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El Salto Diario

Marichuy: “Nuestra lucha es por la vida, una vida que no sea solo nuestra, sino de todos”

          

Por Sara Guerrero Alfaro

Las defensoras de derechos humanos María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores participan en la Gira de la Vida, orquestada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, es una médica tradicional de origen nahua y defensora de los derechos humanos. En 2017 fue elegida como vocera representante del CNI y precandidata en las elecciones presidenciales de 2018. Nisaguie Abril Flores es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y recientemente colaboró ​​con la producción del documental Gente de mar y viento.

Pudimos hablar con estos dos defensores de derechos humanos durante su breve visita a Galicia. Los encuentro una tarde soleada de fin de año en el Centro Social de Bouzas. En los días previos, ambas mujeres participaron en varios encuentros celebrados tanto en Santiago de Compostela como en Vigo por parte de universitarios y diversos colectivos. Llevan más de un mes de viaje, su final no está cerca y esa misma tarde su agenda apunta a un viaje a Barcelona.

A lo largo de la entrevista, la voz de Marichuy se quebró un par de veces por las varias semanas de trabajo continuo. A su lado, Nisaguie Abril Flores también se siente un poco cansada. Pero a pesar del largo turno de noche del día anterior y el viaje por delante, ambos me saludan con moderación. Su perspectiva de lucha, que se basa en la creación de alianzas entre diferentes grupos, establece pautas alternativas para la superación del realismo capitalista y los límites de las políticas identitarias.

Marichuy e Nisaguie Flores estiveron en Galicia. Pablo Santiago

Un poco de memoria, luchas a escala global

El 1 de enero de 1994 fue un año histórico para la República Mexicana. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cambió la perspectiva mixta del país y visibilizó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Dos años después se crea el Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio de organización propio de los pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía, con formas propias de organización.
Ahora, a 27 años del primer levantamiento y a 25 años de la creación del CNI, los pueblos indígenas de México intentan nuevamente cambiar la perspectiva de las luchas sociales. Esta vez, a escala global. Coincidiendo también con el 500 aniversario de la conquista de Abya Yala, el pasado mes de abril el EZLN anunció la denominada Gira por la Vida, una jornada en la que más de un centenar de representantes del EZLN y del CNI recorrerían varias ciudades europeas para realizar visible los procesos de lucha de las comunidades indígenas y la creación de redes con movimientos de resistencia a la opresión neoliberal en toda Europa.
El 20 de junio, tras varias semanas navegando, llegaba al Puerto de Vigo el barco bautizado La Montaña con el Escuadrón 421 a bordo. Esta comisión estuvo integrada por siete miembros del EZLN, quienes recorrieron varias ciudades europeas durante varios meses. Fue el 14 de septiembre de este año cuando llegó al aeropuerto de Viena una comisión llamada La Extemporánea, integrada por 177 personas de varias comunidades indígenas de todo México. María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores forman parte de esta Unidad de Escucha y Palabra que continuará con el camino iniciado por el Escuadrón 421.

¿Cómo está constituido el CNI?, ¿cuál es su relación con el EZLN?
Maria De Jesús Patricio (MA): En 1995, durante los diálogos de San Andrés, nuestros hermanos zapatistas convocaron a un Foro Nacional Indígena (FNI) en Chiapas, con el objetivo de que todos los pueblos transmitieran su palabra. En ese momento, tanto los medios como el gobierno dijeron que la situación en Chiapas era excepcional, que el resto de los indígenas estaban bien, que no tenían problemas. El Foro fue una respuesta a esto. Fue un movimiento estratégico de nuestros hermanos zapatistas. Absolutamente todas las poblaciones originarias de México llegaron a la FNI. Desde el principio notamos nuestro parecido físico. Mientras nos reuníamos allí, comenzamos a hablar. Todos vestían su traje, hablaban su idioma, compartían las costumbres de sus comunidades. Hablamos de los problemas que tenían nuestros hermanos de Chiapas, que venían resistiendo desde hace mucho tiempo. Eran problemas de salud, conflictos territoriales, violaciones de derechos colectivos.

El gobierno utiliza herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades

Fue ese encuentro el que nos hizo pensar en tener nuestro propio espacio. No una organización, sino algo que era un lugar donde se llevaba a cabo una gran asamblea y se sentía como el hogar de todos y cada uno. Luego se formó el Congreso Nacional Indígena. Esto ocurrió en un evento en la Ciudad de México, donde llegó la Comandante Ramona para entregar una bandera mexicana. En ese momento, los medios dijeron que los pueblos indígenas querían separarse del país, que querían crear otra nación dentro de la nación. Pero no, exigimos reconocimiento colectivo, como comunidades. Al entregar la bandera, la Comandante dejó en claro que somos mexicanos y queremos seguir siéndolo de México, pero queremos que se nos respete en nuestra integridad como pueblos.


Imagen: Eneas de Troya. Marichuy en Ciudad Universitaria. (CC POR 2.0)

El CNI integra a 68 pueblos. No todos están porque aunque todos llegaron a la primera convocatoria, algunos se han desvinculado con el tiempo o solo asisten a asambleas ocasionalmente. Los zapatistas son parte de este espacio y gracias a ellos el CNI no ha perdido el rumbo hasta el momento. Nació para hacernos más fuertes, para defendernos y buscar desde dentro nuestras propias formas de organización. Fortalecer nuestra autonomía en el tiempo.

