Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

30 de enero de 2025

Pronunciamiento Conjunto

Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López

La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.

Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.

El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.

Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.

La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa. 

En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.

Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]

Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.

Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.

Atentamente

Colectivos y Organizaciones

Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.

Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.

Vendaval, cooperativa panadera y algo más

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Jornadas contra la criminalización y por la libertad

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria

Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa

Abya Yala, RRR.

Groupes CafeZ, Liege Belgica

Casa Nicaragua

Red Nacional de Organismos Civiles  de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes

Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-

IMDEC

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Consorcio Oaxaca

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia

Colectivo Kuu

SweFOR México

Raíces en resistencia

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Nodo de Derechos Humanos

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán

Rizoma

Red Morelense de apoyo al CIG/CNI

Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T

Colectivo tierra y libertad

Mexicanos Unidos

Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México

Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC

Tlapaltik B’e Cooperativa

Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía

(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta

Colectivo de Profesorxs en la Sexta

Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Colectivo Gavilanas

Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo Cuaderno Común

Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja

Colectivo la Otra Justicia

Colectivo Panadero la Grieta

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Personas

Lorena Méndez Barrios

Nataniel hernandez

Gabriella Piccinelli Bocchi

David Jimenez

Silvia Resendiz Flores

Geneviève Michel

Odette Goffard

Marc  Imberechts

Elise Imberechts

Mauricio Salazar

Hector Tomás Zetina Vega

Yesica Sánchez Maya

Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana

Jacinta Francisco Marcial y Estela Hernández

Luisa Riley , Ciudad de México

Calixto Trinidad Carbajal Balderas

Larisa Fuentes

Jesús Batta

Efraín Rojas Bruschetta

Dara Vilchis

Carolina Díaz

Margara Millan

Alfredo Lozano Ortega

Armando Soto Baeza

Gabriela villarreal

Oralba Castillo Nájera

Alfredo Lozano Ortega

Hugo Molina

Teresa González Molina

Matilde  Belem Huerta Lastra

Elena Morúa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Ernesto González Orduña

Ernesto Lucero Flores.
 

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[1] Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2023/res_3-23_mc_892-22_mx_es.pdf

[2]    Véase la Acción Urgente 005 emitida por la Red TDT, disponible en: https://redtdt.org.mx/archivos/18178

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.} 

En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.

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Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT.  Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas. 

A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.

Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.

Persecución

Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.

El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).

Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.

Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”. 

Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.

ASESINATO

La tarde de este martes (21) se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Arnoldo Nicolás Romero, quien fungía como comisariado ejidal de la comunidad de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi. 

Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.

Abusos, ignorados por la CNDH

Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.

La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.

Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.

En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.

A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.

Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.

Mercancías, por encima de derechos humanos

La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.

Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.

Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.

Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025.  Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones. 

Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.

Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.

El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.

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A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo. 

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Un reciente informe presentado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos revela el impactante flujo ilegal de armas de fuego, sobre todo, hacia México. Entre 2017 y 2021, la ATF rastreó más de 129 mil armas en más de 70 países; el 74% de ellas fueron internadas a territorio mexicano. 

En el año 2023 la administración del presidente estadounidense Joe Biden llegó a un acuerdo con México para combatir el tráfico de armas de fuego a través de la cooperación bilateral. Tras este compromiso se aprobó la asignación de recursos para la llamada “Operación Southbound”, mediante la cual se implementó el uso del software denominado eTrace, que permite rastrear información relacionada con todo tipo de delitos cometidos en los Estados Unidos con armas de fuego, pero también en diversos países con quienes han implementado este trabajo conjunto. 

A través del sistema eTrace, la ATF ha podido rastrear armas recuperadas en delitos y de la misma forma ha localizado a los compradores. Es así como México se destacó como el país con el mayor volumen de armas de fuego recuperadas, representando el 74% de los rastreos internacionales, con un total de 33 mil 088 armas proveniente de los Estados Unidos. De ellas, solo el 2% se comercializaron de forma legal.

El fiscal general de la ATF, Merrick B. Garland, declaró que “el uso ampliado del rastreo de armas de fuego y de la Red Nacional Integrada de Información Balística de la ATF ha proporcionado más pistas de investigación que nunca sobre delitos violentos con armas de fuego, ha mejorado la inteligencia estratégica sobre bandas violentas y ha mejorado la detención y el procesamiento de delincuentes violentos”.

