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FrayBa

Alerta urgente. Riesgo a la libertad e integridad personal, garantías judiciales y libre tránsito Los Altos de Chiapas


 

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas, además, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado. Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Hacemos un llamado al gobierno federal para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región.

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Avispa Midia

Chiapas: Continúa desplazamiento forzado en los Altos por violencia e inseguridad

Por Sare Frabes

En portada: Misión de observación visitó tres albergues y contabilizó mas de 3 mil desplazados por la violencia del crimen en Pantelhó y Chenalhó. Foto del CDH Frayba

Más de tres mil personas, en su mayoría mujeres, ancian@s y niñ@s se encuentran en situación de desplazamiento forzado tras la continuación de sucesos violentos en el municipio de Pantelhó y los límites de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Así lo informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una misión de observación el pasado sábado (10). Según registraron, las familias desplazadas se encuentran entre los municipios vecinos de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

De acuerdo a los testimonios recogidos por organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, las víctimas del desplazamiento enfatizan tener miedo y preocupación por sus vidas y las de sus familiares, pues “el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región”.

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Las organizaciones enfatizan también la falta de actuación del Estado ante la contingencia, pues no ha instalado suficientes albergues ni tampoco ha implementado un mecanismo de atención integral a desplazad@s, puesto que ha sido la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, quienes han reaccionado para atender la grave crisis humanitaria.

“Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia”, enfatizan las organizaciones que visitaron la región.

Según la comunicación, preocupa el alto riesgo de inseguridad alimentaria para las familias desplazadas. Tanto porque dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, como por el abandono de sus cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales, los cuales de no atenderse representarían la pérdida de la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año.

Esta situación agrava aún más la crisis alimentaria imperante desde la pandemia del COVID-19.

“Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”, denuncian las organizaciones defensoras.

Por lo mismo, hacen un llamado urgente para garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Durante su visita, las organizaciones atestiguaron que las principales enfermedades en los campamentos son casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres, lo cual pone en particular riesgo a menores de cinco años.

También identificaron afectaciones a la salud mental de la población, tales como tristeza y ansiedad.

“Las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”, sintetiza el documento difundido este jueves (15).

Autoridades locales exigen renuncia de alcaldesa y presidente electo

El mismo sábado (10), mediante reunión entre autoridades locales y representantes de 66 de las 85 comunidades que integran el municipio de Pantelhó, habitantes exigieron la renuncia de la presidenta Dayli Wendy Lorena López Gochez, así como también del presidente electo, su esposo, Raquel Trujillo Morales, por encabezar a los grupos delictivos que operan en la región.

En la reunión, agentes municipales, comisariados ejidales y representantes religiosos desmintieron la versión difundida por Trujillo Morales, quien en entrevista aseguró mantener el respaldo de las 85 comunidades.

“Es totalmente falso que están formando grupos paramilitares y que están encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, y por personas de la comunidad San José Terceros, ya que no existe tal grupo”, enfatizaron también sobre la criminalización de parte del alcalde electo contra el párroco, quien es conocido entre la población por denunciar las actividades criminales en los Altos de Chiapas.

El comunicado, firmado por las autoridades rurales municipales reunidas en la comunidad San José Tercero, enfatiza su preocupación por “el crimen organizado que ‘SÍ’ está encabezado por Austreberto Herrera Abarca”, a quien señalan como responsable de la violencia, junto a la presidenta actual, el presidente electo y bajo la protección del PRD, sus dirigentes y diputados.

Actividades del crimen organizado orillaron a la creación de autodefensas. Foto- Cuartoscuro

Por último, aclararon que sí es verdad el surgimiento de “Autodefenzas del Pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del gobierno federal y estatal”.

Por su parte, la misión de observación que visitó la región enfatiza que la principal razón que ha impedido la paz dentro de las comunidades es la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio.

“Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”, señala el documento.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”.

