El día de hoy, 21 de septiembre a las 11:24 am arribaron a las inmediaciones del basurero de San Pedro cholula Unidades de la Comisión Federal de Electricidad, con una grúa para llevar a cabo la imposición de reconexión de energía eléctrica para las instalaciones del basurero de muerte, cabe mencionar que pese a ser colocados los sellos de clausura por parte de PROFEPA el pasado 21 de agosto y pese haber sido clausurado por decreto de los pueblos el pasado 21 de marzo, el basurero continúa contaminando con los lixiviados que emanan de la montaña de muerte generada por la empresa criminal Profaj Hidro Limpieza en complicidad con el gobierno estatal y municipal.
Tras ser cuestionados por los pueblos que resguardan el plantón contra el basurero, trabajadores de la CFE llegaron con elementos de la policía estatal, alrededor de 20 elementos antimotines, armados, a bordo de las patrullas 1059 y 1549 procedieron a intimidar y amenazar a las y los compañeros que realizan guardias en resguardo del plantón.
Gracias a la pronta respuesta de los pueblos y organizaciones solidarias, se retiraron aproximadamente a las 12:00 pm.
Ante estos actos ilegales y violentos la Unión de Pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del agua reiteramos que nuestra lucha es por la vida y contra los proyectos de muerte como es este basurero.
Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos solidarios a que hagan presencia y nos acompañen en el proceso de exigencia del plan de retiro y remediación que es el siguiente paso en nuestra lucha contra el basurero de muerte, así también, exigimos que sean cerradas todas las carpetas de investigación con las cuales el gobierno estatal criminaliza nuestra lucha.
Hacemos responsable al gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes y al secretario de gobernación Javier Aquino Limón de cualquier atentado en contra de los pueblos que defendemos la vida y el territorio.
Por último, invitamos a participar en la faena y reforestación en los al rededores del basurero que llevaremos a cabo el día de mañana domingo, 22 de septiembre a partir de las 10:00 am con la finalidad de ir sanando la tierra tan lastimada por los malos gobiernos y empresarios.
ATENTAMENTE
Autonomía, Agua, Tierra y Libertad
Unión de pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del agua
Solo diez medios de comunicación concentraron el 45.05% del presupuesto de publicidad oficial del gobierno de México en el año de 2023 y otros 414 medios agrupan el restante 54.95% del presupuesto, sumando un total de 2,559.83 millones de pesos.
Entre los principales beneficiarios de estos recursos se encuentran La Jornada, con el 9.46% del total, Televisa con el 9.09%, y Medios Masivos Mexicanos con el 8.02%. Juntos, estos tres medios sumaron 680 millones de pesos, lo que representa el 26.57% del total. Además, entre los diez principales medios que recibieron recursos del gobierno mexicano están TV Azteca, 4.18%, La B Grande, 3.89%, Organización Editorial Acuario, 2.47%, Compañía Editora del Mayab, 2.22%, Milenio Diario, 2.10%, Agencia Digital, 1.95%, Stereorey México, 1.66%.
El presidente de México junto al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca.
Los gastos fueron reportados en el Sistema de Comunicación Social del gobierno y analizados por las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. “Uno de los temas centrales [de las promesas de Andrés Manuel López Obrador] era la regulación de la publicidad oficial, un recurso utilizado históricamente por los gobiernos para influir en la línea editorial de los medios de comunicación”, sostienen en un informe.
Sin embargo, “los avances en la regulación de la publicidad oficial han sido mínimos. El presupuesto destinado a este rubro se redujo, pero la falta de un marco regulatorio robusto ha permitido que la distribución siga siendo discrecional (…), lo que perpetúa el riesgo de que estos recursos se utilicen para premiar o castigar a medios de comunicación según su cobertura de las actividades gubernamentales”.
En relación a las dependencias de gobierno, 112 gastaron publicidad oficial. Diez de ellas gastaron el 80.51% (2,060 millones). El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron las dependencias que más gastaron en publicidad oficial, acumulando en conjunto 1,452 millones de pesos, lo que representa el 56.73% del total.
El sexenio
Casi a punto de cerrar su sexenio, a finales de septiembre, la concentración de recursos en pocos medios y falta de criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de recursos fueron la tendencia de todo el periodo el cual gobernó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señalan las organizaciones.
Entre 2019 y 2023, 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. Diez de ellos concentraron el 48.57% de los recursos, mientras que los 911 medios restantes se repartieron el 51.43%.
Televisa, La Jornada, y TV Azteca son nuevamente los medios que concentran la mayor parte de la publicidad oficial. Televisa recibió el 10.43% del total, La Jornada el 9%, y TV Azteca el 8.71%. Juntos, estos tres medios acumularon 4,079 millones de pesos, lo que representa el 28.13% del presupuesto total destinado a publicidad oficial.
Lo que es cierto es que los recursos destinados a la publicidad oficial se redujeron en relación al gobierno de Enrique Peña Nieto, el antecesor de AMLO. Fueron ejercidos un total de 14,500.39 millones de pesos en el último sexenio, lo que representa una diferencia de 78.70% respecto del gobierno de Enrique Peña Nieto, en sus primeros cinco años de gobierno, con 68,079 millones de pesos.
Falta de control
Las organizaciones destacan que uno de los principales problemas es la ausencia de una ley que regule de manera integral la publicidad oficial. “Aunque en 2018 se aprobó la Ley General de Comunicación Social (LGCS), ésta ha sido ampliamente criticada por su ineficacia para garantizar la equidad y la transparencia. Esta ley ha sido calificada como un esfuerzo insuficiente para controlar el uso de recursos públicos en este ámbito, y permite que el gobierno mantenga un control considerable sobre la prensa a través de la distribución de contratos de publicidad”, resaltan.
Sin embargo, tras años de un proceso jurídico, iniciado en 2019, Artículo 19 logró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 8 de septiembre de 2021, que ordena al Congreso de la Unión reformar la ley para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. El Poder Legislativo tiene hasta septiembre de este año para llevar acabo la reforma.
En portada: Juan López comparte sobre la lucha para detener la extracción minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras y otros megaproyectos que amenazan las tierras y bienes comunes en valle del Bajo Aguán. Octubre, 2016. Foto: Santiago Navarro F.
Juan López, reconocido líder social y defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, fue asesinado a balazos la noche del sábado (14) cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
López participó en la defensa de la montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la empresa minera Inversiones Los Pinares de la familia Facussé, y su proyecto de extracción de óxido de hierro dentro de un área natural protegida.
Además de participar en la iglesia católica como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, Juan López se integró a la lucha popular desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y también se desempeñaba como regidor en dicha municipalidad desde enero del año 2022.
El crimen contra el defensor ambiental aconteció días después que organizaciones sociales alertaran de que, a 11 meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la medida cautelar 137-2023 en beneficio de 30 integrantes del CMDBCPT y del Bufete Justicia para los Pueblos, el Estado hondureño había fallado en su cumplimiento.
Esto derivó de una alerta temprana realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) quien señaló la inacción institucional por parte del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tocoa y la Secretaría de Desarrollo Social.
Apenas el 12 de septiembre, tras una reunión con la Procuraduría General de la República, y el Mecanismo de Protección para las y los Defensores, López compartía para medios locales que la excesiva burocracia impedía la implementación de las medidas dictadas por la CIDH. “Viene en buen momento esta alerta temprana del Conadeh, dados los últimos acontecimientos que surgen en el territorio y de cómo han venido moviéndose los grandes capitales sobre la vida de las comunidades y eso aumenta el riesgo en el territorio”, detallaba el defensor.
Tras el asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfatizaron en comunicado que ninguna autoridad le había brindado medidas de protección a López. Además, subrayaron la labor del defensor en denunciar los “múltiples actos de corrupción realizados por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez”.