De acuerdo con el informe de esta institución, el 43% de las armas rastreadas provienen del estado de Texas, sumando un total de 14 mil 216 de ellas. De ahí le sigue Arizona, California, Nuevo México y Florida. Estos cinco estados en su conjunto representaron el 79% del total de las armas recuperadas en México. El tráfico de armas desde estos estados hacia México está vinculado principalmente a los cárteles y grupos delictivos que operan en la región.

Lo que llama la atención es que, según el informe, la mayoría de las armas recuperadas fueron robadas o perdidas en incidentes relacionados con el Instituto FFL (Licencias Federales de Armas de Fuego) de Estados Unidos.

Tipos de Armas 

De acuerdo con el documento de la ATF, las armas más comunes que fueron rastreadas fueron las cortas, representando el 61% del total. Como segundo lugar están las armas largas, ocupando el 26% de los rifles rastreados. En el resto figuran revolver y escopetas.

La ATF solo logró rastrear el 27% de las armas recuperadas hasta su comprador en EEUU. Esta instancia señala que entre las barreras para rastrear a sus compradores está la fabricación de armas fuera de territorio estadounidense, la falta de registros y las exportaciones a distribuidores extranjeros. 

Doble mercado

De acuerdo con los datos abiertos del gobierno de México, Estados Unidos es su principal proveedor de armas y equipamiento militar. Solo en 2023 las compras que hizo el gobierno mexicano con el país vecino llegaron a la cantidad 35.5 millones de dólares. Así la industria armamentista estadounidense se beneficia de las ventas legales e ilegales.

Aunque la venta ilegal de armas beneficia principalmente a los grupos del crimen organizado en México, también las empresas armamentistas de EEUU se benefician, pero no se menciona en los informes. “Esto ha dado lugar a la proliferación de esquemas de tráfico ilegal de armas de fuego con sede en Estados Unidos perpetrados por comerciantes ilícitos de armas de fuego, individuos y otros grupos criminales que capitalizan la demanda siempre presente”, dijo el agente especial adjunto de la ATF, Robert Topper.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, acudió a Chiapas para reunirse con las integrantes del Colectivo Madres en Resistencia y la nueva directora de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, para coordinar los próximos trabajos de búsqueda y transparentar el uso de recursos.

Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres desaparecida forzadamente, e integrante del colectivo, destaca para Avispa Mídia que en el conversatorio realizado el 17 de enero, la Comisión Nacional reconoció que, durante un periodo de cinco años – desde que inició funciones la CEB, en 2019, a 2024 – envió más de 48 millones de pesos para la búsqueda de personas en Chiapas.

Además del citado recurso, de acuerdo la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Búsqueda también recibió 2,647,188.34 de pesos en 2021; 2,610,346.06 en 2022; para 2023 fueron 4,409,737.17 y 7,830,224.82 de pesos en 2024 del Presupuesto de Egresos del Estado. 

En el 2024, la CNB también envió cinco escáneres portátiles de huellas dactilares para identificación humana, tres llegaron al área de peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y dos para la CEB.  

Estos dispositivos son parte de una donación de 300 escáneres que hizo Alemania, a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); 86 se entregaron a las comisiones estatales y 149 a las fiscalías locales para abonar a la identificación rápida de cuerpos y a la búsqueda en vida. El escáner registra la huella y se envía al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encarga de la identificación en un periodo aproximado de tres días. 

“Cuestionamos por qué no han usado los escáneres y a dónde se fueron los 48 millones porque en las búsquedas no. En la primera búsqueda que se hizo de mi hija Cassandra la directora de Búsqueda (Rosa Elena Vela Govea) levantó un palo para poder buscar entre el monte y, en la última vez (Emiliano Zapata), no llevaron ni una pala para poder escarbar”, lamenta Isabel Torres. 

Reyes Sahagún les aseguró que ya está pidiendo cuentas a la Comisión Estatal sobre los recursos. Dijo a las madres que ahora los gastos deberán justificarse debidamente. Este 2025 se prevé más apoyo para las búsquedas, aunque no dio la cifra. Además, la CNB enviará a más personal para las labores de búsqueda, pues, en la actualidad la comisión local cuenta con dos buscadores y una persona en informática. 

La directora de la Comisión Estatal, que entró en funciones el pasado 3 de enero, se comprometió a trabajar de cerca y sin intermediarios con las madres y familias buscadoras. En este primer encuentro, tanto la comisionada como la directora acordaron dar seguimiento a las pautas. 

La CNB informará al colectivo sobre los planes de búsqueda y respetará el derecho de las familias de documentar el trabajo de las autoridades con sus teléfonos móviles. Serán las únicas autorizadas para usarlos. 

Vicky Garay Cazares del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, en Nayarit, explica que siempre ha existido mucho problema con los recursos destinados a las comisiones locales, “cuando los dan no verifican al 100 por ciento en qué se gastó”. 

Con base en su experiencia, la CNB y el Estado no verifican qué falta en las comisiones locales, en qué se gastó el recurso o cómo lo gastaron. En el caso de Nayarit, las colectivas han solicitado, incluso por escrito, que se realicen auditorías a las comisiones locales.

Vicky insiste en que las búsquedas dependen del manejo y el trabajo que tenga la comisión local. “Debemos presionar, hay que trabajar con la Comisión Estatal”, dice. Considera, además, que se debe crear el Consejo Ciudadano de dichas comisiones.  

En el conversatorio también estuvieron presentes representantes de la Colectiva Cereza, que son acompañantes de la lucha de Madres en Resistencia, así como de la Protección Civil y del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Las madres ya habían denunciado

“Lo que ahorita está haciendo la Fiscalía se había solicitado desde mucho porque varios casos del Colectivo la geolocalización apuntaba a la misma dirección, en ese rancho [de San Isidro, en Emiliano Zapata]”, dice Adriana Gómez al referirse a los recientes operativos realizados por el gobierno de Chiapas, a partir de los cuales se anunció el hallazgo de diversas fosas. 

Los teléfonos celulares de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, Néctar Galdámez Chandomí, Victor Chavarría y Cassandra Arias Torres, desparecidos en diferentes momentos y lugares, estuvieron en San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. 

La geolocalización que realizó la Fiscalía de Chiapas del dispositivo de Cassandra Arias Torres, desaparecida forzadamente el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, arrojó una ubicación en el municipio de Emiliano Zapata y, desde ese momento, el colectivo solicitó la búsqueda, pero la autoridad no hizo nada. 

Dos años después, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los operativos de la estrategia de seguridad del estado chiapaneco han reportado hallazgos de 27 fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a unas 40 personas en los municipios de Suchiate, Palenque, Emiliano Zapata y La Concordia, según la información difundida por la FGE. El material genético fue enviado a la Ciudad de México para su estudio.

Los operativos coincidieron con la huelga de hambre que sostenían las Madres en Resistencia en Palacio de Gobierno para solicitar audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez, que por meses se negó a atender y reconocer el tema de la desaparición de personas. 

Tras días de protestas, las madres fueron recibidas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca a quien le solicitaron una nueva búsqueda en el rancho de San Isidro en Emiliano Zapata. 

El 8 de enero fueron citadas a las 6 horas, pero los elementos de la Fiscalía y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron tres horas tarde. “Nos tuvieron paradas en la carretera esperándolos y cuando llegan se bajan inmediatamente a tapar la vialidad, de forma innecesaria. Luego nos fuimos a la búsqueda donde iniciamos casi las 10 de la mañana”, recuerda Adriana Gómez. 

También acudieron profesionales de Protección Civil (PC) con el área Canina, de la CEB y tres madres del Colectivo. “Nos dividimos porque ellos querían sacar el agua de una laguna con una bomba, nosotras dijimos que buscaríamos por otro lado o ahí se nos iría todo el día y son pocas las oportunidades de búsqueda que nos dan”.

Los de PC se metieron al agua a buscar, los demás fueron sus observadores alrededor de la laguna, relata Adriana. Observó un rancho con una casa lujosa de ventanales de cristal, varias habitaciones y en una de las paredes vio dibujos que parecían hechos por niñeces. 

“Dicen que había un área de tortura que a mí ya no me tocó ver, pero sí vimos una mesa de billar y una alberca grande. Habían varios pozos de cemento, con agua y en uno había una escalera grande, y ahí se necesitaba una revisión minuciosa. Pero ellos (autoridades) no buscan, llegan un rato medio observan y buscan una sombra para tomarse un refresco y comer sus frituras o su pollito”, lamenta Adriana.

Pero las integrantes del colectivo saben que deben poner mucha atención en el suelo que pisan y los detalles, “vamos revisando con nuestro pie para saber si la tierra está suelta”. Eso hacían el 8 de enero en San Isidro cuando les llamó la atención un corral de cemento para cerdos. 

“Aún había deshechos en el suelo y había un tubo de PBC que llevaba su descarga a una fosa séptica de cemento, parecía un tanque. Pertenecía al rancho pero como tenía el alambrado daba la impresión que era otro predio”, describe Adriana. 

Las madres cruzaron ese alambrado y los representantes de la fiscalía les insistieron que ahí ya habían revisado, “pero cada vez que decían eso nosotras volvíamos a revisar y nos metimos las tres madres al alambrado, nos agachamos para ver la fosa séptica con nuestra lámpara, porque ellos ni eso llevaban, y ahí vimos la osamenta”, describe. 

Dieron parte al personal de la Fiscalía, pero éste no llevaba guantes ni personal capacitado para introducirse al reducido espacio. Fue un policía que sacó los restos, pero antes retiraron a las madres buscadoras del lugar. “El policía dijo que eran de tres cuerpos, pero no sabemos en realidad cuántos sacaron”. 

“Ellos no querían aceptar el hallazgo que hicimos porque ya habían buscado ahí y de hecho le echaron la culpa al canino de Protección Civil, pero el perro no identificó los restos porque estaban en el excremento, ya no tenían ni tejido. Incluso, en ese rancho también hay una laguna y no sabemos si ahí también podrían haber cuerpos”. 

El colectivo ha expresado en diferentes momentos su preocupación por la incapacidad y falta de profesionalismo con la que las autoridades atienden la búsqueda de personas, pues consideran que tras un hallazgo, mientras la autoridad correspondiente realiza la documentación, los demás elementos deben continuar con los trabajos. 

“Cuando encuentran dejan de trabajar. No se les está pidiendo algo que no exista, la búsqueda es un derecho que tenemos. La fiscalía debería actuar rápido, hay una ley y dice que en esos casos la geolocalización debe ser rápida y parece que aquí hacen las cosas al revés”, insiste Adriana. 

Redes

El Colectivo de Madres en Resistencia de Chiapas sólo espera que los acuerdos que adquirieron con las comisiones no sean momentáneos. Hasta ahora, todo lo que obra en las carpetas de investigación de los casos que acompañan ha sido trabajo del Colectivo. 

Adriana Gómez, fundadora del Colectivo, recuerda que al no tener acceso a la justicia hace tres años se vio en la necesidad de aprender, tejer redes y surgir como Colectivo. Después comenzaron a llegar las denuncias sobre desapariciones a las redes sociales de las Madres en Resistencia.

Se aliaron a otras madres buscadoras de Sonora, Tijuana y Ciudad Juárez quienes les dieron recomendaciones para pedir las búsquedas ante la CEB y la fiscalía, les explicaron sobre la geolocalización de los dispositivos móviles y cómo solicitarla. “Se necesitaba el acompañamiento y nosotras iniciamos solas”.

Al Colectivo se acercaron estudiantes de Derecho y abogadas de profesión, que las acompañan en las actividades. En la huelga que realizaron a finales de diciembre de 2024, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas también brindaron acompañamiento. 

Cuando el Colectivo tomó fuerza, Jorge Luis Llaven Abarca, que entonces también era Fiscal General, intentó dividirlas, “pero no lo consiguió porque nos conocemos y conocemos todos los casos, leemos las carpetas y no confiamos en las autoridades”. 

También investigaron sobre las herramientas que podían conseguir con sus propios recursos como las varillas de hierro, las mandaron a hacer de cinco centímetros de grosor, aproximadamente, con punta para atravesar la tierra y un gancho para sostener la varilla sin que resbale al empujarla con fuerza. 

“Cuando buscamos llevamos palas, picos y las varillas. Identificamos si la tierra está suelta, amontonada o si está fresca, eso se identifica rápido. Metemos la varilla, si entra al sacarla la olemos, no somos expertas pero hemos ido al Servicio Médico Forense (Semefo) a buscar y se identifica el olor. Al igual observamos si hay ropa tirada y también nos guiamos del presentimiento para saber dónde a escarbar”, explica Adriana. 

