Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de la región Choluteca, Puebla, se manifestaron para exigir la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental del relleno sanitario. Las autoridades se negaron a dialogar con los habitantes de la zona afectada por el basurero irregular. Abril, 2024.}

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero y en Defensa del Agua que integra 27 comunidades de la región choluteca, en Puebla, mantiene una férrea lucha contra la operación irregular de un tiradero a cielo abierto, en una resistencia que durante meses ha recibido la respuesta violenta del Estado, la criminalización por medios masivos y la omisión de las autoridades ambientales.

En entrevista para Avispa Mídia, el defensor Alejandro Torres Chocolatl contextualiza los últimos sucesos en la lucha contra la operación del basurero.

Torres Chocolatl, locutor de la Radio Zacatepec, advierte que, pese al obtener una resolución judicial a su favor, la cual ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurar el tiradero, esto no se ha realizado. 

Actualmente, la batalla se despliega en acciones de protesta, como bloqueos y marchas, pero también con ejercicios de reforestación y cuidado de la naturaleza pues, según el defensor, ahí donde hay muerte, los pueblos defienden la vida. 

A continuación, presentamos extractos de la conversación con Alejandro Torres Chocolatl.

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Avispa Mídia (AM): ¿Puedes compartirnos el contexto de las luchas por la defensa de los territorios en la región Choluteca?

Alejandro Torres (AT): Desde hace muchos años hemos librado batallas aquí en toda esta región: el gasoducto; las torres de alta tensión; desarrollos de parques industriales y las aguas que pretendían contaminar nuestro río Metlapanapa; la expropiación de tierras para desarrollos inmobiliarios y después vino el problema de la embotelladora Bonafont.

Actualmente, nos encontramos con este problema del basurero, o tiradero, porque así lo llaman los especialistas. Más que un relleno sanitario, pues es un basurero y que efectivamente ya llevamos un buen rato aquí organizándonos, pues cada vez se suman más comunidades.

AM: Durante los últimos meses hemos atestiguado la resistencia contra el basurero, ¿cuáles son las irregularidades que han documentado y en qué momento se encuentran tras la orden judicial a las autoridades ambientales?

AT: Hemos visto muchas irregularidades y la Profepa pues no cumple las órdenes judiciales. El juez les dio un plazo de una semana para recolocar nuevamente los sellos, y hasta la fecha, ya vamos 15 días y no han venido a colocarlos.

En abril, con la clausura provisional que colocó la Profepa en la ampliación de este basurero, -y que después retiraron de manera ilegal-, donde rascaron un socavón de más de 20 metros de hondo, ahí apareció el agua. Son 5,000 metros cuadrados de perforación y que, ahorita, por las lluvias, los lixiviados ya están entrando a las entrañas de los mantos freáticos.

Al no contar con la geomembrana para los lixiviados, nomás quedó el 60% cubierta y toda esa basura, ahorita con las aguas y con los vientos de estas tormentas que están cayendo, la basura volvió a irse a los terrenos de cultivo. 

Eso sí es un problema muy grave que estamos viviendo. En días pasados, un juez federal notificó a Profepa que tiene que regresar los sellos de clausura, porque les dieron un tiempo para remediar todo ese daño que estaban ocasionando: cubrir la la montaña de basura, tratar los lixiviados, tener bien resguardado el biogás, el gas metano que segrega la basura. Lamentablemente no cumplieron con todo lo que les pidieron y la Profepa federal dijo que, de no cumplir, pues tenían que clausurar de manera definitiva el relleno sanitario.

AM: ¿Cuáles son los efectos negativos que dejó la operación del tiradero?

AT: Nosotros hemos hecho estudios con la Universidad Autónoma Metropolitana, que hizo cinco estudios de pozos a un radio de kilómetro y medio del basurero y que, vieron como resultado que efectivamente ya los mantos freáticos están contaminados por la basura. Tenemos conocimiento que depositaban residuos peligrosos de laboratorios, de hospitales, de textileras, todo eso lo enterraban y no solo eran estos 23 municipios (de Puebla) que se habla, sino ya venía la basura de la ciudad de México, de Tlaxcala y Oaxaca. Incluso llegamos a ver camionetas de Tamaulipas. Era un basurero para toda la persona que pudiese pagar un buen billete para llegar ahí a depositar clandestinamente su basura, porque lo hacían en la madrugada. 