Una lucha presente

¿Qué pasó con los Acuerdos de San Andrés, tanto en 1996 como en 2000?¿Cuál es el estado de la legislación en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas de México?
(MA): Luego de la aprobación de la contrarreforma indígena de 2001, la llamada Ley Cocopa, que cercenó derechos y no recogió el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, quedó claro que todo iba a tomar el mismo rumbo. Era la intención de seguir reglamentando las normas que están vigentes, pero bajo aquella primera que nació para lesionar a las comunidades.

Desde los pueblos vemos que esta ley fue la forma en que el poder y el capital aseguraron el despojo de las comunidades. Fue una preparación para poner en marcha los megaproyectos. Por lo tanto, no todas las leyes protegen realmente a las comunidades. Hay otras leyes, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número seis, que establece que todo lo que tenga que ver con las comunidades indígenas debe ser consultado. Pero lo que está pasando ahora es que se están haciendo consultas simuladas para que los proyectos salgan adelante. El gobierno está utilizando estas herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades.

¿Entonces actualmente no hay un diálogo real entre el gobierno actual y las comunidades indígenas?¿El gobierno de López Obrador no representa un cambio con respecto a los gobiernos anteriores?
Nisaguie Flores (NF): No. No ha cambiado. Por el contrario, el botín se ha agudizado. Porque con este “nuevo gobierno”, que se llama de izquierda o “de los pueblos”, se han adelantado muchos megaproyectos que se pararon en los últimos seis años, lo que no quiere decir que en esos otros periodos estuviéramos bien. Creo que este cambio de gobierno ha sido estratégico. En México había demasiada insatisfacción y descontento y “¿cómo parar eso?” Porque se le puso a alguien que se suponía iba a beneficiar al pueblo. Pero no. En ningún momento este Gobierno tomó en serio a las comunidades indígenas. No respeta nuestras formas de organización. López Obrador no representó un cambio, le dio continuidad a los megaproyectos. Ya desde su campaña electoral dijo que no los detendrían. No importa qué partido político esté en el gobierno. Al final, los mismos políticos se quedan en el poder, solo cambian de partido.

En 2016 se aprobó la creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). ¿Cuál fue la propuesta para postularse en la campaña electoral presidencial de 2018?
(MA): Este es otro tema que surgió cuando el CNI celebraba su 20 aniversario. Cuando realizamos el quinto congreso se hizo un repaso para analizar nuestra trayectoria y la situación de nuestras comunidades. La conclusión fue que las circunstancias eran más complicadas. A 20 años de caminar juntos hubo más despojos, más encarcelamientos, y ahora se sumaba la amenaza del crimen organizado, que estaba presente justo en los lugares donde se ejecutaban los megaproyectos. Llegaron, asustaron a la población e impidieron que los miembros de las comunidades se organizaran. Por eso dijimos: no podemos hacer otra declaración, como hicimos en las otras reuniones. Recuerdo a nuestros hermanos zapatistas diciendo: tiene que haber algo más fuerte, algo que sacuda al país y visibilice que el pueblo está sufriendo, que está siendo masacrado.

Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra los despojos que vivimos en todo el mundo

Fue entonces cuando nuestros hermanos zapatistas propusieron presentarse a las elecciones presidenciales 2017-2018. Creemos que fue muy preciso. Teníamos claro que el objetivo era visibilizar los problemas de nuestras comunidades y poder recorrer el país para invitar a la gente a construir otra forma de gobernar. Entonces dijimos, juguemos con las mismas herramientas, solo que vamos a tomar otros objetivos. Por eso participamos con una CIG, que iba a estar formada por concejales que iban a hacer una propuesta de gobierno. Al final, participar en este proceso electoral nos dio la oportunidad de viajar por el país y escuchar los problemas. Por lo tanto, aunque no logramos obtener las firmas necesarias para estar en una boleta electoral, el CIG terminó más fuerte. El hecho de salir a decir que tenemos que buscar otra forma de organización y no acatar lo que nos han impuesto. En ese proceso también nos dimos cuenta hasta qué punto los medios de comunicación están de acuerdo con todo lo que se ordena desde arriba, porque eran ellos los que en vez de apoyar y preguntar por los problemas de las comunidades indígenas preguntaban tonterías que desviaban la atención.

¿Cuál fue el resultado de la campaña electoral?, ¿ha cambiado su perspectiva sobre el país y el estado de las comunidades indígenas?
(MA): Recuerdo que al principio éramos 70 regidores y al final éramos 157 hombres y mujeres que logramos formar el Consejo. Pero lo que “tomamos” de ese recorrido fue ver que los problemas que se discutían en las asambleas del CNI, se estaban dando en los pueblos. Y que no eran sólo problemáticas de los pueblos originarios. También caminamos en barrios, municipios y ciudades. Hablamos con estudiantes, mujeres y otros grupos. Nos dimos cuenta de que dondequiera que teníamos la oportunidad de escuchar a la gente, los problemas eran similares.