Cabe señalar que después de nueve días del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la tarde de este miércoles (14) la captura de Hugo Rolando “N”, presunto responsable por el asesinato, quien fue trasladado a la capital para determinar su situación jurídica.

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Mientras, aún con la presencia de efectivos policiacos y militares, continúa el desplazamiento forzado de familias enteras, debido al temor de más enfrentamientos violentos.

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Avispa Midia

Defensoras ambientales exigen cese del modelo extractivo en Chiapas

Por Aldo Santiago

“Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios”, señalaron defensoras del agua y los humedales desde dicha ciudad en los Altos de Chiapas.

Mediante pronunciamiento, las defensoras expresaron que se reunieron para examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas que se ejecutan en sus territorios.

Entre sus trabajos, analizaron la problemática y consecuencias de distintos proyectos extractivistas de la ciudad, tales como la extracción de grava y arena que destruyen los cerros y humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, así como de tiendas comerciales tales como Oxxo, Walt Mart, Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá.

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En las sesiones participaron un total de 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, quienes también debatieron sobre la invasión de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.

Según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: el sexenio de la impunidad”, México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio y la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas.

Cuerpo-Territorio

En el pronunciamiento, las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal de Las Casas enfatizan que “los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes se nos obliga a sostener este sistema”.

Las defensoras denunciaron también que estos proyectos son promocionados como desarrollo económico e impulsados por los tres niveles de gobierno, lo cual repercute en la generación de pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres.

“Además, intensifican la violencia machista y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta  de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas”, denuncian las defensoras.

Otro punto que destacan es la discriminación y criminalización de su “ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas.

Finalmente, las defensoras ambientales exigen “el cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios”.

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Avispa Midia

En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico

Por Ñaní Pinto

En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.

“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.

L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.

En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.

Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

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Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.

“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.

Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.

Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.

Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.

¿Diálogo o represión?

“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.

Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.

Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.

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“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.

“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.

Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.

“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.

Negocios con delincuentes

Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.

“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.

Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.

“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.

Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.

A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Avispa Midia

En Campeche, denuncian amenazas y agresiones por parte de empresa beneficiaria del “tren maya”

Por Ángel Huerta

Ejidatarios de Don Samuel, División del Norte, Haro, Escárcega y Miguel Alemán, en el estado de Campeche, integraron un frente para denunciar extorsiones y amenazas por parte la empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar lo correspondiente al pago por derechos de vía para el proyecto “tren maya”.

En conferencia de prensa, realizada el pasado 2 de junio, Mariana Elena Hernández del ejido Don Samuel comentó que se integraron en grupo de ejidos en la defensa de sus derechos humanos y su territorio “para protegernos, con el fin de apoyarnos, dialogar, de compartirnos información. Estamos aquí para denunciar actos de corrupción, extorsión, engaños y fraudes por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fonatur”.

Hernández señaló que desde que inició el proceso, la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V., “se acercó, sin darnos información clara. Los ejidos y las autoridades de buena fe dejaron entrar y escuchar lo que nos traía el proyecto. Hasta ahí solamente nos comentaban que habría derrama económica, que pronto iniciarán los trabajos y nosotros nos quedamos a la espera de esta información, que hasta la fecha no es clara. No tenemos el alcance de los impactos sociales, ambientales, culturales que nos trae el proyecto, tampoco tenemos un diseño de lo que es el tren, las vías como el diseño final. Los comisariados fueron presionados para firmar convenios”.

En comunicado de prensa, l@s ejidatarios señalaron que “el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales”.

L@s denunciantes comentaron que se presentó una persona en las comunidades identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, quien en todos los casos buscó obtener autorización de las autoridades.

“Levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, hasta el momento no se ha entregado copia a los ejidatarios”, señala el comunicado de prensa.

Entre otras irregularidades, l@s ejidatarios señalaron la entrega de cheques a representantes ejidales, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos.

“El representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa”, denuncia el comunicado.

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Comunidad de Zirahuén

Comunicado de la comunidad de Zirahuén, Michoacán por los hechos del 26 de junio de 2021

A los Pueblos Indígenas de Michoacán y México

A los Pueblos Hermanos en Lucha y Resistencia

A los Medios de Comunicación

Las comunidades indígenas y pueblos originarios que firmamos el presente comunicado queremos manifestar nuestro rechazo a los hechos sucedidos en Zirahuén, Michoacán el día 26 de junio del 2021 que a continuación describimos:

Primero. La Comunidad de Zirahuén ha llevado una lucha de décadas por la defensa de su territorio contra los particulares aguacateros y empresarios hoteleros y restauranteros que han despojado a la comunidad de parte de su territorio y pretenden despojarla de su identidad y derecho a la autonomía.

Segundo. En días pasados el Comisariado de Bienes Comunales, la Jefa de Tenencia y el Representante Ejidal, solicitaron ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) la realización de la consulta ciudadana para que los habitantes de Zirahuén se presenten a votar para elegir si quieren continuar siendo gobernados por el municipio de Salvador Escalante o quieren regirse por usos y costumbres y recibir el presupuesto directo y ejercerlo con autonomía.

Tercero. El IEM determinó realizar la consulta el día 26 de junio del 2021 a las 17:00 toda vez que la solicitud contaba con todos los requisitos legales necesarios para su realización.

Cuarto. El día 26 de junio del año 2021 los empresarios aguacateros y hoteleros enviaron a sus empleados al centro de la población envalentonados con bebidas alcohólicas para impedir que se realizara la consulta. También estaban entre ellos miembros de los partidos políticos; quienes con gritos e intimidaciones hicieron que se retirara el personal del IEM. Cabe mencionarse que los empresarios emplearon sistemáticamente una campaña de difamación, desinformación y mentiras, informando que si triunfaba el régimen de usos y costumbres se iban a perder los empleos de Zirahuén y que los servicios de seguridad, recolección de basura, alumbrado público y ambulancias, dejarían de existir, lo cual es totalmente falso. Es preciso mencionar que todas las personas que ahuyentaron a los funcionarios del IEM contaban con el derecho a votar en la consulta en contra del gobierno de usos y costumbres y sin embargo prefirieron sabotear su realización al saber que son minoría en la comunidad.

Estos hechos son una avanzada más de los partidos políticos y los empresarios que pretenden despojarnos no ya solamente de la tierra sino también de nuestra identidad y nuestros derechos políticos como comunidades indígenas. Es evidente cómo se confabulan para impedir que los pueblos originarios nos desarrollemos en un modelo de país pluricultural donde no exista el avasallamiento de un grupo étnico por otro. Lo que esta pasando hoy en Zirahuén, es una muestra de lo que pasa en todo el país, donde se nos sigue viendo como símbolo de atraso y se nos niega el derecho a gobernarnos.

Desde aquí, les decimos a los compañeros de Zirahuén que no están solos y que su comunidad ha sido un referente histórico en la lucha por la tierra desde los tiempos de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) y por lo tanto nos solidarizamos totalmente con su lucha. Finalmente, también saludamos y nos solidarizamos con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) quienes acompañan a la comunidad de Zirahuén en este proceso de resistencia y lucha, y quienes de igual forma, han padecido una campaña de difamación y desinformación por defender los derechos colectivos de los pueblos originarios. ¡Zapata Vive! ¡La Lucha Sigue Compañeros!

Por lo anteriormente expuesto exigimos:

Respeto a la ibre Autodeterminación de Zirahuén.

Realización Pacífica de la Consulta.

Cese Inmediato de las Hostilidades.

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Comunidad Indígena de Santa María Ostula

Comunicado de la comunidad de Santa María Ostula en el 12 aniversario de la recuperación de su territorio

A los pueblos y gobiernos del mundo

Desde las tierras sagradas de San Diego Xayakalan, territorio comunal de Santa María Ostula y como desde hace 12 años, nos hemos dado cita para conmemorar que, por acuerdo de la asamblea general de comuneros, recuperáramos mediante una fuerte movilización de la policía comunitaria y la guardia comunal más de mil hectáreas, que habían sido invadidas con violencia por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán, que se valieron de errores técnicos en el plano definitivo de Ostula, que sobrepuso supuestas pequeñas propiedades con las tierras comunales.

Pese a que nuestras tierras están protegidas por la propiedad agraria, con este despojo pretenden tratar la superficie en conflicto como si fueran pequeñas propiedades, para que sirvan a los intereses capitalistas de grupos delictivos y empresariales, que sometieron durante años a nuestra madre tierra para verla como una fuente de minerales, destruyendo las montañas y contaminando los ríos, la ven como maderas preciosas que se venden, con la ayuda desvergonzada del gobierno, a los mercados orientales, pasando por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. La ven, por su colindancia con el océano pacífico, como un espacio propicio para el trasiego de armas y drogas.

Todo esto los gobiernos, empresarios y criminales lo miden en millones de dólares, pero nosotros lo medimos en el sufrimiento y la sangre de nuestro pueblo, pues nos han arrebatado a 41 comuneros (entre ellos dos menores de edad), que han sido asesinados o desaparecidos por los grupos militares o criminales con completa impunidad.

Pero para la comunidad, es y será siempre nuestra tierra, la misma por la que lucharon los padres y abuelos de los que estamos hoy, la misma que sembramos y honramos en nuestras fiestas tradicionales.

El gobierno federal ha faltado gravemente a su responsabilidad constitucional de brindarnos, como pueblo originario, instrumentos legales que nos permitan defender lo que es nuestro y que fué reconocido en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Misma que va delimitando el territorio en la colindancia con el océano pacífico hasta la mojonera que se conoce como Las Majahuas, así como en los puntos inamovibles de los cerros de Mancira, La Lagunita, San Franciscote y Tepataxte, cuya localización no ha sido reconocida en el juicio por límites del expediente 78/2004 del Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 con sede en la ciudad de Colima.

Es por eso que el pasado 21 de junio, junto con nuestro equipo jurídico, interpusimos una petición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraiga el caso y se pronuncie sobre la “adecuada demarcación, delimitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales y estándares probatorios en casos de invasión de propiedades comunales por parte de pequeños propietarios particulares”, ya que las instancias legales se han valido del plano definitivo cuyas deficiencias técnicas fueron señaladas por el revisor de la Secretaría de Reforma Agraria, el Ing. Fracisco Osorio Labastida en el año de 1958, sin que se hubieran corregido antes de la Resolución Presidencial. Errores que fueron documentados y señalados por el Tribunal Superior Agrario, quien ordenó el perfeccionamiento pericial, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a dicho requerimiento.

Es por eso que hoy, 29 de junio de 2021, a doce años de la recuperación de nuestros terrenos comunales, decimos claro que no daremos un paso atrás en la protección y defensa del territorio. Nuestros muertos y desaparecidos son la convicción más grande que tenemos para no permitir que nos arrebaten un centímetro cuadrado más, pues entre mayor sea el ataque a nuestra madre tierra, mayor será nuestra organización y respuesta.

Por último, mandamos un saludo fraterno a todas y todos quienes han levantado la voz en favor de esta lucha, quienes han exigido justicia junto a nosotros. Les pedimos que empuñemos nuevamente la palabra, que escribamos y difundamos la razón que poderosos intereses han querido silenciar. Les pedimos que estemos atentos a la palabra de nuestra comunidad para participar en la campaña de solidaridad que hemos emprendido para evitar que se cometa una nueva injusticia, ya que sería el inicio de una nueva escalada violenta, cuyas consecuencias pueden ser peores que la estela de sangre que hemos vivido estos doce años.

A 29 de junio de 2021.

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Comunidad Indígena de Santa María Ostula

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Avispa Midia

Deuda millonaria para abastecimiento de agua, resultados turbios

El gobierno de Oaxaca, al sur de México, firmó un contrato de deuda con el Banco Mundial, para modernizar el sector de agua y saneamiento en 18 zonas prioritarias para ser concluidas en 2019. Los logros no son satisfactorios. Tan solo en el plan piloto del programa, la agencia municipal San Juan Chapultepec, a pesar de que se recibieron más de nueve millones de dólares, los pobladores siguen padeciendo escasez y tienen que recolectar agua de lluvia o comprarla para cubrir sus necesidades.

Por Renata Bessi y Santiago Navarro F., Vía Avispa Midia:

A escasos 20 minutos del centro histórico de la Ciudad de Oaxaca se encuentra la agencia municipal de San Juan Chapultepec, donde vive Madaí Asur Cruz. Ella es ama de casa. Apresurada, mientras habla, toma unos baldes y los forma para colectar un poco de agua de lluvia. Al lado hay otros recipientes más llenos con un agua de color óxido que no le inspira confianza. “Esa es la que llega por la tubería de agua potable”, dice.

Madaí ignora que el gobierno del estado de Oaxaca, presidido por Alejandro Murat, adquirió en 2017 una deuda del Banco Mundial (BM) de 189 millones 487 mil pesos (9 millones 600 mil dólares) para la modernización del sector de agua y saneamiento de la agencia donde vive.

La modernización del sector de agua y saneamiento en Chapultepec ha sido el proyecto estrella de un conjunto de obras en todo el estado que contemplaba el préstamo del Banco Mundial, que en total suma la cantidad de 55 millones de dólares. El objetivo, según este organismo, estaba enfocado a “mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua en áreas prioritarias del Estado de Oaxaca”.

Dicho conjunto de obras tuvo que haber sido concluido desde 2019, pero el BM dio una prórroga hasta este 2021 para finalizar el programa del préstamo. El organismo calificó el programa implementado con esta deuda, hasta enero de 2021, como “moderadamente insatisfactorio”, lo que significa que los objetivos por resultados no se han cumplido del todo.

San Juan Chapultepec fue considerado un modelo piloto para replicar en otras regiones de Oaxaca y México, pero ahí no se suministra agua todos los días, como prometieron a los habitantes. A ello se suma que les llega con un color turbio. Los días de distribución son diversos, “porque hay cuestiones que son humanas y a veces técnicas por un descontrol ahí, o alguna fuga en las líneas principales”, puntualizó Héctor Ramírez Mendoza, agente municipal de este sector.

Vecina de San Juan Chapultepec mostrando el agua que recibe de la red pública. Foto por Santiago Navarro F

Una evaluación social y ambiental hecha en 2014 por el mismo Banco Mundial, en Oaxaca, demuestra que el problema no está solamente en esta agencia municipal. De acuerdo con el estudio, el estado de Oaxaca “presenta uno de los rezagos más grandes de México en materia de provisión de servicios de agua potable, junto con los estados de Guerrero y Chiapas”. Además, resalta que “contar con servicio de agua potable no necesariamente significa contar con un servicio de calidad o un servicio continuo”.

Mientras, en sus redes sociales, el gobernador Murat ha presumido las obras. “Logramos la construcción de la planta potabilizadora de la Planta Trujano, la línea de interconexión de los pozos con esa planta. Y el macro-tanque San Juan Chapultepec. Beneficiará a más de 150 mil habitantes en los Valles Centrales, con un servicio de agua potable de 18 horas continuas y 750 litros por segundo”, anunció. Para los habitantes de San Juan Chapultepec la historia es distinta.