AM: ¿La empresa ha realizado los trabajos de remediación que le ordenaron las autoridades ambientales?

AT: Hubo brigadas del dueño del basurero. Contrató unas 100 personas que se pusieron a limpiar alrededor de todos los terrenos afectados. Se pusieron a meter pipas que extraían todos los lixiviados con bomba. Mataron a la “fauna nociva”, los perritos, que eran más de 300, fueron sacrificados. Nosotros documentamos todo eso, de los perritos tirados alrededor de los terrenos aledaños. Las palomas y todo lo que tenía el basurero también fueron envenenados. Quisieron hacerlo todo en menos de 20 días. No pudieron, no cumplieron y estamos esperando que, de verdad, se respete la decisión del juez federal y que la Profepa haga su clausura.

AM: ¿Por qué si se ha demostrado la contaminación y otras irregularidades, la empresa continúa aferrándose a su operación?

AT: Vemos que arriba, el dueño es Cuauhtémoc Ochoa, un político que en su momento fue subsecretario de la Semarnat (Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales), ahí por el gobierno de Peña Nieto. Entonces los favores se van pagando. Actualmente, del Partido Verde brincó a Morena para elegirse como diputado federal por el Estado de Hidalgo. Todos esos compadrazgos, todos esos lazos, pues están haciendo que se retrase esta clausura, porque desgraciadamente vivimos en un país corrupto por parte de nuestras instituciones, por parte de los gobiernos en los tres niveles y pues todos ellos se solapan, pero yo creo que la lucha digna y justa de aquí de los pueblos cholutecas logrará el cierre.

El dueño de la empresa está necio. De hecho, hubo una manifestación, de gente contratada, ahí frente a Casa Aguayo (palacio de gobierno del Estado de Puebla) para decir que más de 150 personas habían perdido su trabajo. Hicieron ruedas de prensa argumentando que hay una afectación muy fuerte, y luego las denuncias que hizo esta empresa, con los mismos trabajadores de él, diciendo que está perdiendo muchos millones de pesos y que los culpables son una bola de revoltosos, que son 10 o 12 borrachos, porque así lo han manejado de quienes están ahí obstruyendo el relleno sanitario. 

Vemos que de verdad está utilizando toda la economía que tiene y el poder político para no irse, para no cumplir con lo que el juez federal está ordenando.      

AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoriades estatales?

AT: Mira cuánto tiempo llevamos y las autoridades, omisas. Y luego el gobierno del Estado, desinformando, diciendo que los pueblos son los necios, que no queremos diálogo; que estamos provocando basureros clandestinos, que somos unos contaminadores. Se ponen a decir que, ¿cómo es posible que tienen que ir a otro basurero, que está a 10 km de Puebla? y que, “pobres llantas de los camiones y los municipios que tienen que gastar gasolina”, o sea, dicen tontería y media con tal de generar esa desinformación y justificar una posible represión, porque eso es una estrategia que vemos en varios conflictos, donde empiezan a criminalizarte y, de pronto, pues utilizan la fuerza pública justificando que están haciendo justicia. 

Nosotros tenemos que denunciar todo eso, porque pues, sí, el riesgo está latente. La semana pasada llegaron 10 patrullas al plantón, de manera agresiva e intimidando, tomando videos, fotos. El Estado está jugando su papel para querer regresar esta empresa corrupta a seguir contaminando el territorio, pero los pueblos no lo van a permitir.

AM: ¿Cómo se ha profundizado la campaña de criminalización y represión?

AT: El subsecretario de Gobierno, Javier Aquino Limón, aquí de Puebla, anunció que ya fabricaron carpetas de investigación, “para los revoltosos”, y no nos extraña que puedan utilizar este último recurso para querer dividir, para querer meter miedo, y para seguir imponiendo este basurero

Esa información la dio a conocer hace mes y medio, de que ya la empresa había formulado carpetas de investigación y van a proceder en activar la orden de aprehensión. Hace 15 días dijeron que eran cinco denunciados, de los compañeros más visibles. Está muy hermética la información, lo tienen bien resguardado, para que en su momento pues de la noche a la mañana activen una orden de aprehensión.