Todxs cuentan

El país entero tiene la problemática de la desaparición, en Chiapas pasaba menos, señala Voces Mesoamericanas que acompaña casos de personas migrantes de Chiapas desparecidas en el norte del país. 

Considera que los obstáculos a los que se enfrentan los denunciantes es la falta de información para que una persona sepa qué hacer ante una desaparición. Pero cuando las personas ya saben qué hacer se encuentran con que las instituciones no levantan las carpetas de investigación por desaparición y solo inician registros de atención. 

También recurren a la revictimización y en las fiscalías les dicen que esperen porque sus familiares van a regresar porque quizá se fugaron con la pareja y de esa forma minimizan la situación para que no haya un registro real de cuántas personas desaparecidas hay en Chiapas, explica Voces Mesoamericanas.

Una vez que la familia pudo denunciar, el problema es la falta de acceso a la justicia, al debido proceso, a ser escuchada, a la reparación de daño, por lo complicado que es ingresar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Si se trata de una persona migrante desaparecida en Chiapas, para que la familia pueda entrar a México a hacer las denuncias o los seguimientos, necesita visas y no están a disposición, tiene que hacer el mismo proceso que los demás y esperar. 

“No hay políticas públicas que atienda la desaparición en contextos de movilidad humana, es decir, personas en situación migratoria y personas en situación de desplazamiento forzado”, insistió la organización que acompaña al Colectivo Junax Ko’tantik, integrado por familias chiapanecas que buscan a migrantes desparecidos en el norte del país y Estados Unidos. 

Para Voces Mesoamericanas la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas tiene muchos vacíos y no hay claridad sobre las personas que la integran y los nombramientos los realizan sin una consulta pública como lo establece la ley local y sin priorizar las características del perfil seleccionado. 

Incluso, a cinco años de la CEB iniciar funciones, no ha emitido la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda para ser vigilante de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas.

Otra ausencia en la CEB es el registro de personas desaparecidas en territorio chiapaneco y personas desaparecidas de origen extranjero, y chiapanecos migrantes desaparecidos en otro lugar. La organización cuestiona y lamenta que tampoco exista un mecanismo de búsqueda de personas, tanto en búsqueda inmediata o de larga data, en situaciones migratorias, y desde una perspectiva diferenciada. 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México 110,668 personas están desaparecidas y 1482 son de Chiapas. En el desglose, en 2019 existe un registro de 68 personas desaparecidas y no localizadas, 87 en 2020, 162 en 2021 y 244 en 2022, cifras también plasmadas en el informe Tocar el Vacío, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

En el estudio, Frayba hace referencia al aumento de 358% de las desapariciones en el periodo entre 2019 y 2022. 

¿Qué hacer?

Hasta ahora solo organizaciones como Fundación para la Justicia cuenta con información en su plataforma digital sobre qué hacer si una persona desaparece. Aclara que no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar o denunciar su desaparición. 

El reporte puede ser ante la CNB o ante la Comisión Estatal de Búsqueda, pero si se desconoce el estado donde desapareció la persona el reporte es al +52 55 1309 9024 o desde el extranjero a la lada gratuita 185 52 62 31 09.

Por su parte la fiscalía de Chiapas aseguró que cuenta con protocolo de atención en el que recomiendan realizar la denuncia ante la autoridad ministerial más cercana y toda autoridad debe iniciar la denuncia correspondiente “ya sea registro de atención por la no localización de la persona o en su caso carpeta de investigación por la desaparición”.

El denunciante debe presentar documento que acredite personalidad, en caso que la víctima sea menor de edad presentar acta de nacimiento que acredite parentesco. Sin importar la edad de la víctima presentar fotografía reciente, sin manipular.

En caso de menores de edad se activa la alerta Amber, en mujeres mayores de edad se activa Protocolo Alba y en hombres se activa ¿Has visto a? 

Una vez iniciada la denuncia se giran los oficios correspondientes a las corporaciones policiacas, instituciones públicas y privadas. Y de acuerdo a la fiscalía se deben hacer brigadas de búsqueda en diversos puntos de la zona en la que fue vista por última vez la víctima. 

