Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

18 de julio de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo: alrededor de las 8:49 a. m., del día de hoy, 18 de julio de 2024, el grupo narco-paramilitar los ardillos, asesinó a dos de nuestros hermanos cuando éstos llegaban al municipio de Chilapa. María de Jesús Pasado Margarito de 43 años y Alberto Verales Tepetitla de 32, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista respectivamente, ambas pertenecientes al CIPOG-EZ.

Luego de que, apenas el pasado martes 15 de julio se lanzaran amenazas en contra de integrantes de nuestra organización, las amenazas se vuelven en realidad, en dolor y muerte para nuestras comunidades. Avisamos a las autoridades del estado de Guerrero de las amenazas, señalamos a los agresores y también la vinculación de éstos con las autoridades del estado. Nuevamente recibimos su indiferencia, su silencio y aquí están los resultados: los ardillos vuelven a asesinar a dos de nuestros hermanos ¿a caso nuestras vidas no les interesan? ¿no es responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero velar, al menos por la seguridad de quienes habitamos el territorio? ¿O es que para las autoridades Federales y del estado, Guerrero sólo es Acapulco y los sitios turísticos? ¿Por qué tanto desprecio a nuestros territorios, a nuestras vidas?

Queremos destacar que donde fueron asesinados nuestra hermana María de Jesús y Alberto Verales, es un lugar en el que hay presencia de la Guardia Nacional así como del la Secretaría de la Defensa Nacional; evidentemente también hay policías municipales, estatales y ministeriales, pero eso es igual a nada, pues muchos de éstos elementos trabaja para la delincuencia, por eso decimos que las autoridades municipales y estatales, están vinculadas a quienes asesinan y siembran el terror en el estado de Guerrero. Existe entonces la presencia de autoridades Federales: En Colotepec-Tula hay un filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la entrada del Jaguey-Quechultenango hay otro filtro de la SEDENA, en el Ajo, entrada a Chilapa, para entrar al municipio, hay Guardia Nacional (GN) y miembros del ejército (SEDENA); luego entonces, decimos con mucha claridad que si hay ejecuciones en el estado de Guerrero, éstas ocurren con el beneplácito y el silencio cómplice de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca, Estado de México y en prácticamente todo el país. Es por eso que llamamos a los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones, colectivos, de México y del mundo, a denunciar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país; porque el gobierno actual, el de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice que no pasa nada, que exageramos, que queremos manchar su gobierno, que las cosas están cambiando, así de fácil quiere borrar la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas; no sabemos si mantendría esa postura si los asesinatos fueran de algún gobernador o gobernadora, de sus hijos, de sus nietas, de su esposa o de él mismo; si la bala que nos mata fuera para alguno de sus seres queridos, estamos seguros y seguras que quien disparara esa bala, hubiera sido detenido inmediatamente ¿y por qué para nosotros y nosotras no hay justicia? ¿a caso nuestras vidas valen menos que las suyas?

Seguimos haciendo responsables de estas muertes y de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas y días al presidente municipal de Chilapa, a Evelyn Salgado gobernadora del estado de Guerrero y al gobierno federal encabezado por Morena. Nos mantenemos en alerta máxima frente a estos ataques; aquí seguimos con nuestra historia de resistencia y nos mantendremos firmes, por la vida de nuestras comunidades.

Atentamente:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

¡NO HABRÁ PAZ, VIDA Y FUTURO SIN AGUA!

Al CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL
A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ
A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar…

LA TORMENTA…

…la que está

Nacerá del choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene… así será…

LA PROFECÍA…

…la que está

Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. 

Selva Lacandona, agosto de 1992., y  publicado en Enlace Zapatista el 27 de enero de 1994.

Recordando: 

Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua y la vida tuvo su primera sesión en agosto del año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde su nacimiento se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

¡Exigimos acción inmediata de los gobiernos estatal y federal para desarticular los grupos criminales que atentan contra la comunidad nahua de Santa María Ostula (Michoacán, México)!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

En los primeros días del mes de julio de 2024 la comunidad originaria de Santa María Ostula localizada en el estado mexicano de Michoacán (México), una vez más, sufrió la brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron y han puesto en grave riesgo a la población civil. Como siempre, la comunidad respondió con ejemplar resistencia y ha exigido que las autoridades estatal y federal detengan esos ataques, pero no ha sido atendida.