Es el último recurso que utilizan las personas que generan este tipo de conflictos. De todos modos estamos atentos. Tenemos dos abogados, están al pendiente de esta situación legal. Cualquier cosa que llegase a pasar, con cualquiera de nuestras compañeras o compañeros, el responsable es el dueño de la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., que se llama Cuauhtémoc Ochoa y sería también el mismo gobierno del estado de Puebla, por la complicidad que tiene con ellos.

Tienen silenciados a los medios de comunicación. Vemos que es un conflicto difícil y que esperemos no vaya a suceder lo que pasó allá en Totalco, en Perote, Veracruz, donde perdieron la vida dos campesinos por defender su agua.

AM: ¿Consideran hacer uso de otros recursos legales?

AT: Vamos a tocar instancias internacionales con toda la documentación y pruebas. Creo que esta gente ecocida tiene que estar en la cárcel y no solo eso, sino tiene que reparar todo el daño tan fuerte que ya cometió y que no se va a remediar en uno dos o tres años. Son miles de toneladas de basura ahí ya asentadas y que el corazón del basurero pues está generando lixiviados que sabrá Dios cómo los vamos a quitar. 

AM: Además de las acciones de rechazo al basurero, ¿qué otras estrategias han implementado?

AT: Como no opera la Profepa, ni la Semarnat, los pueblos nos estamos organizando para campañas de reforestación. Ya llevamos tres campañas con más de 150 árboles alrededor del basurero, árboles de un metro, grandes. Nosotros tenemos ese lema, “donde hay muerte, nosotros reconstruimos”. Estamos generando vida y de igual forma seguimos visibilizando toda esta injusticia y el daño ambiental que ahorita con las lluvias, les comento, están ya cayendo los lixiviados a ese hoyo que hicieron, pues están contaminando más nuestros pozos.

Los jóvenes están participando; estudiantes, los padres de familia, niños, los pueblos. Lo que se está haciendo es que, como esas tierras están en comodato al empresario, – por lo tanto son tierras del pueblo-, donde están saliendo los lixiviados, se están haciendo vallas de árboles, unos árboles que nos dicen los ingenieros agrónomos que se chupan los lixiviados. Como que los encapsulan. 

A ese espacio se le está dando vida. Ya van tres domingos que se hace esa campaña de reforestación. De los 150 que se llevan plantados, sólo no han vivido tres. Todo eso, en un futuro, lo vamos a ver verdecito y pues ojalá veamos clausurado el basurero, la reparación del daño y el plan de abandono.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Grupos de autodefensas durante patrullaje al occidente de Michoacán. 2014. Foto: Simón Sedillo / Agencia Subversiones}

Por Rogelio Josue Ramos Torres** 

LOS DETONANTES 

 “Porque días llegarán en que la sangre de los sacrificados inundará la conciencia del tiempo”.

Ramón Martínez Ocaranza 

En aquel junio de 2014, cuando lo apresaron, Marco tenía 22 años, nació en Otlán, Jalisco, pero desde los 5 vivía con su madre en Coalcomán, Michoacán. Las cosas con la inseguridad habían comenzado a complicarse años antes, pero en 2013 de plano se fue todo al carajo, al menos para él y para su familia. Ya antes habían matado a su tío José, pero la larga zarpa templaria les habría de caer todavía con más brutalidad encima el 2 de diciembre de ese mismo año. Sucedió cuando su hermano, de 18 años, y su tía, de 25, viajaban juntos con rumbo a Colima. Un grupo de hombres armados los interceptó cuando pasaban por una ranchería. A ella la bajaron primero del carro, a jalones, ante los gritos impotentes del muchacho. Ahí mismo le arrancaron la ropa, la violaron entre tres y la golpearon hasta que cayó inconsciente. Luego, uno de los sicarios se acercó al joven y sin más lo mató de un disparo, le clavaron un cuchillo con una cartulina en un costado y arrojaron su cuerpo inerte sobre la muchacha. “Eso les pasa por soplones”, escribieron. 

