Radio Zapatista

^{Fotos por Futuros Indígenas}

Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).

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Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.

Minería, al acecho

Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.

Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.

Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.

En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.

“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.

PIM

El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.

También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.

“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.

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Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.

Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.

Decreto contra las violencias

Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.

Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta

Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.

La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.

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El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.

^{En portada: Militares de EEUU y México en reunión de preparación para los ejercicios “Tradewinds 2022”}

A pesar de que el gobierno de México se ha comprometido con los Estados Unidos para ser coanfitrión de los ejercicios militares denominados “Tradewinds 2022”, a última hora, el Senado de la república mexicana discute si se permite el acceso a 341 militares extranjeros a territorio mexicano. No obstante, una delegación de 84 militares extranjeros ya hizo acto de presencia entre los días 31 de enero al 5 de febrero en Chetumal, Quintana Roo, momento en que arrancó la primera fase de este programa militar.

Tradewinds es un ejercicio multidimensional centrado en la seguridad del Caribe que se lleva a cabo en los dominios terrestre, aéreo, marítimo y cibernético. Las fuerzas estadounidenses comandan estos ejercicios con las naciones participantes como un entrenamiento conjunto, combinado e interagencial.

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Desde el pasado 8 de abril, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió el Oficio no. 100-125 a través de Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación, para solicitar al Senado la autorización para permitir que 128 elementos de la Armada de México pudieran salir de los límites del territorio mexicano para poder participar en los ejercicios multinacionales “Tradewinds 2022”.

AMLO también ha solicitado que se permita el “ingreso de las tropas y buques militares extranjeros (341 elementos) para el mismo ejercicio”, que se llevara a acabo entre los territorios fronterizos de México y Belice del 7 al 21 de mayo de 2022, de manera simultánea.

El mandatario mexicano argumenta que la petición se desprende de una invitación que le hace el Comando Sur, uno de los diez comandos de combate unificado de los EEUU. “En ese sentido, hago de su conocimiento que se recibió invitación del Comando Sur de los Estados Unidos, para que México participe y organice de manera conjunta con Belice y el referido Comando, el Ejercicio Multinacional Tradewinds 2022”, justificó AMLO a Olga María del Carmen Sánchez Cordero, presidenta del Senado.

La presidenta presentó al parlamento esta petición el pasado 19 de abril, no obstante, solo se determinó que es de competencia de la fracción parlamentaria que se ocupa de estos asuntos, “la Comisión de Marina”, quien tiene en sus manos la última palabra para que las tropas puedan ingresar a México.

El acuerdo

Aunque el permiso se ha solicitado hasta este momento, desde el 31 de enero al 5 de febrero, en Chetumal, Quintana Roo, la marina mexicana, el Comando Sur e integrantes de Seguridad Pública de las regiones del Caribe, Centroamérica y Europa, realizaron reuniones previas para estos ejercicios.

Participaron 84 militares de las Fuerzas Armadas de 23 países tales como: Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, granadinas, República Dominicana, Reino Unido y Reino de Países de Bajos.

Esta es la primera vez que México es coanfitrión de Tradewinds, desde que el ejercicio se realizó por primera vez en 1984. Para este ejercicio se espera la participación de, al menos, 1,500 militares y civiles, de los cuales 341 pisarán territorio mexicano.

AMLO, en el documento que envió al senado, argumenta que este programa militar permitirá fortalecer la capacidad de las fuerzas armadas participantes, “para contrarrestar amenazas comunes, tales como el crimen transnacional y desastres naturales”.

El mandatario mexicano también sostiene que las fuerzas armadas de México ya han sido participes de estos ejercicios militares en otros países, al menos, en seis ocasiones. Parte de los 341 militares provienen de Belice, una sección de 24 elementos de las Fuerzas Armadas con 24 fusiles M4, calibre 5.56 milímetros (mm), y 32 pistolas Glock 19 mm, calibre 9 mm, todas ellas sin munición.

Mientras que de Colombia participaran 32 militares con las mismas armas, salvo el agregado de ametralladoras M-2HB/QCB, calibre 7.62 mm, también sin municiones.