Todo esto nos hizo hacer un “mapeo” de cómo es México. Hemos visto y coincidido que la carencia que vivimos en nuestros pueblos y comunidades, también se lleva a cabo en barrios, municipios, escuelas… escuchamos a algunos estudiantes de varias universidades y los problemas que comunicaron tenían que ver con el avance del capitalismo. que prepara una privación individual y colectiva. Nos quedó claro que había una necesidad de tejer las luchas del campo y de la ciudad, de la juventud, de las mujeres, de todas aquellas personas que de alguna manera resisten esta privación del capitalismo. Porque no solo manifestaron sus problemas, sino que relataron su proceso de resistencia. Eso nos pareció muy importante porque no importa si eran movimientos grandes o pequeños, son luchas que se están dando contra las condiciones impuestas, esto nos hizo iguales.

Los problemas de los pueblos ya no son sólo de los pueblos originarios, son más generales. Con esto nos quedó claro que la lucha no es solo nuestra. Si nos están afectando a todos por igual, necesitamos encontrar otras formas de relacionarnos, de tejer y de movernos juntas y juntas para construir algo fuerte de abajo hacia arriba. Estoy hablando de algo que no cabe en la urna. Tienes que hacer un esfuerzo adicional.

 

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar. propiedad .natural no importa quien este alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué esperan de Europa hoy?, ¿cuál es el propósito de esta gira?
(N): El propósito está en el mismo nombre: Gira por la vida. Porque creemos que la única forma de luchar es defendiendo la vida y la única forma de hacerlo es organizándonos. Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra el despojo que vivimos, porque no solo lo vivimos en México, sino que lo vivimos en todo el mundo y eso es lo que estamos viendo ahora en los diferentes países que hemos ido. Conocemos su propio despojo: aquí en Galicia, por ejemplo, están luchando contra las empresas mineras; en Austria, contra la construcción de una carretera y contra los parques eólicos. En Europa también hay movimientos de resistencia y es importante que los conozcamos. No es lo mismo escuchar todo esto desde México.

Llámense como se llame un megaproyecto, lo que hay detrás es el capitalismo voraz que nos quiere acabar y a quienes lo evitamos como pueblos indígenas.

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar los bienes naturales sin importar quien esté alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué opinas de la acogida e interés europeo por sus proyectos?
(MA): Vemos mucho entusiasmo. A pesar de no conocernos, son muy amables al darnos algo para comer y un lugar para dormir. Para nosotros esto ya es mucho porque venimos a invadir (risas). Sobre todo, nos están mostrando cómo el capitalismo está dañando a este continente. Antes de viajar, pensábamos que en los “países donde hay más progreso” no sufrimos lo que sufrimos en México. Pero, aquí estamos, dándonos cuenta de que era un concepto erróneo. Hay organizaciones de jóvenes, mujeres, agricultores que están desarrollando proyectos para recuperar la tierra. Y nos parece importante que nos compartan sus formas de organización porque tal vez podamos llevarlos a México para reforzar lo que allí se construye. Ya estamos encantados de compartir estas experiencias.

Ante la violencia, las desapariciones y otras prácticas represivas, ¿cómo continuar la defensa de la vida?
(N): La única forma es organizándonos. Lo que venimos a compartir en este recorrido son nuestras formas de organizarnos. Y vemos que el único camino es este: la organización desde abajo, desde las comunidades, desde la toma de decisiones de todos los pueblos y de los que luchamos por la vida. Creo que esa es la única forma en que podemos hacer frente a toda la violencia que estamos viendo como comunidades indígenas. Durante mucho tiempo nos hemos organizado a través de asambleas en las que todos tienen la oportunidad y el derecho a hablar. No podemos hacerlo solos. Y por eso necesitamos crear redes de apoyo para fortalecernos aunque estemos en geografías separadas.

Megaproyectos contra las comunidades

Nisaguie, estás trabajando para visibilizar las demandas de dos poblaciones del Istmo de Tehuantepec, que amenazas enfrenta actualmente esta zona de Oaxaca?
(N): La región del Istmo es una región que desde hace mucho tiempo ha sido identificada por el Gobierno como un punto estratégico, porque está en la parte más angosta de México, que conecta con dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, ha sido durante mucho tiempo un área en disputa. Actualmente existe un proyecto llamado Corredor Interocéanico, que en realidad es parte de un paquete de proyectos que conectan con el Proyecto Integral Morelos y el mal llamado Tren Maya. Al mismo tiempo, implicará la construcción de maquinaria, gasoductos, minas y más proyectos energéticos. También quieren hacer un canal seco, como el de Panamá. Este último cambia de nombre cada seis años, pero el proyecto es el mismo. El objetivo de este canal seco es reducir el tiempo que se tarda en mover mercancías. Sería mucho más rápido que Panamá.

México cuenta con 32 parques eólicos distribuidos en varios estados. La mayoría están en Oaxaca, donde hay 29. En total hay 2,100 aerogeneradores distribuidos en aproximadamente 50,000 hectáreas. Estamos luchando contra muchas cosas. Pero todo esto no está pasando sólo en la región del Istmo, está pasando en todo México. Cada pueblo está luchando contra un negocio o un megaproyecto que está despojando a las comunidades. Hay comunidades que incluso fueron desplazadas y tuvieron que migrar a la Ciudad de México, donde luego enfrentaron otras luchas. Por ejemplo, los yaquis del norte del país luchan contra un vertedero clandestino.

Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los que están debajo de nosotros, necesitamos construir otras que realmente garanticen la vida de todos.

Hay otros pueblos que luchan contra la imposición de los monocultivos de aguacate, un negocio que está totalmente controlado por el narcotráfico. Hay tantas luchas. De hecho, si miras en el mapa minero de México, verás que todo el territorio está concesionado a la minería. Es decir, nos quieren exterminar. Llámese como se llame la empresa o el megaproyecto, lo que hay detrás sigue siendo el capitalismo voraz que nos quiere aniquilar y a quien lo impedimos como pueblos indígenas. Por eso desaparecen y nos matan.

Sabemos que con todos estos megaproyectos viene el narcotráfico, la militarización, que a su vez aumenta el feminicidio, el tráfico de mujeres, de órganos… suena muy feo, pero, a pesar de todo esto, en cada comunidad nos estamos organizando para poder crear nuestros procesos de autonomía. No tenemos los años de lucha ni la capacidad de nuestros hermanos zapatistas, pero tratamos de hacerlo a nuestra manera desde nuestros propios contextos.

A nivel mediático poco se ha dicho sobre las implicaciones del narcotráfico en las comunidades indígenas. ¿Cómo ha afectado y sigue afectando la guerra y cómo gestionan esa lucha?
(MA): Es un paquete de herramientas de represión que está usando el gobierno, al que llamamos “narco-Estado”, porque da impunidad y permite que estos grupos criminales se muevan libremente, especialmente donde se están ejecutando los diferentes megaproyectos. El problema se agudizó en el sur con el Proyecto Integral Morelos. Los grupos del crimen organizado están llegando a todos los pueblos de México donde hay resistencia, donde se están organizando para frenar cualquier proyecto que atente contra la vida de las comunidades. Que con el fin de impedir la organización. Precisamente estos grupos están para fortalecer y asegurar la imposición de los megaproyectos. Ante esto, el pueblo no tiene más remedio que fortalecer su propia seguridad, porque ya no hay confianza en la policía, el ejército o la marina. Donde se supone que deben estar para cuidarnos, son los que están en contacto con los grupos criminales, donde matan y desaparecen a los activistas.

¿Ha aumentado la presencia policial y militar en las comunidades?
(MA): Andrés Manuel López Obrador había dicho que iba a sacar al ejército de las calles y no es así. Ahora las comunidades están tomando su seguridad en sus propias manos al crear su propio consejo de seguridad. Son policías asignados por la misma asamblea para cuidar a las personas y están a la espera de que los guardias caminen correctamente y no sean reclutados por grupos del crimen organizado. Entonces esto demuestra que la única opción es organizarnos. Aunque el Gobierno diga que estas medidas son ilegales, lo único que estamos haciendo es retomar los mecanismos de seguridad que originalmente tenían las comunidades y que finalmente se perdieron porque se introdujeron mecanismos ajenos, que son precisamente los que están perjudicando a la gente.

Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos

Por eso decimos que hay que buscar otros caminos, se trata de inventar. Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los de abajo, debemos construir otras que realmente garanticen la vida de todos porque de lo contrario seguiremos acatando lo que nos imponen, que ya hemos visto que no favorece la vida.

Mencionaste antes los problemas con los medios en cuanto a la visibilidad de los procesos de resistencia. ¿Cómo lidias con este problema?
Las comunidades y los medios libres están utilizando sus propias herramientas para poder difundir los problemas que existen. En ese contexto, los aliados que nos vamos encontrando en el camino son importantes para difundir la situación de nuestras comunidades, porque los medios tradicionales no hablan de nada de lo que pasa en ellas. Esto también ha llevado a las comunidades a crear sus propias radios o sus propios medios para comunicar lo que está pasando. Actualmente, los medios oficialistas, cuando hablan de Michoacán, Chiapas, Guerrero, solo hablan de narcotráfico, desaparecidos, muertos… han sido etiquetados en las regiones. Entonces lo que buscan las comunidades es comunicar que son mucho más que eso. Mostrar que son comunidades que tienen una historia y una forma de vida.

Sus reivindicaciones tienen muchos frentes. La lucha en defensa de la tierra, la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, la lucha decolonial, antipatriarcal y anticapitalista. ¿Cómo se articulan?
(MA): Lo que vemos es que tenemos un gran enemigo en común, que es el capitalismo, que tiene diferentes formas de despojarnos. Yo creo que las luchas que se están dando en distintas geografías de México y el mundo van encaminadas a lo mismo: a derrocar paulatinamente el sistema capitalista. Eso nos da más energía para buscar aliados. No es una sola lucha. No es solo la lucha de los pueblos, hay luchas de mujeres, hay hermanas y hermanos que han emigrado y que están luchando donde están; luchas de los campesinos y obreros de la ciudad. Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos. Y hacerlo desde abajo.