Sobre la familia pesaban varias amenazas, todas sin fundamento, pretextos que los templarios buscaron para condenarlos por el hecho de haberse negado a pagar las cuotas exigidas. Los criminales la emprendieron entonces contra un primo de Marco que recién había regresado de los Estados Unidos. También se negó. No tardaron en perpetrar la represalia, y fue despiadada, demencial. Al primo lo levantaron. Cuando la familia de Marco encontró su cuerpo, este no tenía los testículos, tampoco el ojo derecho, ni la lengua, ni una oreja, ni ninguno de los dedos de las manos. El torso estaba marcado por diversos cortes de arma punzocortante y siete heridas de bala. Tenía, además, varias partes carbonizadas. 

Jorge rondaba los 19 años cuando le pusieron las esposas y lo llevaron a empujones a una camioneta de la policía en ese verano de 2014. Nació en Chucutitán, un rancho como a unos 30 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas. Era albañil y le tocó vivir en carne propia el acoso templario. Una tarde vio cómo la gente que mandaba “El Bigote” le ponía a su abuelo una pistola en la sien, obligándolo a arrodillarse. Querían que les entregara una camioneta que había comprado recientemente. Era el año 2010, y, gracias a la intervención de un conocido pudo negociar el asunto. Los delincuentes, sin embargo, compensaron lo perdido con lo que pudieron sacarle a un tío de Jorge, que vendía muebles en La Mira y a quien obligaron a pagar una cuota bajo la amenaza de matarlo a él y a sus hijos. Más tarde le pidieron un millón de pesos, que el señor se negó a pagar. Estaba consciente de lo que eso implicaba, y se preparó para las consecuencias. El día que llegaron por él los recibió a balazos, pero traían más armas y no pudo con todos, ahí lo mataron. Le dieron un tiro de gracia en la frente y aventaron su cadáver en una laguna cerca de Playa Azul. Apareció flotando cuatro días después. 

Ricardo tenía 26 años cuando le cayeron encima los federales en aquel sexto mes de 2014. Entonces vivía en Caleta de Campos, trabajaba como campesino. Un día, un grupo de hombres armados liderados por “El Chabelo”, el jefe templario del pueblo, se presentó en la casa donde vivía junto a sus padres y otros hermanos. El delincuente les dijo que una hermana de ellos, emigrada desde hace algunos años a Estados Unidos, le debía 15 mil dólares. Le respondieron que, si aquello era cierto, ellos no podían pagarlo. Días después levantaron a uno de sus hermanos en el tramo Caleta-Chuquiapan. Luego de algunos días de buscarlo, un campesino de una localidad cercana les dijo haber visto que en una brecha torturaron a alguien. Fue un 23 de marzo cuando junto a cuatro policías federales encontraron su cuerpo, estaba quemado y parcialmente enterrado. Lo reconocieron gracias a lo que quedó de una credencial para votar. Después sabrían que tenía también decenas de huesos rotos. 

EL CONTEXTO 

Entre la policromática lista de causales que impulsaron el surgimiento de los grupos de autodefensas en Michoacán entre los años 2013 y 2014, hay innumerables historias como estas, que remiten a un hartazgo legítimo frente a un acoso criminal que germinó y se agigantó gracias a complicidades políticas e institucionales que, salvo irrisorias excepciones, nunca fueron penalizadas. En esta historia, los seudónimos de los capos mafiosos más temidos, el Chabelo, el Gori, el Bigote, el Quinientos, etc., están inevitablemente ligados a nombres y apellidos de políticos de viejo y nuevo cuño, pero también de empresarios sin cuyos medios y canales comerciales la explosión de la delincuencia no puede sencillamente entenderse. Crimen organizado, estado y empresarios, la trilogía que en Michoacán alimenta y aceita la máquina del desarrollo, un conglomerado omnímodo y fáctico de fuerzas cuyas tensiones, en los años posteriores al calderonismo, derivaron en un temporal crítico que sacudió a un estado históricamente habituado a convivir con niveles de violencia por encima de la media nacional. 