Canadá participará con 83 elementos y el buque llamado Harry Dewolf HMCS “que significa, navío canadiense de su majestad, en referencia a la reina Elizabeth II del Reino Unido”, un tipo de embarcación que ha brindado apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los militares de EEUU son 100 y portaran las mismas armas, además de equipo táctico de la Guardia Costera y el buque USCGS “ISAAC MAYO”. También, de Reino Unido, se suman el buque llamado Medway y 24 militares más, el buque Pelikaan de Países Bajos, con 26 militares armados; nueve elementos más de Surinam y dos de Guayana.

En 2017, el jet Gulfstream IV (C20-F) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), ingresó a territorio mexicano, aterrizando en el hangar de la Marina en la frontera sur en la ciudad de Tapachula, Chiapas. En esta aeronave viajaba Lori Robinson, la entonces jefa del Comando Norte de Estados Unidos y Kurt Tidd, ex comandante del Comando Sur, así como la Embajadora, Roberta Jacobson. Fue una reunión con autoridades mexicanas. De acuerdo con fuentes del medio británico, Reuters, los asistentes pidieron el anonimato.

Inversiones de EEUU

Mientras se crea el escenario de un teatro de operaciones bélicas en el mar Caribe, EEUU y Canadá pretenden reafirmar y reforzar los acuerdos de seguridad con el gobierno de AMLO, ya que, aparte del ejercicio Multinacional Tradewinds 2022, también se le suman las operaciones de la iniciativa para la Protección Marítima de América del Norte (NAMSI por sus siglas en inglés), que comprenden procedimientos normalizados en un tiempo de reacción mínima, con los cuales responden a las amenazas y operaciones marítimas.

NAMSI es coordinado por EEUU, Canadá  y la Armada de México, como parte de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), un acuerdo establecido desde el año 2008 entre los tres países. México seguirá participando cada año en los programas militares NAMSI.Aunque la alianza no solo es de seguridad de América del norte, también implican acuerdos comerciales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que inició en julio del 2020, que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

Además, el mandatario mexicano se reunió este 22 de abril, en el estado de Veracruz, con políticos y empresarios de los Estados Unidos y Canadá para llevar a cabo la Cumbre de Desarrollo del Istmo en San Juan de Ulúa, donde se anunció la apertura de este territorio franco a la inversión nacional y extranjera.

Previo al evento, el mandatario mexicano, en su conferencia de prensa, expreso que, el “Plan del Istmo”, que incluye toda la región sur-sureste de México, participan el secretario de la Defensa y Marina, porque “la secretaría de Marina es la encargada de atender toda la zona del Istmo y el proyecto en general”, para cuidar casi mil kilómetros de vías férreas.

Mientras tanto, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que en 20 días se estarán licitando 800 kilómetros del tren del Istmo de Tehuantepec para su rehabilitación, puntualizando que ya hay “seis empresas  que están concursando”.

Durante esta reunión el embajador estadounidense, Ken Salazar, también anunció que la empresa cervecera Constellation Brands invertirá, en el sureste mexicano, mil 300 millones de dólares. “Va a crear dos mil empleos directos, más de diez mil empleos indirectos y mil 300 millones de pesos en inversiones”, señaló el embajador.

Ken Salazar también sostuvo que EEUU ve un futuro compartido en la región Sur-Sureste de México. En la Cumbre también hicieron acto de presencia más de 30 empresarios norteamericanos, canadienses y mexicanos, de las industrias automotriz, de autopartes, alimenticia, energética, química, transporte, logística y comunicaciones.

Entre ellos estuvieron representantes de: Cargill; American Chamber of Commerce México; Constellation Brands México; Pacific Limited; Invenergy; AES México; EDP Renewables para América del Norte; AECOM; Kansas City Southern Mexico; Freightliner & Detroit Diesel; AT&T; FedEx; TC Energy, entre otros.

Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunció a las empresarios participantes en esta cumbre que los 10 predios para los parques industriales están listos para que puedan inicar con sus actividades. En conjunto abarcan 3,378 hectáreas. También agrego que “en el norte del Istmo es muy factible que se desarrolle un corredor energetico, dada la vocación de la zona donde tenemos gas, pétroleo, petroquimica”.