Estas acciones de violencia se dan en el contexto de la disputa por los bienes naturales en la sierra costa michoacana: minerales, maderas preciosas y las playas para fines turísticos. Sobre el territorio nahua existen concesiones mineras de oro, plata y hierro. La comunidad de Ostula ha logrado resguardar y defender su territorio de la incursión de una de las compañías mineras más grandes del mundo; la Ternium, que en la comunidad vecina de Aquila ha generado un clima de violencia, por su voraz explotación de sus recursos minerales.

Las violencias narco-capitalistas y las omisiones estatales a estos hechos aparecen hoy como la normal normalidad. Como lo hemos vivido en diferentes paises azotados por las guerras-narco, especialmente, Colombia, Ecuador y México, las redes de violencias contra los pueblos de la tierra son una de las estrategias para el despojo; siembran terror, fragmentan a las comunidades, las destierran y, finalmente, gracias a ellas entran negocios ilícitos de todo tipo a territorios indígenas.

Como miembros del Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT Cuter) nos sumamos a las múltiples voces que exigen la acción inmediata para desarticular los grupos criminales y para que se respete la libre determinación y autonomía de esa comunidad bajo brutal asedio.

¡Respeto a sus formas comunales de seguridad! ¡Ostula no está sola!

Para mayor información ver https://www.facebook.com/share/p/zG2vbr4NgxotUSuB/?mibextid=oFDknk

8 de julio de 2024
Planeta Tierra
Grupo de Trabajo CLACSO
Cuerpos, territorios, resistencias

Foto de portada: Cuartoscuro

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F y Regina López

^{En portada: Para la comunidad es importante tener su propia Guardia Comunal ya que son personas conocidas, los propios familiares y vecinos que la conforman, conocen los estatutos, el territorio y las dinámicas comunitarias internas. Foto: Santiago Navarro F.}

La conocen como la mexicana. Es una mujer indígena Nahua de un poco más de 50 años de edad. En su mirada firme guarda como un secreto los momentos más decisivos de los últimos 15 años de su vida “haciendo resistencia”, como dice ella. Ha aprendido a sortear el hostigamiento del crimen organizado en sus tierras. Primero fue el cártel de la Familia Michoacana, cuenta ella, después Los Caballeros Templarios y, ahora, el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Ella, la indígena Teresa Regis Nicolás, hace quince años volvió de los Estados Unidos. Tras la muerte de su padre regresó a su tierra natal, con un legado que le había dejado, luchar por las tierras comunales que pertenecen al pueblo indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, localizado en el estado de Michoacán de Ocampo, que llega hasta la costa del Océano Pacífico, en el oeste de México.

En ese entonces, en el año 2009, tenía solo tres meses que este pueblo había ejecutado una estrategia armada para recuperar una fracción de sus tierras, en las que hoy habita Teresa, su hijo y más de 70 familias indígenas. Un poblado que fue bautizado como Xayakalan, tierras que estaban en manos de personas que habían conseguido escrituras como pequeños propietarios, vinculados al crimen organizado. Aunque los indígenas cuentan con la titulación de sus tierras comunales por decreto presidencial de 1964 y los títulos primordiales de los años 1700 que respaldan que estás tierras son suyas.

Xayakalan pasó a ser el poblado número 24 que forma parte de Ostula, que los originarios reconocen como encargaturas, similar a las agencias municipales. “No me tocó la acción de la recuperación. Pero tres meses después fui una de las primeras ocho familias que se establecieron con una casita en este lugar y, desde entonces, hemos resistido”, recuerda la mexicana.

La Comunidad Otomí anunció este 5 de julio el fin del plantón que mantenía en la avenida México-Coyoacán debido al nulo avance del diálogo con Martí Batres, actual jefe de gobierno y su equipo de trabajo. Así la comunidad lanzó un mensaje a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum y a la virtual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

¿Claudia Sheinbaum y Clara Brugada tendrán la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí? Su exigencia principal es una vivienda digna y el avance en los proyectos que garanticen el acceso digno y decoroso, para así desocupar el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que mantienen tomado desde hace casi 4 años y se ubica a un costado de la Cineteca Nacional.