El denominador común de los tres testimonios antes referidos es que sus autores estaban entre los 82 hombres que fueron apresados junto a José Manuel Mireles, el 27 de junio de 2014, en La Mira, Michoacán. La mayoría eran costeños, residentes de pueblos como Caleta de Campos, Chuquiapan, Las Peñas y La Manzanilla. Mireles, se sabe, estuvo rodeado de perfiles tan variopintos como lo es el propio crisol social de la Tierra Caliente y de la Sierra-Costa michoacanas. Regiones donde, así como le sucedía al malhadado Jesús Pérez Gaona del inefable José Rubén Romero, la muerte y las personas se hablan de tú desde hace un buen rato y las lógicas de blancos y negros se quedan muy cortas para explicar la realidad. 

Los de ese encarcelamiento eran en su mayoría hombres de trabajo, personas sencillas para las que el yugo templario era ya insostenible, familias con hijas violadas, con hermanos muertos, con padres torturados, con sobrinos desaparecidos, con madres amenazadas, con casas arrebatadas, con bienes expoliados, a quienes la desesperación, y una añeja imposibilidad de acceso a los canales institucionales, no dejó otro camino para tratar al menos de contener un drama de dolor y sangre que para entonces se repetía por cientos en esas regiones. 

El fenómeno no era en absoluto aleatorio, el desinterés oficial saltaba a la vista exhibiendo las falacias de un sistema supuestamente democrático, en el que la inclusión política es propiedad exclusiva de unos cuantos, generalmente congraciados con los intereses del gran capital. De eso hablaba el desdén de las autoridades, del sesgo policial característico de los Estados que transitan a las fases más rapaces del neoliberalismo, en los que las funciones de seguridad se centran en custodiar capitales y no personas, funciones que, en lugares como Michoacán, se comparten desde hace mucho con los lugartenientes criminales. Un esquema lógico considerando que, como apunta Salvador Maldonado (2014), el narcotráfico es la cristalización de la misma organización económica, política y social de las poblaciones y sus mercados. El problema fue que la grotesca ocurrencia calderonista de 2006 rompió los equilibrios de esa gobernanza político-criminal, provocando el brote de múltiples fuerzas delincuenciales que terminaron por hacer metástasis en el tejido social, y los anticuerpos de este, a su vez, por reaccionar. 

Frente a las autodefensas, el gobierno federal adoptó una actitud errática, que un gobierno estatal representado por Fausto Vallejo, un mandatario de pacotilla, con distintos matices, replicó. Las posturas de políticos y funcionarios del régimen oscilaban entre el silencio, la simpatía y la condena. Finalmente, la ambivalencia y el pragmatismo se impusieron como la constante que guió el proceder de las autoridades (Guerra Manzo, 2015), y, así, el gobierno se reservó el derecho de clasificar a buenos y malos de acuerdo con sus propios intereses. Hipólito Mora y José Manuel Mireles, los líderes más radicales y reacios a la negociación, fueron entonces separados del resto y colocados bajo una etiqueta distinta, una marca que, a la postre, habría de decidir sus destinos. 

Esos liderazgos ostentaron desde el inicio una capacidad de aglutinamiento de la indignación social que cundió velozmente en el territorio estatal, y que, por lo tanto, amenazaba los intereses de la plutocracia en el gobierno, cuya vocación capitalista no se distanciaba, en esencia, de aquella criminal. Por eso, la estrategia para el apaciguamiento fue en buena medida la de reordenar la relación Estado-grupos criminales, orientada a calmar la superficie de las cosas, y a inhibir el incendio social que se extendía por todo Michoacán. 

Como corolario, vendría el manotazo gubernamental, el castigo ejemplar a los rebeldes que se negaron a plegarse a las decisiones de la administración peñanietista. Al gobierno no le preocupaban las causas del problema, su interés estaba, más bien, como señaló en su momento Martha Olivia Arias (2014), en montar la ilusión de la “vuelta a la normalidad”. Un subterfugio obligado ante la amenaza que el brote de las autodefensas significaba para un Estado en franco despliegue neoliberal, que se aprestaba, mediante una serie de reformas estructurales, a rematar el patrimonio nacional. No fue casualidad que, tras haber recorrido una buena cantidad de poblaciones, el arresto de Mireles ocurriera precisamente en la zona costera donde se concentran las hegemonías industrial y política que controlan históricamente el desarrollo de la región, y, en no menor medida, del estado. 

LA DETENCIÓN 

El arresto fue una puñalada a traición para quienes, con todo y sus contraluces, se habían encargado de hacer lo que el gobierno no hacía, proveer seguridad y defender a la población frente al embate criminal. A Mireles, según se dijo, lo había convocado la gente de La Mira y de Acalpican para que les ayudara a constituir su consejo de autodefensa. De ahí se lanzarían sobre el puerto de Lázaro Cárdenas y, si todo salía bien, enderezarían después baterías rumbo a la capital. Fue el propio Mireles quien invitó a ese mismo acto a los grupos de autodefensa de los pueblos vecinos. Algunos aceptaron con recelo, el mes anterior, una patrulla militar había intentado llevarse a los pobladores de Caleta de Campos que hacían guardia en su barricada. La población salió a defenderlos y frustró el intento. Pero en La Mira las cosas iban a ser distintas. 

Dicen que eran como 600 entre militares, federales, marinos y ministeriales los que rodearon aquella tarde el pueblo. Dicen que fue el sobrevuelo de un helicóptero merodeando a pocos metros del suelo el primer mal augurio. Dicen que, habiendo caído el doctor, sonaron balazos y hubo persecuciones en algunos barrios y en los alrededores de la localidad. Dicen que no fue la falta de valor sino la confusión lo que neutralizó la reacción de los cientos de jóvenes y hombres ahí presentes convocados por la carismática figura de Mireles. Lo que, en todo caso, a los 82 hombres detenidos ese día no se les olvida, es el calor inclemente de la costa haciendo hervir el fierro de las cajas de las camionetas a donde fueron arrojados, con las manos atadas, con la cara pegada a la lámina, unos sobre otros, como pacas apretujándose en montones. Ahí, expuestos deliberadamente a padecer un sol lacerante, quedaron muchachos y hombres adultos con el cuerpo machacado a patadas y cachazos, con los músculos punzantes, con huesos rotos, con pómulos tumefactos. Ahí quedaron las heridas aun abiertas a merced de la sal que brotaba de la piel, ahí, la ropa del compañero de estiba secó los hilos de sangre. Ahí, empezó la tortura, ahí, el castigo estatal comenzó a destilar, lenta y contundentemente, sus efectos. 

Luego de un par de horas los vehículos se pusieron en movimiento. La primera parada fue en el Ministerio Público de Lázaro Cárdenas. Los que antes habían podido esconder entre los calzoncillos el dinero que traían, lo perdieron en ese lugar a manos de policías y funcionarios sátrapas que se los arrebataron sin dejar, claramente, constancia de su existencia en documento alguno. Para varios de los detenidos, como Martín, proveniente de La Coralilla, aquel fue un golpe duro, ese mismo día había vendido su cosecha de mango y los ministeriales le robaron los 30 mil pesos del pago que llevaba en los bolsillos de su pantalón. Los obligaron a hacer una fila. Quienes aún conservaban su teléfono celular ahí lo perdieron también. Los tuvieron parados por horas, les tomaron los datos, y con la noche ya entrada los volvieron a subir a las camionetas, que partieron de inmediato, siempre esposados, siempre vigilados por un fuerte operativo. Por si no bastara con la inquina policial, una lluvia nutrida los acompañó buena parte del camino, como machacándoles su mala estrella. Varios tendrían complicaciones de salud los días siguientes. Se dirigían a Morelia. 

Llegaron de madrugada. En la Procuraduría había algunos reporteros, esperaban a Mireles, pero entre los detenidos nadie sabía de él ni de sus escoltas. Para la mayoría, aquella tarde fue la última vez en verlo. Los metieron al edificio, esta vez los separaron en pequeñas celdas. Comenzaban la rendición de declaraciones. La naturaleza carroñera de los coyotes de la Procuraduría se puso entonces en acto, funcionarios de grados menores, sin identificación, comenzaron a rondar a los detenidos que aguardaban su turno, “¡ey tú!, 50 mil pesos para que te toque arma corta”. A la mirada extrañada de los interpelados, el oferente alargaba un poco la explicación: “es que si te toca arma larga no alcanzas fianza. Por eso, con 50 mil lo arreglas, pero me tienes que dar ahorita la mitad. Si me dices que sí, ahorita pido para que te dejen hacer una llamada, pero tiene que ser ya.” 

Al momento de declarar quedaba todo más claro: las acusaciones que el gobierno les imputaba incluían los delitos de portación de armas y explosivos de uso exclusivo del ejército. El parte policial hablaba del hallazgo de armas largas e, incluso, drogas en los vehículos decomisados, un burdo montaje plagado de infundios, orquestado desde las oficinas del funesto Comisionado para la pacificación de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. 

LA CÁRCEL 

Tras cumplir con los trámites de rigor, quedó formalmente inaugurada la sujeción de los detenidos al patíbulo carcelario. El sábado 28 de junio, los 82 procesados se estrenarían como reclusos de prisiones que, como las de todo el país, son mitad pocilga y mitad matadero. Se encargaba, de esta forma, a los barrotes la tarea que los criminales habían dejado inconclusa, la de doblegar de una vez por todas a quienes se habían erigido en obstáculo para el control hegemónico de los territorios. A la dureza de la reclusión se sumaba el hecho indignante de que ahí, en ese encierro, los que hasta horas antes habían realizado actividades como autodefensas, coincidían ahora, en los Centros de Readaptación Social, con miembros de los grupos criminales, también presos, que ellos mismos se habían dedicado a perseguir semanas y meses atrás. 

Autodefensas y templarios volvían a verse las caras, esta vez como alfiles sobre el tablero de un sistema que mueve a su antojo las piezas, en el que las rejas de la prisión, como escribió Revueltas, recrean también las de la vida, las de la existencia. 

Sin embargo, a pesar de todo, en aquellas primeras semanas luego del encarcelamiento, los bríos del carácter calentano y serrano no dejaban de mantenerse a flote. Muchos de quienes estaban ahora presos habían comenzado a cazar por su cuenta templarios, aun antes de que Mora y Mireles se levantaran en armas. Ya como parte de los grupos de autodefensa, su valor tampoco se había echado en falta. Eso no cambió durante los primeros meses de prisión, cuando aún se escuchaban entre los detenidos relatos y anécdotas imbuidos de tonos heroicos y grandilocuentes. “¿Te acuerdas aquella vez que te paraste en medio de la carretera tu solo y de siete balazos hiciste correr a tres camionetas?”, “… desde que estoy con las autodefensas me han tocado doce encuentros contra sicarios. Para eso se enlista uno oiga, para eso ofrece la vida, para limpiar nuestra tierra” (Javier y Martín, 27 y 48 años). 

Quizá porque abrigaban esperanzas de salir pronto, quizá porque no creían, como decían algunos, que “ahora resulta que es delito defenderse”, o quizá porque, según dice el antropólogo Salvador Maldonado (2012), los individuos en la Costa y la Tierra Caliente se construyen en oposición permanente frente al Estado, pero, en aquellos primeros meses de prisión, muchos declaraban orgullosos su filiación como autodefensas. 

“Nunca dejaré de ser autodefensa hasta que cambien las cosas y tengamos nuevas formas de gobierno y se respete al pueblo. Estoy consciente de que tengo en riesgo mi vida, pero no me asusta, la justicia vale mucho más y por ella seguiremos luchando. Soy autodefensa y siempre lo seré” (José, 31 años) 

“Yo por mi parte le digo que no descansaré hasta que capturemos al asesino de mi hermano, que aún anda libre, por eso y todo lo que ha pasado soy autodefensa” (Alfredo, 28 años). 

“Me integré al movimiento de las autodefensas con total compromiso y firme decisión de hacer justicia y alcanzarla también para mi familia. Cuando me enteré del movimiento me trasladé de Colima capital para organizar y hacer conciencia en la gente. Veo que nuestro país sigue en picada y lo tenemos que levantar pueblo a pueblo, por el bien de nuestros hijos. Por eso soy autodefensa, porque debemos de imponer un nuevo orden y nuevas esperanzas a favor de nuestros hijos y los de México entero” (Martín, 48 años). 

