^{En portada: Obras para la construcción de un hotel dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F}

El Tren Maya es la pieza más relevante del proyecto de reordenamiento territorial llevado a cabo en la Península de Yucatán, sureste de México, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y será el motor del aumento del consumo eléctrico en la región, señala el Colectivo Geocomunes en la investigación Reestructuración Energética en México: subordinación territorial en el Noroeste y sureste de México.

Según las estimaciones del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2022-2037), la región es la que tendrá el mayor incremento en su consumo eléctrico en los próximos 15 años (60% acumulado), pasando de 15,397 GWh a 24,368 (GWh).

El tren será electrificado en el tramo de 690 km entre Mérida y Chetumal que representa el 44% de la ruta completa; lo demás será un tren híbrido alimentado por diésel y electricidad. Para energizar este ferrocarril se han anunciado 53 obras de infraestructura eléctrica que corresponden a 43 nuevas subestaciones eléctricas y 10 nuevas líneas de trasmisión de media tensión, con un total de 556 km.

El Proyecto Tren Maya

El proyecto del Tren Maya consiste en la modernización y ampliación de alrededor de 550 km de las vías férreas existentes (desde Palenque a Valladolid), la construcción de alrededor de mil kilómetros de una nueva vía (Valladolid-Cancún-Riviera Maya-Chetumal-Escárcega), y en el desarrollo de 21 estaciones ferroviarias y 13 paraderos.

Con el proyecto se prevé la expansión de complejos industrial-extractivos de gran consumo energético y de agua. Como ejemplo, el estudio menciona la empresa cervecera Heineken, la cual en septiembre del 2023 anunció la construcción de lo que será su octava fábrica cervecera en México, a ubicarse en el municipio de Kanasín, Yucatán, y que moverá sus insumos y productos por medio del Tren Maya y del puerto Progreso.

Además, el proyecto fomentará la expansión turística e inmobiliaria en la región. De un lado, señala el estudio, ofrecerá nueva infraestructura de transporte – tren y nuevos aeropuertos en Tulum y Mérida – que movilizará mayores cantidades de turistas a polos actualmente saturados como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mérida. Por otro lado, permitirá la expansión del turismo de masa y de los proyectos inmobiliarios asociados hacia nuevos territorios, tal como está ocurriendo con Bacalar y Valladolid donde se está desarrollando el nuevo proyecto del grupo Xcaret, y hacia la zona de Calakmul.

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Hoy, la mayor parte del consumo de energía en la península ya es destinada a ciudades turísticas. Tan sólo los seis municipios que concentran el turismo en Quintana Roo – Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos, Tulum, Islas Mujeres y Cozumel – demandaron en 2022 el 45% del total de electricidad consumida en los 128 municipios que conforman la península.

GeoComunes alerta en su investigación que los altos consumos de electricidad dentro de los polos turísticos y las grandes urbes provocan una desigualdad en el acceso a la electricidad.

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, en 2020 había todavía 14,270 viviendas sin acceso a la electricidad en la península, principalmente concentradas en los estados de Quintana Roo (42%) y Yucatán (34%). “Si bien estas poco más de 14 mil viviendas representan apenas el 1% de las existentes en la Península, su ubicación muestra que esta falta de acceso surge dentro de los municipios de mayor consumo”.

Energía en expansión

La mayor parte de la capacidad eléctrica actual de la península está sostenida por centrales que funcionan con combustibles fósiles, de acuerdo al estudio de GeoComunes. Estas centrales representan el 80% de la capacidad instalada, mientras que el resto de la capacidad corresponde a cuatro centrales fotovoltaicas y tres eólicas, ubicadas principalmente en el estado de Yucatán.

En la Península de Yucatán existen 42 centrales eléctricas en operación que suman una capacidad de generación de 2,933 MW, repartida principalmente entre los estados de Yucatán (1,842 MW) y Campeche (732 MW), mientras que Quintana Roo concentra apenas el 12% de toda la capacidad instalada en la península (359 MW).

Para la expansión de esta producción, en Yucatán existen cuatro centrales en construcción. Con estas nuevas centrales se estará incrementando la capacidad instalada de la región hasta los 5,511 MW.

GeoComunes mapeó otras 22 centrales en proyecto que ya cuentan con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que, de construirse, agregarían un total de 1,923 MW97 de capacidad. Existen otros 12 proyectos de centrales, pero que aún no obtienen los permisos de la CRE, aunque ya cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada o en evaluación. De construirse estas 12 centrales agregarían otros 1,465 MW de capacidad.

En su conjunto, la mayoría de estas 34 centrales proyectadas pretenden construirse en el estado de Yucatán (19 centrales), la entidad que concentra el 46% de la capacidad en proyecto, mientras que el 41% restante está en Campeche y apenas el 13% en Quintana Roo. En términos de la tecnología, las 34 centrales proyectadas se reparten entre dos tecnologías: eólicos (1,627 MW) y fotovoltaicas (1,761 MW).

Además, está la construcción de nuevos gasoductos para abastecer las nuevas centrales eléctricas, las zonas hoteleras y posiblemente las exportaciones marítimas de hidrocarburos.

“No cabe duda de que es un reordenamiento territorial que facilitará una nueva expansión de los capitales turísticos, inmobiliarios y agroindustriales, que desde décadas han generado graves procesos de despojo, especulación y privatización de tierras ejidales y comunales, mercantilización y consumo de bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad, cultura maya, etc.) y aumento de la militarización y la violencia”, señala el colectivo en su estudio.

La investigación Reestructuración Energética en México: subordinación territorial en el Noroeste y Sureste de México, realizada por el Colectivo GeoComunes, también mapeó la reestructuración energética en el Noroeste de México y en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Veracruz y Oaxaca.

^{Por Matilda Ro y Katia Rejón / Fotos Kelly Ramírez}

^{En portada: Pobladores trabajando en el monte junto a anuncios de residenciales en Temozón Norte.} 

¿Para quién es el lujo de vivir aquí?

Este reportaje analiza los cambios en las formas de vida comunitaria maya, el encarecimiento de los servicios y las tensiones culturales entre los habitantes originarios y los nuevos avecindados de algunas comisarías y municipios conurbados de la zona norte de Mérida, a partir del crecimiento urbano de la ciudad.  

“No queremos ser una colonia de Mérida, queremos seguir siendo un pueblo maya”, dijo en entrevista Silvia Beatriz Chalé Euán, defensora de la tierra y habitante de Chablekal, una comisaría perteneciente al municipio de Mérida, capital de Yucatán, en el sureste mexicano. Como otras comisarías y municipios en la periferia de Mérida, el pueblo de Chablekal ha denunciado el despojo de sus tierras y el desplazamiento forzado como consecuencia de la expansión urbana en la ciudad.

Ahora las comisarías mayas de la zona conurbada de Mérida denuncian también la pérdida de su forma de vida, la tranquilidad del pueblo y su organización autónoma. En los últimos diez años, el Ayuntamiento de Mérida ha asumido el control de sus cementerios, registros civiles, bibliotecas, y desaparecido figuras de autoridad tradicionales como el comisariado municipal.

Las Comisarías y Subcomisarías son poblaciones rurales que conservan prácticas culturales mayas como las ceremonias agrícolas y las fiestas patronales. Las subcomisarías tienen hasta 500 habitantes; y las comisarías, más de 500.

Mérida tiene 48 centros poblacionales: 1 cabecera municipal, 27 comisarías y 20 subcomisarías, estas dos últimas están habitadas en un 63% por el trazo original y 37% de las viviendas son expansiones de desarrollos inmobiliarios, de las cuales 11% están deshabitadas, de acuerdo con el informe Panorama de la Vivienda en Mérida del Instituto Municipal de Planeación de Mérida. Aunque la expansión de la mancha urbana por la industria inmobiliaria ha impactado en todos los márgenes de la ciudad, el crecimiento es más evidente en la zona norte de Mérida, donde la plusvalía de la tierra es más alta debido, entre otras cosas, por su cercanía a la playa.

Silvia Chalé, pobladora de la comisaría al norte de Mérida, Chablekal, ve ciertos paralelismos entre lo que ocurre en su pueblo y otros despojos históricos: “Las inmobiliarias compran la tierra a una migaja para venderla por mucho más. Eso no es una compra-venta, es un despojo. El pueblo se queda sin sus espacios y queda acorralado por esos fraccionamientos que terminan encareciendo la zona. Lo vimos en Chuburná (un pueblo maya que en 1970 perdió su categoría y se convirtió en una colonia de Mérida): la población termina vendiendo sus casas para irse a otra zona que sea menos cara y menos difícil de sobrevivir”, agregó Chalé.

¿Cómo son las formas de vida maya?

El pueblo maya de la Península de Yucatán tiene formas particulares de habitar el territorio. Aurelio Sánchez Suárez, arquitecto y profesor investigador maya del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, explicó en entrevista que las formas de vida mayas peninsulares están integradas a la naturaleza en sus tres niveles: el cielo (con la arqueoastronomía), la tierra (los espacios abiertos) y el inframundo (cuevas, pozos y cenotes). Estos conocimientos y vínculos con el ecosistema se ven comprometidos, entre otras cosas, por la pérdida de cobertura vegetal forestal.