Defensores en riesgo
El homicidio de López ocurrió días después que exigiera la renuncia del alcalde, Adán Fúnez del partido Libre quien es señalado por Devis Rivera Maradiaga, -criminal líder del grupo “Los Cachiros” sentenciado por tráfico de drogas en Estados Unidos y quien testificó contra el ex presidente Juan Orlando Hernández- de haber recibido dinero del narcotráfico.
Fue el pasado martes (10) cuando López solicitó la dimisión voluntaria del alcalde de Tocoa tras la exposición de un video por el medio Insigth Crime en el que se muestra a Fúnez, junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, para obtener financiamiento de los delincuentes que se encauzó en las elecciones del año 2013. En aquel momento Fúnez también presidía la alcaldía de Tocoa, epicentro de la actividad criminal del grupo “Los Cachiros”.
El alcalde de Tocoa, Adán Funez, miembro del Partido Libre. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
“En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio”, sostuvo López, quien había denunciado múltiples amenazas de parte del mismo alcalde, así como de Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek, empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras.
López fue un férreo defensor del medio ambiente frente a lo que pobladores de Tocoa denominan “el Monstruo de Siete Cabezas”, es decir, siete megaproyectos entre los cuales se encuentran dos minas de óxido de hierro; una termoeléctrica -operada con cóque de petróleo- para alimentar una planta peletizadora; así como tres pozos de agua para mantener todas estas operaciones industriales.
Por su parte, Esly Banegas, miembro de COPA, relató para el medio Contracorriente que Juan, junto a otros defensores de la región del Aguán, recibió amenazas después de la realización cabildos, a finales del 2023 e inicios del 2024, donde el alcalde Fúnez impuso la instalación del proyecto termoeléctrico de la empresa grupo EMCO, el cual también recibió respaldo de funcionarios como Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras.
Cifras de la Conadeh señalan que durante el año 2023 se registraron los asesinatos de 15 defensores del medio ambiente. De ellos, siete ocurrieron en el departamento de Colón. Entre las víctimas se encuentran tres defensores del río Guapinol: Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí Domínguez.
Condena
El asesinato de López despertó la condena de organizaciones sociales de Honduras, Centroamérica y del mundo. La iglesia católica, a quien López dedicó parte de su labor dentro del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús también se sumó a las exigencias por justicia. “La Iglesia responsabiliza a don Adán Fúnez y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida, Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal”, fueron las palabras del padre Carlos Orellana, párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador.
A su vez, Edy Tábora, abogado coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, enfatizó que Juan López murió criminalizado y “sin que se investigaran las amenazas que recibía constantemente, muere sin que el Estado cumpliera la medida cautelar de la CIDH que ordenaba proteger su vida”.
Las protestas del 13 de junio del 2024 en Tocoa debido al pleno municipal organizado ilegalmente por el alcalde para aprobar la termoeléctrica. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
En pronunciamiento, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) subraya que el crimen contra López ocurrió sin que las autoridades hicieran nada para impedirlo. “Su muerte acontece en medio del dolor que viven decenas de familias que han visto la muerte posarse sobre las y los líderes que han luchado en favor de la defensa de sus ríos, bosques, tierras y territorios”, recalca.
Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), a través de sus coordinadoras, también exigieron justicia por el asesinato del defensor ambiental.
Desde el exterior, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) se sumó a la exigencia por realizar una investigación urgente en el asesinato de Juan López, además de adoptar medidas urgentes para proteger a su familia y a los miembros del CMDBCPT.
En portada: Ejidatario de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, integrante del Colectivo 16 de Octubre, organización que defiende tierras de propiedad social frente a proyectos industriales, de generación energética y fábricas en uno de los ejidos más deforestados de la región. Foto: Elizabeth Díaz.
Dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales llevado acabo en los últimos meses, como cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), se encuentra la reforma al Artículo 27 constitucional, que regula la propiedad social de la tierra – de las comunidades y ejidos en el país.
“Es una reforma importante que está siendo realizada, como otras, de forma silenciosa. El Artículo 27 es donde están justamente los grandes intereses con relación a la minería y con relación a los bienes del subsuelo”, sostiene Armando de la Cruz, abogado en defensa del territorio de la organización Tequio Jurídico.
Las propiedades sociales representan el 50.7% de la superficie del territorio nacional, es decir, 99,759,455 hectáreas, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN). Gran parte de los recursos naturales se encuentra dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. Sesenta y ocho pueblos indígenas viven en estas tierras.
La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, además de diversos diputados del partido Morena, y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2024. Desde entonces ha avanzado de manera silenciosa en el Congreso de la Unión. Ahora está pendiente de ser enviada al pleno de la Cámara de Diputados.
Por un lado, en los debates públicos promovidos por Morena, se busca sostener que las modificaciones y adiciones a dicho artículo representan un avance en la defensa de los derechos agrarios, de campesinos e indígenas, al contrario de la reforma al mismo artículo promovida en 1992, en la cual se impulsó y garantizó las condiciones para la entrada de la propiedad social al mercado de tierras.
En la exposición de motivos de la iniciativa se invoca tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y hasta el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994, que “marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida nacional (…), que tuvo como uno de sus resultados más importantes la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’”, el día 16 de febrero de 1996, de acuerdo al texto de la iniciativa de Morena.
Por otro lado, las organizaciones reunidas en el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, alertan que efectivamente los cambios y adiciones al Artículo 27 no son coherentes con la exposición de motivos de la iniciativa.
Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán -organización que trabaja para la construcción y ejercicio de la autonomía de los pueblos e la región- derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
Representan, al contrario de lo que se ha difundido, una “profundización de la reforma neoliberal”, alertan las organizaciones, y del proceso de transferencia de la propiedad social al mercado de tierras, iniciada en 1992.
Aumentan el poder de jurisdicción del Estado mexicano sobre la propiedad social, disminuyendo la autonomía y autodeterminación de las comunidades y ejidos sobre sus territorios. “Nos despoja de nuestros derechos fundamentales, otorgándole a la nación la propiedad de todo lo que hemos logrado a través de las luchas históricas (…), y los recursos naturales que están en nuestros territorios”, sostienen en un pronunciamiento público.
Abogados de diferentes organizaciones que componen el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca conformaron un comité para analizar las entrelineas de los cambios y adiciones al artículo. En el siguiente apartado recuperamos las interpretaciones de algunos de los cambios y adiciones presentadas por el equipo de abogados durante el Foro: riesgos y desafíos para los pueblos originarios.
En el primer párrafo se amplia el dominio del Estado mexicano sobre la propiedad social. Se adiciona al texto constitucional las frases en negrita:
“La propiedad de las tierras, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas, constituyendo la propiedad social”.
El texto original establece que las tierras y aguas son propiedad de la nación. “Ahora, lo que pretenden agregar es que también son propiedad de la nación la biodiversidad, el valor intrínseco del subsuelo y el espectro radioeléctrico”, sostiene la abogada Egla Pérez Cabrera.
Además, la iniciativa propone que el dominio de estos elementos (las tierras, las aguas, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico) puede ser transmitido no solo a los particulares, para constituir la propiedad privada, pero también a los ejidos, a las comunidades y pueblos indígenas, para constituir la propiedad social; lo que presupone que los pueblos y comunidades originarias tendrían que pedir permiso o una concesión al Estado para el uso de estos elementos (incluyendo la tierra, el agua o el espectro para sus radios comunitarias).
“Esta reforma, en caso de que fuera aprobada, estaría restringido a los pueblos estos elementos que conforman ya la propiedad social. Porque para que las comunidades pudieran aprovechar estos recursos, tendrían que pedir una concesión o autorización al Estado mexicano”, explica la abogada.
En relación al subsuelo, “sería con esta reforma propiedad de la nación; las comunidades ya no tendrían por qué intervenir [en casos de que haya concesiones o proyectos de explotación en sus territorios]. Esta es una interpretación que queda sobre la mesa”.