Si la persona desaparecida es migrante y fue víctima de un delito federal, se puede denunciar la desaparición en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes al correo electrónico: unidadmigrantes@fgr.org.mx

La Fiscalía General de la República fue contactada para solicitar el protocolo de atención en caso de víctimas de desaparición forzada pero dijo no tener información al respecto, únicamente a través de las líneas telefónicas. 

El próximo 21 de enero Eduardo Ramírez se comprometió a atender a las madres buscadoras y el 24 de enero dialogarán con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. 

LLAMADO A LA JORNADA GLOBAL:
¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES! 6 AÑOS DE IMPUNIDAD

A LOS FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN POR LA VIDA

HERMANAS, HERMANOS:

Son 6 años desde que le arrebataron la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes, seis años que gobierna quien lo mandó a matar, seis años de continuar con el engaño, la imposición y el desprecio hacia nuestros pueblos, seis años más de resistencia, de rebeldía, de lucha por la vida, de ser Samir, inspiración, semilla y ánimo de construcción de autonomía, de otro mundo posible.

Justicia para Samir, grita la resistencia por la vida contra el Proyecto Integral Morelos y contra el narcogobierno, justicia grita en cada uno de los pueblos, lugares y corazones que lo conocieron antes o después de su muerte. Justicia gritamos desde la lucha por la vida en Gazza, en Chiapas, en Ostula, en la lucha contra el basurero de Cholula, en el grito de las familias de nuestras hermanas y hermanos desaparecid@s, en la lucha contra el Tren militar malla, contra el corredor interoceánico, la xenofobia y el desplazamiento forzado, la mina, la presa, el tren, el corredor, el gasoducto, la termoeléctrica, el fracking, el cartel inmobiliario, el negocio de la basura, la defensa de los ríos, mares y cuerpos de agua, de los bosques y espacios autónomos en la tierra o en el aire. Justicia construyó Samir durante su vida.

A 6 años de su cruel asesinato el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, tres días antes de la consulta impuesta por López Obrador para “legitimar” su cambio de parecer y terminar de imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), los asesinos de Samir siguen libres y gobernando. Son 6 años de impunidad, 6 años de imposibilidad de que los culpables sean castigados porque los culpables están en el gobierno y pueden fácilmente escapar de la justicia del Estado, porque ellos son el Estado…

Pero la justicia está en la lucha por la vida, y sí, en nuestra exigencia, tal vez absurda, de exigir al verdugo se persiga y se castigue, de desnudar al rey capitalista, al narcogobierno mexicano que mando a matar a Samir. 

A 6 años del asesinato de Samir, convocamos a los firmantes de la Declaración por la Vida que dediquemos un momento, un instante, una siembra de memoria, de vida y rebeldía a nuestro compañero Samir Flores Soberanes los próximos 20, 21, 22 o 23 de febrero, construyendo de manera dislocada la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”.

En esos días, en México, Estados Unidos, Euskal Herria, Francia e Italia se sembraran 6 bustos de Samir, sembrando su memoria en los territorios dignos de nuestras hermanas y hermanos, en países cuyas empresas están o estuvieron involucradas en el crimen del PIM: Elecnor (Euskal Herria), Saint Gobain (Francia), Bonatti (Italia), Macquaire (Estados Unidos), NarcoGobierno (México), para que no se olvide la responsabilidad del gobierno global capitalista sobre la muerte de Samir y la lucha por la vida.   

Pero no solo con bustos se siembra la memoria de nuestro compañero, también con la lucha por la vivienda digna de la comunidad otomí de la Ciudad de México que fundo y resiste la Casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”, antes, oficinas centrales del INPI. En un árbol en el campamento de resistencia en Lutzerat, Alemania, en una canción, una poesía, un dibujo, una plática, video, conversatorio, foto, pintura, grabado, flor o fruto, en todas ellas esta nuestro hermano Samir Flores Soberanes.

Llamamos a las firmantes de la Declaración por la Vida a sumarse con una acción o una palabra a la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”, los días 20, 21, 22 o 23 de febrero de 2025 o cuando sus realidades se los permitan.

La justicia vendrá de abajo y a la izquierda, en común.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Congreso Nacional Indígena

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Más informes y registro de actividades en: cnicomunicacion@gmail.com

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.  

A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero. 

Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo. 

La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield. 

Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.

“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.

Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo. 

Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.  

Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”. 

“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene. 

Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas. 

