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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.

El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.

En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.

En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.

Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.

Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.

Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.

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En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.

Represión extrema

En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.

En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.

En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.

El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.

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La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.

La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).

La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.

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El 30 de diciembre del 2022 en Chicomuselo fue privado de su libertad, torturado, vejado y abandonado herido con disparos de arma de fuego nuestro compañero Isabel Recinos Trigueros (conocido como compa Chave), dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST). Nuestro compañero sobrevivió pero se encuentra gravemente herido; los agresores forman parte de un grupo de la delincuencia organizada al servicio de las mineras en el estado de Chiapas.

Esta agresión se llevó a cabo después de un sinnúmero de amenazas del grupo paramilitar “MAIZ”, aparecido el año pasado y que manifiesta ser brazo de la delncuencia organizada, y mediante la violencia y amedrentamiento, pretende someter a la sociedad de la región fronteriza y sierra para que deje de oponerse a la operación y saqueo de las empresas mineras que dañan el medio ambiente y la salud de la población.

Los intentos de imponer los proyectos de muerte de las mineras no son nuevos, en el año 2009 cobraron la vida de Mariano Abarca para intentar por la fuerza la apertura de la empresa canadiense “BlackFire” en el ejido Grecia. Desde el 2017 esa empresa ha buscado cambiar de razón social para llamarse ahora “Barita de Chiapas”, y ha coenzado a operar ilegalmente en el ejido Santa María en los últimos meses de 2022 con total impunidad ante la inacción de las autoridades.

Es muy grave que la actividad minera se de al amparo de la delincuencia organizada, justo cuando en el año 2018 se instaló en Chicomuselo la sede del 101 Batallón de Infantería del Ejército, lo que hace presumir que para imponer la minería se pretende aplicar una estrategia contrainsurgente.

La agresión a compa Chave, pretende frenar la movilización por la Vida que diversos sectores de la Sociedad Civil de Chicomuselo han convocado para el 5 de enero de 2023 y a la que este grupo delicuencial ha amenazado con agredir si se lleva a cabo.

Por lo anterior demandamos:

1. Se brinde atención médica y protección a la vida e integridad del compañero Isabel Recinos Trigueros.

2. Se detenga y procese a los agresores por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

3. Se den garantías y seguridad por parte de las autoridades federalesestatales y municipaes a la Movilización por la Vida del 5 de enero.

4. Se desarticule el grupo paramilitar “MAIZ”.

5. Se clausure la mina de Santa María y se cancele la concesión minera de “Barita de Chiapas” oy/o “BlackFire”.

6. Se garantice la vida e integridad de los defensores de la madre tierra y de las comunidades que se oponen a la minería tóxica.

Ciudad de México, a 2 de enero de 2023

Comisión Ejecutiva del MST

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El pasado jueves 5 de enero, miles de habitantes del municipio de Chicomuselo, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, realizaron una manifestación para exigir el fin de la violencia “desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”, remarcaron voceros del poblado chiapaneco durante la movilización.

La protesta ocurre en un contexto de aumento de violencia en la región, localizada en la frontera con Guatemala, donde la presencia del crimen organizado se ha incrementado durante los últimos años arrojando un saldo de enfrentamientos entre grupos armados y contra militares, así como desapariciones y ejecuciones.

La demanda de los pobladores, quienes marcharon acompañados de representantes ejidales y comunitarios, se debe a que desde mediados del año pasado registraron la reactivación ilegal de una mina de barita ubicada en el ejido Santa María.

Para el 16 de octubre del 2022, los habitantes registraron el ingreso a la cabecera municipal de diversos camiones de carga para trasportar material minero. Un día después, los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de barita, sin que los pobladores tuvieran conocimiento de la actividad minera.

Mediante la movilización que denominaron “Marcha por la vida”, las y los habitantes de Chicomuselo destacaron que la actividad en la mina tiene relación con la concesión otorgada a la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd, la cual se estableció en el ejido Grecia en el año de 2009 para la extracción del material minero utilizado para perforación de pozos petroleros y para el mismo sector extractivo.

Según comunicado de los habitantes de Chicomuselo, la extracción realizada hace más de 15 años en comunidades de dicho municipio se efectuó sin una consulta previa e informada, “afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones”.

Las operaciones en el ejido Grecia se detuvieron después del homicidio del defensor Mariano Abarca, quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 tras haberse opuesto a la industria extractiva.

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Tras el cierre de la mina se originó una disputa legal con la minera canadiense, quien exigió el pago de casi 800 millones de dólares como indemnización. Al mismo tiempo, familiares de Abarca han señalado el involucramiento de empresarios, funcionarios locales y miembros de la embajada canadiense en el asesinato del activista.

La concesión con título 225159, denominada La Revancha 2 Fracc A, cuyo titular es Tristán Canales Reyna, prestanombres de Blackfire, y cuya superficie se empalma con el ejido Grecia, aún continúa vigente y representa la concesión con mayor cantidad de tierras abarcadas en el municipio con un total de 11,387 hectáreas.

Paramilitares, en contubernio con minera

La población de Chicomuselo señala que desde el año 2017 la empresa canadiense realizó un cambio en el título de concesión para ahora llamarse “Barita de Chiapas” y, con ello, reiniciar la explotación ilegal del mineral en el ejido Santa María.

