Santa Fe de la Laguna a 4 de diciembre del 2024

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
A CLAUDIA SHEIBAUN PRESIDENTA DE MEXICO
A ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA GOBERNADOR DE MICHOACAN
AL CONSEJO SUPREMO INDIGENA DE MICHOACAN
AL CONGRESO DEL ESTADO

Quienes suscribimos, autoridades comunales, civiles y tradicionales de la comunidad originaria de Santa Fe de la Laguna, manifestamos que nuestra comunidad no ha sido consultada respecto a la iniciativa de reforma que recientemente ha presentado el gobernado. Asimismo, desconocemos un comunicado firmado por la coordinación comunal el día de ayer 3 de diciembre en donde se hacen pasar como autoridades de nuestra comunidad, ya que nuestra asamblea general, máxima autoridad de nuestra comunidad, no ha sido consultada.

Por lo anterior, aclaramos lo siguiente:

1. La coordinación comunal es únicamente un grupo administrativo y no tiene el carácter de autoridades, por lo tanto, carece de legitimidad para aceptar o respaldar propuestas que puedan afectar los intereses de nuestra comunidad.

2. Nuestra comunidad, en ejercicio de su derecho a la autonomía y libre determinación, exige que cualquier propuesta que nos afecte sea previamente sometida a consulta en nuestra asamblea general, conforme a nuestros usos y costumbres.

3.. Solicitamos al congreso del estado que antes de aprobar cualquier iniciativa, consulte a todas las comunidades originarias de acuerdo a las normativas vigentes y con apego a los derechos humanos, solicitamos una verdadera consulta que sea libre, previa, informada,de buena fe, culturalmente adecuada, vinculatoria, con miras a un consentimiento o a un no consentimiento. De no ser así, cualquier reforma será ilegal, no aplicable e ilegítima dentro de nuestros territorios indigenas

Sustento Jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

Artículo 2: XIV. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

^{En portada: Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking recorren pozos e infraestructura abandonada que perpetúan la contaminación en la región del norte de Veracruz. Foto: Regina López.}

El gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T), bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, recientemente lanzó su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en cual figura una partida de 12 mil 364 millones de pesos para dar continuidad a cuatro proyectos de extracción de gas y petróleo no convencional, extraídos a través de método de fractura hidráulica, mejor conocido como fracking, que consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y un coctel de químicos para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en ellas. 

Estos proyectos provienen de administraciones anteriores, que tenían por objetivo intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales para incrementar la producción, así como las reservas de petróleo y gas en el país. 

Con el presupuesto 2025, se destina 2,423 millones de pesos para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), antes conocida como Paleocanal de Chicontepec. Otro proyecto es Burgos, al que se destina una suma 2,266 millones. Le sigue el Proyecto Integral Veracruz (PIV), con 7,420 millones de pesos; y el proyecto Miquetla, con 256 millones.

De acuerdo con un análisis elaborado por la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), junto con Engenera A.C. y Fundar Centro de Análisis e Investigación, la cantidad millonaria destinada a estos proyectos es contraria a los compromisos establecidos por la Cuarta Transformación de no permitir el fracking en territorio nacional. 

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.}

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre. 

Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial. 

Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador. 

“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó. 

Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López}

En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.

Las tierras fueron recuperadas por los comuneros de Ostula en el año 2009, las cuales estaban en manos de jefes del crimen organizado y de los “supuestos pequeños propietarios”, mismas que hoy la comunidad Nahua pide que se reconozcan legalmente como parte de su territorio.

Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.

González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad. 

En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Campesinos del Copinh se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia en el contexto del juicio contra Roberto David Castillo. Foto:Gustavo Amador.}

Más de ocho años después del asesinato de la líderesa lenca Berta Cáceres, este lunes (25) la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias contra siete de las ocho personas condenadas tras juicios realizados entre 2018 y 2022, como autores materiales en el homicidio acontecido el 3 de marzo del año 2016.

Esta decisión responde a los recursos de casación, presentados por los acusados, quienes pretendían invalidar sus sentencias condenatorias. Así se ratifica las sentencias contra Douglas Geovanny Bustillo, ex militar y jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA, propiedad de la familia Atala Zablah); Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Javier Hernández Rodríguez, militar; Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez y Edilson Atilio Duarte, quienes recibieron condena desde el 2 de diciembre del 2019.

Mientras tanto, y pese a ratificar la condena de Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia, la decisión judicial modificó agravantes en la sentencia, lo que, argumenta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), implica una reducción de su condena, la cual en el año 2022 le asignó 22 años y seis meses de prisión.

Castillo, quien presidió el consejo de Administración de la empresa DESA, también tiene pendiente el cumplimiento de otra condena, recibida apenas el pasado 15 de noviembre, en la cual fue sentenciado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, un caso donde fue encontrado culpable por cometer fraude, a título de cómplice y por el uso de documento falso a título de autor.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, realizaron un saludo a las Fuerzas Armadas de México, encabezado por el General Luis Crescencio, en el Colegio Militar de Tlalpan. Septiembre, 2024. Foto: Presidencia de México.}

Ante lo que denomina una crisis de derechos humanos en México, exacerbada por la inseguridad y el alto nivel de violencia homicida, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó durante este noviembre un informe en el que apunta como indispensable la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia profundizada durante las últimas dos décadas.