El embajador estadounidense por su parte, calificó esta Cumbre como “histórica”, ya que  según él, “es muestra del compromiso de nuestros gobiernos con la prosperidad de su gente. Junto con sus inversiones, las empresas estadounidenses apoyan el desarrollo del capital humano mexicano y de la economía digital”.

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“A través de la inversión estamos avanzando las prioridades conjuntas de Estados Unidos y México para abordar la prosperidad económica del istmo y de México”, dijo el embajador, mientras tanto, la decisión del Senado, en cuanto a la presencia de militares extranjeros a territorio mexicano, esta por decidirse.

Hasta noviembre de 2021, entre el 2% y el 6% de casos de desaparición de personas en México fueron judicializados y sólo se emitieron 36 sentencias a nivel nacional. De acuerdo al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, funcionarios públicos y la delincuencia organizada son los responsables de las desapariciones.

El informe se basa en la documentación realizada por la representación que visitó México en el último trimestre de 2021, pues la situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional impera en la impunidad casi absoluta y la revictimización.

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Las desapariciones tuvieron un aumento en el 2006, cuando Felipe Calderón ocupaba presidencia de México. Afectaron mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años, aunque también existe un alza en desapariciones de niñez de 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó durante la pandemia por la Covid-19.

En algunas entidades la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Campeche alcanza el 67 % y más del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucatán; en su mayoría, casos de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años.

En el caso de las desapariciones forzadas, aún son cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal y la delincuencia organizada se considera perpetradora central de estos crímenes.

La impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento; pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, dice la ONU. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador enfatizó, tras la presentación del informe, que ningún organismo internacional “va ponernos en el banquillo de los acusados” y aseguró que su gobierno trabaja con humanismo en esos casos, “ellos no tienen toda la información y no están actuando con apego con la verdad”, respondió negando los datos de Naciones Unidas.

Sectores

Durante su visita en noviembre del año pasado, los representantes de la ONU encabezaron reuniones con organizaciones, grupos, familiares de víctimas y autoridades de 31 entidades en el recorrido que hicieron por Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Ahora, en el estudio, el Comité menciona las desapariciones por la labor de defensores de los derechos humanos, las ocurridas en el contexto carcelario, así como las detenciones de personas migrantes en estaciones migratorias que son difundidas como “rescates humanitarios”, en los que reconocen la falta de información, lo que constituye desaparición forzada en virtud del artículo 2 de la Convención.

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Desde 2016 se han interpuesto 124 denuncias por desaparición de personas migrantes, a través de los consulados de México en Guatemala, El Salvador y Honduras. Al 21 de octubre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas incluía a 2,522 personas extranjeras, pero “no refleja de manera fidedigna los casos”, pues las personas en contexto de movilidad por lo general no reportan las desapariciones por temor a ser detenidas.

En cuanto a las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones, principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados.

En el reporte, se señala que las desapariciones de personas LGBTIQ+ fueron cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades.

En algunas entidades federativas existen patrones de desaparición, independientemente del perfil de las víctimas. Por mencionar los casos de feminicidios de Nuevo León y un importante número de desapariciones relacionadas con el tráfico de combustibles en el norte del país.

Crisis forense

“No se han creado un banco nacional de datos forenses, un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni un registro nacional de fosas, y que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones”, detalla el informe de la ONU.

Para el Comité, la crisis forense es una realidad de profunda preocupación por las más de 52,000 personas fallecidas sin identificar que yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

“Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas”, contextualiza sobre las estadísticas.

Según varios expertos entrevistados por el Comité de la ONU, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.

Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,73% de los cuerpos no identificados; y los servicios forenses son insuficientes.

Esta crisis fue reconocida por el Estado debido al alza de los niveles de violencia desde el año de 2020, cuando se registraron 27,8 homicidios por cada 100,000 habitantes y en el gran número de personas desaparecidas. En fosas comunes en los panteones de la Ciudad de México, Puebla, Sonora y Veracruz, el 47,2% de las personas inhumadas son no identificadas.

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Por ello, insiste la ONU en la necesidad de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas que aborde el conjunto de las observaciones y recomendaciones presentadas. Debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición.

“Tomando en cuenta el carácter continuo de las desapariciones, su fecha de inicio no precluye las responsabilidades actuales del Estado parte conforme a la Convención”. Para lo que cita algunos criterios a valorar como la responsabilidad de servidores públicos y erradicar la impunidad.

Abandonar la militarización 

Naciones Unidas se remonta a los noventa para recordar el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado, fomentado por la reforma legislativa del 2006 y caracterizado por la militarización.

Entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial con el 98% de las desapariciones en el país, que evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Pero el informe expone, al igual, la adopción de recientes reformas normativas y operacionales al respecto como el Decreto de 26 marzo de 2019, que reforma el artículo 21 de la Constitución y crea la Guardia Nacional; el Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad pública; la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019.

La Guardia Nacional se integra por 101,182 elementos, el 58% provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 26% de la ex Policía Federal y 16% de la Secretaría de Marina (Semar).

Entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Sedena y la Semar por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada.

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En 2021, la Sedena y la Guardia Nacional se colocaron entre las diez autoridades más mencionadas en expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Sedena y la Semar también están entre las cinco con mayor número de recomendaciones en trámite.

Registro

El Comité señala que recibió información, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayoría de las entidades federativas.

Por ello, señala la urgencia de implementar los puntos tratados en el informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente, debido a los reportes preocupantes de las personas entrevistadas por la ONU en cuanto a las duplicaciones, errores en los datos registrados o información incompleta y las dificultades existentes para solicitar correcciones o actualizaciones.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por otro lado, no permite una visión clara sobre la proporción de casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas, por lo que recomendó la actualizado constante.

En esto, el Comité resalta la riqueza de las herramientas existentes en México para abordar las desapariciones, pero lamenta las graves deficiencias encontradas en su implementación. Después de cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, su reglamento todavía no ha sido publicado.

La mayoría de entidades mexicanas carecen de política pública en materia de desaparición de personas. Solo Coahuila, Guerrero y Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, cuentan con Fiscalías especializadas.

Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95,121 personas desaparecidas, de las cuales 112 desaparecieron durante la visita del Comité. El Registro Nacional, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob), es el único en funcionamiento de los previstos por la Ley General.

Y son las propias autoridades las que siguen señaladas, además, por dilaciones injustificables en la ejecución de diligencias, exigiendo que hayan pasado 72 horas después de una desaparición para recibir una denuncia, “impidiendo así que se busque a la persona desaparecida de forma inmediata”, dice la ONU.

La Comisión Nacional de Búsqueda carece frecuentemente de los recursos necesarios para su funcionamiento y las comisiones tienen que anular las actividades programadas o buscar formas alternativas de financiamiento.

El Comité asegura que los registros de huellas dactilares constituyen una herramienta esencial para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, pero dicho sistema no es aplicable a los menores de edad, por lo que las recomendaciones son valoradas por las diferentes organizaciones de la sociedad civil que documentan casos de desaparición en México.

^{En portada: Movilización del FPDTA y organizaciones del CNI en Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.}

En un lapso de diez días, el domicilio de los defensores de derechos humanos y ambientales, Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), ha sido tres veces allanado en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio Juan C. Bonilla, Puebla.

Personas desconocidas entraron a la vivienda los días 5, 10 y 15 de abril. Los defensores encontraron la reja y el candado rotos y se percataron de robos caprichosos, pues sustrajeron pocas cosas de valor y varios documentos personales.

Se llevaron gafetes de eventos políticos, volantes guardados del anuncio de la consulta sobre la Termoeléctrica en Huexca y documentos de casos en los que Juan Carlos Flores Solís trabaja como abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena.

También les dejaron mensajes amenazantes como un cuchillo sobre la cama y otros perturbadores como una puerta de ropero abierta y cortes de árboles en la propiedad a la que ingresaron de noche.

“Inminentemente son mensajes que quieren provocar temor y una sensación de vulnerabilidad hacia nuestras personas por nuestra labor de defensa,”, comentó Flores Solís en entrevista para Avispa Midia.