“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.

Preocupación internacional 

El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.

Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.

En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante. 

En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.

Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.

Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan. 

Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho. 

A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.

De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción. 

Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. 

Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.

Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días. 

Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Diversas comunidades Mayas entregaron un informe a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo sobre Desarrollo Sustentable 2025-2030, celebrado en Mérida el pasado jueves (9), detallando los desafíos y conflictos socioambientales que enfrentan los pueblos originarios de la Península de Yucatán. 

En su intervención, José Argamiro Cobá Cocom, Comisario Ejidal de Ixil en Yucatán, subrayó que el modelo de “desarrollo” impuesto en la región ha generado despojo, deforestación y contaminación, con impactos devastadores sobre los ecosistemas esenciales de la región, como la selva y los manglares. “Nos están despojando de nuestra tierra, y con ella, de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro derecho a vivir dignamente”, afirmó el campesino, quien destacó que la lucha de los pueblos mayas no es solo por la tierra, sino por la preservación de una cosmovisión ancestral.

Las comunidades denuncian que los proyectos de desarrollo, principalmente del sector inmobiliario, vienen invadiendo tierras comunales, alterando los ecosistemas y amenazan con destruir el patrimonio arqueológico maya. “En Ixil, por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos inmobiliarios en 5,300 hectáreas de tierras, sin tomar en cuenta los vestigios arqueológicos ni la biodiversidad que habitan en ese territorio”, que pretenden convertir en zonas turísticas y residenciales resaltaron.

Cobá Cocom señaló que, en los 106 municipios del estado de Yucatán, aún se conserva la cultura de los mayas. “En nuestro territorio se encuentra el reservorio del pensamiento mágico de los mayas. Si se despoja vendrá la total desaparición de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, formas de vida y cultura”.

Otra comunidad de Yucatán que corre con el mismo destino es Kinchil, otro territorio invadido por el sector inmobiliario con fines de urbanización. Aquí habitan más de 200 familias y hoy están siendo vulneradas por el riesgo de perderlo todo “frente a especuladores con poder político. La situación se agrava aún más con el creciente desinterés por parte de las autoridades, que han permitido que se registren tierras como ‘propiedad privada’ sin el consentimiento de las comunidades afectadas”, afirman los representantes de esta comunidad.

Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, puntualizó que “están vendiendo nuestras tierras en internet, sin documentos legales; ya hay personas que se consideran dueñas de nuestros territorios, y el gobierno no hace nada”.

La industria 

Otro de los problemas abordados en el informe es la expansión de las megagranjas porcícolas y avícolas en la región. Estos proyectos industriales, señalan las comunidades, vienen provocando “afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida, plenamente conocidas por el Gobierno Federal”.

Para ello toman el ejemplo de otra comunidad de la Península, Santa María Chi, de unos 500 habitantes, una zona donde se estableció una granja de 72 naves y más de 60 mil cerdos, que está ubicada a 100 metros del pueblo. “Lleva 40 años contaminando el agua, causando enfermedades respiratorias y estomacales, y alterando la armonía, la cohesión social y la vida interna de la comunidad”. 

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Los habitantes denuncian que la vida ya no es viable en esta región debido a la peste insoportable, así como la acumulación de excrementos, moscas, incluso, argumentan, “por el ruido que día y noche generan las instalaciones y los transportes de cerdos”.

Esta mega granja, según los indígenas Maya, pertenece a la familia del empresario y periodista Loret de Mola, la cual “no cuenta con permisos, registros ni autorizaciones a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada para clausurarla”, expresan las comunidades ante Semarnat.

Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, denunció la impunidad con la que operan estas empresas afirmando que, “el gobierno nunca nos ha escuchado. Nos tratan como delincuentes por defender nuestra tierra y nuestra salud”, expresó. 

Las comunidades denuncian en su informe que Semarnat se limitó a colocar un sello de clausura sin folio pero que la empresa siguió funcionando y que “nunca llegaron inspectores federales a investigar”. 

Tras las diversas protestas de estos pueblos, “la granja está hostigando judicial y policialmente a las autoridades comunitarias, y ha imputado a Wilberth Alfonso Nahuat Puc por delitos fabricados, prohibiéndosele acercarse a menos de 300 metros de lote catastral en que se ubica la granja, situado a 30 metros de su casa”, destaca la denuncia de las comunidades.

Agudización de la crisis climática

Además, el escenario cambiante por la crisis climática ya ha comenzado a impactar estas comunidades y las condiciones se agudizan con las políticas aceleradas de desarrollo, por su flexibilidad con la falta del cuidado del medio ambiente y el tejido comunitario. A ello se suman las sequías prolongadas, las lluvias irregulares y el calor extremo que están afectando la producción agrícola, base tradicional de subsistencia en la región.

Las comunidades mayas han solicitado medidas para mitigar estos efectos, como el fomento a la energía renovable local y la restauración de ecosistemas clave para la agricultura, como los manglares.

Peregrina Cutz Tec, del Consejo Comunitario de Ixil, expresó que “el cambio climático ya no es algo lejano, lo vivimos a diario. La falta de lluvia y el aumento de las temperaturas están afectando nuestra tierra y nuestras costumbres. Necesitamos que el gobierno federal atienda nuestras propuestas para adaptarnos sin destruir nuestro territorio”, ha puntualizado.

Frente a esta situación, las comunidades mayas han propuesto una serie de medidas urgentes para revertir los efectos del modelo de desarrollo actual. Entre ellas, destacan la creación de una mesa de trabajo con la participación activa de las comunidades mayas y organizaciones sociales y ambientales para diseñar un modelo de desarrollo sustentable basado en los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos originarios.

En respuesta a las demandas, la secretaria Alicia Bárcenas se comprometió a organizar una reunión con las comunidades mayas de la región en febrero de 2025, en Ixil, donde se discutirán con más detalle las propuestas presentadas. 

Mientras tanto, las comunidades mayas reafirman que su lucha no solo es por la defensa del territorio, sino por la supervivencia de su cultura y sus tradiciones. 

Leydi Eloína Cocom Valencia, del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó: “No solo estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir en armonía con la naturaleza. Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”.

Cientos de jóvenes zapatistas realizaron una obra de teatro presentada en dos partes, el 31 de diciembre se presentaron las primeras seis capítulos, el día 1 de enero presentarían la segunda y última parte donde comparten la idea que tienen del mundo, sus preocupaciones y las ideas que les guían para el futuro. Las y los zapatistas siendo ejemplo y semilla con sus años de caminar en la autonomía y escuchándose y escuchando a otres.

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”.
Obra de Teatro en 12 escenas con jóvenes y jóvenas zapatistas de los 12 caracoles.
Festival cultural del 31 aniversario del levantamiento zapatista. Oventic, Chiapas, México, 2025.
Cámara y edición: Noticias de abajo y Del Barrio News.

https://wp.me/p6BKO7-3CQ

Parte I

Parte II

Puedes descargarlos aquí:

PARTE 1 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/985151073464768

PARTE 2 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/588930103747496

PARTE 1

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte1_obrazapatista

PARTE 2

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte2_obrazapatista

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”. Obra de Teatro Zapatista

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”. Obra de Teatro Zapatista

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters}

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

(Continuar leyendo…)

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Asistencia: ¿algunas partes del todo?

Personas registradas hasta el 2 de enero del 2025:

.- 1079 asistentes firmantes de la Declaración por la Vida.

.- 245 grupos, colectivos, movimientos u organizaciones.

.- 35 medios libres, autónomos, independientes, o como se llamen.

.- Procedencia:

          .- 31 estados de la República Mexicana (todos menos Campeche)

          .- 46 países o geografías del mundo.

Alemania Argentina Australia Austria Bélgica Bolivia Brasil Canadá Cataluña Chile Colombia Corea del Sur Costa Rica Cuba El Salvador Eslovaquia Eslovenia Estado Español EUA Francia Grecia Guatemala Haití

Holanda Inglaterra Irán Irlanda Israel Italia Kenia Líbano Lituania México Nicaragua País Vasco Palestina Perú Portugal Puerto Rico República Dominicana Suecia Suiza Trinidad y Tobago Ucrania Uruguay Venezuela

.- Más 900 zapatistas asistentes a las mesas en CIDECI los días 28-29 y 30 de diciembre del 2024. Autoridades autónomas, promotores de salud, de educación y de como mujeres que somos, bases de apoyo, milicianos, milicianas, mandos político-organizativos.

Es todo.

Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista.
Enero del 2025.