La organización defensora de derechos humanos enfatiza que, derivado de la estrategia de militarización, son constantes las violaciones a derechos humanos cometidos por instituciones de seguridad y defensa.

Una muestra de ello es que durante el periodo de 2019 hasta agosto del 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,893 quejas contra la Guardia Nacional y 2,279 contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los hechos reclamados se encuentran actos de tortura y privación de la vida, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y defensa.

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Estas violaciones a los derechos humanos, argumenta AI, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad, pues no solo no reduce el crimen y violencia, sino que ha creado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública. 

Aunado a estos abusos, durante 2022, una filtración de información de las Fuerzas Armadas reveló actos de espionaje y seguimiento contra actividades de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, entre ellas contra Amnistía Internacional.

En este contexto, la organización de derechos humanos asevera que la decisión para emplear a las fuerzas militares en labores de seguridad pública les ha permitido actuar en una lógica de conflicto armado. “El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combate a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propician dichos actos, es una medida que tiene – al máximo – limitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero que puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, acusa AI.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La Cámara de Diputados de México aprobó en la noche de ayer, 20 de noviembre, la reforma constitucional que extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en actividad desde 2002, y otros seis órganos autónomos. La aprobación se dio por 347 votos a favor, la mayoría de Morena y sus aliados, y 128 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Además de la desaparición del INAI, se votó la dilución del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

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La sesión continuará este jueves (21) con el debate de todas las reservas. Después la reforma avanzará al Senado de la República. La extinción de los organismos autónomos forma parte de un paquete de 20 reformas enviadas al poder Legislativo a inicios de año por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). 

Por un lado, el discurso del gobierno y parlamentarios a favor de la reforma sostiene que las disoluciones de los órganos se traducirán en un ahorro anual de alrededor de 100 mil millones de pesos, los cuales serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Por otro lado, organizaciones de Derechos Humanos denuncian que es un retroceso, en el caso de la disolución del INAI, al derecho a la información. El Artículo19, tras la votación, posteó en sus redes sociales que la aprobación representa un grave retroceso para el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

“Hemos insistido en que esta decisión representa un grave retroceso en la apuesta democrática por abrir la información y el quehacer gubernamental, que echa por la borda décadas de avances en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas impulsadas por la sociedad”, sostuvo en un comunicado firmado por Artículo 19 y otras dos organizaciones, Poder y el Observatorio Designaciones Públicas. 

Además, “la desaparición del INAI deja en desprotección a la ciudadanía ante la negativa de las autoridades de entregar información e implica la pérdida de millones de datos de interés público albergados en la Plataforma Nacional de Transparencia”, señalan.

Las actividades de las entidades disueltas serán asumidas por las Secretarías afines y otras dependencias del Ejecutivo. En el caso del INAI, sus diversas facultades se transferirían de manera fragmentada a la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes en los otros poderes y las entidades federativas.

En agosto de este año, la relatora especial sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères, y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, lanzaron un comunicado sobre la iniciativa del gobierno mexicano. De acuerdo con las relatoras, la garantía efectiva de estos derechos se alcanza cuando el órgano responsable de garantizarlos se encuentra fuera de la esfera de influencia delpoder político. 

“Los Estados deberían propugnar procesos, mecanismos y herramientas que permitan al ciudadano ejercer sus derechos y obliguen a las autoridades, mediante los caminos institucionales, a cumplirlos. En este sentido, atomizar este órgano autónomo para que sus funciones sean desempeñadas por instituciones dependientes del Estado nulificaría el potencial que tiene como mecanismo de democratización del poder público”, manifestaron las relatoras.

Resaltan que es “notable la contribución internacional del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta”. 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
Al movimiento social de Guerrero
A los medios libres y autónomos

19 de noviembre.

Hermanos y hermanas de México y del mundo, queremos compartir nuestra palabra sobre la situación que estamos viendo y viviendo en el estado de Guerrero y en México: con todo el aparato del Estado, con 4 canales de televisión públicos en los que se transmiten las mañaneras, periódicos, noticieros de radio y televisión, por internet y prensa, el actual gobierno de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, repiten hasta el cansancio discursos de lo que su gobierno hace -o dice que hace-, para restablecer la paz en el país; mediante el discurso, crean una realidad inexistente y pretenden engañar a la población de que el mal es ajeno al aparato Estatal y que éste proviene de algunos individuos que generan toda la violencia en el país. Con una narrativa telenovelesca, hablan en las mañaneras de articulación entre los estados, de inteligencia de seguridad, de detenciones de personas trascendentales en distintas estructuras delincuenciales.