Myriam Vargas Teutle es periodista nahua en medios de comunicación comunitarios y defensora de derechos humanos de la región Choluteca, además de ser parte de la lucha contra el PIM, donde Juan Carlos Flores Solís también trabaja como abogado de más de una docena de comunidades nahuas afectadas en la región de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Alerta

En un comunicado, la organización Front Line Defenders mencionó que el allanamiento a la casa de los defensores y la amenaza tiene lugar en el momento en el que el presidente de la República se reúne con el dirigente de la Asociación de Riego del Río Cuautla (Asurco) para buscar finiquitar la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM) y terminar con la oposición legal y social que existe en la región en contra del proyecto.

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En el 2010, cuando se impulsó el PIM, comenzó el hostigamiento contra integrantes del FPDTA. En las protestas y paro de la obra de la termoeléctrica en Huexca, en el 2012, la policía estatal y federal desalojaron a los manifestantes.

Entonces hubo criminalización por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que inició procesos judiciales inventando delitos. Detuvieron a cuatro; para septiembre de 2013 volvieron a detener a uno de ellos.

“Lo desaparecen por una hora y aparece todo torturado en manos de la policía estatal de Morelos”, relató Juan Carlos Flores Solís, quien también fue encarcelado 10 meses en el penal de Cholula por delitos fabricados con tres procesos judiciales en su contra.

El PIM se impuso con ayuda de la policía estatal y el Ejército mexicano en un contexto de criminalización: cierre de dos radios comunitarias, amenazas de muerte hacia una veintena de personas judicializadas o demandadas, por las empresas constructoras o por la misma CFE.

En 2019, con el asesinato del defensor Samir Flores Soberanes por su labor, las violencias contras los pueblos y defensores se agudizó. En el 2020 también encarcelaron a Miguel López Vega y ahora está bajo proceso judicial, “quieren reactivar los delitos que ya le absolvieron”.

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Los últimos incidentes se suman a otros hechos violentos que han sido reportados por el Frente de Pueblos a Front Line Defenders, tales como la intimidación por parte de la Policía Estatal de Puebla que sufrieron personas defensoras de derechos humanos durante una manifestación pacífica en Santa María Zacatepec el 10 de junio de 2021.

A finales del año pasado, un grupo de hombres afines al presidente Municipal agredieron físicamente a integrantes de la comunidad y a personas defensoras de derechos humanos durante la asamblea de la comunidad.

El 15 de febrero de 2022, la Guardia Nacional también desalojó a manifestantes pacíficos y personas defensoras de derechos humanos de las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

Omisión

El contexto de hostigamientos contra defensores se agravó con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes en febrero de 2019. Ahora, en el caso de Flores, el Mecanismo de Protección negó el ingreso del abogado y defensor con el argumento de estudiar más el caso porque involucra a muchos actores.

En el 2020, cuando la Guardia Nacional entró a Apatlaco, el Mecanismo confirmó el ingreso de Juan Carlos Flores Solís, pero no implementaron ninguna medida de seguridad. En el actual proceso tras el allanamiento, encontraron que, en realidad, nunca fue dado de alta.

La solicitud de protección es para Juan Carlos Flores y Myriam Vargas y se agregarían a la lista de al menos 20 integrantes del Frente de Pueblos que ya están dentro del mecanismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Con estos recientes hechos tampoco hay seguimiento de la Fiscalía de Puebla, aunque el abogado comentó que lo mismo sucede en la Fiscalía de Morelos y el caso de Samir que es manejado de forma política.

“Señalando que ya tenían identificados a los responsables desde los tres meses que asesinaron a Samir, pero tuvieron que pasar más de dos años para luego decir que habían girado una orden de aprehensión contra uno de los autores material y lo había detenido, pero resulta que esa persona ya estaba en la cárcel desde hace un año”.

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Fue parte de ‘un montaje político’ en el contexto de una visita a Morelos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las irregularidades persisten en más casos de agresiones contra integrantes del Frente de Pueblos.

Esta violencia contra pueblos originarios es una constante, pero la estrategia cambió en lo que va del sexenio y existe preocupación en la sociedad civil por el incremento de asesinatos de defensores de los derechos humanos y periodistas, en comparación con otras administraciones.