Resolver estas peticiones significa un gran reto, pues supone garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad que tienen los pueblos originarios. Resolver las peticiones significa garantizar que una comunidad originaria goce de un plan integral con condiciones para desarrollar una vida libre de violencia racial y discriminación, lo que marcaría un gran precedente. El reto es tener voluntad política para resolver una situación que diferentes funcionarios intentaron gestionar.

Desde el 12 de octubre de 2020 la Comunidad Indígena Otomí mantiene tomadas las instalaciones del INPI. En ese entonces la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, que fue citada en distintas ocasiones para resolver las peticiones e instalar mesas de trabajo. Sin embargo, nunca se presentó y los acuerdos a los que se llegó con sus representantes no tuvieron validez. A partir de octubre de 2024 asumirá un nuevo cargo, con lo que tendrá nuevos grandes retos y oportunidades.

Con la actual administración se tuvieron mesas de para alcanzar negociaciones, además se les entregó un oficio que contenía una propuesta de 9 puntos para llegar a una resolución. Tuvieron conocimiento Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México (SEDUVI) y Tania Libertad Argumedo Chávez, coordinadora ejecutiva del Instituto de Vivienda (INVI), pero no ha habido un avance. Sin embargo, la Comunidad Otomí no descarta que en los 95 días que les queda de administración logren establecer una ruta justa. De lo contrario emprenderán acciones dirigidas a la nueva administración.

Firma aquí la acción urgente

Ataque armado en Santa María Ostula Michoacán pone en riesgo a la comunidad

Al firmar esta Acción Urgente se enviará automáticamente un correo a autoridades gubernamentales para exigir que frene la violencia en la comunidad nahua de Ostula. Consulta el listado de autoridades a las que les llegará tu petición al final de esta acción urgente.

Ciudad de México, 04 de julio de 2024
Actualización 2 de la Acción Urgente 003/2024

Del 1 al 3 de julio de 2024 la comunidad nahua, Santa María Ostula, ubicada en Michoacán, denunció que fue atacada nuevamente por un grupo delincuencial. La comunidad señaló que desde el 1 de julio se presentaron los ataques armados en los puntos de seguridad de la Guardia Comunal que vela por la seguridad de las y los habitantes, poniendo en riesgo a toda la población.

El 3 de julio el grupo delincuencial accionó con explosivos lanzados desde drones y con armas de grueso calibre. Un explosivo fue lanzado a la cancha central de la encargatura de Ostula y posteriormente se accionó en contra de casas, la escuela, y en adelante, una explosión aproximadamente cada 40 minutos vía aérea (con drones). La población civil fue atacada y hubo grupos de alrededor de 50 criminales que rodearon a la población desarmada, que son principalmente mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Por la gravedad de los hechos, la comunidad notificó a los tres niveles de gobierno, que hicieron caso omiso para atender la emergencia y desactivar los ataques. El 4 de julio por la mañana, periodistas reportaron  que elementos de la Secretaría de la Marina hicieron presencia en la comunidad, sin embargo,  solo sobrevolaron  la comunidad con un helicóptero que no se acercó a las zonas de donde provenían los ataques. Lo que generó tensión entre la población.

Por lo anterior hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal para:

1. La actuación inmediata de las autoridades competentes para proteger a la población, garantizar la vida e integridad de todas las personas y el cese de los ataques del grupo delincuencial en contra de la comunidad.
2. El respeto, reconocimiento y otorgamiento de las garantías necesarias para el funcionamiento de la Guardia Comunal y el ejercicio de la libre determinación y autonomía de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, para mantener la paz en la región, el cuidado y la protección comunitaria.
3. La construcción de estrategias conjuntas entre gobierno federal, estatal, municipal y comunitario para enfrentar estos ataques y que se  coadyuve al ejercicio pleno de su libre determinación.
4. El reconocimiento a la libre determinación y autonomía de Santa María Ostula como uno de los procesos históricos en México.
5. No abonar a las narrativas que minimizan la gravedad del contexto que se enfrenta en el estado de Michoacán.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, nos sumamos a la exigencia de la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Muchoacán y URGIMOS a que se tomen de inmediato las acciones necesarias para resguardar la seguridad en la región costa sierra de Michoacán, y se detenga el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación, que  acrecentó de una manera desmedida su ataque armado a la encargatura de La Cofradía, en la zona sierra de la comunidad indígena de Ostula.  