También “consideramos el hecho de que se incluya el espectro radioeléctrico como parte de la propiedad de la nación en territorios de las comunidades, generaría una afectación para las radios comunitarias, que de por sí han sido criminalizadas”, analiza la abogada.
“Interés público”
En el tercer párrafo pone en el rango constitucional el “interés público” por encima del derecho colectivo de los ejidos y comunidades. Considerando que, de facto, los procesos extractivos mineros o grandes emprendimientos de desarrollo son considerados de “interés público”. Así que en el siguiente párrafo la reforma propuesta adiciona la palabra en negrita:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”.
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra se manifiesta contra explotación minera en la región norte de Chiapas.
“La nación podrá imponer a las comunidades las modalidades que dicte de ‘interés público’ en beneficio social. Suena bonito, sin embargo, sabemos que, con los discursos demagógicos de la clase en el poder, estos discursos de interés público, de progreso, de beneficio social se han cometido múltiples atropellos a los derechos de los pueblos y comunidades”, analiza la abogada.
Dos ejemplos, citados por ella, son los megaproyectos del Tren Maya y Corredor Interoceánico. “En el decreto de fecha de 18 de mayo de 2023, se declara que estos megaproyectos son de ‘seguridad nacional’ e ‘interés público’. Antepone lo que consideran ‘interés público’ a los intereses de los pueblos”.
¿Transferencia o robo?
Se adiciona el siguiente párrafo, en el cual se pretende “transferir” al Estado todos los bienes tangibles e intangibles de los pueblos:
“Son propiedad de la nación: los vestigios, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejido de ropa, conocimientos ancestrales, idiomas, escrituras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos, astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danza, cantos, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones de los pueblos originarios que habitaron el territorio nacional”.
La abogada Pérez Cabrera se refiere a ello como si “pareciera una broma. Consideramos que estamos ante una amenaza de despojo, de acaparamiento, ante un robo por parte del Estado mexicano contra nuestros pueblos. Está arrebatando a los pueblos todo lo que vienen creando de manera ancestral, a lo largo de toda su existencia”.
Patentes
Además, si es aprobada la reforma, se ampliará la jurisdicción del Estado en la propiedad de patentes de semillas y plantas medicinales. De tal forma que se adiciona al párrafo cuarto las palabras en negrita; se fortifica el dominio del Estado sobre el germoplasma – término utilizado para describir las semillas, plantas o partes de plantas que son útiles en la mejora de cultivos, la investigación y la conservación- de la biodiversidad:
“Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, del germoplasma de la biodiversidad endémica, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su exploración necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales solidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno solidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional; en la extensión y términos que fue el derecho internacional”.
“El Estado toma posesión o fortifica su derecho sobre las plantas, sobre las semillas de las comunidades. Será propietario del material genético de las plantas endémicas en sus territorios, muchas de ellas utilizadas como plantas medicinales, habiendo la posibilidad de otorgar a particulares en concesión, incluso vender patentes a farmacéuticas”, analiza el abogado Isaí Jiménez García, de la organización Flor y Canto.
Extranjeros
Adición al párrafo décimo, que define cómo los mexicanos o empresas mexicanas pueden adquirir el dominio de las tierras:
“I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la secretaria de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus, gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo, en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas y en toda la región Istmo de Tehuantepec, en ambos lados de las vías centrales del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de los Estados libres y soberanos de Oaxaca y Veracruz, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo tierras y aguas”.
“Se está ampliando la cláusula de restricción de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras. Ya no solamente serán las costas o las fronteras, sino también en esta región de Istmo de Tehuantepec que es una zona estratégica, donde circulará mucha mercancía y se piensa como una zona estratégica. Seguramente se añade esta restricción, pensando en la seguridad nacional”, explica el abogado Abel Sánchez Martínez, de Tequio Jurídico.
Pobladores del Istmo de Tehuantepec se manifiestan en contra de la instalación de un parque industrial del Corredor Interoceánico.
Sin embargo, “en la práctica, se sabe que utilizan artimañas, incluso jurídicas, para traer sus empresas, constituirlas como mexicanas, y así poder utilizar estas costas, estas fronteras y seguramente este corredor interoceánico. El propio gobierno mexicano está incentivando inversión extranjera en este corredor”, sostiene el abogado.
Estado, en dominio de la propiedad social
En el mismo párrafo décimo, en su fracción séptima, se reconocen los derechos de los pueblos originarios, pero en la propuesta se reafirma que estos derechos quedan sujetos a lo que establece este primer párrafo, “que dice que la nación es dueña de todo y también le corresponde el dominio directo de la propiedad social”, explica Sánchez Martínez.
“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, en sintonía con el párrafo primero de este artículo”, dice la fracción modificada.
Alerta
Las organizaciones reunidas en el Foro llaman a la sociedad a encender los focos de alerta a lo que “constituye una amenaza de despojo a los pueblos originarios de sus territorios, de sus recursos naturales, de su patrimonio cultural tangible e intangible; por eso hay que estar muy pendiente de lo que puede pasar”, señala la abogada Cabrera.
Piden, en su pronunciamiento público, que se retire la iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional y que “defendamos verdaderamente la propiedad social agraria, la identidad de los pueblos y comunidades que integramos la nación mexicana, a preservar la propiedad colectiva”.
Mientras en Palacio Nacional se reúnen periodistas y medios que se presentan como independientes; a quienes acompañan en medios libres las luchas de los pueblos las agreden por hacer resonar las resistencias, como Xochimilco
Es verdad. “No se podría comprender la Revolución sin los periodistas revolucionarios”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los periodistas que acompañan las luchas de los pueblos son esenciales para los cambios sociales. Concuerdo. Recordó los periódicos Regeneración, El Hijo del Ahuizote; enunció periodistas anarquistas como los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón.
¿Les estaba diciendo “revolucionarios” a los periodistas, youtubers o comunicadores que estaban en Palacio Nacional en el Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: Informar es liberar organizado por la misma presidencia? No lo creo. ¿Acompañar al poder es independencia?
Hay que ubicarnos. Quiénes hacen ese periodismo revolucionario serían quienes acompañan las luchas de los pueblos, de las víctimas, de obreros quienes resisten la tormenta capitalista neoliberal, frenan la imposición de megaproyectos, la violencia de grupos ilegales, la urbanización voraz, la apropiación de territorios comunes, quienes se movilizan por sus derechos, por la naturaleza y por la vida.
Con los Flores Magón, el periodismo era contra el poder de un dictador como Porfirio Díaz quien ostentaba el poder político y económico. Hoy, quienes están en el gobierno se presentan como revolucionarios, dicen que devienen de un movimiento social y que generaron una transformación. Ponen de enemigos a los medios corporativos. Dividen al gremio: los chayoteros contra los paleros. Y el panorama, sin embargo, no ha mejorado.
Cuando toda esta ola del periodismo independiente tuvo su flor fue cuando muchos atravesamos censuras, malos tratos, en la plena crisis del papel y de los medios que hicieron de la palabra una mercancía. En lo digital nadie paga por información. Estos medios carecían de una visión social en un contexto donde la violencia se acrecenta. Por ende, pocas historias de derechos humanos o justicias porque no vende. La posición independiente sigue siendo pertinente.
Lanzo la pregunta porque en el encuentro de presidencia se nombran independientes. ¿Independientes de quién?
El término independiente resulta engañoso. Siempre hay que preguntarnos de quién son independientes y de quién dependen a la hora de realizar el trabajo. A la hora de tomar decisiones editoriales. A la hora de recibir recursos. Todos los medios tienen una agenda. Todos requieren financiamiento. No lo podemos obviar. Incluso ahora, que las personas son los medios, pensando en las individualidades crecidas a través de canales de youtube. El medio es el mensaje y el masaje, diría Marshal McLuhan.
Los medios nativos digitales, que nacieron con independencia de los poderes políticos, económicos, han servido como contrapesos y al mismo tiempo como muestra de un periodismo de investigación. Muestran enfoques distintos, organización horizontal y no vertical, agendas de derechos humanos, culturales, sociales e indígenas que antes no se veían. Abren el espectro mediático en una época en la que el espectador no es pasivo. Es productor de contenidos y elige, más que nunca, qué consume.
Parece que la independencia ya no es suficiente para el ejercicio periodístico en plena libertad. Vemos que hay medios nativos digitales que se enuncian independientes, están contra AMLO y dependen de empresarios, como Claudio X. González. Hoy se evidencian más los poderes y élites que están detrás de los medios. Las diferencias que tienen con los políticos.
Vemos que varios medios independientes se alinearon al llamado de AMLO: “es importantísimo que ustedes se reúnan como medios alternativos independientes. Se necesita la contribución de ustedes” en la “revolución de las conciencias”.
Y les dijo: “Por primera vez, esa prensa, esos medios, al servicio de los intereses creados, no pudieron evitar la transformación de México por el impulso del pueblo. Muchos hemos trabajado, millones, en lo que llamamos la revolución de las conciencias. Se ha logrado que el pueblo mexicano sea de los pueblos con más conciencia del mundo. De los pueblos más politizados”.
En el encuentro de independientes, el presidente dio la palabra a diversas comunicadoras y periodistas, entre ellas, Nancy Flores de la Revista Contralínea. De este autonombrado medio independiente es notable el cambio de línea editorial y las prioridades a la hora de elegir el enfoque. Desde que abres su página brinca la publicidad gubernamental.
Contralínea dio riguroso seguimiento a la militarización en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Expuso convenios entre fuerzas armadas mexicanas y el ejército de Estados Unidos para entrenar tropas de élite, así como la formación de los Kaibiles. Denunció atropellos a los pueblos indígenas como en San Juan Copala, cuando los emboscaron. Demostró la corrupción de Pemex y les quitaron contratos de publicidad oficial. ¿Y ahora? No recuerdo alguna investigación que exponga al gobierno en turno.
“El periodismo de avanzada, siempre está vinculado a una causa”, dijo AMLO. ¿Es la causa del presidente la independencia?
¿Dónde están esos medios libres, “periodistas de avanzada”, que ejercen con libertad la comunicación de las causas sociales?
Grupo de choque agrede activistas de Xochimilco y periodistas de medios libres
Como no han logrado que varios pueblos xochimilcas, entre ellos Atlapulco, cedan al turismo, la gentrificación y la urbanización, el ex alcalde José Carlos Acosta (ahora diputado por Morena) y su equipo arreciaron el hostigamiento contra quienes defienden el territorio comunitario, como el Panteón, la criminalización a las y los defensores del agua, de las chinampas, la lengua y la organización nahua que persiste en el territorio. Así abrieron carpetas contra Hortensia.
En esta protesta, Mayahuel (o Estefanía Galicia) documenta cómo los policías antimotines (antes granaderos) se van de la explanada de la alcaldía Xochimilco justo cuando entra un grupo de personas vestidas de civil con palos, cuchillos y armas a agredirles. El reclamo estaba enfocado contra los funcionarios de la alcaldía, entre ellos el ex director Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana, presente en la protesta.
“Yo empiezo a ver cómo están golpeando los compañeros, así en el suelo y en ese momento escucho que los policías dicen “no dejen ir a la de rosa”.
Entonces empiezo a correr, a correr, por varias calles de Xochimilco. No estaba huyendo de una detención, sino de golpeadores, huyendo para salvaguardar mi integridad física. También persiguen a la compañera Anselma comunicadora de la comunidad Otomí. Hay un punto en el que no solo nos están persiguiendo los golpeadores, sino también ya nos está siguiendo la policía. Minutos antes de nuestra detención, los golpeadores detonaron un arma de fuego. Yo me meto a una tienda y a los demás los detienen y golpean. Me sacan de la tienda personal de la alcaldía”, narra Mayahuel en entrevista.
Primero la versión fue que estaban cinco personas desaparecidas, que después confirmaron que estaban detenidas en total irregularidad. Con tortura psicológica, sin darles agua o permitirles hacer una llamada o hablar con un abogado, como dice la ley. Las llevaron primero a un MP en Xochimilco y terminaron en un MP de Tlalpan donde hubo un segundo escenario de represión.
El ataque estaba direccionado hacia Mayahuel. La ficharon dos veces, una de manera informal en la que avisaron de inmediato a la alcaldía de transición para que dijeran los nombres públicamente. La segunda para retratarle hasta los tatuajes. El médico legista no le pidió a nadie quitarse la ropa más que a ella. Cuando escuchó la exigencia por su liberación, los policías les dijeron que eso complicaría su defensa. Ahora la acusan de agresora de funcionarios cuando no hay pruebas de ello.
Para ella, hay una esperanza de participar en el medio libre Radio Zapote “al hacer visible lo que está pasando aquí con la gentrificación, con el agua- Evidenciar que este gobierno, que se dice progresista según desde su discurso, reprime. Que es neoliberal, pese todo el discurso que tiene disque de izquierda. Que incluso presume de paridad de género, pero nos estén violentando a las mujeres originarias, que cuidamos estos territorios”.
Esa tarde, tanto policía como civiles armados estilo grupo de choque agredieron a por lo menos 40 personas, la mayoría adultas mayores que participaron en la protesta por Hortencia y luego en la protesta por la liberación de las cinco.
Se fueron directo contra periodistas de Medios Libres como Sueña Dignidad. Elizabeth Díaz documentó la protesta por la liberación de las detenidas y fue violentada de diferentes maneras por su labor de acompañamiento documentando en primera línea.
Dentro del Ministerio Público de Tlalpan, que ya estaba custodiado por antimotines, detonaron el gas blanco que dejó ciegos a todos y en ese momento aprovecharon para robar la cámara a Elizabeth quien apenas logró cambiar la tarjeta de memoria minutos antes.
Estas fotos son las pocas que pude salvar antes de que estos mal llamados antimotines, me robaran mi cámara y agredieran sexual-físicamente en el #HalconazoMorenista, este año he dejado de hacer mucho fotoperiodismo por violencia y amenazas. pic.twitter.com/Z9oVmn5uYa
“Ahí tengo la fotografía donde da la orden de empezar a atacar y me señala a mí. Luego me gasea directamente al rostro mientras documento con la cámara y el celular. Avanzan y me empiezan a pegar y me trato de agarrar de un barandal. Es cuando uno de los policías mete sus manos en mis senos y a tocarme de una forma muy fuerte. (…) En ese momento empezamos a forcejear yo obviamente me defendí como pude. Era casi imposible porque eran unas bestias”, describe Elizabeth Díaz.
Se resguardó en el baño del MP junto con otras mujeres. Ahí las encerraron los policías. La golpearon, violentaron sexuelmente y le robaron su cámara y micrófono. Elizabeth tiene el Mecanismo de Protección Federal para periodistas, el cual no le sirvió. En llamada, después de activar el botón de pánico, le dijeron que mejor colgaran para no llamar la atención en su situación. Salió solo hasta que llegó su abogada.
“Me indigna mucho, como persona de medio libre, que a nosotros sí nos metieron una súper golpiza y a mí me violentaron sexualmente, nos torturaron de diversas formas. Y a ciertas cadenas televisivas, les dieron hasta espacio dentro del mismo cerco policial, para que tuvieran exclusiva”, cuenta Elizabeth del medio libre colectivo Sueña Dignidad.
Es la segunda vez en el año que se queda sin equipo después de una represión. La primera fue en mayo, en Oaxaca. A pesar del trato “raro” que le dieron en la Fiscalía abrió una carpeta de investigación con su denuncia y espera que pare la filtración de datos y que no haya represalias en su contra por denunciar, pues teme por su integridad. Exige la reparación del equipo fotográfico robado. La labor de medios libres es independiente de los ingresos de empresas, gobiernos, corporaciones. Es una labor autogestiva. Por ello urge reponer la herramienta de trabajo.
La labor que realizan tanto Mayahuel como Elizabeth recuerda más a lo que hace ya 10 años describieron los zapatistas después del asesinato del maestro Galeano en una reflexión dedicada a los medios libres en donde el SupGaleano asegura que los medios de paga actuan como si dieran limosna a las causas, en cambio, “para los medios libres, alternativos, autónomos, etcétera, no es una limosna. Es un deber que están cumpliendo, que lo hacen a pesar de todas las dificultades que tienen”.
“El problema que tenemos todos en el mundo es, si ni la información, ni el análisis, ni la investigación están ya en los medios de comunicación, si es que alguna vez estuvieron, entonces dónde los vamos a encontrar. Hay un vacío pues en el espacio mediático que está en disputa”.
Ambas periodistas de Medios Libres decidieron denunciar por los hechos y responsabilizan de su seguridad, integridad y su vida a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que han filtrado sus nombres e indagando de más sobre su labor periodística y comunitaria. La exigencia es dejar de criminalizar a Hortencia y a todas las defensoras que como ellas, expanden las luchas. Exigen también que las autoridades detengan a los autores materiales y sobre todo a los intelectuales que tienen ubicados dentro de la Alcaldía.
Mayahuel acentúa: “Xochimilco no es pueblo mágico, es pueblo de lucha y resistencia”. En la era de las noticias falsas y la hipermediatización, quienes informan a ras de tierra hacen el periodismo revolucionario que se necesita para frenar el despojo. ´Para visibilizar y aliar a quienes enteran.
De esto nos enteramos por ellas y por los medios comunitarios digitales como TOR, Radio Zacatepec Tlaxcalancingo, El Tekpatl, Observatorio Memoria y Libertad, Otomíes en Resistencia, la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, Tejemedios, Radio Pozol, Radio Zapatista. Que más que independientes, son acompañantes libres que luchan por una causa a través del periodismo.
Condenamos la Represión y la Brutalidad Policiaca, venga de donde venga.
No importa la instancia o dependencia de gobierno que sea, llámese local o federal.
La repudiamos y lucharemos en contra de ella, aunque la llamen transformación.
AL Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Por muy obscura que sea la noche no podrán acabar con nuestros sueños y mucho menos con nuestra resistencia y rebeldía.
Herman@s tod@s.
Este 5 de septiembre, diversos colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades e individuos, entre ell@s la Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX, perteneciente al Congreso Nacional Indígena CNI-CIG y a la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, junto con muy diversos compañer@s pertenecientes a redes, organizaciones estudiantiles, colectiv@s, el Frente de Pueblos y Barrios del Anahuac, la Asamblea General de San Gregorio Atlaplulco, integrantes de medios libres, alternativos o como se llamen y muchos hombres, mujeres y niños, decidimos acompañar al Reclusorio Sur a una audiencia, de la maestra y defensora del territorio Hortensia Telésforo del pueblos de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco; quien, por haber recuperado la biblioteca comunitaria, hoy renombrada, la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, enfrenta una demanda por despojo, ya que la Alcaldía pretende recuperar las instalaciones de la Casa del Pueblo. Es importante señalar que durante muchos años se quedó en el abandono, solo servía como salón de fiesta de los servidor@s públic@s de dicha Alcaldía.
Al no llevarse a cabo la audiencia, decidimos trasladarnos a la explanada de la Alcaldía de Xochimilco. En el lugar, se realizó una manifestación pacífica y ésta, fue atacada por encapuchados vestidos de civil, quienes portaban palos, cuchillos y armas; es decir, un grupo de choque de más de 40 golpeadores al servicio de José Carlos Acosta Ruiz, ex Alcalde de Xochimilco y Francisco Pastrana, actual Dir. General de Juridico y Gobierno de la Alcaldía. Golpearon a tod@s, personas de la tercera edad, mujeres y jóvenes. Su ataque se dirigió a quienes estaba grabando, tomando imágenes de la represión, es decir, se dedicaron a quitar los celulares, equipos de comunicación, cámaras forográficas y mochilas. Denunciamos que la violencia se dirigió en contra de comunicador@s comunitari@s, medios libre y alternativos. No bastó con agredirl@s, los persiguieron hasta alcanzarl@s y ahí sí, en coordinación con la policía 5 compañer@s fueron detenid@s y entregados a las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este acto de represión muy selectivo contra los manifestantes, lo denuciamos como el “Halconazo Morenista”; al mismo tiempo que denunciamos la omisión de los policías al servicio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Xochimilco, quienes de manera cómplice, y muy seguramente recibiendo órdenes, se retiraron del lugar dejando en plena indefensión a los manifestantes, hombres, mujeres, jóvenes, niñ@s y personas adultas mayores.
Esta represión, persecución y detención dejó como saldo, la presentación ante la Fiscalía de Xochimilco a:
Anselma Margarito Francisco, Vocera e integrante de la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX. Delegada del Congreso Nacional Indígena e integrante de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio.
Jorge Manuel Cancino García, del Colectivo, Conciencia y Libertad, UNAM
Uriel García Rojas, del Colectivo, Conciencia y Libertad, UNAM
Roberto Rodríguez Contreras, de la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.
Penélope Estefanía Galicia Argumedo, Comunicadora comunitaria de Radio Zapote.
Denunciamos, que para tod@s ell@s, les fue negada la información sobre su paradero después de su aprehensión, por lo que en su momento se denunció su desaparición forzada. También denunciamos, que arbitrariamente fueron trasladad@s a la Fiscalía de Tlalpan.
Cabe denunciar que en el caso de la compañera Ansela Margarito Francisco, muy a pesar de insistir que pertence a la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, nunca fue escuchada por las autoridades, será que es mujer e indígena y que justo, el día 5 de septiembre, fecha en la que fue perseguida, sometida, esposada, maltratada, golpeada, por los golpeadores y criminalizada por los policía y el fiscal; en el mundo se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Indígena. Para la ONU y los Estados nacionales, “es una fecha que busca reconocer y celebrar la contribución y resistencia de las mujeres de pueblos originarios en todo el mundo.Este día se busca visibilizar las diversas realidades que enfrentan las mujeres indígenas, como la discriminación, la violencia y la falta de acceso a derechos básicos como la educación y la salud. También se busca reconocer su papel fundamental en la preservación de la cultura, el idioma y las tradiciones de sus comunidades, así como su liderazgo en la contienda por los derechos de los pueblos indígenas.” Y reitera la ONU, “…es una fecha para reflexionar sobre la importancia de proteger y promover los derechos de las mujeres indígenas….”.
¿Será que por esta razón, Martí Batres, Jefe de Gobierno de la CDMX, nunca mencionó que dentro de l@s 5 deteni@s y crimializad@s se encontraba Anselma, mujer, indígena y hñähñu?.
DENUNCIAMOS
Después de las agresiones en contra del pueblo de Xochimilco, se orquestó un ataque policial con una brutalidad extrema por el Gobierno de la CDMX y la SSC CDMX. Más de 300 elementos policiales y grupos de Elite en entre los que se encontraban los Zorros y Ateneas- ambos entrenados en el estado sionista de Israel- llegaron a la Fiscalía de Tlalpan, rodeando el edificio por la entrada de frente y entrando por detrás.
Sin dar alguna orden, el más mínimo intento de establecer diálogo y sin escuchar las advertencias por parte de mujeres, personas de la tercera edad y observadores de derechos humanos, que exigiamos que no actuaran con violencia y que había niños y niñas presentes; nunca les importó y los elementos comenzaron a arrojar gases de algún tipo y a entrar con extremo uso de violencia en contra de las personas que nos encontrabamos en este lugar.
Ya en la calle Matamoros, las personas nos comenzamos a aglutinar después de ser desalojados de forma violenta de la Fiscalía, ahí continuó el ataque policial, ya que más de 100 elementos, comenzarona a correr hacia nosotros señalando a personas en particualr con comentarios, transfóbicos, machistas. Al ser señalados, grupos de entre 20 y 30 elementos policiales rodeabana a la persona golpeándola brutalmente, arrastrándolos del cabello, desnudándol@s, robándoles sus pertencias y deteniéndolos arbitrariamente.
Entre los delitos que hemos identificado que fueron cometidos por los elementos policiales se encuentran uso excesivo de la fuerza policial, lesiones de primer y segundo grado, robo con violencia, detención arbitraria con violencia y tortura físca, psicológica y sexual, criminalización de la protesta pública, abuso de autoridad y omisiones a protocolos de actuacion.
La REPRESIÓN y la BRUTALIDAD POLICIACA dejó un saldo estimado de:
5 compañer@s con Carpetas de Investigación.
31 personas con algún tipo de lesión: al menos 3 personas con fracturas, 2 de ellos requerirán de cirugía; al menos 4 personas con aberturas en el cráneo que necesitaron de sutura; más de 20 personas con algún esguince sobre todo en cervicales y tobillos; más de 20 personas con policontusiones con golpes muy severos en el cráneo y costillas; todas las personas presentan múltiples hematomas en el cuerpo resultado del nivel de brutalidad ejercida tanto por los elementos policiales como por los golpeadores y reconocemos que varios compañer@ se fuero a sus casas con los golpes, sin poder haberlos registrado
Se robaron: 10 telefonos celulares y 1 laptop.
En la mañana y en la tarde se robaron 3 cámaras y equipos profesionales
En la Fiscalía de Tlapan por la noche, además de golpear, se detuvieron a 14 compañe@s, 4 personas fueron subidos a camionetas de la SSC CDMX en donde fueron golpeados y se les pedia mantenerse acostados para no ser registrados en las camaras; 10 personas fueron ingresadas a la fiscalía de Tlalpan, 9 de ellas fueron obligadas a ingresar a cuartos de la fiscalia en donde fueron torturados fisicamente, sexualmente y psicológicamente; ademàs de ser fotografìados en multiples ocasiones desde los celulares personales de los elementos policiales quienes los enviaban en grupos de whatsapp e instagram.
Se presentaron 22 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
Los robos cometidos tanto por los golpeadores en Xochimilco, como por lo granaderos en Tlapan, ascienden a proximadamene a $160, 000.00
Existió una flagrante violación a los Derechos Humanos, violación a las garantías individuales respecto al libre tránsisto y derecho a manifestarse.
Por todo lo anteriormente expuesto..
CONVOCAMOS
A los Pueblos, Comunidades, Colectivos, Organizaciones, Redes, Individu@s a una gran Concentración en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Cita: Jueves 12 de Septiembre a las 10:00 Hrs.
A establecer una Mesa de Diálogo con Ulises Lara, Titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, con el objetivo de NO Judicializar la Lucha Social, es decir, acordar cierre definitivos de las Carpetas de investigación de la Compañera Hortencia Telésforo; Anselma Margarito Francisco;Jorge Manuel Cancino García; Uriel García Rojas; Roberto Rodríguez Contreras y Penélope Estefanía Galicia Argumedo. Así mismo, la situación de los 9 compañer@s detenid@s en la represión dentro y fuera de la Fiscalía de Tlalpan y atender lo referente a las Carpetas de Investigación en contra de la Comunidad Otomí, respecto a la Toma del INPI.
Así mismo, establecer una Mesa de Diálogo con Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX y Clara Brugada, virtual Jefa de Gobierno de la CDMX; Pablo Vázquez Camacho, Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX y con todos ell@s, abordar el tema de la Represión y la Brutalidad.
A los Pueblos, Comunidades, Colectivos, Organizaciones, Redes, Individu@s, a sumar sus rabias y dolores, luchas, resistencia y rebeldías que de por sí, se nacen en el México de abajo y a la izquierda, para que, sin importar calendarios y geografías, caminemos junt@s, en la construcción colectiva de lo que hemos llamado, Frente de Resistencias contra la Represión y la Brutalidad Policiaca y Militar. Un espacio que nace hoy, y que no tendría razón de ser, si realmente existiera en una Ciudad Innovadora y de Derechos con Acento Social.
A los Pueblos, Comunidades, Colectivos, Organizaciones, Redes, Individu@s, los invitamos a participar en la siguiente Reunión de Coordinación y Trabajo de este esfuerzo colectivo, que se llevará a cabo, el día Sábado 14 de Septiembre a las 10:00 Hrs. en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Y…
EXIGIMOS
1.- Que se cierren las Carpetas de Investigación que se abrieron en contra de nuestros 5 compañeros, con los cargos motín, lesiones, resistencia a las autoridades y daño a la propiedad. Además, debera cerrarse la carpeta de investigación que se ha integrado en contra de nuestra compañera Hortencia Telésforo, quien enfrenta acusaciones por despojo.
2.- Que frene la represión y la brutalidad policiaca del Gobierno de la CDMX en la Alcaldía de Xochimilco, se desintegre el grupo de choque, se investigue quien lo financia y a cargo de quien está, y que se les castigue por delitos como robo y lesiones.
3.- Que se finquen responsabilidades y se destituyan de sus cargos a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por omisión y complicidad en las agresiones que el grupo de choque llevó a cabo en contra de los manifestantes.
4.- Que se respete el derecho a la organización de los pueblos originarios de la CDMX, y su derecho a la libre autodeterminación; respetando así que la Biblioteca Comunitaria, es del Pueblo.
5.- Que se finquen responsabilidades y se destituyan de sus cargos a l@s granader@s, grupos de élite como Zorros y Ateneas; así como, a sus mandos que reprimieron, robaron, lesionaron y torturaron a los manifestantes en la Alcaldía Tlalpan.
6.- Que el gobierno de la CDMX disuelva a los grupos de élite y que se prohiba su total presencia en manifestaciones o actos sociales ya que representan un peligro para las vidas humanas; entre los grupos de élite indentificados están los Zorros, Ateneas, Guerreros, Marco Polo, Faunos.
7.- Que se tenga plena identificación de todos y cada unos de los golpeadores que participaron en el grupo de choque, sobre todo, porque tenemos conocimiento que muchos se encuentra en la nómina de la Alcaldía Xocimilco.
8.- Que se castigue a los policías involucrados en tortura y TORTURA sexual.
9.- Que se dé respeto irrestricto al trabajo y labor de los Medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.
10.- Que se finque responsabilidades por omisión o complicidad a la Alcaldesa en funciones, Juana Onésima; al Director de Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana; al Coordinador de Seguridad Ciudadana, Darío Corrales González quien responden a las órdenes del exalcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta.
11.- Que se respeten los derechos humanos de quienes ejercen el derecho al libre tránsito y manifestación y que se ponga un alto total a la criminalización de toda lucha social. Pero sobre todo que no se judicialice nunca más la lucha social.
12.- Que se esclarezca la agresión llevada a cabo por golpeadores en la Alcadía Xochimilco y por la tarde-noche, la represión y brutalidad policiaca llevada a cabo por granaderos. De lo contrario estaremos hablando de una estrategia planeada y orientada en contra del movimiento social y en contra de activistas y/o a periodistas independientes y comunitarios. Pues este caso de represión y brutalidad policiaca, muy seguramente representará, la punta de Icebeg de un gobierno saliente y la política represiva que se ejercerá en un gobierno entrante.
NO NOS VENDEMOS, NO CLAUDICAMOS Y NO TRAICIONAMOS
Atentamente.
Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Agua, Tierra y Libertad
Zapata Vive, la Lucha Sigue
Samir Vive la Lucha Sigue
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas
Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre
Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN
Viva la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
En portada: Elementos policiacos reprimen violentamente un mitin en solidaridad con cinco activistas detenidos la mañana del 5 de septiembre durante una manifestación en la alcaldía Xochimilco. Foto: Elizabeth Díaz
Estudiantes, organizaciones sociales, comunicadores y pobladores de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la ciudad de México, denunciaron que, a casi una semana de la represión sucedida en esas demarcaciones en el contexto de protestas pacíficas, las autoridades aún no han fincado responsabilidades a los agresores, elementos policiacos, ni a funcionarios señalados como autores intelectuales de la violencia contra los manifestantes.
La mañana del pasado jueves (5), durante una protesta para exigir el cese a la criminalización, por parte de la alcaldía de Xochimilco contra la activista Hortensia Telesforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria-, un grupo de al menos 30 personas armadas con palos, tubos, navajas e incluso armas de fuego, atacaron a mujeres de la tercera edad, adultos mayores y jóvenes que se manifestaban en la demarcación.
Represión durante manifestación pacífica en la alcaldía Xochimilco.
Testimonios de los manifestantes resaltan que, pese a la presencia de elementos policiacos, estos no intervinieron para detener las agresiones en su contra. Peor aún, tras la represión, cinco activistas fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la alcaldía de Tlalpan, a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde, por la tarde del mismo jueves (5), colectivos solidarios se apersonaron para demandar su libertad.
El mismo jueves por la tarde aconteció una segunda represión, esta vez por parte de policías antimotines quienes encapsularon a los manifestantes e hicieron uso de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes, defensores de derechos humanos y comunicadores independientes, dejando un saldo de 14 personas detenidas, decenas de heridos, así como reportes de tortura y el robo masivo de teléfonos móviles.
“Fue una carnicería”, sostuvo Jorge Paez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quien durante conferencia de prensa realizada este miércoles (11) compartió su testimonio ante la brutalidad de las agresiones contra las y los manifestantes.
Paez relató que fue golpeado con un arma de fuego mientras intentaba rescatar a uno de los manifestantes que era atacado tumultuariamente por el grupo de “halcones” – referencia al grupo paramilitar del mismo nombre, creado durante la década de los sesentas y coordinada por directivos policiacos para reprimir manifestaciones. Destaca su involucramiento en la masacre del 10 de junio de 1971 donde asesinaron a participantes de una manifestación estudiantil en la Ciudad de México.
“Es lamentable de un Estado supuestamente democrático que pueda hacer esto”, condenó el activista quien también sostuvo que dentro de los responsables se encuentra Víctor Muñoz, operador político de la alcaldía, vinculado al narcotráfico por denuncias de habitantes, e hijo del funcionario del mismo nombre quien funge como Director de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco.
Otros manifestantes señalan a trabajadores de la alcaldía como las personas que son contratadas como “golpeadores”. Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, enfatizó que entre los funcionarios involucrados está el Director Jurídico de la Alcaldía, Francisco Pastrana, así como el Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guerrero de la Cruz, así como la propia alcaldesa en funciones Juana Onésima Delgado.
Esta agresión se suma a otras previas ejecutadas contra habitantes organizados en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco quienes desde el año 2014 realizan acciones en la defensa de su territorio. Destaca su lucha contra la construcción de un puente vehicular en Cuemanco, así como por las omisiones de los gobiernos para proteger el medio ambiente y el agua del área natural protegida de Xochimilco.
Resalta la represión violenta, por parte de un operativo con mil elementos policiacos en diciembre del 2022, contra pobladores de San Gregorio quienes se manifestaban en contra de las obras hidráulicas del Colector Actopan, el cual afectaría el servicio de agua potable en la demarcación, lo que dejó un saldo de 24 heridos y en cuyo momento se denunció el actuar del alcalde Carlos Acosta, sin que fuera sancionado por lo hechos represivos.
Represión sin castigo
Por su parte Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que los eventos represivos del pasado 5 de septiembre son “solo el aviso de lo que nos espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco, a la comunidad Otomí”.
Castillo relató que, mientras se encontraba documentando la represión policiaca en Tlalpan, fue agredida por al menos 30 policías varones, quienes también detuvieron y torturaron a periodistas independientes. Ante ello, calificó lo sucedido en la mañana en Xochimilco y en la tarde en Tlalpan como “un crimen de Estado al haber participación, colusión y omisión de múltiples agencias del Estado mexicano”, por lo que denunció que el caso sigue en total impunidad.
Conferencia de prensa realizada el miércoles 11 para denunciar la impunidad tras los hechos represivos acontecidos al sur de la CDMX.
Por esto responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Bartres, debido a que hasta el momento los funcionarios identificados como los principales agresores no han sido suspendidos de sus cargos.
Estudiantes, perseguidos
Jóvenes estudiantes, quienes acudieron al MP de Tlalpan para solidarizarse contra la represión en Xochimilco, compartieron que fueron objeto de agresiones e intento de homicidio, así como de secuestro y tortura. Uno de los 14 estudiantes retenidos por elementos antimotines aseguró que la violencia de los policías tenía la intención de dejar lesiones para inhabilitarlos como se evidencia en las heridas que se repiten en los cuerpos de varios jóvenes detenidos.
A su vez, denunciaron que, por medio de violencia, elementos policiacos les obligaron a dar datos personales, sin que existiera un proceso formal dentro de los protocolos judiciales. Esto, denuncian, es particularmente grave ya que señalan que durante los días posteriores se han suscitado seguimientos y acoso de policías, vestidos de civil, contra jóvenes estudiantes a quienes les fueron sustraídos documentos de identificación y, contra quienes, posiblemente existen carpetas de investigación sin que se les haya notificado de manera oficial.
Por ello, los presentes en la rueda de prensa exigieron el cese a la criminalización contra la activista Hortensia Telesforo, así como contra los cinco detenidos en Xochimilco y hacia los jóvenes estudiantes detenidos dentro del MP de Tlalpan.
Acciones
Durante la rueda de prensa se informó que el lunes (9), 22 personas que fueron víctimas de las agresiones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) para iniciar el largo proceso de denuncia. En el lugar realizaron certificados de lesiones como esguinces, fracturas y policontusiones que presentaron los manifestantes agredidos.
Sin embargo, dejaron claro que, a pesar de las denuncias, hasta el momento la Cdhcm aún no se ha pronunciado frente a la violencia sucedida al sur de la CDMX, por lo que exigieron que el organismo haga un llamado frente a la gravedad de los hechos. También se anunció que levantaran denuncias penales por robo, tortura y lesiones contra los elementos policiales y funcionarios que resulten responsables.Por ello, finalizaron convocando a una acción a realizarse la mañana de este jueves (12) ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir diálogo con el titular de dicha dependencia
Riesgo a la integridad física y libertad de lxs compañerxs Hortensia y Jorge de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco
Por la mañana, 7:49 am y luego alrededor del medio día de hoy martes 10 de septiembre del 2024, lxs compañerxs integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, han sido hostigadxs y vigiladxs en sus domicilios por operadorxs políticos y personal que dice ser de la Fiscalía. Estos individuos no se identificaron, y acudieron a hacer presencia como acto de intimidación a lxs defensorxs del agua y territorio de Atlapulco.
Responsabilizamos al Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, a Clara Brugada, a Juana Onésima Delgado como principal responsable, a Circe Camacho que está como sucesora de la Alcaldía Xochimilco, al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ante cualquier daño a la integridad física, psicológica y social, desaparición o acciones que atenten contra la libertad, la paz y la vida de nuestrxs compañerxs y sus familias.
Reprimir, desaparecer, torturar, detener arbitrariamente, cooptar la libre manifestación, la libertad de expresión, destruir nuestros medios de comunicación comunitarios, son crímenes de lesa humanidad. Grupos paramilitares, fuerzas armadas legales e ilegales fungen también como funcionarixs públicxs de un gobierno mexicano que se conduce con extrema violencia especializada en violar derechos humanos con estrategias de contrainsurgencia.
Por tanto EXIGIMOS: El cese del hostigamiento, criminalización por delitos fabricados, persecución, vigilancia, tortura y violaciones a los derechos humanos como parte del plan de desarticulación del Gobierno y funcionarixs públicxs hacia las personas que defendemos el agua, el territorio y la vida. Libertad total e incondicional para nuestrxs compañerxs reprimidxs, torturadxs, desaparecidxs por horas y criminalizadxs por el Gobierno Mexicano.
Luchar por el Pueblo ¡Ni es vergüenza! ¡Ni es delito! ¡Reprimir Sí lo es!
Atentamente
¡Tierra, agua y libertad! ¡Aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos! Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco
En portada: Familias desplazadas forzadamente se manifiestan para exigir atención de autoridades estatales.
Habitantes de la comunidad nahua de El Coire, en la región Costa-Sierra de Michoacán, alertaron que desde hace tres semanas se registran ataques armados en su contra, así como en otras poblaciones indígenas del municipio de Aquila, Coahuayana y Chiniquila, dejando tras ello un saldo de tres asesinatos y 251 personas quienes han sido desplazadas forzadamente de sus hogares.
La comunidad, con casi 60 mil hectáreas de tierras comunales y vecina de la población nahua de Santa María Ostula – cuya población también ha denunciado ataques armados continuos por parte del crimen organizado –, señala que las mayores agresiones fueron cometidas entre el 13 y 19 de agosto.
Una alerta emitida por la articulación de organizaciones de derechos humanos RedTDT detalla que, del total de los desplazados, 125 de ellos son menores de 17 años. A su vez, especifica que los asesinados son Rafael Bautista Cruz, de la comunidad de Estopila; Eutimio Medina Herrera, de Chacalapa; mientras los comuneros desaparecidos son los hermanos Miguel, Antonio y Filiberto Orcino Oliveros, además de Teódulo Álvarez Rentería (menor de edad), y los hermanos Rodrigo y René Mares Doroteo e Israel Ángel Martínez (también menor de edad).
La misma Red registra decenas de personas torturadas, incluidos casos de violación sexual contra mujeres, así como robos y saqueos de viviendas y comercios.
Las organizaciones de derechos humanos aseveran que, desde hace meses, han solicitado la atención de las autoridades para detener múltiples ataques registrados contra habitantes de comunidades indígenas nahuas en Santa María Ostula y Coire, ambas localizadas en el municipio de Aquila; así como de El Camalote y El Amatique en el municipio de Coahuayana y de las poblaciones nahuas de Huizontla, Coahuayula y El Salitre de Estopila, ubicadas en el municipio de Chinicuila.
“Desde el mes de febrero la comunidad indígena de Santa María Ostula ha exigido a los gobiernos federal y del estado que establezcan una base de operaciones en la colindancia de los municipios de Aquila y Chinicuila, como una forma de detener los ataques por parte del grupo criminal”, sostiene la RedTDT.
Desplazados
Aunque inicialmente las autoridades del municipio de Aquila señalaron haber registrado a 211 personas desplazadas, tras un conteo en el Auditorio Comunal, donde se refugian las familias, se contabilizó un total de 251 personas desplazadas. Cabe mencionar que, acorde a la RedTDT, el número puede ser mucho mayor a los registros hasta ahora efectuados por los funcionarios locales.
Testimonios de los desplazados aseguran que abandonaron sus hogares desde los primeros días de septiembre debido al temor por los actos criminales acontecidos en El Coire, por lo que huyeron rumbo a Coahuayana, La Placita y hacia la cabecera de Aquila. Información recibida por la RedTDT sostiene que, así como El Coire, Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y El Salitre son poblaciones que actualmente lucen despobladas.
Militares ingresaron brevemente a la comunidad Nahua de El Coire.
Más preocupante para los defensores de derechos humanos es que, de acuerdo a su documentación, las agresiones criminales ocurrieron ante “la inacción del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, ya que el batallón del Ejército ubicado en la cabecera comunal de El Coire permaneció -en el poblado nahua- solamente por menos de dos horas el 13 de agosto”. Consultados por medios locales, habitantes aseguran que la población nahua ha carecido del apoyo tanto del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Civil.
Infiltraciones
Información recibida por la RedTDT contextualiza que fue desde hace mas de un año que un grupo criminal se infiltró en la comunidad de El Coire a través del autogobierno indígena formado en aquella población desde principios del año 2023.
Las organizaciones de derechos humanos acusan de “probable complicidad” al ex comisariado de bienes comunales, Celerino Álvarez Mauricio, “quien a pesar de haber concluido su gestión el pasado 15 de junio, no quiso convocar la asamblea de elección del nuevo comisariado”.
Ante esta situación, detallan, la comunidad se vio envuelta en una ola de violencia que derivó en ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de la guardia comunal. Entre ellas destacan el asesinato de Jesús Pantaleón Álvarez Rentería, acontecido el 27 de junio del 2023; así como del homicidio de Juan Orcino Reyes -previamente torturado- el 5 de julio del mismo año y el asesinato de Cipriano Medina Rentería el 29 de mayo del 2024.
Promesas
Apenas el pasado domingo (8), el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, se apersonó en el municipio de Aquila, desde donde anunció “todo el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al autogobierno de El Coire, para superar la situación de inseguridad” que se registra en la región.
Reunión de funcionarios estatales y fuerzas de seguridad el pasado domingo 8 de septiembre en la cabecera municipal de Aquila.
El funcionario estatal, acompañado de autoridades de los cuerpos de seguridad de Michoacán, así como del 85 Batallón de Infantería y representantes de la Secretaría de la Marina (Semar), aseguró que el gobierno atiende las denuncias de violencia y que, para ello, ya dieron inicio a recorridos con elementos del ejército en la región afectada por la inseguridad.
Comunicado de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco sobre la represión estatal el pasado 5 de septiembre de 2024
Respecto a la nota informativa de @martibatres publicada hoy sobre la represión estatal del jueves.
1. Se desvinculan los hechos de la demanda inicial que es quitar los cargos contra Hortensia por participar en las actividades comunitarias en la Casa del Pueblo.
2. Se responsabiliza al grupo de golpeadores como si hubieran actuado por cuenta propia. Lo ocurrido el jueves fue una acción estatal. Los golpeadores fueron enviados por funcionarios públicos y la policía se retiró al mismo tiempo que ellos llegaron.
3. En la represión de diciembre del 2022 en San Gregorio se exigió castigo a los funcionarios que dieron la orden de enviar casi a mil granaderos. A casi dos años se sigue sin saber quiénes fueron los autores intelectuales.
4.Asimismo, si bien fueron liberados los detenidos, no se tiene certeza si existen carpetas de investigación abiertas en su contra. Las detenciones fueron hechas por los civiles del grupo de choque en conjunto con los policías.
5. El Estado debe hacerse cargo de la reparación integral del daño de todos los lesionados. En suma, el comunicado de @martibatres termina por exculpar a los verdaderos responsables de los atroces actos cometidos y mantiene el régimen de impunidad que existe en Xochimilco.
Coordinación de Pueblos de Xochimilco
Respecto a la nota informativa de @martibatres publicada hoy sobre la represión estatal del jueves. 🧵
1. Se desvinculan los hechos de la demanda inicial que es quitar los cargos contra Hortensia por participar en las actividades comunitarias en la Casa del Pueblo. pic.twitter.com/txj38S0wr8
— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 7, 2024
Darío dió la instrucción directa de enviar a golpeadores. Segundos antes de la represión amenazó a una vecina afirmandole que "habría consecuencias" por la protesta.
El grupo de choque realizó las detenciones y los entregó a la policía, ante la presencia de Darío. pic.twitter.com/YMhyI2bDDw
— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 7, 2024
Estamos reconstruyendo los hechos e identificando a los funcionarios de la Alcaldía Xochimilco que participaron en la represión. pic.twitter.com/5LctFvYsNh
— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 7, 2024
El gobierno de la ciudad reconoce que el inmueble de la casa de cultura Tlamachtlinollan no forma parte del patrimonio del gobierno de la ciudad.