En la actualidad, el Ejército es una institución que se dedica a la construcción o la vigilancia de las obras como el Tren Maya y el aeropuerto Santa Lucía; o en la obra pública que, muchas veces, está adjudicada a empresas extranjeras.

“Es una situación muy grave porque el Ejército es un cuerpo represivo, castrense, que tiene el objetivo específico de cuidar la soberanía nacional y la defensa del país”, dijo Flores Solís, quien considera que, al igual, el crimen organizado se volvió la ‘secretaría del terror del estado mexicano’ para hacer el trabajo sucio.

Empresas por encima de los pueblos

El gasoducto de la discordia, como fue llamado el PIM por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca y un gasoducto, de 160 kilómetros aproximadamente, que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Además de infraestructura complementaria, en la zona de influencia del volcán Popocatépetl forman parte de este proyecto concesionado por tres empresas españolas: Elecnor y Enagás, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas.

En infraestructura o en los impactos como el despojo de agua, el Proyecto Integral Morelos (PIM) afecta a alrededor de 80 ejidos y comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 03-2018 que habla sobre las violaciones en que incurrió el Proyecto Integral Morelos en su instalación, además de no cumplir con las recomendaciones de seguridad del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) que se encarga de valorar los riesgos por la zona del volcán Popocatépetl.

La recomendación fue aceptada por la CFE y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La dependencia federal ordenó hacer mesas de trabajo, pero hasta ahora no existe constancia de su realización o del cumplimiento de los puntos de la CNDH. Por parte de Protección Civil, Cenapred ordenó el seguimiento del manifiesto de impacto ambiental en los proyectos de construcción del gasoducto; tampoco hubo seguimiento.

Para Juan Carlos Flores Solís es urgente que se cancele el PIM por ser perjudicial e innecesario para la nación con “generación eléctrica, el doble de lo que necesita el país, no es parte de la soberanía energética porque más bien se vuelve una dependencia hacia Estados Unidos y empresas españolas en infraestructura del gas”.

Recordó que el mismo presidente de la República abogó, pugnó y desaprobó el proyecto en 2014 y “ahora nos criminaliza y reproduce mensajes de odio”, con lo que les coloca en mayores condiciones de vulnerabilidad en su labor de la defensa de derechos humanos.

Fotos: Santiago Navarro F.

En su recorrido por Oaxaca, la Caravana por el Agua y la Vida fue recibida en la capital del estado por integrantes de comunidades de la región Chontal, Mazateca, Mixteca y Zapotecas de los Valles Centrales pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, quienes organizaron un evento político en la tarde de este miércoles (20), en el centro de la ciudad.

“Existe una guerra permanente contra los pueblos desde hace 500 años, por eso los pueblos indígenas estamos defendiendo los territorios ante las amenazas y la violencia. La respuesta de los gobiernos ha sido la represión a través de sus sistemas como la Guardia Nacional y el Ejército, y la criminalización de los defensores y defensoras”, dijo Samantha Cesar, de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, integrante de la Caravana.

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Durante el evento, las voces de las comunidades de Oaxaca denunciaron el contexto de violencia y despojo que enfrentan los territorios por proyectos extractivos, así como las agresiones contra las mujeres defensoras del territorio, las desapariciones y los feminicidios en territorio oaxaqueño.

“Ante la ausencia de justicia y la impunidad, en este contexto de despojo y violencia, las comunidades aquí presentes, nos declaramos en resistencia contra los proyectos de muerte que atenta contra el agua, el territorio y la vida en nuestras comunidades”, compartieron los pueblos mediante comunicado.

Cuatro Venados

La visita de la Caravana se da en el contexto de un incremento en los ataques armados contra la comunidad de El Rebollero, municipio de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, donde en las últimas semanas se han suscitado agresiones paramilitares contra las familias que ahí habitan.

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Los habitantes de la comunidad zapoteca señalaron que, debido al aumento de la violencia paramilitar, no se pudo concretar una visita de la Caravana por el Agua y la Vida por cuestiones de seguridad.

“Responsabilizamos a la empresa canadiense Continuum Resources Ltd, quien ha sido concesionada para realizar exploraciones en nuestro territorio, contaminando el Río Valiente quien sostiene la vida proveyendo de agua a nuestra comunidad y otras comunidades”, denunciaron integrantes de la comunidad de El Rebollero en conferencia de prensa.

Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz) y integrante de la caravana, dijo que la agresión a la comunidad El Rebollero es también una agresión a los pueblos indígenas de Oaxaca. El objetivo, según él, es destruir las formas propias de organización social de los pueblos.

“Estamos aquí con la Caravana por la Vida, acompañando os compañeros de Cuatro Venados y denunciando que este gobierno no ha cambiado absolutamente nada en sus políticas. Hay asesinatos de defensores y defensoras que hasta el día de hoy siguen en plena impunidad. Queremos poner como muestra el caso de Bety Cariño [defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010]. Son 12 años de impunidad. Las instituciones que deberían impartir justicia en este país son una mierda. Lo que queda es organizarnos entre todas y todos, entre los pueblos, para defendernos”, dijo Esparza, viudo de Bety Cariño, durante mitin de la Caravana en la tarde de este miércoles en Oaxaca.

Chontal

En la región Chontal denunciaron el alto riesgo que implica para su territorio la concesión minera denominada “Zapotitlán 1” con una extensión de 5,413 hectáreas a favor de la empresa minera Zalamera S.A de C.V. que está vinculada a la empresa canadiense Minaurum Gold INC.

Pese a que desde diciembre de 2018 se inició un juicio de amparo en contra de dicha concesión, impulsada por la comunidad de Santa María Zapotitlán con el respaldo de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, fue en 2020 cuando la Secretaria de Economía le autorizó el desistimiento de la concesión a la empresa para con ello cancelar el juicio.

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“Sin embargo, en revisiones recientes del mes de abril del 2022, en la plataforma en línea de ‘CartoMinMex’ se observa que el polígono señalado sigue reflejado en dicha cartografía”, acusaron integrantes de la comunidad chontal, quienes enfatizaron existen altas posibilidades de la existencia de una declaratoria de terreno libre por parte de la Secretaría de Economía que permitiría la operación minera.

Cuzcatlán

En el evento también se señaló la contradicción del gobierno federal al ampliar los permisos de operación por 12 años mas a la Minera Cuzcatlán. Cabe recordar que, en dicha mina, ubicada en San José del Progreso, Ocotlán, ocurrió un derrame que contaminó afluentes, así como también existen obras realizadas sin Manifestación de Impacto Ambiental. Pese a las denuncias, la empresa, filiar de Fortuna Silver Mines, no ha sido sancionada.

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Mazateca

Habitantes de comunidades de la Sierra Mazateca reafirmaron su resistencia frente a lo que denominaron “proyectos de muerte”, tales como la bioprospección que realizan extranjeros en cuevas y sótanos, así como la biopiratería en específico con plantas y hongos enteogénicos o como nosotrxs los Mazatecos los conocemos ‘Ndi xi tjo’ o ‘pequeños que brotan’, que son seres de gran importancia en nuestro territorio.

“Extranjeros han estado explorando nuestras cuevas y territorios sin la autorización de nuestras asambleas y nuestras autoridades. Ellos han profanado nuestros territorios sagrados”, dijo una mujer mazateca durante el mitin en Oaxaca.

También denunciaron la generación de conflictos y rupturas internas en las comunidades provocadas por la actuación de los partidos políticos y el gobierno municipal de Huautla de Jiménez, a fin de obtener mayor control político.

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Las actividades realizadas en esta tarde de miércoles en Oaxaca, para recibir a la Caravana por el Agua y la Vida, fueron organizadas por pueblos, comunidades y colectivos del Congreso Nacional Indígena en Oaxaca y adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona.

“Esta caravana está haciendo un llamado a todos para que tomemos conciencia y podamos organizarnos como pueblos”, sostuvo Omar Esparza.

^{Fotos de Amehd Coca}

Para construir salidas colectivas ante la imposición de proyectos extractivos, el desplazamiento forzado, la agudización de la migración, así como el interés por privatizar el agua, las tierras y el propio volcán Chichonal, los pueblos del norte de Chiapas realizaron el Segundo Congreso Zoque.

Fueron convocados pueblos, comunidades, barrios y rancherías zoques para reunirse en Chapultenango y crear un análisis propio sobre las distintas amenazas a la vida y el territorio, “a cuarenta años de la erupción del volcán Chichonal, queremos denunciar las opresiones de hoy”.

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En el evento recordaron que el 28 de marzo de 1982, además de la erupción del volcán Chichonal, inició un proceso mayor de fragmentación comunitaria y control de la población que enmarca la actualidad de las comunidades zoques.

En documento, difundido por el Congreso Nacional Indígena, mencionan que la fecha del fenómeno natural fue convertida en un ‘mero espectáculo folclorista’ que busca legitimar una visión histórica acorde al poder en turno.

El texto dirigido a la sociedad civil enumera las situaciones que amenazan al pueblo originario y está firmado por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Chapultenango, Mujeres defensoras de Nasakobäjk, Atención Primaria de Salud APS “wabä ijtkuy”, integrantes de Zodevite y el Centro de Lengua y Cultura Zoque.

Además de acordar la preservación de la lengua a través de compartir el conocimiento a los más jóvenes, los zoques decidieron llevar a cabo diversas acciones para enfrentar las problemáticas actuales, desde la creación de reglas internas hasta la realización de talleres para llevar conocimiento a las nuevas generaciones; todas las actividades serán evaluadas en un año.

Denuncias

La primera denuncia que realizó el pueblo zoque es la violencia contra las mujeres que se “cristaliza”, pues además de ser física y verbal, no se les permite tomar decisiones y en consecuencia tampoco tienen acceso a la tierra, ni a derechos básicos como a la salud y atención jurídica.

“También hemos visto cómo las ambiciones e intereses personales se han manifestado a lo largo de este proceso, lo cual significó utilizar el movimiento zoque para fines electorales y partidistas. Desde aquí lo decimos claro: no vamos a permitir que la defensa y la organización zoque se conviertan en una moneda de cambio por puestos políticos en el gobierno o para conseguir recursos económicos a través de proyectos ‘comunitarios’ que solo buscan fortalecer las agendas de los intereses capitalistas”, enfatiza el documento.

En el 2016, los pueblos zoques iniciaron un proceso de organización y lucha por la defensa del territorio en Chiapas que impidió la concesión de tierras para la explotación de doce pozos petroleros.

Pero también se enfrentan a la minería promovida por los consorcios transnacionales y autorizada por las instituciones del Estado mexicano, a pesar de las amenazas en los territorios de las comunidades de Buenos Aires, Valtierra y Caracol en el municipio de Chapultenango, así como en Ixhuatán y Pantepec.

Los zoques advirtieron que también analizaron los intereses de extraer los hidrocarburos en Francisco León, municipio también localizado en las montañas del norte de Chiapas. Asimismo, la situación de Zacalapa, municipio de Copainalá, que enfrenta un grave conflicto por la escasez y el monopolio en la gestión y distribución del agua.

En el tema ambiental alertaron sobre el deterioro generado por el incremento descontrolado de basureros públicos como en Rayón y Chapultenango, promovidos por las propias autoridades municipales, que contaminan manantiales y ríos que proveen de agua a las comunidades.

A esto se le suma la reactivación de proyectos energéticos con la construcción de nuevas presas hidroeléctricas en los municipios de Chicoasén, Copainalá y Francisco León, “sabemos que esos proyectos de energía eléctrica se hacen a costa del desplazamiento y la precarización de la vida zoque”.

Este contexto les acarrea divisiones internas, inseguridad y violencia a los ojos de las autoridades, como el desalojo de familias por parte de grupos armados el 21 de noviembre de 2021 en el ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango,

La división de la comunidad también la provocan los programas sociales y la cooptación de las comunidades bajo la promesa de empleo, caminos y proyectos. Mientras, en lugares como Tectuapan municipio de Pichucalco, el poder permite que el monopolio del transporte público provoque violencia y terror contra los habitantes.

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Los pueblos zoques también lamentaron que a dos años del impacto ocasionado por el huracán Eta, sigan sin atender a la población afectada. En Pantepec, Rayón y Tapalapa, los caficultores tuvieron grandes daños que perturbaron la economía familiar.