Desde el día 1 de julio comenzó el ataque a los puntos de seguridad de la comunidad. Y desde el 3 de julio comenzó un artero ataque con explosivos arrojados desde drones sobre lugares públicos de la comunidad, a los que cada 40 minutos estuvieron arrojando explosivos y atacando con grupos de alrededor de 50 sicarios con armas de guerra, sumados a los ataques que la comunidad ha denunciado en semanas anteriores y ante los cuales, los gobiernos han sido omisos, permitiendo con ello la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación a costa de la vida de los pueblos indígenas y campesinos

Denunciamos que el gobierno estatal de Michoacán y el gobierno federal están dejando sola a la comunidad de Ostula. No solo no han hecho presencia para resguardar y defender al pueblo indígena de la sierra costa, sino que permiten que los atacantes puedan transitar por la región para reabastecerse de parque y armamento para mantener su guerra a la que nuestras hermanas y hermanos resisten de manera heroica con organización y dignidad. 

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán y su guardia comunal y convocamos a los pueblos originarios de México y el mundo, a la sexta nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos y colectivos solidarios y conscientes, a denunciar y exigir que se detenga el ataque armado y sean desmantelados los grupos criminales. 

ATENTAMENTE
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena. 

COMUNIDAD NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA BAJO ATAQUE DEL CRIMEN ORGANIZADO

¡Exigimos acción inmediata para desarticular los grupos criminales!
¡Exigimos respeto a la libre determinación de la comunidad Nahua de Santa María Ostula!

Un pueblo en resistencia: la historia de lucha de Santa María Ostula

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación que vive la comunidad indígena de Santa María Ostula. Desde hace décadas, la comunidad ha sido un ejemplo de dignidad y organización en la defensa de su territorio y el ejercicio de su derecho a la libre determinación. En 2009 El Manifiesto de Ostula, firmado en conjunto con los pueblos Wixárika, Purhépecha, Binnizá, Hñahñuu, Coca, Tzeltal, Ñuu Savi y Rarámuri, reiteró su empeño por continuar ejerciendo su derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Días después, miles de comuneros de Ostula recuperaron cientos de hectáreas de tierra que estaban en poder de caciques locales bajo el artilugio de “pequeños propietarios”. Estos territorios, ahora llamados Xayakalan, son codiciados por empresarios del turismo, minería, crimen organizado y comercio de maderas preciosas. Además, Ostula se encuentra estratégicamente ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes de México.

Rápidamente, Santa María Ostula se constituyó como un referente de autonomía y autogestión, estableciendo control comunitario sobre sus tierras y playas y creando la Guardia Comunal, que se encarga de suministrar paz, seguridad y justicia para los habitantes de la región.

Sin embargo, la comunidad no ha estado exenta de hostigamiento y violencia. Desde 2008 en el proceso de organización para la recuperación de su territorio y a lo largo de los años, han sufrido asesinatos, desapariciones, intentos de desarme y ataques armados por parte del crimen organizado.

Denunciamos los ataques del 1 al 3 de julio de 2024

Entre el 1 y el 3 de julio de 2024, la comunidad de Santa María Ostula fue nuevamente víctima de una brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron, poniendo en grave riesgo a la población. El 3 de julio, los criminales utilizaron drones para lanzar explosivos contra la comunidad, incluyendo la cancha central, casas y la escuela.

La población civil, principalmente mujeres, niños y personas mayores, fue aterrorizada por la violencia y rodeada por grupos de hasta 50 criminales. A pesar de la heroica resistencia de la comunidad, las autoridades estatales y federales han brillado por su ausencia, permitiendo el ataque impune de los agresores.

Exigimos a las autoridades Federales y Estatales: 

1. La intervención inmediata para detener la embestida del CJNG.
2. El reconocimiento y respeto a la libre determinación y autonomía de Santa María Ostula como un ejemplo histórico de lucha por la tierra y la dignidad.
3. El respeto al derecho de la comunidad a ejercer su autodefensa y el otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la Guardia Comunal.
4. Castigo a los responsables de este ataque, de  los asesinatos, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos de la comunidad que se perpetran impunes desde 2008.

¡Alto a los ataques contra la comunidad Nahua de Santa María Ostula!

Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas