La cooperativa Nuevo Horizonte fue creada en 1998 por mujeres y hombres ex combatientes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en el Petén, Guatemala.

En este programa escucharemos las voces de algunxs de ellxs, así como de las y los jóvenes que nos comparten cómo ha sido para ellxs nacer y crecer en esta comunidad creada gracias al trabajo y la lucha de sus madres, padres, abuelas y abuelos: “un puñado de hombres y mujeres guerrilleras y luchadoras por una sociedad distinta”.

Más información aquí.

Pronunciamiento

A dos años de la desaparición de nuestros familiares

Sin Verdad, Sin Justicia.

Se cumplen dos años de la desaparición de nuestros familiares: Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Luis Alberto Vasquez Sarat, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez, y Francisco Socorro Morga De León, quienes se ganaban la vida y aportaban al sustento familiar, a través de la venta de pollos de crecimiento y que desde el 16 de noviembre 2023 han sido víctimas de la desaparición forzada en Frontera Comalapa, Chiapas, México. Sin embargo, hasta la fecha seguimos esperando una respuesta sobre su paradero y sobre los responsables del hecho.

Durante este tiempo, nos hemos mantenido firmes a pesar de las afectaciones emocionales, de subsistencia, el duelo por la ausencia, por la reconfiguración de nuestros entornos familiares, espirituales y comunitarios desde la desaparición. A pesar de que el proceso ha sido desgastante al no tener ni una sola pista del paradero de nuestros seres queridos, tenemos esperanza y seguiremos luchando, exigiendo justicia hasta encontrarles, por esto demandamos a los Estados de México y Guatemala:

1. Trabajo coordinado entre instituciones competentes. Exigimos mantener las reuniones con las autoridades de México para conocer información sobre las acciones de búsqueda e investigación en el caso. Sin embargo, solicitamos la unión de esfuerzos y coordinación entre instituciones para la pronta localización de nuestros seres queridos, la identificación y sanción a responsables de los hechos, 

2. Plan de búsqueda y análisis de contexto idóneos. Reconocemos los avances en la recopilación de información y en la línea del tiempo, no obstante, exigimos que los mismos contemplen las hipótesis de búsqueda en vida y búsqueda en muerte en lugares de asistencia, detención y zonas en donde opere o recluten los grupos del crimen organizado en Chiapas, México, pero también en otra entidades federativas del país incluyendo la búsqueda transnacional en Estados Unidos de America y Guatemala, ante la presunción de reclutamiento forzado, 

3. Plan de investigación efectivo. Solicitamos la presentación detallada del plan de investigación y de sus resultados concretos en la investigación de los hechos, identificación de los responsables y medidas implementadas para su sanción,

4. Confrontas genéticas con restos no identificados. El pasado mes de julio 2025, las familias, como derecho que nos corresponde, nos practicamos una tercera toma de ADN con el Equipo Argentino Antroplogía Forence (EAAF) en su calidad de peritos independientes y con apoyo de la Red Jesuita con Migrantes (RJM), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y CONAMIGUA, diligencia que ha sido puesta en conocimiento a las autoridades de México. Por lo que exigimos, se incorporen estos perfiles en las carpetas de Investigación respectivas y se gestionen las acciones necesarias para la confronta con los datos de bancos forenses de Chiapas y en todo territorio mexicano y se nos informen a la brevedad de los resultados,

5. Condición de la Calidad de víctimas. El pasado mes de septiembre del corriente año, el Estado mexicano reconoció la calidad de víctimas a nuestros familiares y a sus familiares, quienes seguimos buscando. Requerimos que se implementen las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de derechos y deberes que se desprenden de esta condición.  Realizando visitas in situ en Guatemala para conocer la situación socio económica de las familias, las afectaciones psicosociales y de seguridad de cada integrante del núcleo familiar con especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, como secuela del hecho de la desaparición de nuestros seres queridos. 

6. Coordinación entre Guatemala y México. Solicitamos que las autoridades de Guatemala, nos asistan en los procesos de tutela de nuestros derechos, en la búsqueda y localización de nuestros seres queridos, a través de los canales diplomáticos y mediante la participación en las sesiones de trabajo con autoridades de México, para generar los informes, requerimientos de información respectivo ante México y mesas de trabajo binacional para asegurar el acompañamiento y asistencia a las familias. 

Seguiremos buscando hasta encontrarles. 

Cuyotenango, Suchitepéquez, Guatemala, 16 de noviembre 2025. 

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Mujeres y hombres campesinas y campesinos de San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México 13 de noviembre del 2025.

A las y los Defensores de Derechos Humanos.

A los Medios de Comunicación Alternativos.

A la Sexta Nacional e Internacional.

Al Congreso Nacional Indígena (CNI).

A las Organizaciones que buscan la paz con Justicia y Dignidad.

Hoy celebramos 20 años de lucha y resistencia por nuestra identidad, nuestra tierra y territorio conformado por hombres, mujeres, niñas y niños. En esta celebración traemos también a la memoria y lucha de nuestros ancestros y ancestras que desde 1850 resistieron a tratos discriminatorios e inhumanos. Ante esas injusticias, en el año 1995 fortalecidos de la fuerza de los que nos antecedieron decidimos recuperar nuestras tierras que por derecho nos corresponde y este logro se formalizó el año 2005. En este caminar de lucha y resistencia en el año 2009 nos adherimos a la otra campaña y actualmente somos miembros del Congreso Nacional Indígena CNI.

Firmes en nuestro compromiso de lucha por construir nuestra autonomía y libre determinación reconocida en los tratados internacionales y en nuestra constitución Política de México, hoy estamos aquí de nueva cuenta para pronunciarnos y darles a conocer lo siguiente:

Queremos decirle a los tres niveles de gobierno y a la sociedad que seguiremos en pie de lucha para defender nuestras tierras y nuestro territorio en contra del capitalismo, la explotación y la invasión.

Exigimos a los tres niveles de gobierno respeto a nuestra lucha y autonomía

¡Alto a la violencia generalizada que causan desplazamiento, desaparición y asesinato de           inocentes!

¡Alto a la criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de quienes         defendemos el territorio y la madre tierra!

¡Alto a la guerra contra pueblos Zapatistas!

¡Alto al crimen organizado y justicia para nuestro hermano el Padre Marcelo Pérez Pérez!

¡Paz a nuestro Estado de Chiapas, México y al mundo entero!

Seguiremos luchando para fortalecer nuestra autonomía por la unidad y exigir paz y justicia.

“Si a la vida no a la muerte”

¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!

Atentamente

Campesinas y campesinos organizados de San Francisco municipio de Teopisca, Chiapas-México

Integrantes del Congreso Nacional Indígena CNI.

Nunca más un México sin nosotros.

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Denuncia de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

A los pueblos originarios y sociedad civil de México y del mundo,
A la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo,
Al Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro,
Al Fiscal del Estado de Jalisco Salvador González de los Santos,
A la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,
A los medios de comunicación

Desde la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, denunciamos ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos de este país la agresión, el despojo y la impunidad que amenazan nuevamente nuestro territorio comunal.

Hace unos días, denunciamos la incursión ilegal de grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto “dueño” les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban.

Días después, el 11 de noviembre, el supuesto “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero “Propiedad Privada” en el acceso al predio denominado El Sabino Quemando, asegurando que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quien le ordenó hacerlo, lo que constituye claramente un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal, sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar.

Desde entonces, se nos ha negado cualquier información o documento oficial, siendo que lo único que nos han mostrado, han sido las armas largas y amenazas de muerte, con la clara intención de imponer por la fuerza el despojo de nuestras tierras comunales, mismas que hemos defendido colectivamente por siglos.

Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y titulación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de autoridades han buscado privatizar lo que pertenece legítimamente a nuestro pueblo.

Para nosotros, la tierra no es mercancía: es vida, historia y memoria. La defendemos porque es la única garantía de que nuestro pueblo siga existiendo.

La invasión, venta y despojo de terrenos comunales, acompañadas de corrupción, represión y persecución, han sido una constante contra Azqueltán. Desde 2019, cuando nuestras autoridades fueron atacadas por Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, y un grupo violento que lo acompañaba, solo hemos recibido impunidad y discriminación.

Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a “lesiones”, y el poder judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque.

En los parajes El Sabino Quemado y La Cueva del Mosco, donde hoy nuevamente se pretende arrebatar nuestras tierras, la comunidad mantendremos la posesión colectiva, porque son nuestras desde tiempos ancestrales y las defendemos como pueblos tepehuano y wixárika.

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento conjunto

Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas
 

Nuestro silencio habla en la oscuridad.

Aquí siguen: 

Con su palabra que es fuego en el camino.

Alzan la voz coral donde emerge
 la paz de los cuatro rumbos

Trece cielos que tocan el instante

Diáspora de verdad y justicia 

Luz que ilumina los caminos.

Fragmentos de Poesía del Libro: El

Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal

A tres décadas del despliegue contrainsurgente en Chiapas, el silencio oficial persiste frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía. La zona Norte, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas; La Grandeza, con la ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano; la desaparición forzada de Antonio González Méndez; la Masacre de Acteal; y la Masacre de Viejo Velasco, siguen siendo heridas abiertas. A esta impunidad y a las nuevas estrategias de terror contra los pueblos se suman la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez.

Hoy, en este Foro de Memoria, traemos la lucha constante y la conciencia viva donde permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, en el marco del Conflicto Armado Interno aún no resuelto en Chiapas. Aquí compartimos un mismo camino: la palabra, La Otra Justicia, sosteniendo en nuestras luchas la esperanza de memoria y verdad.

Con la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo estratégico-operacional fue destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se aisló a la población civil para forzar su apoyo en beneficio de las operaciones militares. Esta política originó más violencia en medio de las negociaciones por una salida política al conflicto armado interno, mediante la acción de grupos paramilitares a quienes se delegó el uso de la fuerza, en un actuar de total impunidad.

Los registros, tan solo en la zona Norte de Chiapas, con el actuar del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia entre los años de 1995 a 1999, son: 122 casos, de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales; más de 4,500 personas desplazadas de manera forzada. De estos hechos, ocho casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ejemplo de los crímenes cometidos en el territorio, el cual se encuentra en su etapa de informe de fondo. Otro hecho es el cometido el 22 de diciembre de 1997, donde 45 personas fueron ejecutadas, más cuatro no nacidos. Son ahora 28 años de impunidad. Es por ello que hoy nos convoca este foro para exigir justicia y verdad, a 19 años del crimen de la Masacre de Viejo Velasco, donde fueron ejecutadas cuatro personas y cuatro desaparecidas, de las cuales solo dos han sido encontradas, mientras 36 personas siguen en desplazamiento forzado interno.

La actual violencia generalizada y sistemática en Chiapas no es aislada: es la expresión de una guerra prolongada contra los pueblos indígenas, donde la delincuencia organizada, la militarización, la descomposición institucional y la fractura comunitaria se entrelazan para sembrar miedo, división y muerte. Como ejemplo está la ejecución de Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, cometida el 5 de julio de 2021. Seguimos exigiendo justicia e impulsando el reconocimiento a su labor como defensor de derechos humanos, manteniendo su memoria y honrando su lucha. Así también, el asesinato del profesor José Artemio López Aguilar, perpetrado el 21 de octubre de 2023; lo siguió la ejecución, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024. Aunado a este terror, la ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez, hecho cometido el 20 de octubre de 2024 en el contexto de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quien por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas. Entre otros hechos que, desafortunadamente, podrían llenar páginas y páginas para describir esta profunda crisis social.

Es por ello que señalamos que en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente, con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando.

El proceso de despojo, asesinatos, ataques y crímenes de la violencia organizada continúa contra la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos.

A 30 años, nosotras y nosotros, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia en Chiapas, continuamos la lucha por la verdad y la justicia. Saludamos El Común del EZLN, porque solo organizados podemos seguir con nuestra lucha por la paz con justicia y dignidad.

Hoy, en este Foro de Memoria Histórica, nuestras comunidades perseveran en la Verdad, la Justicia y la Dignidad frente a los pactos de impunidad. Pasarán los días oscuros de los gobiernos en México, ya que permanece la esperanza que nace desde el corazón, en nuestras palabras fortalecieron con el copal; se trazaron los senderos con la luz de las velas; con el sonar de los tambores y caracoles alzamos la voz hacia nuestros ancestros y con el eco de la música elevamos nuestros testimonios en los signos de La Otra Justicia.

Reafirmamos que la lucha de nuestros pueblos es pacífica y que nuestras estrategias se sostienen en la paz. Recordamos al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos.
Es en nuestros caminos que seguiremos abriendo espacios de Justicia: una justicia que nace desde los pueblos para desmontar la violencia estructural del sistema capitalista y patriarcal. Así lo caminó nuestra compañera Blanca Isabel Martínez Bustos, a quien hoy evocamos con memoria viva y de quien nos deja su digna rabia, fuerza que alimenta la resistencia radical por la vida y el territorio.
Llamamos a la solidaridad de la sociedad civil, nacional e internacional, para que se sumen a nuestras causas en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Que en sus trincheras de lucha expresen su indignación frente a estos crímenes contra los pueblos, y que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.
 

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Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales con motivo de la COP30, Belém, Brasil.

(Ginebra, 10 noviembre 2025) Mientras los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos d Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 1 pide un cambio claro en la política climática mundial. Lxs campesinxs, los pueblos indígenas, lxs pescadores, lxs pastores y lxs trabajadores rurales ya no deben ser vistos solo como víctimas de la crisis climática, sino como líderes esenciales en la restauración de los ecosistemas, la alimentación de las comunidades y la construcción de la justicia social y económica.

Alrededor de 2 mil millones de campesinxs, pueblos indígenas y productores cultivan más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en los países de ingresos bajos y medios. También protegen gran parte de la biodiversidad del mundo, mantienen vivas las semillas y razas tradicionales y mantienen los ecosistemas y paisajes que sustentan la vida y las economías rurales. Sin embargo, reciben menos del uno por ciento de la financiación climática mundial y a menudo están excluidxs de las decisiones clave sobre el futuro de la alimentación y el clima. Este desequilibrio debe terminar.

Los Estados deben incluir los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), especialmente los derechos a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y la participación, en sus planes climáticos nacionales y estrategias de adaptación. Las políticas climáticas que pasan por alto estos derechos corren el riesgo de aumentar la pobreza, el desplazamiento y el hambre.

2. Dirigir el financiamiento climático a soluciones lideradas por campesinxs

La mayor parte del financiamiento climático aún apoya a las grandes empresas agrícolas, proyectos orientados a la exportación y mecanismos de mercado que permiten las causas y los impulsores del cambio climático, en lugar de apoyar las capacidades de quienes están en la primera línea de los impactos y las acciones innovadoras para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo pide canales de financiación especiales dentro de los fondos climáticos para apoyar directamente a los titulares de derechos de la UNDROP, que incluyen campesinxs, pequeños agricultores, pastores, pescadores, trabajadores rurales, pueblos indígenas y mujeres rurales. Estos fondos deben proporcionar subvenciones, no préstamos, con reglas simples y supervisión comunitaria para que el dinero llegue a quienes lo necesitan directamente de manera oportuna.

Por Rocío Heredia | Avispa Midia
^{Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán}

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

Ataques pasados

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018, 329/2017 y 484/2018.

DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

• Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
• Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
• Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
• Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.

Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.

Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?

En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El profesor indígena Isai Shuuk Shawit fue asesinado en la provincia de Datem del Marañón (región Loreto), en la Amazonía peruana. 

El dirigente del pueblo Awajún, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), luchaba por la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes de comunidades originarias. 

El entorno de la víctima denuncia que recibió amenazas por su defensa de las plazas de docencia bilingüe, las que el Estado ha desfinanciado e intentado reducir en los últimos años.

Isai vivía en la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche. Loreto es una de las regiones más peligrosas para líderes de pueblos indígenas en el Perú. Actualmente, hay al menos 226 defensores en riesgo en todo el país, principalmente en la Amazonía. El cuerpo del luchador social fue encontrado con signos de violencia, la madrugada del viernes 7 de noviembre, en la carretera Pastaza. 

“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo. La vida de cada dirigente y defensor indígena es valiosa y debe ser protegida”, manifestó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún en un comunicado.

Proyectos de ley contra educación intercultural

En el Congreso se presentó en 2024 un proyecto de ley para aprobar el nombramiento excepcional de docentes que solo hablan español en plazas de educación intercultural bilingüe.  Este año las organizaciones indígenas vienen protestando contra la propuesta legislativa.  

“Estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra abnegada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) porque desde generaciones nos la heredaron nuestros antepasados”, expresó la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Ashaninka de Pangoa (Omabinoap).

En ninguna comunidad de la Amazonía peruana se cumple por completo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a un informe de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solo el 20% de estudiantes indígenas de nivel inicial y primario acceden a escuelas con docentes que hablan su lengua originaria y recursos educativos enfocados en su identidad cultural.

En 2022, el Ministerio de Educación anuló el dominio de la lengua originaria, formación en educación intercultural y conocimiento de la cultura local como requisitos para postular a plazas de EIB. Las protestas en la Amazonía y comunidades andinas consiguieron que el Ejecutivo elimine las modificaciones. 

Las organizaciones indígenas defienden la educación bilingüe como una prioridad en sus plataformas de luchas. Esperan los resultados que determinen las causas de muerte, realizados en otra región debido a que en Datem del Marañón no cuentan con medicina forense.