Pero lo que vemos y vivimos a diario en el estado de Guerrero, es totalmente contrario a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por “confrontaciones entre grupos locales”; derivado de esta aseveración nos preguntamos ¿a qué grupo delincuencia local pertenecía el presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán para que lo decapitaran? ¿y las mujeres y niños secuestrados en Mochitlán, a cuál?

También observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video vigilancia en el municipio de Chilapa por los ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de las policías municipales, estatales y autoridades estatales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero; comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia -como les llaman hoy en día en las mañaneras-, por ejemplo la comida de Norma Otilia Montaño (ex-presidenta municipal de Chilpancingo) con Celso Ortega, líder de los ardillos; observamos también encarcelamientos de chivos expiatorios e investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales, a los autores intelectuales; en estos casos, la complicidad y participación directa de autoridades municipales, estatales y federales, es evidente, junto a las corporaciones de “seguridad”, incluida la Guardia Nacional, SEDENA y Marina cuyo número llega ya a 12 mil 675 miembros de la SEDENA, Guardia Nacional y Marina entre Tecpan, Quechultenango, Acapulco y demás municipios del estado según Ricardo Trevilla Trejo, el mismo titular de la SEDENA cuyo análisis de la realidad le indica que el problema de Guerrero está en las “confrontaciones entre grupos locales”.

El simplismo de su aseveración debería ser evidencia suficiente para entender que: 1. Las capacidades cognitivas de quienes dirigen a las corporaciones de seguridad del Estado son inexistentes. 2. Que la delincuencia organizada en su rostro mas visible es la que dispara, asesina, secuestra, trafica, etc., pero que la otra cara de la delincuencia viste de traje y se encuentra en cada institución del Estado y en cada corporación de “seguridad”. A nosotras y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido de cerca la violencia de los grupos delincuenciales y el silencio del Estado nos queda claro que la delincuencia son todos ellos y ellas.

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN MICHOACÁN.
AL INGENIERO JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN AQUILA, MICHOACÁN.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

En este día en que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, gesta heróica en la que los pueblos originarios derramamos nuestra sangre teniendo como bandera central la defensa y recuperación de nuestras tierras comunales, ANUNCIAMOS que el pasado quince de noviembre de este año nos fue notificada, por conducto del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, una histórica sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo en revisión número 357/2023, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DEJA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE DOTÓ DE TIERRAS EJIDALES AL POBLADO LA PLACITA, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN, EL 20 DE JUNIO DE 1967, porque “afectó terrenos comunales pertenecientes” a nuestra comunidad y por lo tanto se dictó en violación de nuestros derechos fundamentales.

Sin duda alguna, SE TRATA DE UNA SENTENCIA HISTÓRICA PARA NUESTRA COMUNIDAD Y TAMBIÉN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTE PAÍS, PORQUE A LO LARGO DEL SIGLO VEINTE UNA DE LAS POLÍTICAS COLONIALES MÁS USADAS POR LOS GOBIERNOS EN TURNO PARA DESPOJAR DE SUS TERRITORIOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FUE LA ILEGAL CREACIÓN E IMPOSICIÓN DE EJIDOS EN SUS ANTIGUOS TERRITORIOS COMUNALES, LO QUE PROVOCÓ SU PULVERIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En dicho sentido saludamos la trascendental determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito que pone en cuestión este largo proceso de despojo y marca un parteaguas en la inercia colonial y racista que ha mantenido hasta el día de hoy a nuestros pueblos con derechos de segunda y sumidos en la pobreza.

La sentencia dictada por el Poder Judicial es definitiva, razón por la que exigimos a la Presidenta de la República y a los gobiernos federal y del estado:

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Mientras representantes de países de todo el mundo están reunidos en Baku, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre, en la cumbre sobre el clima de la ONU para discutir “soluciones” que saquen el planeta de la crisis climática, organizaciones ambientales globales denunciaron en una rueda de prensa que las “soluciones basadas en la naturaleza”, tema que está siendo por empresas y jefes de las naciones, son “falsas soluciones”. 

Una de ellas es el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques). “Estas falsas soluciones permiten a los grandes contaminadores seguir lucrándose, haciendo recaer la carga sobre los países en desarrollo y las comunidades marginadas. Evitan reducciones reales y urgentes de las emisiones, que los países han incumplido reiteradamente”, sostienen la Red Indígena Ambiental, Acción Ecológica Ecuador, WALHI Indonesia y la Coalición Mundial por los Bosques, en un comunicado.

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El uso de los programas REDD+ como mecanismo de compensación del carbono forestal ha exacerbado el problema, resalta los ambientalistas, provocando la sustitución de ecosistemas biodiversos por plantaciones de monocultivos y causando graves impactos sobre los pueblos indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo abusos documentados contra los derechos humanos.

“Los programas REDD+ se han transformado en compensaciones de carbono forestal. Se han talado bosques y las plantaciones de monocultivos han sustituido a los ecosistemas biodiversos bajo la apariencia de proyectos REDD+”, dijo Souparna Lahiri, de la Coalición Mundial por los Bosques. “Estos proyectos tienen enormes impactos negativos sobre las comunidades indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo casos de violencia sexual”.