Hay varias luchas y la nuestra no es más importante. Todos son importantes y necesarias. Sean grandes o pequeñas, entre todas estas resistencias, es que algo podemos hacer y luchar contra el sistema capitalista que nos está acabando por separado. De ahí la importancia de tejernos y fortalecernos. De lo contrario, les estamos dejando el camino fácil para que ellos sigan decidiendo sobre nosotros y sigan despojando y asesinando. En las comunidades decimos que el calentamiento global es un llamado de la Madre Tierra que nos dice: haz algo, no me dejes solo. Por eso, como pueblos, decimos que la lucha es por la vida. Y una vida que no sea solo nuestra, sino de todos.

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Avispa Midia

Comunidades de Veracruz se niegan a la perforación de pozos

Por Jeny Pascacio

Comunidades de la Sierra de Santa Marta, del sur de Veracruz, no permitieron la entrada de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A.de.C.V (Comesa), que buscan realizar estudios sísmicos para la perforación de pozos de Petróleos Mexicanos.

La semana pasada, los habitantes de Amamaloya, San Pedrito y Mirador Saltillo del municipio de Soteapan, sacaron a los trabajadores de Comesa, ante la insistencia de ingresar a las parcelas y de comenzar perforaciones a la orilla de la carretera.

El Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, que integran los pueblos popolucas, nahuas y equiparables de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, denunciaron la violación de sus derechos, principalmente a la libre determinación.

En un comunicado de prensa denunciaron que la compañía está comenzando los trabajos bajo engaños y sin respetar las asambleas como la máxima autoridad de sus comunidades. Los pobladores analizaron las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, salud, agua y seguridad, y prevén que serán devastadoras.

“Denunciamos estas violaciones de derechos por parte de la empresa Comesa. Estemos al pendiente de cualquier situación de hostigamiento o represión que pueda suceder en los próximos días”.

Los pueblos originarios cuentan con actas de asamblea comunitaria y actas de cabildo desde 2016 en las que expresan la decisión de no aceptar la realización “de estudios y actividades de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento y servidumbre de paso que tengan por objeto extraer minerales, hidrocarburos, agua y/o otros bienes naturales del subsuelo”.

El pasado domingo 13 de febrero, ejidatarios Popolucas de San Pedro Soteapan, reunidos en asamblea, reiteraron la negativa a la entrada de Pemex a 12 parcelas de las comunidades.

Este proyecto de exploración, mayor autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, compromete 353 ejidos de Veracruz y Oaxaca, llegando hasta la Sierra de Santa Marta, donde 26 ejidos de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan están contemplados para la exploración que implica la perforación a 25 metros de profundidad a cada 100 metros.

Con equipos de perforación portátil, mecanizados, equipos vibradores y el uso de explosivos, pretenden dejar unos “nodos” que de forma satelital enviarán datos interpretados por Comesa y posteriormente entregados a Pemex; si se encuentran petróleo, gas o aceite, procederán con la explotación, explicó la organización Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta.

En la asamblea del domingo, los ejidatarios expusieron que no creen en las promesas de que pagarán los daños que ocasionen, que en temas de medio ambiente pueden ser impagables.

“Comesa y Pemex están violando nuestro derecho a la libre determinación como pueblos indígenas, al no respetar las decisiones de las asambleas, que son la autoridad máxima de los ejidos”, sostuvieron las comunidades en el comunicado.

Hicieron un llamado a las autoridades ejidales y civiles y a los gobiernos municipales, que ratifiquen las actas anteriores y no otorguen los permisos por los riesgos para la salud, por la contaminación, la escasez de agua, por el aumento de la inseguridad y otros daños que provocan este tipo de actividades.

 

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PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Campaña permanente de movilización, boicot y sabotaje en contra de la empresa Bonafont del corporativo DANONE

 A los pueblos Nahuas de la Región Cholulteca

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los pueblos de México y el mundo que defienden la vida

A las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales

A los colectivos de México y el mundo que resisten al sistema capitalista

A los medios de comunicación

Al Pueblo en general

 

Hoy, 15 de febrero del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, se coordinaron para defender a la empresa Bonafont del corporativo DANONE, despojar a los pueblos de su agua y violentar la autodeterminación de las comunidades originarias de la Región Cholulteca. Con un megaoperativo con elementos de la Guardia Nacional, del cuerpo de granaderos, de la policía estatal y de la policía municipal orquestaron la entrada por la fuerza a las instalaciones de Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, bastión de la organización en defensa del agua a nivel nacional e internacional.

Este atentado es muestra de que los Estados están al servicio de los intereses privados y sus fuerzas armadas existen para reprimir a la población. En México estamos viviendo una escalada de violencia en contra de los pueblos organizados, tan solo esta semana nuestros compañeros del Itsmo de Tehuantepec, Ayotzinapa, Mactumatzá, Nahuatzen fueron reprimidos, nuestro compañero Francisco Vázquez opositor de la Termoeléctrica en Huexca, Morelos fue asesinado.

Ello es muestra de que estamos viviendo una guerra mundial por el agua, en contra de los pueblos y de toda la humanidad.

Los hechos:

Siendo la 1:20 am del martes 15 de febrero, aprovechando la poca afluencia de tránsito, decenas de elementos de las fuerzas públicas bloquearon la carretera federal México Puebla, frente a Altepelmecalli la Casa de los Pueblos, con amenazas, desalojaron a los integrantes de los pueblos Unidos de la Región Cholulteca que resguardaban el inmueble.

Entraron por la fuerza a las instalaciones, desmontaron el plantón que llevaba instalado a las afueras desde el 22 de marzo del 2021, fecha en que se cerró la planta embotelladora por decisión de asamblea de los pueblos de la región para frenar el saqueo de agua, con ello ignoran y violentan nuestra autodeterminación.

Procedieron a borrar los murales que diversos artistas pintaron para apoyar la construcción de la Casa de los Pueblos y que daban identidad al espacio.

Hasta ahora desconocemos las condiciones en que se encuentran los animales (gallinas, conejos, borregos y cerdos) que son parte de las cooperativas desarrolladas en Altepelmecalli.

Así también desconocemos el destino de las herramientas con que los integrantes de Pueblos Unidos desarrollaban proyectos de Salud, Educación, Comunicación y Agricultura así como los cientos de libros que conforman la biblioteca comunitaria.

Hacemos responsables a los representantes de los tres niveles de gobierno de cualquier daño que sufran los animales y objetos que eran resguardados en estas instalaciones.

Los responsabilizamos de la integridad de todos los miembros de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca así como de todas y todos los compañeros que han acuerpado nuestra resistencia.

Son culpables de perpetrar el desastre ambiental que la empresa Bonafont del corporativo DANONE venia provocando durante 29 años en las comunidades aledañas a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Ellos, el Estado y los empresarios creen que secuestrando las instalaciones de Altepelmecalli nos vencerán. Nosotros, los Pueblos nahuas de la región cholulteca les decimos que no nos rendiremos, seguiremos defendiendo nuestra agua y la vida.

Hacemos un fuerte llamado a todas y todos los compañeros con quienes hemos caminado en esta lucha a movilizarse en sus territorios.

Convocamos a los pueblos, organizaciones y colectivos de México a realizar acciones de protesta para denunciar la represión que vivimos el día de hoy, en recintos de CONAGUA, SEMARNAT, INPI, gobierno municipal, estatal y nacional, en la embajada de Francia (país de origen de la empresa Bonafont), y en instalaciones de la empresa DANONE.

· Llamamos a nuestros compañeros en Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Gahna, Kurdistán a solidarizarse y movilizarse en la embajada de México en sus países así como en las instalaciones de DANONE que existan en sus territorios.

· Exhortamos a las organizaciones de Derechos Humanos que nos acompañan a documentar y denunciar las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos y defensores ambientales que somos.

· Llamamos a las Universidades públicas y privadas a pronunciarse en contra de este atropello.

Con esto arrancamos una campaña permanente de movilización, boicot y sabotaje en contra de la empresa Bonafont del corporativo DANONE a nivel Global.

Nosotros, los más de 20 pueblos nahuas de la región cholulteca nos declaramos en asamblea permanente y alerta máxima, ante la posible reactivación de la embotelladora que secó nuestros pozos, ríos y ameyales.

Recuperaremos lo que es nuestro como lo hemos venido haciendo históricamente.

Haremos valer, una vez más, la Ley de los Pueblos.

A 15 de febrero del 2022 desde las rebeldes tierras de Juan C. Bonilla.

 

Agua, Tierra y Libertad
¡FUERA BONAFONT!
¡FUERA DANONE!
ALTO A LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS QUE DEFIENDEN LA VIDA
PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

 

Advertimos sobre la escalada del gobierno federal contra los movimientos, Michoacán, Oaxaca, Puebla

 

 

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Pueblos Unidos de la Región Cholulteca

ALERTA MÁXIMA ! Guardia Nacional y policía estatal toman Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los medios de comunicación

A la población en general

Los pueblos Unidos de la Región Cholulteca denunciamos que el dia de hoy, 15 de febrero a la 1:20 am, Guardia Nacional, granaderos y policia estatal invadieron las instalaciones del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos. Con desmedida presencia de las fuerzas públicas los tres niveles de gobierno, una vez más, despojan y reprimen a los pueblos que desde hace casi un año cerramos la planta embotelladora Bonafont, del corporativo DANONE.

Esta empresa criminal robo millones de litros de agua diariamente en nuestra región, secando nuestros pozos, rios y ameyales.

Tras expulsarla, los pueblos construimos vida sobre sus ruinas, con proyectos de salud, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas.

Ahora el gobierno responde por los intereses de esta empresa y facilita que el despojo de agua reinicie.

Denunciamos a estos gobiernos que reprimen a los pueblos y protegen a las empresas.

Para ellos, el dinero está por encima de la vida.

Exigimos el retiro de las fuerzas armadas de Altepelmecalli y la devolución de las instalaciones a los pueblos.

Hacemos un llamado a todos los pueblos, a las organizaciones hermanas, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación y a todas y todos los compañeros que han caminado con nosotros a sumarse a nuestra exigencia y a estar atentos ante la inminente persecución y represión a los pueblos.

Seguimos en alerta máxima.

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca

 

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Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre: Asesinan a Francisco Vázquez, Consejo de Vigilancia de ASURCO

Comunicado Urgente

 

Los ejidos de Ayala en defensa del Agua condenamos el vil asesinato del ExComisariado Ejidal de Abelardo L. Rodriguez y Presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO Francisco Vázquez Domínguez el día de ayer 11 de febrero de 2022 en su rancho ubicado en el ejido de Abelardo, presuntamente por sujetos en motocicleta, lo cual muestra una clara ejecución.

Se sabe que un día antes de su asesinato Francisco Vázquez como Consejo de Vigilancia de ASURCO se reunió con más de 20 comisariados ejidales en Chinameca, pertenecientes a ASURCO para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de la asociación de usuarios del Río Cuautla.

Se dice que en dicha reunión, Pancho Vázquez, como todos lo conocíamos, dijo que temía por su vida porque Rogelio lo había amenazado y que cualquier cosa que le pasara responsabilizaba a Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez tenía, como Consejo de Vigilancia, la facultad legal, conforme el artículo 35 fracc. VIII de los Estatutos de ASURCO, de convocar a asamblea para destituir a Rogelio Plascencia por manejo indebido de recursos financieros y mal servicio de riego, situación que justamente fue tratada como objetivo de la reunión donde denunció temer por su vida y al siguiente día lo ejecutan.

El mismo jueves 10 de febrero, horas antes de la reunión para tratar la destitución de Rogelio, este se presentó en el plantón de ASURCO con más de 40 personas, varias de ellas con palos en las manos, con el objetivo de abrir por la fuerza las oficinas de la asociación y desalojar el plantón.

Tras el fallido intento de desalojo, se acordó realizar el día de hoy sábado una reunión en el Axocoche, a la cual no asistiremos por temor a nuestras vidas y porque no podemos ver la cara al principal sospechoso del asesinato de Pancho Vázquez.

Destacamos que la inconformidad sobre el mal manejo de recursos deriva en la falta de transparencia de los recursos públicos que la CFE le dio a Rogelio Plascencia por la venta del agua, el desistimiento de los amparos y el retiro del plantón, situación que no ha podido cumplir Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez, además de ser Consejo de Vigilancia, cuando fue comisariado ejidal del ejido de Abelardo L. Rodriguez encabezó varios amparos contra el robo del agua para la termoeléctrica y cuando López Obrador anunció la consulta sobre el PIM en 2019. Hoy un opositor legal más al Proyecto Integral Morelos ha sido ejecutado y el principal sospechoso es quien ha recibido dinero de la CFE para usar, sin autorización de los ejidos, el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica.

La tensión en Ayala sobre el plantón de ASURCO y los recursos económicos proporcionados por la CFE se da justamente después que el 21 de enero de este año, el Secretario de Gobernación de Morelos Pablo Ojeda, se reunió con Rogelio Plascencia para darle seguimiento a los apoyos económicos por causa de la termoeléctrica, así como en el 3er informe del gobernador señaló que con los recursos económicos dados a ASURCO se acabó la inconformidad sobre el PIM.

Pero. ¿Porque le darían más dinero a Rogelio Plascencia si los 118. 5 mdp prometidos eran a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos, situación que a la fecha no logró Plascencia? Es evidente que Rogelio esta urgido de resolver el retiro del plantón y eliminar toda forma de oposición que se le presente, pues ha hecho compromisos con el Estado que no ha podido cumplir.

Es por todo esto que urgimos a las autoridades judiciales realicen las investigaciones necesarias con claras líneas de investigación que involucren la influencia y consecuencias que han causado los recursos económicos en favor del funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y como principal sospechoso de la ejecución extrajudicial de Pancho Vázquez, a Rogelio Plascencia Barreto, por ser el mismo Pancho Vázquez quien lo responsabilizó un día antes de su muerte.

Emitimos una ALERTA URGENTE a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de protección a personas defensoras que presionen al Estado Mexicano para garantizar la integridad de los ejidos de Ayala que nos oponemos al robo de nuestra agua para la termoeléctrica y la falta de transparencia y mal manejo de recursos de Rogelio Plascencia. Solicitamos al mismo tiempo a la CNDH y organismos internacionales de derechos humanos, emitan medidas cautelares en favor del plantón de ASURCO, pues Rogelio Plascencia declaró en medios de comunicación que, de no acordarse el desalojo del plantón el día sábado, este lo haría por medio de la fuerza/violencia.

Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

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Avispa Midia

Istmo de Tehuantepec: Intentan asesinar a defensor del territorio en Unión Hidalgo

Por Avispa

El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.

El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).

En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.

Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.

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Avispa Midia

Europa etiqueta gas y energía nuclear como sustentables; organizaciones acusan lavado verde

Por Ñaní  Pinto

El pasado miércoles (2), la Comisión Europea confirmó su postura para mantener la clasificación de la energía nuclear y gas natural como inversiones “verdes”, pues las considera como elementos claves para la transición energética.

Dicha acción causó polémica entre múltiples actores. Desde la crítica de organizaciones ambientalistas por considerar que fuentes energéticas como el gas son agravantes de la crisis climática, así como posiciones en contra de varios Estados dentro de la Unión Europea (UE) por el historial de accidentes en el manejo de la energía nuclear.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacó que la decisión ayudará a impulsar la inversión privada en los sectores del gas y la energía nuclear. “Nos permitirán abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; en favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”, remarcó la funcionaria alemana.

La Comisión puntualizó que esta decisión es solo por un periodo limitado de tiempo y en condiciones para contribuir a la descarbonización de la economía.

En contraposición, la organización Amigos de la Tierra manifestó su rotundo rechazo a la medida. “Es una broma de mal gusto que un combustible fósil como el gas y que una de las energías más peligrosas y contaminantes, la nuclear, pasen a catalogarse energías sostenibles que pueden promover la transición energética”, declaró mediante comunicado.

“La inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía [de inversiones sostenibles de la Unión Europea] es cada vez más difícil de explicar como otra cosa que un regalo a dos industrias desesperadas con poderosos amigos políticos, y representa el mayor ejercicio de lavado verde de todos los tiempos”, denunció Greenpeace.

¿Sustentables?

La Comisión Europea señaló que basó su decisión con asesoramiento científico, apelando a los avances tecnológicos y a la inversión privada. Según Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, “es necesario utilizar todos los instrumentos a su alcance” para cumplir con la meta de la UE para alcanzar la neutralidad climática en el año de 2050.

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Sin embargo, desde enero, un grupo de países integrado por España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionó en contra de la propuesta de la Comisión Europea. Mediante carta pública, los países indicaron que se corre el riesgo de provocar un bloqueo tecnológico durante décadas debido al amplio ciclo de vida de las instalaciones gasísticas o nucleares.

En el documento, también destacaron los accidentes nucleares ocurridos en Chernóbil (1986) y Fukushima (2011), resaltando el problema para gestionar los desechos radioactivos.

Para Amigos de la Tierra, es especialmente preocupante la energía nuclear pues supone una amenaza para otros objetivos ambientales y no respeta el principio de “no hacer daño significativo”, contemplado en la taxonomía de inversiones sostenibles de la UE.

De acuerdo a la perspectiva del grupo ambientalista, se deben explorar alternativas para la producción energética, tales como las “comunidades energéticas” cuyo objetivo es capacitar a las poblaciones para democratizar la transición energética, colocando los beneficios económicos, sociales y medioambientales como prioridad.

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La reciente propuesta de la Comisión fue presentada tras dos años de discusión interna y pasará a ser definitiva si en un periodo de cuatro meses no se reúne una mayoría que la rechace. Para esto, el Consejo necesita que al menos 20 países, que representen al menos al 65% de la población europea, se posicionen en contra. También el Parlamento Europeo podría rechazar la propuesta si consigue 353 diputados que presenten esta postura.

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CDH Fray Bartolome de las Casas

No al gobierno por decreto. No es desarrollo, es despojo

México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.

El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).

Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.

Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.

Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.

Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.

Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.

Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).

Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.

Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.

Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.

Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.

Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel

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Avispa Midia

México | Empresa de EEUU explota ilegalmente una mina y no es sancionada

Por Avispa

La empresa Sac-Tun, subsidiaria de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, explota una mina de materiales pétreos para la construcción en la selva de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, mantiene sus operaciones de extracción y envío marítimo, a pesar de que la concesión federal para la exportación ya se le venció.

En la conferencia mañanera el lunes (31), el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la empresa tiene un predio de 4 mil 200 hectáreas dividido en tres concesiones, dos de las cuales están vencidas y una que de forma irregular no tiene plazo de vencimiento. Además, posee la concesión de un muelle para exportar los materiales obtenidos a Estados Unidos, el cual también está operando sin permisos de exportación.

La empres exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava. Una investigación del periodista Xavier Méndez Camacho, realizada para el periódico El Despertador de Quintana Roo, en 2018, demostró que la empresa fornecía material al gobierno de Donald Trump para la construcción del muro a lo largo de la frontera con México.

El terreno en el cual la empresa opera sin permiso está ubicada aproximadamente a un kilómetro del Caribe. Ha extraído tal cantidad de material pétreo que ya acabó con el suelo a tal grado de que, el acuífero que cuza por esa zona, brotó y, ahora inunda gran parte del terreno de la mina con agua de color azul turquesa.

El gobierno federal se niega a renovar las concesiones alegando que la actividad causa daños ambientales, lo que ocasionó que la empresa demandara a México en un tribunal internacional para exigir una indemnización de mil 500 millones de dólares. “No se va a permitir nada de extracción a partir de marzo”, dijo Obrador.

Para evitar que la demanda contra México continúe en tribunales internacionales, el gobierno federal hizo una propuesta a la empresa. “Ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que puedan realizarse con la conformidad de las normas”, dijo el presidente.

De acuerdo con el mandatario, la empresa dará a conocer a sus acciones la propuesta. Si aceptan, se “espera que quiten las demandas y sino vamos a defendernos legalmente como se está haciendo”, sostuvo.

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Avispa Midia

A pesar de concluida la consulta en Unión Hidalgo, EDF no puede iniciar parque eólico

Por Renata Bessi y Aldo Santiago

Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.

“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.

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El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.

Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.

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A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.

En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.

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El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.

Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de  Juchitán]”, sostiene.

De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.

Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.

Foto: Renata Bessi

Lo que sigue

Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.

Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.

“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.

Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.

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Antecedentes

Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.

Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.

Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización  Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.

El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.

Energía para la industria

El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.

“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.

En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.