El habitar maya se caracteriza por tener amplias extensiones de vegetación. De los montes se extraen insumos para la casa, y en el traspatio se cuidan solares que son huertos para el autoconsumo. Las xa’anil naj (casas de guano) prevalecen en el paisaje de las comisarías, y han sido estudiadas como parte del patrimonio material e inmaterial de la cultura maya. “La casa más antigua que han encontrado estaba enterrada en Belice y data de 900 años antes de Cristo”, comenta Aurelio Sánchez. No es común que las xa’anil naj duren muchos años pues son percibidas como sujetos con un ciclo de vida que sirve para mantener los espacios de aprendizaje. Sánchez Suárez explicó que las casas mayas tienen que rehacerse a cada tanto porque de esta manera las nuevas generaciones aprenden a crearlas, algo que sucede cada vez menos pues en los parámetros estatales las casas perecederas son catalogadas como marginadas.

“El monte no son solo árboles y vegetación, son los animales, el espacio donde sacas la madera, el forraje para los animales. Es parte de tu vida como pueblo y el pulmón de las comunidades ante el embate climático que estamos pasando. Cuando acabas con los montes, acabas con la historia y la vida de un pueblo. Chablekal tiene edificios que datan del año 1,600 d. de C. como para que arrasen con todo, así como así”, opinó Silvia Chalé.

Carlos Yam Chin es profesor de botánica y manejo de vida silvestre del Tecnológico de Conkal, Yucatán, localidad de donde es originario. Conkal no es una comisaría, sino un municipio colindante a Mérida que también era considerado un pueblo maya. En el Plan de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento de Mérida reconoce que en Conkal hay un “fenómeno de crecimiento inmobiliario relacionado con su cercanía a la zona nororiente de Mérida, donde se llevan a cabo varios proyectos de vivienda residencial que, sujeto a las condiciones de localización del mercado del suelo, atrajo a un sector de la población de niveles socioeconómicos altos y medio alto”.

Para Yam esto ha significado la pérdida de elementos culturales de la población como los solares, huertas agroforestales para autoconsumo, pero en general, una pérdida de la conexión con la naturaleza. “Si tú hablas con los jóvenes de ahora no tienen idea de lo que es el campo. Ya no hay gente que haga milpa porque ya no tienen territorio y los que tienen, se los están quitando para vender. Por donde vivo antes era una zona de producción hortícola, antes se sacaban toneladas de hortalizas y eso ya no existe”, explicó.

Como gran parte de la zona norte de Yucatán, Conkal está en la selva baja caducifolia, una región que fue impactada por la industria del henequén en el siglo XIX y que estaba recuperándose hasta que llegaron las inmobiliarias, de acuerdo con el especialista. En la selva baja caducifolia habitan especies endémicas amenazadas, en peligro de extinción o protección especial. Por ejemplo, el jaguarundi, un pequeño gato salvaje, pariente del puma, que llega a pesar entre 3,5 y 9 kilogramos.

En septiembre de 2023, circularon en las redes sociales varios videos sobre el avistamiento de un jaguarundi en una zona residencial del norte de Mérida, en Cholul. Y en enero de este año, un ejemplar de ocelote fue encontrado sin vida en la carretera Mérida-Progreso, luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar.

“Estamos perdiendo la selva y con eso, la flora endémica de la región junto con sus poblaciones. Si ves las noticias cada vezaparecen más venados u ocelotes en la ciudad porque sus espacios se ven reducidos y son especies que demandan territorio. Los animales están siendo desplazados de la selva que se está perdiendo”, dijo Yam.

De acuerdo con Global Forest Watch, en los últimos 20 años, Mérida ha perdido más de 233 hectáreas de cobertura arbórea y el 100% del bosque primario húmedo. Por otro lado, en el mismo Plan de Desarrollo Urbano se reconoce que la cobertura artificial del suelo ha aumentado en un 50% en los últimos 20 años.

El inicio del colonialismo urbano en Mérida

El reordenamiento territorial y el cambio en la forma de habitar en Mérida no es nuevo. Inició en el siglo XVI con la llegada de los españoles y la centralización del poder en las ciudades capitales. El profesor Aurelio Sánchez lo explica así:

“El espacio se interpretó con la visión eurocéntrica y es cuando la plaza grande de Jo’ (Mérida) se convierte en la plaza principal. Consideraban a las ciudades mayas como “ciudades jardines” porque no estaban conglomeradas en un centro sino distribuidas. Ese reordenamiento territorial comenzó en el siglo XVI para el control, cuando se crean “polos de desarrollo” que son más bien “polos de control” del colonialismo y el extractivismo en la región”.

Cinco siglos después la visión del crecimiento de la ciudad y la resistencia a ese crecimiento siguen partiendo de las mismas lógicas: Hay una necesidad de expandir lo urbano y una necesidad de los pueblos mayas de defender su relación con los espacios abiertos, pues de eso depende el sistema de cultivo.

“El sistema de cultivo más eficaz en este territorio es la milpa y como casi no hay tierra ni nutrientes, el sistema requiere la migración y el esparcimiento de estos espacios. Siembras en un lugar y luego te mueves a otro. El concepto de habitar un espacio prestado se contrapone al esquema capitalista de la propiedad y la centralización”, dijo el especialista.

La dispersión urbana es una característica que se presenta como “negativa” en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida. Entre los objetivos de la administración 2018-2024 se encuentran: Reducir el porcentaje de viviendas en condiciones de precariedad, ampliar la cobertura de espacios públicos y áreas verdes, y disminuir la dispersión del área urbana y actividades productivas en la región metropolitana.

Para Mariana Ordóñez Grajales, fundadora de Comunal, grupo de trabajo que colabora en procesos para la Producción y Gestión Social del Hábitat (PyGSH), el racismo en las políticas públicas de vivienda en México no permite el desarrollo de las comunidades con perspectiva cultural. Refiere al Programa Nacional de Vivienda en el que se reconoce el derecho a una “vivienda adecuada”. Sin embargo, las reglas de operación exigen que la vivienda esté construida de cuatro a seis meses.

“Eso responde a una lógica donde los pueblos mayas no entran pues construir una casa tradicional puede tomar más tiempo. Hay que cortar las maderas en una fase lunar específica, darles un secado, cortar la palma, organizarse colectivamente. Eso no cabe en las lógicas de vivienda del Estado y eso provoca, obviamente, que el único modelo de vivienda para acceder a ese subsidio, que es un derecho, es con materiales industrializados o prototipos hechos por constructoras. Y se atreven a decir que eso es mejor que lo otro, que es más digno que el otro”.

Narrativas publicitarias para vender Mérida

Al transitar por las avenidas de la ciudad es común toparse con espectaculares que promocionan desarrollos habitacionales y terrenos lotificados “a solo 15 minutos de la ciudad”. En su libro, País sin techo (2023) la abogada Carla Escoffié, tomó una muestra de 153 proyectos de lotes de inversión en Yucatán, entre los cuales se encuentra los proyectos más ambiciosos. El desarrollo de terrenos residenciales Rosavento es promovida como “Ciudad Maya”, cuenta con más de 7,000 lotes vendibles y Ciudad Central, que actualmente se encuentra en su octava etapa, con más de 20,000 lotes y es vendido por la empresa de inversión inmobiliaria más grande en Mérida, Grupo Orve.

En el mismo libro, Escoffié menciona: “Muchos desarrollos no se promocionan directamente, sino que median sus ventas a través de empresas o particulares que se anuncian como vendedores de lotes, sin indicar en la información disponible cuáles son los que ayudan a vender”. Hay muchos desarrollos de los cuales no se tiene conocimiento sino a través de brokers inmobiliarios.

Esta medida de distancia se debe a que el crecimiento urbano se ha dado mayormente fuera del Anillo Periférico que delimita Mérida, hacia el Norte, Norponiente y Nororiente. La promoción de los desarrollos en Mérida está en toda la ciudad: Desde el aeropuerto hasta las comisarías mayas de Sitpach y Caucel, pasando por todo el anillo periférico. Mérida está tapizada de anuncios para invertir o comprar una residencia.

Yoshira Álvarez, abogada y asesora inmobiliaria con siete años de experiencia, menciona que en el sector se le conoce como “Triángulo Dorado” a las poblaciones mayas de Temozón Norte, Santa Gertrudis Copó, Cholul, Conkal, Chablekal y Tixcuytún. Este triángulo resulta ser la zona con mayor demanda para los nuevos inversionistas por encontrarse ubicada entre lujosos desarrollos habitacionales como La Ceiba, centros comerciales como The Harbor Lifestyle Mall y La Isla, instituciones educativas privadas como la Universidad Mayab y la Universidad Marista, y hospitales de alto nivel como el Hospital Faro del Mayab de Grupo Christus Muguerza.

A la pregunta de quién ha elegido desarrollar hacia esos lugares, Álvarez aseguró que todo vino a raíz de una decisión de los primeros grupos que se mudaron: “Se fueron asentando las clases altas en estas zonas. Eso fue lo que en un principio atrajo a muchísimas personas a adquirir propiedades en esos lugares. Fue más como un «yo quiero estar ahí, quiero pertenecer»”.

Álvarez menciona que la ciudad de Mérida se ha convertido en un “producto de moda” a nivel internacional. Y eso asegura la atracción de nuevos inversionistas que, a su vez, generan plusvalía. En estos últimos años, el gobierno se ha encargado de promocionar Yucatán como el “mejor estado para invertir”.

En distintos foros internacionales como el marco de la primera Cumbre Empresarial de Líderes del Comercio, Servicios y Turismo en 2023, el North Capital Forum o en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal insiste en que Yucatán es “el mejor lugar” para “la inversión del capital privado” de empresas con modelo nearshoring. Este término consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato: el salario de los obreros, la electricidad y los combustibles, los insumos y los impuestos.

La narrativa publicitaria está respaldada por los discursos oficiales del gobierno respecto a la seguridad de Mérida. La percepción de los residentes colocó a Mérida en el cuarto lugar de las ciudades más seguras de México, de acuerdo a resultados presentados en la Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a finales de 2023.

Para Mariana Ordóñez Grajales no hay seguridad sin convivencia. Con la construcción de estas “privadas residenciales”, las personas están cada vez más aisladas y los vínculos comunitarios se están rompiendo. Con datos del Panorama de la Vivienda en Mérida, una publicación del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, en los últimos 5 años se han autorizado 75 nuevos desarrollos inmobiliarios que representan 22,818 viviendas nuevas, de las cuales 81% corresponden al modelo de urbanización cerrada, o de acceso limitado. Estos recintos cerrados, rodeados con bardas altas y casetas de seguridad equipadas con cámaras de vigilancia en el exterior, son vendidos como entornos seguros para residir.

“Pero no hay mayor seguridad que saber quién es tu vecina, tu vecino, dialogar, poder convivir. La convivencia es lo que garantiza la seguridad”, expresó Mariana Ordóñez. “Estamos consumiendo una idea de seguridad que es más bien afín al modo de producción capitalista en serie, el cual promueve la individualización y la ruptura del tejido comunitario. Las personas que llegan a estos desarrollos sienten que están habitando un lugar cuando en realidad estamos frente a un proceso tremendo de desarraigo, territorial y cultural”.

Los desarrolladores promueven los Desarrollos Privados como una “tendencia” y “una nueva forma de habitar en Yucatán”. Estos desarrollos son espacios que cuentan con seguridad 24/7, amenidades recreativas para adultos e infancias, los servicios son administrados por empresas privadas. Y si cuentan con un Régimen Condominio, habrá un reglamento que limite o restrinja por completo la modificación de las fachadas y el tipo de uso que se le dará a su propia vivienda.

Gerardo Sánchez Trejo, doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Yucatán, realiza su tesis de doctorado sobre la publicidad de la industria inmobiliaria en comisarías de Mérida. Comparte que hay un término en inglés para este tipo de proyectos. Se llama Gated Community. Traducido significa “urbanización cerrada”. “El espacio público existe, entre comillas, porque no puedes acceder a él a menos que residas allí, tengas alguna amistad o familiar que te dé el acceso. Entonces parece que es espacio público, pero no es así”.

Para Gloria García Cereno, licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con cuatro años de experiencia en Marketing Inmobiliario, esta narrativa se complementa con la calidad de vida. Menciona que lo que más se destaca en la publicidad es estar en conexión con la naturaleza, salir de la ciudad y tener tu propio espacio: “Un pedazo de tierra para alejarse del estrés urbano, es lo más atractivo de las propiedades ubicadas en las afueras de la ciudad”.

El marketing inmobiliario se trata de un conjunto de estrategias y técnicas publicitarias que se implementan para dar promoción a viviendas en venta. En palabras de García Cereno, “su enfoque es escapar de las «ciudades grises» y llegar a un paraíso que se percibe como «tu propio oasis». No se trata necesariamente de estar en conexión con la cultura maya de manera directa, sino de transmitir mensajes visuales, estéticos o a través del nombre de los desarrollos inmobiliarios”.

A partir de la pandemia por Covid-19, la posibilidad de moverse de sitio y trabajar en remoto ha hecho más fácil atraer y segmentar a los nuevos clientes. García Cereno comparte que durante la segmentación de población para dirigir la publicidad buscan personas entre  30 y 55 años. Especifica que más arriba de 55, los adultos mayores, ya no buscan comprar un patrimonio porque están enfocados en vivir con lo que ya tienen.

“En diferentes plataformas tienen ciertas reglas para que no haya ningún tipo de discriminación, entonces no podemos poner simplemente las características físicas y sociales de la persona” comparte García. “Pero podemos poner en qué ciudades viven, qué deporte le gusta, el modelo de su celular o si viajas fuera del país. Si viaja fuera dos o más veces por año, sabemos que esta es una persona con un nivel adquisitivo alto. Todos esos criterios que pueden ir formando al buyer persona, que buscamos”.

El cliente prototípico, en palabras de García, es una persona que gana alrededor de 200 mil pesos al mes porque son quienes, a su vez, podrían asumir el gasto de comprar una vivienda con los precios actuales en el mercado de Mérida. Por lo que las campañas se dirigen a los estados que tienen sueldos más altos. “Estamos hablando de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara”, aseveró. “Vienen personas de otros lugares para vivir este sueño o para vivir esta vida que se les está presentando en la publicidad”.

Vivir en el paraíso: Expectativa vs. Realidad

Las especialistas en inmobiliarias aseguran que el 65% de los compradores de residenciales no tienen planeado vivir ahí, compran por especulación e inversión. En el artículo ‘Política habitacional y desocupación de vivienda en Mérida’, la doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Susana Pérez Medina, expuso que, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, hay 61 mil 238 viviendas particulares en la Zona Metropolitana de Mérida. De las cuales 13.8% están desocupadas: 8% de ellas se encuentran en el centro de la ciudad y 92% en la periferia, justo donde se concentran la mayor parte de los nuevos fraccionamientos que se publicitan para inversión en el estado.

Por otro lado, quienes sí terminan habitando en esas residencias también se topan con modos de vida distintos y esto ha generado roces en la convivencia. La investigación de Gerardo Sánchez versa sobre cómo estas narrativas publicitarias impactan en los modos de habitar, tanto de las personas originarias en las comisarías como de quienes están llegando: “Una cosa es lo que se les vende, esa narrativa publicitaria, y lo que pasa realmente una vez que llegan a habitar estos desarrollos”, dijo.

Sánchez también trabajó en la industria mobiliaria, específicamente en el área de comunicación y publicidad. Por eso, aseguró, está familiarizado con las narrativas publicitarias que venden un estilo de vida idílico. Esta entrevista se realizó en el Centro Comercial La Isla, una de las amenidades del mega proyecto inmobiliario Cabo Norte. “Aquí hay un lago artificial que construyeron en medio de Mérida cuando más bien aquí el agua es subterránea. Esta narrativa de que todo te queda cerca ya no es real, los tiempos de traslado han incrementado mucho. Quienes diseñan desde el escritorio no viven los padecimientos de las personas que viven en estos lugares, la falta de infraestructura, de transporte público, las necesidades de las personas que cuidan y trabajan. Pero no hay que ser un funcionario ni tener un doctorado para darse cuenta de las deficiencias en la planificación que hay después del periférico de Mérida”.

“Nos cuesta más trabajo movernos a Conkal. Si tú vas para el Seguro Social, tienes que agarrar un mototaxi, porque no tenemos transporte público de ese lado, y nos cuesta alrededor de 70 a 150 pesos la ida”, comparte Silvia Beatriz Chalé Euán.

Testimonios de nuevos habitantes, población originaria y especialistas coinciden en que una vez instalados en las comisarías se desencadenan una serie de violencias simbólicas y realidades de mala planeación: Las costumbres de la comunidad se ven comprometidas, el transporte público no da abasto, la crisis vial incrementa, el precio de la vivienda y los servicios encarecen para las comunidades al pasar de pagar 20 pesos a 10 mil pesos de predial, y la convivencia entre los habitantes originales y nuevos vecinos se tensa.

En todas las comisarías reporteadas, Chablekal, Temozón Norte y Santa Gertrudis Copó, ha habido conflictos por las fiestas tradicionales. Los nuevos habitantes reclaman al pueblo por el ruido, los fuegos artificiales y las fiestas.

“Nos decían que hay mucho ruido, que no deberíamos reventar voladores [fuegos artificiales] porque estamos asustando a sus animales, pero todo el pueblo tiene animales. El chiste es no pretender que un pueblo deje de hacer su vida”, opinó Silvia Chalé de Chablekal. Cristian Bagundo, comisaria de Temozón Norte, confirmó que los nuevos residentes han llegado a exigirle que se cancelen las fiestas.

En esta comisaría del norte de Mérida, desde hace dos años, se registran agresiones a los habitantes originarios. Bagundo aseguró que jóvenes de las residenciales pasan en auto y avientan huevos a las casas del pueblo. “Nunca hemos logrado agarrarlos porque pasan cuando estamos desprevenidos. Pasaron el 31 de diciembre, estábamos parados en la puerta de una casa y nos empezaron a tirar huevos. La otra vez le tiraron piedras a una casa y vienen en carrazos, de carrazos se bajan los chavos”, dijo.

Leydi Cocom Valencia, comisaria de Santa Gertrudis Copó, agregó que hay algunos vecinos que también se han quejado de los animales de traspatio de los pobladores: “Les dicen que los quiten porque huelen mal. Para mí ahí está la discriminación y la violencia. Suena realmente fuerte para nosotros que digas que tengo que quitar mis gallinas, mi cerdito. Yo prefiero comer de verdad, puerco recién matado en domingo a comprar en el Súper, carne congelada de quién sabe cuántos años”.

De acuerdo con las entrevistas, es común que los nuevos habitantes pasen más tiempo dentro de la ciudad de Mérida que en la comisaría a la que pertenecen. Yoshira Álvarez, abogada y asesora inmobiliaria, confirmó que no hay una cercanía entre quienes viven en las privadas y la población originaria, debido a que cuentan con “amenidades” dentro de las áreas privadas: caminata, alberca, gimnasio, parques. Los asesores inmobiliarios tampoco tienen contacto con los pobladores.

“Son entornos cerrados con seguridad privada donde únicamente quienes han comprado tienen acceso. Los residentes de los nuevos proyectos inmobiliarios prácticamente son indiferentes ante los pobladores. En el mejor de los casos los consideran como proveedores de servicios y los contratan para construcción, carpintería, plomería, servicio de limpieza”, aseguró.

Las personas entrevistadas coincidieron en que la relación que existe entre los vecinos originales y los nuevos es sobre todo de patronazgo. La comisaria de Santa Gertrudis Copó, Leydi Cocom, dijo: “Nos miran a las mujeres como personas para limpiar casas. Nos van quitando la esencia del pueblo porque solamente nos ven como empleados cuando podríamos ser empleadores.

Pérdida de la autonomía 

En noviembre de 2023, autoridades y vecinos de los municipios de Santa Gertrudis Copó y Temozón Norte, alzaron la voz para solicitar el paro de permisos para construcción del desarrollo Aantink; un proyecto monumental que incluye varias torres con residencias “premium”, un centro comercial y un hotel, que actualmente está devastando la zona. Desarrollado y promovido por la empresa New Mérida Real Estate Master Broker, cuyo director y extitular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Enrique Trava Griffin, está siendo investigado, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde noviembre de 2023, por operar con recursos de “procedencia poco clara” Los habitantes denunciaron que no hubo consulta a la población originaria, previa a la constitución del desarrollo, como lo establece el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI):

“El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos.”

Santa Gertrudis Copó es la primera comisaría en obtener un dictamen antropológico social del Instituto Nacional de Antropología e Historia que les reconoce como un pueblo maya y, por lo tanto, la obligación del Estado y las empresas a realizar una consulta a los habitantes. En el 2018, comenzaron a construir muros en los espacios públicos del pueblo de Santa Gertrudis y el pueblo se organizó para meter solicitudes de intervención y amparos en varios niveles de gobierno: al comisario municipal de ese entonces, al comisario ejidal, y a las autoridades municipales y estatales.

“La comunidad empezó esta defensa al ver cómo estamos siendo invadidos por máquinas y empresarios que sentimos como una invasión. El dictamen del INAH dice que Santa Gertrudis conserva su cosmovisión maya, por lo tanto, tiene que ser consultada ante cualquier proyecto que se pueda hacer en su territorio vivido. Sin embargo, vemos que los gobiernos realmente no nos están preguntando. Pasan por encima de nosotros, por encima de nuestros derechos”, expresó la comisaria Leydi Cocom.

A cinco años del inicio de esta exigencia no han tenido una respuesta que les otorgue certeza jurídica de sus espacios públicos. “Durante cinco años realizamos denuncias y gestiones ante diversos gobiernos y entidades, hasta apenas hace año y medio más o menos tuvimos que meter amparos a las diferentes instituciones, incluyendo la IVEY y Desarrollo Urbano. A pesar de tener certezas jurídicas, no obtuvimos respuestas en el plazo establecido por ley, que cuando se trata de un funcionario público, el plazo no debería ser mayor a tres meses. Es imperativo que cumplan con sus responsabilidades, ya que es su competencia iniciar este proceso”, explica Leydi.

Derivado de esto, la comisaría interpuso amparos ante Juzgados de Yucatán contra el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) por la omisión de su respuesta cuando se solicitó la intervención ante una problemática existente en el campo deportivo ubicado en Santa Gertrudis Copó; contra Desarrollo Urbano del municipio de Mérida por la omisión de dar respuesta a la petición relacionada con el campo deportivo; y un tercer amparo contra Desarrollo Urbano del municipio de Mérida, IVEY, Gobernador del Estado de Yucatán, y Presidente Municipal de Mérida, por la omisión de dar respuesta a la petición relacionada con el casco de la exhacienda.

Para este reportaje, solicitamos entrevistas a las autoridades del IVEY y el Desarrollo Urbano de Mérida pero fueron negadas, la razón que dieron fue que “las entrevistas estaban limitadas debido al proceso electoral”.

La publicidad de las residenciales nombra a Santa Gertrudis Copó como una colonia y no como una comisaría maya, Cocom mencionó que este proceso de despojo se puso en marcha desde hace años, cuando retiraron autoridades tradicionales como el juez de paz.

“Una figura importantísima para nuestras comunidades. Gente honorable, pacífica y de buen juicio que han aportado a la justicia desde los tiempos de nuestros abuelos. Convertirnos en colonia implicaría perder a nuestras autoridades locales, nuestras asambleas, que las decisiones dejen de depender del pueblo”, agregó.

A la comisaría de Chablekal también le han retirado el juez de paz, la administración del cementerio, limitado el servicio del Registro Civil que era la sede de otras comisarías cercanas y el control de algunas actividades en el espacio público.

“Ahora es el municipio quien decide a qué hora se entierra el muerto y los trámites administrativos de defunción se realizan en Mérida. Eso le resta autoridad a los representantes que nosotros elegimos. Poco a poco y sin hacer ruido van quitando algunas cosas y perjudicando muchas cosas en el pueblo como si fuéramos, efectivamente, una colonia”, dijo Silvia Chalé.

Hace unos meses, la comunidad estaba organizando un evento en la plaza para comercializar productos y el municipio les solicitó permisos, algo que antes no sucedía. “Es ese control, el poder de decisiones, de decir: Yo digo qué, cuándo y a qué horas, por parte de este municipio. Siguen pensando que el municipio sabe lo que los pueblos no. Es esa manera tutelar del municipio que no está atendiendo las necesidades básicas ni respetando la vida de los pueblos, solo nos ven como una colonia. Ya estamos a punto de desaparecer” añadió Chalé.

El cambio del paisaje y vida en los pueblos

Yoshira Álvarez, explicó que la inversión al adquirir la propiedad puede incrementar el precio en un año de un 10% o 12%, en la zona nororiente o norponiente. Ese aumento impacta directamente en el pago anual del predial para los habitantes originarios, la plusvalía de la zona norte se vuelve insostenible para quienes han vivido ahí toda su vida.

“El año pasado el predial subió cinco veces más, aunque depende del terreno. Hay personas a quienes les llegó la cuenta de 8 mil pesos cuando antes pagaban 100 o 200 pesos. No podemos negar que tenemos que pagar impuestos, pero mi gente no va a poder pagar lo mismo que la gente que vive en Cabo Norte. Aquí se gana más o menos el salario mínimo”, dijo Leydi Cocom de Santa Gertrudis Copó.

En enero de 2024, la comisaria de Temozón Norte, Cristian Bagundo, tuvo que gestionar el descuento de varias personas del pueblo, a quienes les llegó el pago anual del predial entre 11 mil y 18 mil pesos. Logró que les descontaran a 3,500 pesos, que sigue siendo alto en comparación a los 100 pesos que les llegaba en años anteriores.

“La gente me pregunta dónde vivo y cuando les digo que en Temozón me dicen: Ah, con los ricos. Y pues no, nosotros no somos ricos, nos ponen en alta plusvalía, pero las personas de aquí ganan como 1,700 pesos a la semana”, expresó.

El paisaje también ha cambiado: han comenzado a construirse establecimientos comerciales que no son accesibles para la población originaria. Construyeron una panadería gourmet en Temozón Norte, donde los panes cuestan 70 pesos, cuando un pan dulce cuesta entre 7 y 15 pesos en otras zonas de Mérida. Bagundo afirmó que ahora están construyendo dos cafeterías y, solo por la fachada, dan por hecho que no van a poder consumir ahí.

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“La iglesia era una iglesia tradicional, de pueblo. Ahora es de cristal, tiene aire acondicionado. ¿Quienes vienen? Los ricos. Ellos ocupan toda la iglesia. El domingo a las 12 todos los carros vienen aquí y nosotros ya no cabemos. Antes iba todo el pueblo y ahí nos veíamos, platicábamos. Ahora ya no podemos hablar porque no hay lugar, estamos dispersos. Y si quieres bautizar a tu hijo, cuesta 5 mil pesos. Seas del pueblo o no seas del pueblo. Cada que hay misa hay entrada de dinero, y la verdad, no hay ningún beneficio para nosotros”, dijo Bagundo.

Silvia Chalé de Chablekal opinó que las necesidades del pueblo están por debajo de las inversiones que se realizan en Mérida y en los alrededores: “A nosotros nos decían que estábamos muy cerca de las universidades. La Marista, la Mayab. Universidades a las que no vamos a ir por las condiciones del dinero. Y en Chablekal ni siquiera tenemos una prepa. Estamos alrededor de universidades y hospitales a los cuales no podemos ir. Para movernos al seguro social tenemos que ir hasta Conkal (otro municipio de Yucatán) y nos cuesta casi 150 pesos el mototaxi para trasladarnos”.

Existen decenas de inmobiliarias y fraccionamientos de la zona norte de Mérida que utilizan la identidad maya como parte de su identidad empresarial nombrando a los desarrollos “Inmobiliaria Habitat Maya”, “Grupo Inmobiliario Secreto Maya”, “Visión maya inmobiliaria”, “Maya Dreams”. Carlos Yam habló de una apropiación cultural respecto a los conocimientos y la identidad maya en algunos desarrollos, incluso en aquellos que se nombran como “Ciudades sostenibles” y que se insertan en comunidades mayas.

“Estos sitios no son para las personas mayas ni para la gente de Yucatán. Ahí hay un proceso de gentrificación y de apropiación cultural porque te lo venden desde la cultura maya, construyen las casas con base a las características del terreno y conservan los árboles. Van a tener su gimnasio, sus albercas, sus bibliotecas, su parque. Pero le cambian el contexto, le suman cosas místicas, religiosas, numerología, cosas que ni son mayas”, comentó.

Las xa’anil naj, consideradas por el Estado como casas precarias, también se utilizan en algunos desarrollos. Sobre esto, Mariana Ordoñez de Comunal dijo:

“Hace como una semana me aparecía un anuncio de un desarrollo inmobiliario que tomaba la materialidad de la casa tradicional de los pueblos mayas, pero le llamaban bungalow y no era más que el extractivismo del modo de habitar de estos pueblos. Es tomar la estética de una forma de vida que es negada, porque quienes producen este tipo de arquitecturas despojan del territorio a estos pueblos y se apropian de sus modos de construir para capitalizarlo. Esto es terriblemente racista y colonial”.

Las formas de vida que se adaptan al entorno biocultural, como el pueblo maya, añadió Ordoñez, son precisamente las que conservan las guías y premisas para salir de la crisis climática y vivir en armonía con el medio natural.

Sobre esto, Silvia Chalé coincidió en que le parece racista que las comunidades están siendo rezagadas debido a que en estos espacios se encuentran los montes y la misma tranquilidad que se oferta en la publicidad inmobiliaria. “Somos violentados, perjudicados y vistos como pobres cuando somos un pueblo de grandes riquezas, con una gran vida y visión. Hoy somos un estorbo para las empresas y para los gobiernos que quieren desplazarnos por vivir donde están los recursos naturales”, expresó.

Comunidades como Santa Gertrudis Copó también han planteado soluciones. Leydi Cocom propone marcar polígonos de actuación para delimitar las zonas originarias, que sean preservadas de acuerdo a sus derechos como pueblo maya. “Yo creo en la modificación del Plan de Desarrollo Urbano del municipio (de Mérida)”, dijo.

Para algunos de los entrevistados, la respuesta al desplazamiento de las formas de vida maya está en el arraigo de la identidad. El investigador Aurelio Sánchez Suárez habló sobre el múul meyaj que se traduce en español como “trabajar juntos” y en la práctica se trata de una forma de organización maya que convoca a esos pueblos dispersos en el territorio para apoyarse en un momento de emergencia. A diferencia de otras formas de organización como el tequio o la faena, el múul meyaj no es una obligación, es una estrategia de resistencia.

“La resistencia se da porque nuestro concepto de territorio va más allá de lo que es tu propiedad. El concepto de territorio no es un concepto geopolítico, sino de relaciones que tenemos como pueblo, el derecho a ir a ayudar al pueblo vecino porque también es mío, aunque yo no habite ahí permanentemente”, finalizó.

^{Una versión de este reportaje se publicó originalmente en Memorias de Nómada}

^{En portada: Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante una reunión de trabajo con el entonces jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glen D. VanHerck. Julio, 2021.}

El pasado mes de marzo el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al parlamento mexicano la autorización para que se permita el ingreso de personal militar de los Estados Unidos en territorio nacional, a efecto de que participen en la actividad del adiestramiento denominado Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto(JCET por sus siglas en inglés). Este 2 de abril el Senado ha aprobado dicha intervención.

Para este ejercicio se espera el arribo de 11 militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU. Un evento que tendrá lugar en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chihuahua), del 9 de abril al 16 de mayo de 2024.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador Félix Salgado Macedonio, presentó oficialmente la solicitud al Senado, donde fue aprobado con un total de 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Este ejercicio militar, según Patrick Paterson, quien trabajó en este informe, es considerado la principal herramienta de interacción con los países aliados de EEUU, donde las Fuerzas de Operaciones Especiales se despliegan en unidades pequeñas durante unas semanas o meses para entrenar a los militares de los países socios. “Esto incluye mejorar su competencia cultural y lingüística, aprender a operar en ciertas condiciones geográficas y a evaluar las capacidades de las fuerzas extranjeras”, según Paterson, Decano Asociado de Investigación y Publicaciones del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de EEUU.

Además, este tipo de acercamiento que realiza Estados Unidos es “para mejorar la competencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU y perfeccionar las aptitudes en contextos críticos de una misión [por ejemplo, en una guerra no convencional o Defensa Interna Exterior]”, según un informe de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales, presentado en 2016.

El adiestramiento es dirigido normalmente por un grupo de élite denominado destacamento alfa, compuesto por un elemento de guerra especial de la Armada, una unidad del mando de operaciones especiales de las Fuerzas Aéreas de los EEUU. Aunque la composición del equipo puede variar, el propósito es el mismo. “Cada miembro del equipo tiene una función específica, que va desde operaciones e inteligencia, armas, ingeniería, tareas médicas y comunicaciones”, agrega el documento de Universidad de las Fuerzas Especiales.

Además de evaluar el nivel de competencia táctica y los conocimientos operativos con los que cuentan los militares quienes reciben la capacitación, “evalúan el entorno operativo para futuras operaciones, como la evacuación de ciudadanos estadounidenses”, refiere Paterson y agrega que no “dedican una formación formal a los derechos humanos (…), estos temas raras veces forman parte de los cientos de eventos de capacitación ”.

EEUU viene realizando este tipo de ejercicio desde el año 1998, llevando a cabo más de 2 mil misiones de adiestramiento y entrenando a casi 150 mil tropas extranjeras, con el objetivo de “evitar en el futuro una participación militar costosa y a gran escala como la guerra de Irak y Afganistán”, puntualiza el informe.

Mientras tanto, los parlamentarios mexicanos informaron que esta actividad busca “mejorar la capacidad de planeación y ejecución de operaciones especiales, habilidades necesarias para el correcto desempeño del Ejército mexicano en sus tareas”.

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Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien votó en contra, criticó que los militares ingresen a México portando armas, lo cual está prohibido en la carta magna de este país. “¿No les parece una cesión de soberanía?”, cuestionó el legislador del Grupo Plural del Senado.

Por otro lado, el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), quien se pronunció a favor del dictamen, consideró “un exceso” el no permitir este ejercicio. “No veo cómo se pueda poner en riesgo la soberanía nacional porque 11 elementos especializados de un Ejército extranjero vengan a dar cursos de capacitación al Ejército mexicano”, declaró.

El senador Félix Salgado, quien presentó la petición del mandatario mexicano, señaló que estas acciones permitirán “fortalecer la relación bilateral” con EEUU, en coordinación con el Comando Norte de EEUU, con quien han establecido el llamado “Plan Anual de Actividades 2024”, a través del cual realizarán una serie de entrenamientos combinados conjuntos durante el resto del año.

Es en este actual periodo de gobierno cuando más se ha permitido abiertamente la internalización de militares estadounidenses armados a territorio mexicano. En diciembre pasado, el Senado también autorizó la llegada del mismo número de elementos, quienes instruyeron a militares mexicanos en el estado de México.

En 2022 México fungió como coanfitrión, junto con Belice, para la recepción de militares provenientes de 23 países que participaron en los ejercicios militares denominados Tradewinds 2022. Participaron más de 1,500 militares y organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en territorio mexicano.

Es un momento inédito para los EEUU, pues nunca antes había podido pisar el territorio mexicano de esta manera. La última vez que lo hizo, en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue en secreto, el 31 de enero del 2017, en un hangar de la Marina en la frontera sur de México, Tapachula, Chiapas. Participaron Lori Robinson, jefa del Comando Norte de Estados Unidos, Kurt Tidd, líder del Comando Sur, y la embajadora de EEUU, Roberta Jacobson, asi como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

^{En portada: Durante 2022 se realizó la caravana de los pueblos del Altepelmecalli, en la cual visitaron el relleno sanitario intermunicipal de Cholula donde su operación afecta el agua y la tierra de las zonas de siembra. Foto: Elizabeth Díaz / Sueña Dignidad}

En el marco de las acciones que comunidades campesinas e indígenas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, realizan desde el pasado 21 de marzo para exigir la clausura del relleno sanitario ubicado en las inmediaciones de San Francisco Coapan y Garzas, este martes (2) denunciaron haber encontrado indicios de contaminación por coliformes fecales, responsables de enfermedades gastrointestinales, en fuentes de agua cercanas al basurero.

Durante rueda de prensa, realizada en el plantón que mantienen desde hace 12 días para impedir el ingreso de basura al relleno sanitario, informaron que, de acuerdo a análisis realizados por científicos de la Universidad Autónoma de México (UAM), campus Azcapotzalco, concluyeron que el agua de la región no es potable.

Habitantes de los pueblos de la región choluteca – comunidades de San Mateo Cuanala, de la colonia Los Ángeles, San Andrés Calpan, Santa Maria Zacatepec, San Sebastián Tepalcatepec, San Lucas Atzala y San Juan Tlautla – escucharon los resultados de la investigación efectuada por la doctora Sylvie Jeanne Turpin Marion, especialista en manejo de residuos y profesora investigadora de la UAM.

La doctora Turpin informó que, en los análisis de muestras de agua, tomadas de cinco pozos noria (aguas subterráneas que provienen de las filtraciones de cauces naturales en las posiciones más altas) que abastecen comunidades de la región, se encontraron “cantidades brutales” de coliformes y materia orgánica.

La investigadora subrayó que “la materia orgánica es la que alimenta a los coliformes, de esto pueden vivir. También el color del agua no estaba del todo regular, de ahí se deduce que efectivamente los lixiviados tuvieron que intervenir”, sostuvo la investigadora quien enfatizó que se deben tomar medidas para tratar el agua que “definitivamente no es potable”.

Según explicó la científica, se debe considerar que, al operar un relleno sanitario, se forman lixiviados (escurrimientos a través de los residuos) que si no están bien controlados, se dispersan provocando afectaciones ambientales.

Las muestras de agua recogidas en Puebla fueron trasladadas a la ciudad de México y analizadas en los laboratorios del departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco.

Irregularidades ambientales

De acuerdo a la organización Unión de Pueblos, quienes demandan la clausura del relleno sanitario, sólo en los primeros ocho días del plantón han impedido el ingreso de 480 toneladas de basura provenientes de 23 municipios de Puebla, así como de otras localidades de la Ciudad de México, Estado de México e incluso de Oaxaca.

La investigadora de la UAM informó que existen normas dictadas por la regulación ambiental y en este caso se refirió a la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual regula la construcción y operación de rellenos sanitarios. Según la doctora, esta normativa no permite la existencia de basureros encima de mantos freáticos o en la cercanía de pozos. “Hay distancias que respetar y, visiblemente, esta norma, en este caso, no se aplicó”, sostuvo Turpin.

“Dentro de la norma 083 (…) está indicado que los propios operadores del relleno deben de hacer también monitoreo de las aguas subterráneas, antes de la corriente del manto freático y hasta después, para controlar, si hubo consecuencias o no, y si el relleno tuviera problemas precisamente de captación y tratamiento de lixiviados”, detalló la investigadora.

Acorde a la investigadora, quien cuenta con experiencia de décadas en ingeniería química y ambiental, las muestras fueron georeferenciadas y tomadas a una profundidad de entre 28 a 35 metros, por lo que, en su análisis, hay poca posibilidad de que exista otra fuente de contaminación del agua, que no sea por los lixiviados derivados por los residuos sólidos que son vertidos en el relleno sanitario.

No obstante, para confirmar los niveles de contaminación de las pruebas, la doctora Turpin anunció que se realizará una segunda campaña de muestreos con el fin de eliminar la presunción de que la contaminación derive de otras causas que no sean el basurero, como podrían ser drenajes o fosas sépticas. “Si estos análisis siguen en el mismo orden de tamaño (de contaminación) que los primeros, ya se podría actuar de forma legal”, concluyó la investigadora en referencia a la presentación de denuncias ambientales.

Afectaciones del basurero

Juan Carlos Flores, abogado de la Unión de Pueblos, contextualizó que, tras las demandas de las comunidades de la región choluteca para que las diferentes dependencias de gobierno, locales y federales, entreguen información para conocer el cumplimiento de regulaciones ambientales del relleno sanitario, éstas mantienen la negativa a proporcionar estos datos.

Mas aún, el abogado denunció que existe una estrategia, por parte de funcionarios del gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaría de medioambiente estatal, quienes condicionan la entrega de información sobre los impactos ambientales del basurero, a cambio de que la Unión de Pueblos participe en mesas de diálogo para retirar el plantón.

Flores señaló que ya han interpuesto denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que están en la espera de la realización de una nueva inspección por parte de las autoridades ambientales.

Cabe recordar que, el pasado 4 de febrero, comunidades de la Unión de Pueblos detuvieron las obras de ampliación del relleno sanitario debido a que demostaron que no existían los permisos requeridos. No obstante, la suspensión duró algunas horas y los trabajos se reanudaron con el aval del ayuntamiento de Cholula.

De acuerdo al abogado, funcionarios de Profepa anunciaron que esta misma semana se realizará una inspección para verificar que el basurero cumple con las medidas ambientales a las que se comprometió a inicios de año.

“De igual manera hemos empezado a interponer juicios de amparo contra la contaminación de los pozos y los mantos freáticos, así como contra la ampliación que se pretende hacer del basurero al margen de una consulta indígena”, sostuvo el abogado.

Además, añadió que, entre las razones por las que la Unión de Pueblos cree que se les niega el acceso a los documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental se debe a que el basurero opera “al margen de las normas pues ha cumplido con su capacidad”.

Acorde a datos proporcionados por la Unión de Pueblos, la superficie aproximada del basurero ubicado en la región Cholulteca es mayor a los 36 mil metros cuadrados. Dicha organización denuncia que el basurero opera, desde el año 2008, “ilegalmente bajo la corrupción del Rey de la Basura y hoy candidato a diputado federal por Morena (partido del Movimiento de Regeneración Nacional) en Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa, José Juan Espinoza y el ex gobernador del estado, Rafael Moreno Valle”.

“A raz de suelo, el basurero asesino tiene una altura aproximada de 30 metros, sin embargo, es importante considerar que de profundidad alcanza otros 30 metros, por lo que estaríamos hablando de una altura total de 60 metros”, subraya la organización de comunidades en la región Choluteca, quienes señalan que el radio de contaminación abarca dos kilómetros alrededor del relleno sanitario.

Testimonios de pobladores de la región enfatizaron que existen diversas manifestaciones de la contaminación producto de la operación del basurero. Entre ellas, enunciaron daños a plantas y siembras, así como a actividades como la apicultura y la economía campesina, pues productores resienten la dificultad para vender sus productos, debido a que pobladores de la región reconocen que lo producido en las inmediaciones del relleno sanitario podrían estar contaminados.

También subrayaron la existencia de enfermedades, sobre todo gastrointestinales, así como el peligro que representa la acumulación del gas metano producto de los residuos sólidos, cuyo riesgo, además de contribuir al calentamiento global, puede representar la causa de incendios.

Plantón se mantiene

Tras la instalación del plantón en las inmediaciones del relleno sanitario, el pasado 21 de marzo, la Unión de Pueblos informó que en los días posteriores se han realizado asambleas en las comunidades de la región donde se tomó la decisión de mantener las acciones hasta conseguir la clausura del basurero.

En un acta de asamblea fechado el 24 de marzo pasado, las comunidades afectadas por la contaminación aseveraron que “esta decisión es una medida urgente para proteger el medio ambiente, el agua y la vida y tenemos el derecho y deber de proteger el medio ambiente”, por lo que responsabilizaron a la empresa ProFaj y al gobierno de Puebla de cualquier medida represiva en su contra.

Cabe subrayar que el plantón se mantiene al margen de la carretera Cholula a Calpan, “por lo que el gobierno no tiene pretexto para reprimir nuestro derecho a emprender acciones en defensa del ambiente”, señala la Unión de Pueblos.

Pese a que el gobierno federal impulsa la eliminación del glifosato por ser considerado como cancerígeno en humanos, actualmente existe una contradicción entre las declaraciones del Ejecutivo Federal y los organismos científicos y dependencias a cargo de realizar acciones para concretar esta estrategia que estaba prevista para tomar efecto a partir de este lunes (1).

Mientras científicos argumentan que el glifosato no es un factor determinante para la producción agrícola, dependencias del gobierno mexicano anunciaron la postergación de su prohibición, anunciada por el presidente mediante decreto presidencial, justificando “prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país”.

Mediante comunicado, las instituciones de los sectores de economía, agricultura, medio ambiente y regulación sanitaria justificaron la continuación en el uso del herbicida debido a que “no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana”.

Cabe recordar que, el 13 de febrero de 2023, México emitió un decreto presidencial para iniciar la eliminación gradual del herbicida, hasta llegar a su prohibición total. En el mismo decreto se estableció la sustitución paulatina de las importaciones de maíz genéticamente modificado, acciones que han generado reclamos de EEUU, el principal vendedor de estos insumos a México.

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Cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalan que, para el año 2023, México redujo hasta en 50% las importaciones de glifosato en comparación con el año previo, como parte de las acciones para su eliminación gradual.

Reducción paulatina

Por su parte, científicos mexicanos, integrantes del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), así como funcionarios federales, han declarado que la reducción de importaciones de glifosato no ha implicado la caída de la producción de alimentos en México.

“No habrá crisis de producción ante la prohibición de este herbicida, ya que la productividad depende de muchos factores como el clima, el agua, el suelo, nutrientes, fertilizantes que se utilizan, la tecnificación, la maquinaria disponible y la experiencia de los productores. El glifosato sólo es un secante de amplio espectro orientado a matar todo tipo de vegetación, suelos y medioambiente”, remarcó Leticia López Cepeda, integrante de la plataforma de monitoreo del glifosato en México del Conahcyt, durante rueda de prensa realizada el pasado miércoles (27).

En la conferencia, realizada un día tras el anuncio de la postergación de la prohibición del glifosato, la titular del Conachyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, subrayó que, mediante la Encuesta Nacional de Uso de Glifosato (ENUG), realizada en conjunto con la Procuraduría Agraria, proyectaron que el uso promedio del herbicida a nivel nacional es de 2.6 litros por productor anualmente, lo que demuestra que la mayoría de los productores de núcleos agrarios trabajan sin el agrotóxico.

Los datos de la ENUG revelan que 44% de los productores encuestados usan glifosato. De ellos, sólo el 8.7% corresponde a uso de gran escala, 34.1% de mediana y 57.2% de pequeña.

Veracruz, Chiapas, Campeche, Guerrero y Tabasco son los estados que reportan mayor uso de glifosato en el cultivo de maíces, tanto híbridos como nativos, pese a no estar autorizados, detalla la ENUG.

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En contraste, científicos subrayaron que ya existen alternativas como la elaboración de más de 60 millones de litros de bioinsumos y otros fertilizantes que se encuentran en la etapa de aprobación por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Agroecología, alternativa

Ana Laura Wegier Briulo, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó que el tiempo para preservar la agrobiodiversidad, debido a los desafíos ambientales mundiales, se está agotando. También remarcó que, comparada con toda la historia que ha configurado a México, desde hace 10,000 años como una de las cunas de la agricultura, “es muy reciente la dependencia que se ha generado a estos productos químicos importados, como el glifosato”.

Wegier abundó en las afectaciones por el uso de semillas modificadas, que denominó como “muy poco diversas”, y que están acompañadas de paquetes tecnológicos, que “brindan una falsa percepción de ser mejores de lo que antes teníamos”.

La investigadora remarcó que el uso de los agrotóxicos y semillas modificadas genéticamente “no están dando un valor a nuestras prácticas de manejo de cultivos ni a nuestra agrobiodiversidad, ni a nuestra alimentación, ni a la salud humana”.

Por su parte, Victor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), acusó que existe una campaña, “orquestada desde las corporaciones multinacionales” para atacar la prohibición del glifosato.

En este punto, rechazó datos como los utilizados por el Consejo Nacional Agropecuario y de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, quienes han señalado que la eliminación del herbicida causaría una reducción de hasta 40% de la producción de cereales en el país.

Ante ello, el funcionario federal negó este escenario y aseguró que “la seguridad alimentaria de México sin glifosato no ha estado ni estará en riesgo (…) nunca ha dependido, ni dependerá, de un herbicida o cualquier otro insumo importado”.

Sustitutos

Mientras que la plataforma de acciones para prescindir del glifosato, que comprende 85 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, donde participan más de 700 personas investigadoras y tecnólogas, señala que ya existen sustitutos al herbicida, el presidente de México apunta lo contrario.

“Ya se cuentan con los métodos y alternativas suficientes para la sustitución, por lo que no se hace necesaria ningún tipo de prórroga para otorgar autorizaciones y permisos de este herbicida, ya que, de posponer el periodo de prohibición del glifosato, seguiríamos afectando y se afectarían más aquellas acciones urgentes e indispensables para atender la grave problemática de salud humana y ambiental”, subrayó Leticia López Cepeda.

En contraste, durante conferencia de prensa de este lunes (1), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que “no hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud pero no hay un sustituto”.

Por ello, aseveró que el glifosato podrá ser importado a México en tanto se desarrollan alternativas que no sean dañinas a la salud.

^{En portada: Acompañado del embajador de EEUU en México, Ken Salazar, y otros 100 diplomáticos, el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presume las obras de Puerto Peñasco, el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica que forma parte del Plan Sonora. Febrero, 2023.}

Pese a la enunciación desde el oficialismo, de que la construcción y operación de infraestructura energética, transporte e industria impulsadas con ahínco en el Sureste y Noroeste mexicano responden a cuestiones de soberanía nacional, un estudio realizado por el colectivo GeoComunes devela como el despliegue reciente de estos proyectos refuerzan una dinámica territorial de subordinación al capital extranjero, primordialmente de los EEUU.

Esta lógica, detalla el informe, cohesiona diversos proyectos ante el denominado nearshoring, una política que busca trasladar actividades extractivas y manufactureras -que requieren una alta demanda de bienes naturales, energía y fuerza de trabajo- a la región fronteriza entre EEUU y México.

En la región Noroeste que abarca los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, los investigadores resaltan el denominado Plan Sonora como un “nuevo eslabón en la subordinación energética de México”.

El informe destaca que uno de los objetivos principales de dicho plan es fortalecer sectores de la economía estadounidense frente a la actual desventaja con respecto a la industria de China, donde sobresalen dos sectores estratégicos que demandan la infraestructura que se desarrolla en el noreste mexicano: para la fabricación de microprocesadores y la maquila de automóviles eléctricos.

Industrias claves para EEUU

“El Plan Sonora es un proyecto que pese a ser anunciado como soberano, en los hechos, está complementado de forma muy clara con los compromisos de corte neoliberal asociados a la política estadounidense: el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá), la Ley de Chips y Ciencia y la llamada Ley de Reducción de la Inflación, con la que busca incentivar el consumo de automóviles eléctricos”, aseveraron integrantes de GeoComunes durante la presentación del informe.

En su análisis, subrayan que EEUU busca atraer a su territorio dos de las tres etapas más lucrativas en la cadena de valor en la producción de microprocesadores en una competencia que tiene a nivel internacional con China para frenar su presencia en este sector, lo que se traduce en el desarrollo de la infraestructura en el Noroeste mexicano que “profundiza en el carácter extractivista y dependiente de la región fronteriza”.

En el caso de la reconversión de la matriz energética para la industria automotriz, GeoComunes enfatiza que “el Plan Sonora suma algunos proyectos vinculados con el seguimiento de los acuerdos del T-MEC, como comprometer el litio del subsuelo mexicano para el abasto de las cadenas de suministro automotriz estadounidense”.

Así, el gobierno mexicano y sus proyectos de infraestructura actúan en concordancia con el fortalecimiento para la producción de automóviles privados eléctricos estadounidenses y debido a la relevancia de minerales para su fabricación, el colectivo GeoComunes resalta el papel de la empresa estatal LitioMx con la que México regulará la inversión privada en la extracción de litio.

“Sonora tiene el yacimiento de litio más relevante del país, el cual en septiembre de 2023 dejó de estar bajo control de la empresa China Ganfeng Lithium como resultado de la cancelación por parte del gobierno de la concesión que tenía sobre el mismo, siendo la única área donde hasta la fecha el Servicio Geológico Mexicano ha decretado la única reserva para la explotación de este mineral en el país”, enfatiza el informe.

Minería, riesgos ambientales y opacidad 

En el análisis sobre la reconfiguración energética y las cadenas de producción, GeoComunes subraya que el lítio no es el único mineral relevante para la fabricación de automóviles eléctricos.

“Hay que prestar atención a la expansión de la cadena de producción de acero, del aluminio y del cobre, minería que ya tiene una importante presencia y huella socioambiental en la región Noroeste”, contextualizó el colectivo durante la presentación del informe.

Para las y los investigadores, el Plan Sonora promueve el extractivismo minero en la región, cuya operación ya ha demostrado que constituye un riesgo para el medioambiente y los bienes naturales.

Basta recordar que, el 6 de agosto de 2014, ocurrió un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Bacanuchi y Sonora. La responsabilidad del ecocidio, que afectó a más de 22 mil personas, recae en Grupo México, una de las mayores empresas mineras del país quien hasta la actualidad no ha cumplido con la remediación de los daños ambientales.

Para GeoComunes, es alarmante el renovado impulso de la minería para los componentes de baterías y sistemas eléctricos de los automóviles, que se presenta bajo el “falso argumento de que es un extractivismo necesario para luchar contra el cambio climático”.

En comparación a un auto convencional, detallan que se requieren seis veces más metales, principalmente cobre, grafito y níquel, para la fabricación de un coche eléctrico, por lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que se podría duplicar la demanda de cobre entre 2020 y 2040.

Preocupa también, que el Plan Sonora ha sido develado “a cuentagotas”, mediante declaraciones informales y sin contar con un plan rector que aclare sus alcances territoriales, componentes y posibles afectaciones al medioambiente.

“La única información al respecto es la que se da en las conferencias de prensa del presidente, del gobernador del estado de Sonora y en las giras de los titulares de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, además de las menciones del propio gobierno de Estados Unidos, mismas que las más de las veces son ambiguas, breves e incluso contradictorias”, señala el análisis.

Además de la energía, minería, litio y electromovilidad, el Plan Sonora integra otro componente que denomina capital humano e infraestructura de punta, “esto último, algo que se traduciría en la construcción de seis parques científicos”, es decir, el fortalecimiento de corredores industriales que “implica riesgos en materia de seguridad, industrial, ambiental y económica” para México.

Baja California, colonia energética de EEUU

Si bien la región Noreste, acorde a GeoComunes, representa la subordinación energética de México frente a EEUU, destacan los territorios y bienes naturales de Baja California donde se despliegan proyectos que le constituyen como una “colonia energética” norteamericana.

Destacan que es en Baja California donde actualmente se generan 1,281 MW dedicados a la exportación de electricidad y, además, se construye infraestructura para brindar una capacidad adicional de 310 MW. Esto es relevante debido a que es la región donde se ubica la mayor capacidad de generación dedicada a la exportación eléctrica de todo el país, que representa 90.5%.

GeoComunes contextualiza que, en su totalidad, la generación energética para exportación es propiedad de empresas privadas y se encuentra directamente conectada con los pasos fronterizos de electricidad. “Según los datos de la CEC (Comisión de Energía de California), en su conjunto, en 2022 estas centrales de exportación enviaron 4,209 GWh al estado de California”, detalla el informe.

Esta exportación de energía, sobre todo de fuentes renovables, prevé aumentar con el paso del tiempo, debido a que California aprobó una ley que establece que para el año 2045 sólo consumirá electricidad proveniente de dichas fuentes, “lo que puede apuntalar la instalación de más proyectos para importar energía clasificada como ‘limpia’ de Baja California y Sonora”, asevera el informe.

Es en el Noroeste donde también se proyectan emplazar sistemas de almacenamiento de energía compuestos por granjas de baterías, para compensar la intermitencia de las renovables, como el que impulsa la empresa Sempra en Mexicali, Baja California.

El papel de Sempra

El Plan Sonora está vinculado con la predominancia que ejerce la empresa norteamericana Sempra, cuyas inversiones se despliegan en amplios sectores de la generación energética. Durante las últimas dos décadas, Sempra ha desplegado en México, particularmente en la región fronteriza, “un conjunto de infraestructura energética de tal magnitud que, en el caso particular del norte de Baja California, ha llegado a determinar en gran medida el metabolismo energético local”, sostienen las y los investigadores.

El parque eólico Energía Sierra Juárez en las montañas cercanas a Tecate, en Baja California. (IEnova)

Para dimensionar el papel de Sempra en México, detallan que la empresa es dueña de 17 gasoductos, -con más de 2,900 km de tuberías operando y 200 km actualmente en construcción-. También posee terminales de almacenamiento de petrolíferos y de Gas Natural Licuado, redes de distribución residencial de gas metano, así como centrales eléctricas de ciclo combinado, fotovoltáicas y eólicas, lo que en conjunto le representan ganancias anuales por casi 400 millones de dólares.

Sempra es una de las empresas que obtuvo mas beneficios con la apertura del sector energético a las inversiones privadas, que tuvo lugar durante la década de los noventas, principalmente en gas metano, y que cuadruplicó sus activos tras la reforma energética del 2013.

Actualmente, pese a que Sempra posee solo el 5% de la capacidad de generación conectada a la red de transmisión del Sistema Eléctrico de Baja California (SEBC), mantiene el control de 74% de la capacidad instalada para la exportación de electricidad, y el 100% de los gasoductos

Destaca que Sempra controla también el 100% de los puntos fronterizos de internación terrestres y marítimos por donde se importa el gas metano a Baja California y de los cuales depende el 81% de la capacidad de generación conectada al SEBC y 80% de la capacidad para la exportación eléctrica que no está conectada a la red local, lo que confirma su predominancia en el sector.

^{Texto y fotos por Karen Castillo}

Los días 23 y 24 de marzo se llevó a cabo la cuarta Asamblea por el Agua y por la Vida en el territorio de La Magdalena Tlatelulco, en el estado de Tlaxcala, asistiendo más de 500 personas de 300 pueblos originarios, comunidades, colectivos y organizaciones de distintas geografías del territorio mexicano, así como de otros países de Latinoamérica y Europa.

La consigna principal de esta Asamblea fue “No es sequía, es saqueo”, haciendo referencia a que “el agua, un elemento esencial para la vida, es disponible sólo para unos cuantos millonarios”, y denunciando que el Estado mexicano privilegia a empresas e industrias transnacionales que obtienen millones de litros de agua en concesiones.

Las comunidades ofrecieron cifras sobre la extracción de agua que el Estado mexicano permite a las grandes industrias, mencionando a la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que extrae 143.7 mil millones de litros al año, a la Coca-Cola que extrae 55 mil millones de litros al agua y a la Compañía Industrial Minera, con la extracción de agua de 8 mil millones de litros al año. Otras empresas mencionadas como grandes explotadoras del agua en México fueron Danone, Nestlé, Bimbo, Bachoco, Walmart, así como empresas inmobiliarias y complejos turísticos.

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Los participantes de esta Asamblea reconocieron que las dinámicas de despojo y saqueo son complejas y que además se entrelazan y se relacionan a otras formas de explotación.

Algunas de las problemáticas más mencionadas por las comunidades fueron el crimen organizado y el aumento de consumo de drogas como el cristal, sobre todo en las juventudes; la gentrificación de pueblos, barrios, colonias y el aumento del turismo desmedido; leyes y programas de ordenamiento territorial y de privatización del agua y otros recursos; la militarización y el incremento de represión en contra de comunidades originarias.

Debido a la complejidad de las dinámicas de despojo, las comunidades también reconocieron la necesidad de responder a la crisis provocada por el sistema capitalista y patriarcal desde distintos frentes como lo es la educación, la salud comunitaria, las movilizaciones, detener leyes de privatización, el fortalecimiento de los sistemas normativos tradicionales de las comunidades indígenas, la comunicación comunitaria y otras formas de resistencia.

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El consenso de las comunidades es que toda propuesta debe partir desde y hacia la autonomía plena de sus territorios.

Tlaxcala sí existe y está luchando por defender el territorio

El equipo de este reportaje acompañó a la Asamblea y entrevistó a seis mujeres de la comunidad de La Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala, que forman parte del Colectivo en Defensa de Tlaltelulco. El colectivo se dedica a la defensa del territorio, la cultura y a la organización comunitaria. Hace parte de los Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala, que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta Asamblea.

“Las mujeres somos la fuerza de estos movimientos y de la defensa de este territorio. Nosotras trabajamos con mujeres ejidatarias que por muchas dinámicas que se nos han asignado los trabajos en reproducción en las sociedades, siempre están aquí y han defendido el territorio incluso con el cuerpo”, mencionan.

Todas las presentes expresaron sentimientos similares: felicidad y alegría por los aprendizajes, experiencias y vivencias compartidas previo, durante y al cierre de la cuarta Asamblea por el Agua y la Vida y, al mismo tiempo, cansancio por el esfuerzo realizado durante seis meses de planeación y organización de esta Asamblea Nacional.

“Nunca había vivido una experiencia tan enriquecedora, hay muchas problemáticas en los territorios, no es un problema nacional es internacional que se pierde la identidad y la cultura. Fue muy bonito ver a muchos jóvenes involucrados”, dijo una joven integrante de Colectivo en Defensa de Tlaltelulco.

Las mujeres mencionaron como una de las problemáticas principales la expansión de las urbes a sus territorios transformando el paisaje, la cultura, la identidad e incrementando la demanda de recursos como el agua y la tierra.

Otra joven menciona el despojo de los bosques y la tala ilegal de cientos de árboles como una situación crítica en este Estado.

El Colectivo en Defensa de Tlaltelulco se encuentra a las faldas del volcán conocido como “La Malinche” y también participa en la defensa y cuidado del mismo. De acuerdo con el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la tala ilegal, los incendios forestales, muchas veces provocados, y el cambio de uso de suelo para uso agrícola y de asentamientos urbanos, son las principales causas del deterioro del ecosistema de la Malinche.

El mismo centro reconoce que la destrucción de los bosques de esta Área Natural Protegida “compromete la captación, filtración y disponibilidad de agua, así como la fertilidad del suelo, secuestro de carbono y regulación del clima y aire”.

Las mujeres parte del Colectivo en Defensa de Tlaltelulco también mencionaron que la industrialización es una de las problemáticas más importantes en su territorio. La comunidad de Magdalena Tlaltelulco poco a poco se ha convertido en parte de un corredor industrial que une a la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Las industrias que llegan, sostienen ellas, no están reguladas y, en cambio, el gobierno les da todas las facilidades para establecerse sin un plan para mitigar los impactos sociales, económicos y ambientales que generan en los territorios.

“Llega mucha gente que no se integra a la comunidad, no participa, entonces también rompen el tejido comunitario, y aquí hay sistemas normativos propios de la comunidad que son muy importantes, y eso también se va perdiendo con la llegada de todas estas industrias”, señala una joven.

Mencionan, además, cómo la industrialización genera problemas de salud, que pasan desapercibidos para la población. De acuerdo con instituciones de salud del gobierno mexicano, en 2020 Tlaxcala era el tercer Estado del país con mayor incidencia de enfermedades renales y mostraba cifras alarmantes de incrementos de este tipo de enfermedades sobre todo entre jóvenes y niños/niñas.

Exigencias y denuncias

Durante la Asamblea se llevaron a cabo mesas de trabajo con el fin de identificar las principales problemáticas que las comunidades enfrentan, así como soluciones y formas de hacer frente al despojo desde la organización autónoma.

Estas son algunas de las acciones coordinadas que la cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida acordó realizar con el fin de defender los territorios y el agua y, con ello, la vida de miles de personas en el país.

• Realizar memoria colectiva y documentar los saberes ancestrales de las comunidades.
• Fortalecer el trabajo de formación con niños y jóvenes durante las asambleas desde el enfoque de escuelas autónomas.
• Sumarse a las movilizaciones para acuerpar la lucha de madres buscadoras, padres y madres de Ayotzinapa y en contra de la guerra en contra de las comunidades zapatistas.
• Exigir la presentación de los defensores del territorio Antonio Díaz y Ricardo Lagunes desaparecidos en 2023.
• Organizar campañas de no consumo de productos de Coca-Cola, Bonafont–Danone, así como de todas las empresas refresqueras, embotelladoras y cerveceras.
• Denunciar y realizar boicot a empresas que apoyan el genocidio en Palestina.
• Realizar baños secos en nuestras comunidades para evitar contaminar nuestros ríos.
• Campañas contra los Planes de Ordenamiento Territorial que se buscan aprobar en estados como la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala.
• Movilización nacional e internacional dislocada, en el marco del 105 aniversario luctuoso por el asesinato del General Emiliano Zapata el 10 de abril.
• Campaña en contra de la militarización, por el derecho al agua y por la libertad de presos políticos, del 26 de abril al 26 de septiembre en todos los espacios posibles.
• Jornada por la liberación de Saúl Rosales a partir del próximo 14 de julio.

Finalmente se acordó llevar a cabo la quinta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, con la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, los días 17 y 18 de agosto del 2024.