La gran cantidad de agua de las lluvias que corre por calles llenas de baches, acompañada de basura y tierra suelta que dejaron obras públicas, contrasta con la escasez de este vital líquido del cual carecen diversas colonias que forman parte de la agencia municipal. Madaí cuenta que reciben agua de cuatro o cinco veces al mes en los lugares de la parte baja y dos veces al mes para los que habitan la parte más alta. “Llega por algunas horas, a veces el flujo es tan débil que no logramos llenar cubetas ni mucho menos el tinaco. Terminamos comprando agua a través de pipas (vehículos tanques cisterna), que es muy caro”, agrega la vecina de esta comunidad.

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Congreso Nacional Indígena

Carta de Adrián Gómez Jiménez preso en lucha en solidaridad con Fidencio Aldama

CERESO Numero 5
San Cristóbal de las Casas

Querido compañero Fidencio Aldama esperamos que tenga salud estable y con mucho animo, mucha fuerza y coraje para seguir luchando en contra de las injusticias que se vive y vivimos en nuestro país México y en el Mundo entero. Te envió mis saludos cordiales desde el CERESO numero 5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México de parte de Adrián Gómez Jiménez, preso en lucha e indígena perteneciente de la entina tzotsil.

Desde este CERESO # nuestra trinchera de lucha te escribo una carta sobre la campaña que están realizando o convocatoria de cartas y trabajo artístico en solidaridad hacia a ti. Sabemos que los poderosos de arriba siempre han tratado de quitar las tierras que nos pertenecen y eso ha sido tu caso, a travez de la carta que y comunicado que ha difundido las Redes de Resistencia y Solidaridad pues me he enterado un poco sobre tu caso, más que nada te escribo para solidarizarme para exigir tu libertad ante el gobierno que le compete dar tu libertad, por eso desde este CERESO numero 5 escribo esta carta para exigir y sea escuchado tu exigencia de libertad ante el gobierno, para esta campaña que estas realizando tus compañeras y compañeros de lucha y resistencia.

¡Libertad para el compa preso político yaqui Fidencio Aldama!

¡Libertad inmediata!

¡Nunca más las injusticias y encarcelamiento injusto!

El mal gobierno causa tantas injusticias de parte de personas que luchan por una causas justa y por una vida mejor.

El mal gobierno a cometido muchas atrocidades, asesinatos, desapariciones forzadas y encarcelamiento.

Aunque existe muchos atropellos, pero tenemos mucho coraje para seguir luchando por una causa, por una vida mejor, por un futuro mejor para las y los hijas e hijos la lucha sigue hasta conseguir.

Compañero Fidencio Aldama no tengo más palabras que decirte pero te digo mucha fuerza, mucho animo, mucha valentía.

Uniendo nuestras voces y fuerzas de las y los pueblos mexicanos y mexicanas, triunfaran las verdaderas justicias.

Respetusamente

Adrián Gómez Jiménez

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Congreso Nacional Indígena

Carta al colectivo «Llegó la hora de los pueblos»

Al Colectivo “Llegó la Hora de los Pueblos”.

 

Reciban un saludo caluroso de parte de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno (CNI/CIG). Les escribimos para solicitar su apoyo en una situación similar a la de nuestr@s herman@s zapatistas en su Travesía por la Vida Capítulo Europa.

Como es público y como seguramente ustedes sabrán, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, parte integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), invitó a este último para participar con una Delegación en la Travesía por la Vida Capítulo Europa, lo que gustosamente aprobó, de acuerdo a nuestros modos, una Asamblea Nacional del CNI realizada en el digno pueblo de Tepoztlán, Morelos, los días 23 y 24 de enero de este año.

Decidimos participar con gusto en esta significativa travesía porque estamos claras y claros de la importancia histórica de esta. En estos momentos desnudar la perversión y manipulación con que los poderosos tratan la conquista de nuestros pueblos, defender la vida, asumir una posición anticapitalista y acercarnos a las luchas y resistencias de la Europa de abajo, de los de abajo y las de debajo de este mundo, resulta crucial.