Para ello, sostuvieron los voceros durante la marcha, “se han valido de la violencia que ejerce por cuenta de esta minera un grupo de la delincuencia organizada denominado MAIZ, que ha recorrido las comunidades con armas largas para amedrentar a la población y advertirles que, si se oponen a la minería, les harán daño y, de paso, han comenzado el cobro de ‘derecho de piso’ al comercio y al transporte en el municipio”.

Las y los habitantes de Chicomuselo enfatizaron su preocupación de que la extracción minera se realice en contubernio con la delincuencia organizada y en un contexto de militarización, “siendo Chicomuselo la sede del 101 Batallón de Infantería del Ejército, lo que hace presumir que para imponer la minería se aplica una estrategia contrainsurgente”.

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Como demandas principales, la población de Chicomuselo exigió a los tres niveles de gobierno el “cese de la minería tóxica y los proyectos de muerte, y la clausura de la mina de Santa María y la cancelación de las concesiones mineras de ‘Barita de Chiapas’ y/o BlackFire”.

En octubre del 2022, mediante documento difundido por miembros de Modevite, pobladores de Chicomuselo señalaron la existencia de 12 concesiones vigentes y 2 vencidas en la región.

Mediante una revisión a la base de datos proporcionada por la Secretaría de Economía en 2022, el equipo de Avispa Midia encontró un total de 15 concesiones en Chicomuselo. De estas, cuatro fueron canceladas. Entre las 11 restantes, que aún se encuentran vigentes, abarcan una superficie de 18,857 hectáreas concesionadas a la minería en el municipio de la Sierra Madre de Chiapas.

Sin permiso

En septiembre del año pasado, miembros del Modevite denunciaron el incremento en la violencia contra defensores del territorio y pobladores de Chicomuselo derivado de la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en localidades como El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez.

En aquel momento, sostuvieron que de nueva cuenta no se ha realizado el procedimiento de consulta previa, ni tampoco los estudios de impacto ambiental. Ante ello, presentaron una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución la cual argumenta que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región.

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“Esta omisión de Profepa y demás autoridades activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio (…) Tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen”, señalaron mediante comunicado.

En la denuncia presentada a Profepa, los pobladores argumentan que la extracción minera es ilegal y se está realizando a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas. Al mismo tiempo, exigieron a los gobiernos estatal y federal para que emitieran una declaratoria oficial en la que se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.

“Como Pueblo Creyente y Modevite hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo”, sostuvieron los voceros durante la movilización.

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Fuente:Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Ciudad de México, 9 de enero de 2023.- Les presentamos un recuento de activistas asesinadxs durante 2022 en México. Realizada a partir de un trabajo colectivo de recolección y búsqueda de información en múltiples fuentes. Se trata de 72 activistas en defensa del territorio, el agua, los derechos humanos, promotores culturales, indígenas, artistas, buscadoras de desaparecidos, abogadxs, feministas, opositores a los mega proyectos, activistas trans, sacerdotes, ejidatarios, sindicalistas, comuneros, ambientalistas y comunicadores comunitarios, que no eran partidistas. Durante la documentación, sin embargo, encontramos a no pocos activistas integrantes de partidos políticos e inclusive funcionarios públicos, también privados de la vida con violencia.

Nuestra metodología consistió en un monitoreo exhaustivo de medios y redes sociales, ubicando denuncias sobre activistas asesinadxs en diversas geografías del país, activistas en general. Por otra parte decidimos incluir solo a activistas que no militaban en partidos políticos oficialistas, por que los miembros de partidos políticos regularmente son reivindicados por el aparato de su partido respectivo y por la clase política local y nacional, mientras que las denuncias de los activistas independientes regularmente quedan silenciadas; el trabajo de los Medios Libres es romper el cerco informativo que hay contra los movimientos sociales independientes que trabajamos desde abajo y para abajo.

Seguramente faltan nombres, pero es imposible crear una base de datos completa, en parte porque muchos familiares prefieren no levantar denuncias, ante la posibilidad de más represión. Esta lista nos da cuenta de lo peligroso que resulta defender los derechos y los territorios comunitarios en este país y el riesgo permanente de la aniquilación a aquel que levante la voz por su dignidad o por su territorio.

De los 72 activistas asesinados durante 2022 en México, una mayoría corresponde a personas con un compromiso comunitario indígena, o de alguna otra minoría cultural. Observamos que predominan los indígenas ambientalistas. Una cuarta parte de estos asesinatos a activistas, ocurrieron en Oaxaca, seguido de Guerrero. Dichas regiones rebasaron por mucho la incidencia de este delito a nivel nacional. Otras entidades son Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora. Pero se cometió este crimen en 21 estados de 32 de la república mexicana. Muchos son opositores al cambio de uso de suelo, que amenaza la propiedad de la tierra, y que ha dejado de ser un bien inalienable para devenir una mercancía y propiedad privada. Un alto porcentaje de las víctimas son personas que defienden una causa que supone la oposición a la explotación capitalista de los recursos naturales de sus territorios. Se oponen a la instalación de los Megaproyectos o industrias depredadoras. O bien son mujeres buscadoras de su familiar desaparecido. Destaca la incidencia de personas que, antes de ser asesinadas, son secuestradas y desaparecidas, hasta que alguien encuentra sus restos abandonados a la intemperie o en fosas clandestinas, muy comunes en este país.

