikileaks, the whistleblower website, released a classified U.S. military video it called “Collateral Murder.” The video was recorded on July 12, 2007 aboard a U.S. Army Apache helicopter gunship as it fired on a crowd in Baghdad. Two Reuters employees were killed, along with at least eight others, and two children were seriously injured. The video includes audio of U.S soldiers laughing and swearing as they kill, as well as radio transmissions authorizing the attacks from their chain of command. Ultimately, only one U.S. soldier was prosecuted: Army Private Chelsea Manning was court martialed, not for participating in that attack on civilians, but for revealing it to the world.
“Collateral Murder” and the trove of documents Manning uploaded to Wikileaks, the Iraq War Logs and the Afghan War Logs, documented numerous atrocities committed by the U.S., in cold, military jargon.
In the twelve years since the video was released, military conflicts and the inevitable crimes that accompany them have raged around the world, from Congo to Sudan, Ethiopia and Tigray to Libya, from Yemen to Burma to West Papua, to name just a few. In Ukraine, the level of video and photographic documentation, satellite imagery and drone footage published instantaneously and shared globally is unprecedented.