Es el caso qué decidimos integrar una delegación representativa de las resistencias de nuestros pueblos, una delegación que pueda ser la voz de las luchas y la vida cotidiana de los pueblos originarios que integran el CNI. Esta delegación se integra con hermanas y hermanos de toda la geografía nacional, con hermanas y hermanos que resisten el mal llamado tren maya, el corredor transismico, el Proyecto Integral Morelos, la minería rapaz, el represamiento de los ríos, el despojo de tierras, el acaparamiento del agua, en fin, la destrucción sin límites de la tierra para provecho de unos cuantos capitalistas en su afán de ganancias, claro está, siempre apoyados por los malos gobiernos que son cómplices y capataces de sus acciones y de sus decisiones.

A partir de su nombramiento nuestras delegadas y delegados han iniciado los trámites legales para poder viajar a Europa y así acompañar la travesía zapatista. Sin embargo, nos hemos tropezado con trámites y obstáculos burocráticos de todo tipo, impregnados de racismo y desprecio, en la búsqueda del pasaporte ante la oficina llamada secretaría de relaciones exteriores.

Con razones risibles y racistas han negado el pasaporte a cinco de nuestros delegados y delegadas, qué son los siguientes:

 

1.- Isabel Valencia Hernández, delegada de la comunidad otomí en la ciudad de México.

2.-Pedro Cayetano González, delegado náayeri/wixarika de Nayarit.

3.- Romualda Hernández Hernández, delegada nahua del Istmo de Veracruz.

4.- Norma Ramírez Chocolatl, delegada nahua de la región volcanes en Puebla.

5.-Marcela Méndez Hernández, delegada del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil en Calakmul, Campeche.

A ellos les han negado el pasaporte por razones casi absurdas: en un caso porque la mamá de nuestra delegada no tiene registrada su acta de nacimiento en Internet; otro caso es similar; en otro caso porque nuestra delegada presenta un acta de nacimiento de su hermana que no contiene los datos de sus padres.

Y un último ejemplo que ilustra el racismo y el desprecio con el que los gobiernos han tratado a nuestros pueblos en este país de condición colonial: en los años 80 del siglo pasado, mediante un Decreto Presidencial de Salinas de Gortari, impusieron que Isabel Valencia Hernández y muchos otomíes más de la región de Amealco, cambiaran sus apellidos porque no eran del agrado de las dependencias de gobierno.  Ahora le niegan el pasaporte porque sus apelllidos no coinciden con los de sus papás y por una serie de razones absurdas.

Vemos entonces qué este país que se llama México es para unos cuantos, no para nosotros, no para nosotras; por nuestro color de piel, por nuestra cultura, por qué no tenemos acceso a las tecnologías o simplemente porque a un funcionario mediocre se le ocurrió que nuestros apellidos no resultaban convenientes para el México del “primer mundo” que los de arriba soñaban. Vemos entonces que México es un país de condición colonial donde nosotras y nosotros somos de segunda, importamos poco o más bien nada a los mandones que están en el gobierno.

Así las cosas nos dirigimos a ustedes con la confianza que les tenemos para pedirles piensen que se puede hacer y cómo lo hicieron nuestros hermanos zapatistas les pedimos ese apoyo para denunciar lo que les platicamos y ver si los funcionarios de gobierno tienen tantita vergüenza y se acuerdan de ese México que es el México de los pueblos originarios, geografía y raíz de eso que llaman la nación.

Reciban nuestro abrazo fraterno y esperamos verles pronto y llevar, como nos lo pidieron nuestros pueblos y nuestros hermanos zapatistas, palabras de resistencia, de rebeldía y de esperanza a la Europa de abajo, la que es rebelde, la que no se deja.

 

ATENTAMENTE

 

MÉXICO, A 17 DE JUNIO DE 2021

 

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOSTROS

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

 

POR LA COORDINACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

 MA. DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