La gran mayoría de las víctimas fueron ejecutadas con arma de fuego, desde pistolas hasta comandos fuertemente armados, y en muchos casos, los crímenes fueron cometidos en sus hogares. Este dato nos indica quiénes son los objetivos de la represión más intolerante. ¿Dónde está el centro del conflicto social en el México rural de hoy? En el despojo. La apropiación de los territorios étnicos por parte del capital trasnacional. Así como el exterminio masivo de población por medio de métodos genocidas como la desaparición forzada. No olvidemos que México es un país con más de cien mil desaparecidos registrados en las últimas décadas.

En todos los casos se trata de activistas que estaban defendiendo derechos colectivos o buscaban justicia ante los ataques en su contra. El análisis, aún somero de esta lista, nos da un retrato de nuestra sociedad mexicana. Una economía subordinada a la Casa Blanca, desde donde se impone sobre todo el territorio mexicano, una política de “guerra contra las drogas”.

Lista de activistas asesinadxs en México en el 2022

1.- 7 de enero de 2022 | ROSENDO GONZÁLEZ TORRES, wixárika, asesinado en San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. Tras ser secuestrado de su vivienda junto con su nieto, fueron maniatados, torturados y despeñados en una barranca. La causa de sus muertes fue ahorcamiento y disparo de arma de fuego. Familia defensora de la tradición, territorio y los derechos del pueblo Wixárika. Marakame, médico tradicional y guía espiritual.

2.- 7 de enero de 2022 | ESTANISLAO GONZÁLEZ, wixárika, 17 años, nieto del marakame Rosendo, de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. Familia defensora de la tradición, territorio y los derechos del pueblo Wixárika.

3.- 10 de enero de 2022 | LORENZO GÓMEZ RUIZ, tsotsil, Aldama, Chiapas. Asesinado por un disparo de bala cuando iba a su sembradío. Defensor del territorio, perteneciente a la comunidad en resistencia contra el despojo de su tierra a manos de un grupo armado paramilitar de Santa Martha Chenalhó, Chiapas.

4.- 13 de enero de 2022 | JORDY DÁVALOS NIETO “JUNIOR NIETO”. Artista de make up, a través de sus piezas protestaba contra la homofodia y el odio a la comunidad LGBTTTIQ+. Desapareció el 11 de enero y fue encontrado desmembrado el 13 de enero en una caja en la carretera Fortín-Ixtaczoquitlán, Veracruz. Hijo de un periodista.

5.- 17 de enero de 2022 | DELFINA RAMÍREZ MORALES, 26 años, ejecutada extrajudicialmente por la policía municipal. Perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), de Guerrero.

6.- 26 de enero de 2022 | MARIO ZAMORA MALDONADO “COMANDANTE GERÓNIMO”, 46 años, Buenavista de la Salud, Chilpancingo, fue asesinado en una fuerte emboscada con armas de alto poder por un grupo de sicarios de Los Ardillos que atacaron la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CETEG-CNTE). Hubo otros 3 policías comunitarios asesinados en estos hechos, de los que no se hicieron públicos los nombres.

7.- 27 de enero de 2022 | ANA LUISA GARDUÑO JUÁREZ, 51 años, abogada y buscadora. Fue asesinada por arma de fuego dentro de un negocio de su propiedad en Temixco, Morelos. Tras el feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea en 2012, fundó la Asociación Civil “Ana Karen Vive”, asesoraba y acompañaba a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

8.- 30 de enero de 2022 | MOISÉS ÁLVAREZ RAMÍREZ, Defensor de tierra y territorio, Ejidatario Autónomo de Tila, Chiapas.Falleció como secuela de una fuerte golpiza.

9.- 3 de febrero de 2022 | VERÓNICA PATRICIA GUERRERO VINUEZA, 51 años, balaceada en su auto desde una motocicleta en movimiento en Tonalá, Jalisco. Defensora de la tierra, abogada y dirigenta del Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, luchaba contra el basurero irregular de Matatlán, de CAABSA Eagle.

10.- 5  de febrero de 2022 | VERA AIDEE VARELA MELGAREJO, fue atacada con un cuchillo, en Cancún, Quintana Roo. Feminista simpatizante del colectivo feminista “Brujas del Mar”.

11.- 11 de febrero de 2022 | FRANCISCO VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ. Defensor de tierra y territorio, opositor a la termoeléctrica de Huexca y ejidatario del nucleo ejidal Abelardo L. Rodríguez. Presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación del Río Cuautla (ASURCO). Asesinado por un comando armado que llegó hasta donde trabajaba en su parcela. Alzó la voz contra el robo de agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos.

12.- 7 de marzo de 2022 | JOSÉ TRINIDAD BALDENEGRO, rarámuri, 47 años, asesinado a balazos al salir de su casa en Coloradas de la Virgen, quemaron su casa, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Familia defensora del bosque, opositora a las madereras y los cultivos ilegales.

13.- 19 marzo de 2022 | PATRICIA SUSANA RIVERA REYES, abogada 59 años de edad. Defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Baja California, en particular las kumiai y cucapá, consejera de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California. Un grupo armado entró a su casa en Tijuana mientras estaba en una reunión y la asesinaron de un balazo en la cabeza. Otra persona murió un mes después por secuelas de las heridas recibidas en este atentado.

14.- 7 de abril de 2022 | EUSEBIO SEVERIANO RODRÍGUEZ, Barra Vieja, Acapulco. Coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Hubo otros dos asesinados en la acción, de los que no se publicaron los nombres.

15.- 8 de abril de 2022 | JULIA HERNÁNDEZ GARCÍA, 38 años. Cofundadora de la Fundación Hermanos en Situación de Vulnerabilidad A.C. (HERSIVU). Fue asesinada en su vivienda en la Colonia Arboleda, Oaxaca, Oaxaca. Activista que daba apoyo en especie a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad y a bebés prematuros.

16.- 20 de abril de 2022 | HÉCTOR SOTO RODRÍGUEZ. Abogado agrarista de Cuernavaca, Morelos. Fue acribillado frente a cientos de personas del poblado ejidal Santa María Ahuacatitlán. Denunciaba el fraccionamiento y despojo de tierras ejidales.

17.- 27 de abril de 2022 | SILVESTRE LUCIANO HERNÁNDEZ, Etla, Oaxaca. Asesinado dentro de la escuela “María del Carmen Serdán”, frente a padres de familia, mientras se realizaba un tequio escolar de retorno a aulas. Parte de la Delegación Sindical D-I-146 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

18.- 28 de abril de 2022 | LUIS DONATO ORTÍZ, Rancho El Rodeo, Marquelia, Guerrero. Asesinado por dos hombres armados. Fundador del Consejo Ciudadano de Marquelia, organización por los derechos de los pueblos afromexicanos de Guerrero y Oaxaca. Fundador de la Policía Ciudadana de Marquelia.

19.- 6 de mayo de 2022 | LORENA CHANTZIN PAXACUASINGO, nahua, levantado en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, pocas horas después su cuerpo fue encontrado sin vida en una barranca. Integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

20.- 6 de mayo de 2022 | MARCOS CAMPOS AHUEJOTE, nahua, levantado en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, pocas horas después su cuerpo fue encontrado sin vida en una barranca. Integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

21.- 9 de mayo de 2022 | TEÓFILO BARRERA HERRERA, nahua, 24 años. Fue emboscado por policías estatales en Zoquitlán, Puebla. Defensor de la tierra y miembro del movimiento Unidad por Coyomeapan de Puebla.

22.- 9 de mayo de 2022 | MARCELO CARRERA REYES, nahua, 45 años, emboscado por policías estatales en Zoquitlán, Puebla. Miembro del movimiento Unidad por Coyomeapan de Puebla.

23.- 9 de mayo de 2022 | OMAR HERRERA RAYMUNDO, nahua, 15 años. Fue emboscado por policías estatales en Zoquitlán, Puebla. Defensor de la tierra y miembro del movimiento Unidad por Coyomeapan de Puebla.

24.- 21 de mayo de 2022 | JUSTINO TAPIA ROSENDO, secuestrado el 21 de mayo de 2022 en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, Hueycatenango, Guerrero. Su cuerpo fue encontrado en el poblado de San Marcos. Integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

25.- 23 de mayo de 2022 | HUMBERTO VALDOVINO FUENTES. Defensor de tierra y el territorio, fundador de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) enPinotepa Nacional, Oaxaca. Tras salir de una reunión de trabajo por el 21 aniversario de la organización, recibió una llamada, después se dirigió en su motocicleta al Barrio El Zapote, en Pinotepa Nacional, donde fue asesinado a balazos.

26.- 24 de mayo de 2022 | NOÉ GODÍNEZ ARREDONDO, 48 años, Michoacán. Abogado representante de bienes ejidales de San Francisco Uruapan y Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Uruapan. Fue levantado, torturado y balaceado junto a otras 2 personas.

27.- 4 de junio de 2022 | CAMILA BOLOCO, Ciudad de México. Activista trans originaria de Chile. Integrante del Sindicato de Trabajadores Sexuales para las Personas Trans y Travesti, Colectivo Existimos y Corporación Chilena de Personas Trans. Su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura en la alcaldía Benito Juárez, CDMX.

28.- 14 de junio de 2022 | PEDRO VÁSQUEZ RAMÍREZ. Ex-presidente municipal del periodo 2017-2019. Integrante del Consejo de Comunidades Indígenas de la Región Loxicha y Sierra Sur (CCIRLSS). Dos individuos con armas largas ingresaron a su oficina y lo acribillaron en San Agustín Loxicha, Oaxaca.

29.- 14 de junio de 2022 | PAULINO DURÁN FLORES. Comunero purépecha, Defensor de la tierra y el territorio.Fue asesinado en la calle por cuchillada en el pecho en Cherán, Michoacán.

30.- 17 de junio de 2022 | FERNANDO GUERRERO PÉREZ, 42 años. Activista de la comunidad LGBTTTIQ+. Su cuerpo desnudo fue encontrado con huellas de tortura y heridas de arma blanca en Papantla, Veracruz.

31.- 17 de junio de 2022 | ANTONIO MÉRIDA. Locatario del mercado de San Andrés Tuxtla. Presidente del Comité Contra el Nuevo Mercado 5 de Febrero. Luchaba contra la pérdida de fuente de sus ingresos por la demolición del mercado y su reconstrucción con un proyecto que no les fue consultado.Recibió agresión armada desde motocicleta en movimiento en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

32.- 20 de junio de 2022 | JOAQUÍN CÉSAR MORA SALAZAR, 80 años. Sacerdote y defensor de derechos humanos.Fue asesinado en la comunidad indígena de Cerocahui, Chihuahua.

33.- 20 de junio de 2022 | JAVIER CAMPOS MORALES, 79 años. Sacerdote y defensor de derechos humanos. Fueasesinado en la comunidad indígena de Cerocahui, Chihuahua.

34.- 20 junio 2022 | JESÚS BAÑUELOS ACEVEDO, Defensor de la tierra y ambientalista, parte del movimiento “No al Basurero en Atitalaquia”. Asesinado en Atitalaquia, Hidalgo, mientras estaba en un plantón frente al Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

35.- 22 de junio de 2022 | ELODIA MATEOS GUTIÉRREZ, 35 años. Lideresa comunitaria del Frente de Posesionarios del Ejido Maclovio Rojas, Tijuana, Baja California. Recibió 6 balazos. La lideresa anterior, Hortensia Hernández Mendoza, fue asesinada en agosto de 2021. Luchan por los títulos de propiedad para predios de 250 m² para vivienda.

36.- 9 de julio de 2022 | ALBERTO MORALES SEBASTIÁN, nahua. Asesinado en la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero mientras esperaba el transporte colectivo rumbo a Alcozacán. Policía comunitario, fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

37.- 14 de julio de 2022 | CRISPÍN REYES PABLO, Oaxaca. Defensor comunitario, agente municipal de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, defendía y representaba a 527 personas de 128 familias desplazadas por grupo armado en 2017.

38.- 15 de julio de 2022 | GLADYS ARANZA RAMOS, Ejido Ortiz, Guaymas, Sonora. Fue balaceada al llegar a su casa.Buscadora del colectivo “Madres y Guerreras unidas de Sonora”. Buscaba a su esposo desaparecido a finales de 2020.

39.- 17 de julio de 2022 | BRENDA JAZMÍN BELTRÁN JAIME, Ciudad Obregón, Sonora. Buscadora de su hermano desaparecido en Bacum, Luis Heraldo Beltrán Jaime. Integrante del colectivo “Guerreras Buscadoras de Cajeme, Sonora”.

40.- 19 de julio de 2022 | ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ, zapoteco, Oaxaca. Maestro, ex-preso político, defensor de derechos de los pueblos de San Agustín Loxicha, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, luchador social de toda la vida.

41.- 19 de julio de 2022 | LUZ RAQUEL PADILLA, quemada viva en Zapopan, Jalisco. Defensora de los derechos de personas con discapacidad.

42.- 19 de julio de 2022 | EFRAÍN GONZÁLEZ, 23 años, artesano y músico Wixárika, asesinado en La Rosita, Zacatecas, Zacatecas. Un grupo de sicarios llegó en un automóvil, entró a la vivienda familiar y les asesinó. Perteneciente a una familia defensora de los derechos del Pueblo Wixárika.

43.- 19 de julio de 2022 | Juventino, sobrino de Efraín González,17 años, artesano Wixárika, asesinado en La Rosita, Zacatecas, Zacatecas. Perteneciente a una familia defensora de los derechos del Pueblo Wixárika.

44.- 19 de julio de 2022 | Maxi, familiar de Efraín González, artesano Wixárika, asesinado en La Rosita, Zacatecas, Zacatecas. Perteneciente a una familia defensora de los derechos del Pueblo Wixárika.

45.- 20 de julio de 2022 | ELOY MERINO MENDOZA “El Comandante”. Fundador del grupo de Autodefensa Comunitaria “Fuerza Territorial Poblana”. Asesinado en una emboscada junto a otros 5 autodefensas en Jolalpan, mixteca poblana, Puebla, otros 16 autodefensas resultaron heridos. Los nombres de los otros 5 autodefensas comunitarios asesinados no fueron publicados.

46.- 24 de julio de 2022 | NICOLÁS PÉREZ ZOYATECO, nahua, 49 años, asesinado afuera del mercado agroindustrial en la cabecera municipal de Chilapa. Comerciante, defensor del territorio y miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

47.- 30 de agosto de 2022 | ROSARIO LILIÁN RODRÍGUEZ BARRAZA, La Cruz de Elota, Sinaloa. Fue interceptada tras regresar de una misa para su hijo desaparecido, posteriormente secuestrada y asesinada. Buscadora de su hijodesaparecido en 2019 Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez. Perteneciente al Colectivo de familias rastreadoras “Corazones sin Justicia”.

48.- 8 de septiembre de 2022 | EUSEBIO FRAGOSO FARANONI, recibió 14 balazos por dos sicarios a bordo de una motocicleta, esto sucedió frente a una primaria mientras caminaba con su esposa, en el Estado de México. Profesor, activista y líder social del pueblo de Guadalupe Victoria, Ecatepec. Su esposa resultó herida en la agresión.

49.- 14 de septiembre de 2022 | HERMENEGILDO NERI ORTIZ ROMERO “Don Neri”, Mazatlán, Guerrero. Fue balaceado en una tienda de abarrotes de su propiedad. Comandante de la Seguridad Comunitaria de su comunidad y ex Comisario del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

50.- 14 de septiembre de 2022 | SUSANA VILLARREAL, 53 años, mujer trans, Barrio de Tierra Blanca, Durango. Activista de la comunidad LGBTTTIQ+ y actriz. Fue encontrada sin vida en un negocio de su propiedad, con signos de violencia física y sexual.

51.- 27 de septiembre de 2022 | JOSÉ CATARINO MARTÍNEZ, 52 años, triqui. Recibió una emboscada y ataque armado a la camioneta de transporte que conducía en las inmediaciones de Agua Fría Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Originario de Concepción Carrizal, comunidad base del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Una joven resultó herida de bala en este ataque.

52.- 29 de septiembre de 2022 | ROSA SALVAJE, 50 años, mujer trans. Recibió un ataque armado dentro de negocio de su propiedad, donde también se ubicaba su vivienda en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

53.- 29 de septiembre de 2022 | ISABELLA ÁLVAREZ, mujer trans. Fue torturada y asesinada en su domicilio en la zona centro de León, Guanajuato. Activista trans dentro de la comunidad “Chicas Biless” de León. Fue encontrada dentro de su vivienda maniatada y estrangulada con un cable de plancha para cabello.

54.- 1 de octubre de 2022 | JULIO ISIDRO RAMÍREZ GONZÁLEZ, 70 años, triqui. El vehículo en el que viajaba fue atacado por paramilitares en la carretera que conecta Juxtlahuaca con Santa Rosa Caxtlahuaca. Originario de Agua Fría Copala, Oaxaca, comunidad base del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

55.- 4 de octubre de 2022 | BLANCA ESMERALDA GALLARDO. Buscadora perteneciente al colectivo “Voz de los Desaparecidos” en Puebla. Buscaba a su hija Betsabé Alvarado Gallardo de 24 años.

56.- 22 de octubre de 2022 | BEATRIZ ROJAS PÉREZ, 21 años. Estudiante normalista de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala. Murió como secuela de la agresión armada de policías contra una manifestación de normalistas. Otras 7 normalistas resultaron heridas en la represión.

57.- 25 de octubre de 2022 | GUILLERMO ÁLVARO LÓPEZ, San Isidro de Morelos, Putla de Guerrero, Oaxaca. Maestro de la Secundaria Técnica N. 32 de San Pedro y San Pablo Teposcolula. Integrante del comité delegacional de la delegación D-II-38 de Secundarias Técnicas, Sector Tlaxiaco de la Sección XXII – de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

58.- 26 de octubre de 2022 | FILOGONIO MARTÍNEZ MERINO, chatino, 60 años, Oaxaca. Excomisariado ejidal de Paso de la Reyna. Defensor del Río Verde, ambientalista, defensor de la tierra, integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

59.- 27 de octubre de 2022 | JESÚS MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ, zapoteco, Barrio de Santa Cruz Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Un comando armado lo atacó en su casa. Comunero, ambientalista, defensor de la tierra y opositor al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Corriente del Pueblo Sol Rojo. Otro activista resultó herido en los mismos hechos.

60.- 4 de noviembre de 2022 | RENATA NICOLE DUARTE REYES, 29 años, mujer trans. Fue maniatada y asesinada con arma de fuego, en Cuautla, Morelos. Otra mujer trans fue encontrada junto a ella: Kimberly Fernanda Mendoza. Activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, fundó el Colectivo de la Diversidad en Cuautla, que realizaba jornadas de salud, pruebas de ETS, talleres de empoderamiento para mujeres trans, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales, y repartía gratuitamente condones y lubricantes.

61.- 5 de noviembre de 2022 | ADÁN LINARES SILVERIO, nahua, 38 años, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Junto a dos de sus compañeros los interceptó una patrulla de tránsito municipal de Chilapa y una hora después fueron asesinados en la comunidad de Xochimilco sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo. Comunicador indígena y Miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

62.- 5 de noviembre de 2022 | MOISÉS CUAPIPISTENCO, nahua, 22 años, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Junto a dos de sus compañeros los interceptó una patrulla de tránsito municipal de Chilapa y una hora después fueron asesinados en la comunidad de Xochimilco sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo. Colaborador de medios y Miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

63.- 5 de noviembre de 2022 | GUILLERMO HILARIO MORALES, nahua, 32 años, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Junto a dos de sus compañeros los interceptó una patrulla de tránsito municipal de Chilapa y una hora después fueron asesinados en la comunidad de Xochimilco sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo. Comunicador indígena y Miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

64.- 6 de noviembre de 2022 | JAZMÍN ADRIANA ZÁRATE AQUINO, 25 años, cantante del grupo musical Titanes, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca. Activista por los derechos de las mujeres.

65.- 6 noviembre 2022 | MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ. Activista y buscadora, integrante del colectivo “Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato”. Realizaba labores de búsqueda para intentar encontrar a su hijo Ósmar Zúñiga Vázquez, que desapareció el 14 de junio de 2022, en Abasolo.

66.- 25 de noviembre de 2022 | GRISELL PÉREZ RIVERA, El Durazno, Mixquiahuala, Hidalgo. Estuvo desaparecida un año y medio hasta que identificaron sus restos en esta fecha. Abogada feminista y defensora de derechos humanos. Fundadora del refugio para mujeres “La Cabaña de la Sabiduría”, en Tlalmanalco, Estado de México.

67.- 10 de noviembre de 2022 | KAREN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, 21 años, mujer trans, Toluca, Estado de México. Fue asesinada con arma de fuego. Formaba parte del equipo deportivo de Derechos Humanos del Estado de México, Colectivo Estado de México & alrededores y colectivo Realitrans A.C. Activista promotora de la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA.

68.- 10 de diciembre de 2022 | PEDRO PASCUAL CRUZ, purépecha, Ocumicho, Charapan, Michoacán. Fue asesinado a balazos por civiles armados. Comunero miembro de la Ronda Comunal de Ocumicho, del Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho, defensor de la tierra y el territorio, los bosques y los bienes naturales de Ocumicho y las zonas arqueológicas.

69.- 11 de diciembre de 2022 | JOSÉ RUBÉN CRUZ PALMA, yaqui. Fue asaltado y despojado de camarón y dinero en la carretera a Hermosillo. Autoridad tradicional del pueblo Yaqui Belem, Sonora.

70.- 11 de diciembre de 2022 | MARIELA PASOS, yaqui, esposa de José Rubén Cruz Palma. Familia autoridad tradicional del pueblo Yaqui Belem, Sonora.

71.- 19 de diciembre de 2022 | FRANCISCO JIMÉNEZ LÓPEZ, 25 años, Parte del Frente Popular Revolucionario (FPR), en Nochixtlán, Oaxaca. Fue asesinado, arrollado por un vehículo sin placas que era conducido por un policía vestido de civil, que embistió un bloqueo en Nochixtlán, Oaxaca.

72.- 5 de diciembre de 2022 | VÍCTOR MOISÉS GALICIA SILVA, 30 años. Activista comunitario, promotor cultural del skate y el deporte entre los jóvenes. Fue asesinado por sujetos desconocidos en el interior del “Parque Skate las Avispas”, en Chilpancingo, Guerrero.

Hay en México un contexto de guerra de despojo de los bienes y la cultura a los pueblos mexicanos disfrazada de guerra contra el crimen organizado. Entendemos por DESPOJO, el proceso de arrebato de los territorios indígenas o nacionales, para usufructo del capital internacional, por medio de la violencia y la economía ilegal, como instrumento de degradación y desplazamiento de los pueblos y las culturas. Y los activistas son asesinados como consecuencia de una guerra con armamento sofisticado y militar. Y sobre todo, porque representan un conflicto para las empresas que, ante la resistencia de la población nativa, no pueden aumentar sus ganancias. El tema es el control de los territorios. Es pertinente recordar que en 1982, fue reformado y con ello inactivado, el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Mismo que consagraba la tierra ejidal y comunal (léase pueblos indígenas), a los núcleos agrarios constituidos por indígenas.

Cada que un defensor, una defensora, un@ defensor@ es asesinadx, no solo una vida se apaga violentamente, se acalla y se apaga más la posibilidad de justicia, de libertad, del ejercicio de los derechos más básicos como el de la vida, es así como comenzamos el año 2023.

Con este recuento queremos guardar la memoria de los nombres y acciones comunitarias de todas estas personas luchadoras sociales, para buscar la justicia que merecen.

¡No muere nunca quien lucha por la vida!

¡Justicia!

¡Justicia!

¡Justicia!

Comite Editorial de Radio Zapote

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En el municipio de Morales, Izabal, y frente a la mirada de las autoridades estatales, todos los días saquean, de manera industrial e ilegal, el jade del interior de la Montaña Chiclera, una de las áreas protegidas de Guatemala.

El actual alcalde municipal, una diputada por este departamento y una familia vinculada al narcotráfico, fueron señalados de forma anónima de este nuevo escándalo medioambiental. Nueve meses después, el Ministerio Público, el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron un allanamiento en la montaña, sin lograr una sola detención de los responsables del saqueo.

Por Prensa Comunitaria

La extracción de jade y la destrucción de una de las áreas protegidas en Izabal suman un nuevo escándalo minero en Guatemala. El silencio desde el gobierno municipal se adhiere a la inacción de funcionarios al más alto nivel, en ministerios como el de Energía y Minas, Medio Ambiente y Gobernación, que permiten el saqueo del jade y otros minerales en el interior de la Montaña Chiclera. Según el medio Insight Crime, la onza de jade más fino alcanzó valores por arriba de los 3 mil dólares desde 2010; doce años después en el mercado es el mejor pagado por encima del oro y los diamantes.

En marzo de 2022, una publicación anónima en las redes sociales señaló como responsables a Mynor David Portillo Vásquez -alcalde municipal de Morales, quien busca su reelección con el partido oficialista VAMOS-, a Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Pablo André Mendoza Paz, a quienes se les señala de integrar el cartel de los Mendoza, y a la diputada Thelma Elizabeth Ramírez Renata, quien junto a Portillo forman parte del partido político del presidente Alejandro Giammattei.

En un allanamiento del 15 de diciembre, que implicó un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), fue decomisada maquinaria pesada y ochenta costales con jade en su interior; ninguno de los trabajadores o integrantes del grupo armado, que dan seguridad a quienes dirigen la extracción, fueron detenidos.

Durante el operativo nadie se encontraba en el lugar. ¿Fuga de información? La fiscal general Consuelo Porras o el ministro de Gobernación Barrientos, no dieron detalles.

(Continuar leyendo…)

Fuente

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Rompiendo Fronteras

• ALEMANIA: Entrevista a activistas de Lutzerath sobre su lucha por la defensa de los bosques y contra la minería de carbón. Noticias de abajo
• CHILE Jornada contra el  trans feminicidio empresarial que arrancó la vida de Emilia Milen «BAU». A dos años del crimen llaman a solidarizarse. La Zarzamora.
• PERÚ: Llaman a Paro Nacional contra la imposición. y Paraíso neoliberal, herida sangrante de América Latina. de Todo Por Hacer.

Desde el ombligo del monstruo

• CDMX: Entrevista a SITUAM ante intentona de poner a sindicatos en el apartado B del derecho al trabajo que prohíbe la contratación colectiva y el derecho de Huelga.  Entrevista con Abigail Pamela Gomez Secretaria General del sindicato.
• INFANCIAS Las infancias también buscan a los desaparecidos. A donde van los desaparecidos. A donde van los desaparecidos.

Música:

• Si en tu plato hay animales no es fiesta – Kiltrak Sónica y Liliana Felipe
• Sentada -La chamaca
• Zapata – Rafael Acosta

https://www.facebook.com/noticiasdeabajo/videos/2192661400923825

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Activistas mantienen la resistencia activa contra el desalojo del pueblo de Lützerath}

La gigante energética RWE quiere ampliar una de las mayores minas a cielo abierto de Europa, localizada en Garzweiler, noroeste de Alemania, para la extracción de carbón y, para ello, considera arrasar en su totalidad al pueblo de Lützerath.

No obstante, la resistencia integrada por movimientos ecologistas planea impedirlo. Afirman que el argumento del gobierno alemán sobre “el peligro para la seguridad del abastecimiento energético” es injustificado y ni siquiera está avalada por ningún estudio.

Hace dos años, la multinacional alemana demolió una carretera y comenzó a talar árboles alrededor del pueblo parcialmente abandonado, aún cuando había prometido no incursionar en territorio de Lützerath. Esta comunidad es sólo una de una docena de pueblos que han sido expropiados y demolidos, algunos reconstruidos a varios kilómetros de distancia para dar paso a la extracción de carbón.

Desde entonces, activistas operan bajo la iniciativa Lützerath Bleibt (Lützerath se queda) para permanecer en el pueblo, convirtiéndolo en un lugar de resistencia. Ahí trabajan junto a la población local como Eckardt Heukamp -el último agricultor que permaneció- y otras organizaciones para evitar el arrasamiento del pueblo.

“En estos tiempos de múltiples crisis, los que menos tienen son siempre los que más sufren. Todo ello mientras las empresas de combustibles fósiles obtienen más beneficios que nunca y son las mayores contaminadoras del planeta. Sólo 100 empresas de combustibles fósiles son responsables del 71% de las emisiones globales – la empresa alemana de combustibles fósiles RWE, propietaria de la mina de carbón junto a Lützerath, es una de ellas”, aseveran los miembros de Lützerath Bleibt mediante una declaración internacional.

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Este lunes (2), la policía realizó un primer intento para incursionar en el pueblo, pero fue recibida con resistencia de los activistas quienes han colocado barricadas que impidieron el avance de los cuerpos de seguridad. Las imágenes difundidas por los ecologistas muestran una resistencia pacífica.

El martes (3) también se registró otro intento de incursión, esta vez contra los árboles del pueblo, pero los activistas volvieron a resistir a la operación policial.

El gobierno local ordenó la evacuación del pueblo y ha autorizado a la actuación de la policía a partir del 10 de enero. Al mismo tiempo, continúa el arribo de personas a Lützerath para detener el avance de las máquinas e incluso se ha programado la realización de un festival para este fin de semana.

Sumado a ello, entre los días miércoles (4) y viernes (6) se han anunciado más de una veintena de protestas en diversas ciudades de Alemania para condenar el desalojo contra Lützerath.

Compromisos de papel

En diciembre del 2022, después de un acuerdo entre RWE y el Ministerio del Medio Ambiente del estado de Renania del Norte-Westfalia, respaldado por la aprobación en el Parlamento federal, la policía dio a conocer que el desalojo de la resistencia en Lützerath se realizará el fin de semana del 14 y 15 de enero.

La mina de lignito -material utilizado como carbón fósil- es considerada como la más contaminante de Europa. Con su ampliación, el gobierno alemán pretende extraer hasta 280 millones de toneladas adicionales de carbón, lo que representa cuatro veces más de lo que prometió reducir en emisiones contaminantes mediante el Acuerdo de París, firmado en 2015.

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Según el acuerdo de finales de 2022, la eliminación progresiva del carbón en Alemania se adelantará a 2030, en lugar de 2038, y varios pueblos se salvarán de la destrucción, pero no es el caso de Lützerath.

En un contexto donde Alemania reduce su dependencia al gas y el petróleo ruso, las autoridades advierten que el carbón tendrá que seguir siendo fuente de energía durante varios años más.

“Después de docenas, incluso cientos de años de acción climática liderada por los pueblos indígenas del Sur Global, después de un desastre climático tras otro, estamos al borde de puntos de inflexión de destrucción climática que no podemos revertir”, sostienen los activistas ante la inminencia del desalojo.

“Europa ya ha destruido bastante. Hay que parar. Paren los megaproyectos, paren el acaparamiento de tierras en todo el mundo, paren las cooperaciones con empresas de combustibles fósiles como RWE y empiecen a usar menos energía. El mundo está mirando y no aceptaremos más esta destrucción”, es el llamado de la organización en Lützerath.

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En el 29 aniversario de lucha del alzamiento zapatista, mujeres y hombres, con el gran aporte de los jóvenes, son nombrados nuevos integrantes de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) del EZLN.

En los Caracoles Zapatistas una nueva generación de autoridades autónomas ha comenzado su trabajo, a partir de este 1 de enero de 2023, al recibir el bastón de mando para continuar con el mandar obedeciendo en el cargo de integrantes de las JBG.

En las ceremonias de entrega del cargo, las autoridades salientes compartieron su aprendizaje, su experiencia y lo que hará son: hombres y mujeres con conocimiento y reconocimiento del pueblo.

El trabajo de las y los zapatistas en la autonomía y la defensa del territorio abona a la lucha por la paz en México.

No sin dificultades, las y los zapatistas continúan su apuesta por la organización civil ante la embestida neoliberal a nivel nacional e internacional que afecta la tierra y territorio.