“Todos hemos sido víctimas de extorsión, teníamos que pagarles a los templarios si vendíamos un puerco, un chivo, una vaquita. Así es que cuando nos dimos cuenta que en Tepalcatepec se habían levantado en armas, nosotros en Caleta y en toda la Costa nos preparamos para hacer nuestra propia defensa. Le entramos de frente cuatro hijos y yo, y mire, aunque usted me vea viejo, nosotros estamos dispuestos a morirnos en esta lucha si es necesario. Vamos a seguir luchando” (Carlos, 56 años). 

Pero la suerte de estas personas apenas comenzaba a resentir el tránsito por el vil y tortuoso aparato de justicia estatal. Estaban lejos de sus familias, para muchas esposas, madres y hermanas de los detenidos, era imposible costear los gastos del pasaje desde la costa a la capital. De suyo, eso complicaba en extremo las posibilidades de contactar con abogados que pudieran encargarse de la defensa de los reos, teniendo sobre todo en cuenta que la insuficiencia de dinero es un inconveniente mayúsculo cuando se sabe de antemano que la justicia es un lujo reservado a quienes pueden costearlo. 

La detención no solamente rompía la columna vertebral de un movimiento que se nutría en buena parte de un hartazgo social genuino, también atacaba directamente a la moral de poblaciones que habían encontrado en la autodefensa la última garantía de seguridad. Los artífices de la detención sabían bien que el castigo no se queda en el cuerpo y la psique del individuo, sino que golpea también a sus círculos más cercanos. Pueblos como Caleta de Campos quedaron entonces en el más completo desamparo. A los presos no les quedó otra más que esperar que nada grave ocurriera, esperar que sus esposas, sus madres, sus hermanas pudieran solas con el paquete de sacar adelante a sus familias, de administrar los bienes cuando los había, y de capotearse a como fuera el amago criminal. 

Las mujeres, por su parte, luego del encarcelamiento, lejos de arredrarse, comenzaron a realizar eventos en favor de los detenidos. Salían a la plaza a colocar sus fotos, buscaban donde denunciar la traición de Castillo, e, incluso, se fajaron las armas y ocuparon por unos días el lugar de los hombres en las barricadas. Al menos hasta que las incursiones criminales arreciaron de nuevo, esta vez impulsadas por una abierta sed de venganza que ya no encontraba obstáculos por delante. En aquel verano mataron a Ponciano Reyes Farías, líder de la autodefensa de Chucutitán. También atacaron El Bejuco, y endurecieron el control sobre pueblos como la Coralilla, playa Nexpa y Las Peñas. 

EL PROCESO 

Alejados, como estaban, de sus familias, ignorantes de los procedimientos legales e impedidos económicamente, la mayoría de los presos había quedado a merced no solamente de todas las violencias ocultas tras el eufemismo “readaptación”, sino de abogados y políticos mercenarios que vieron en los detenidos la oportunidad de obtener beneficios. Una abogada de Apatzingán se dijo dispuesta a ayudar, fue en busca de los familiares, le pidió a cada uno 15 mil pesos para los primeros trámites y les ofreció un plan de pagos accesible. Quien pudo, entregó el dinero. Algunas madres, que habían quedado solas con los nietos, se endeudaron para cubrir el monto inicial, y lo siguieron haciendo con los pagos sucesivos. Pero cuando buscaban a la abogada para pedirle información sobre los detenidos, esta nunca respondía las llamadas. No había pasado un año de la detención, cuando la abogada se esfumó. 

Para los políticos, los autodefensas que habían sido detenidos al lado de Mireles significaban un jugoso botín, pues su defensa podía llegar a inclinar las balanzas electorales. En enero de 2014, los mexicanos tenían una mejor opinión de las autodefensas que de las autoridades según la casa encuestadora Parametría (Ríos, 2014). Comenzó, así, un desfile de figuras políticas procedentes sobre todo de partidos opositores al del régimen en el poder, acompañadas por abogados que ostentaban más capacidad para dar declaraciones que para el litigio. Todos llegaban con promesas de excarcelación y discursos justicieros que condenaban el proceder del Estado, pero daban una escasa atención procesal a la causa, y ni por asomo rendían cuentas a los familiares. 

Legalmente, había varias posibilidades para que los detenidos obtuvieran la libertad. El expediente 132/2014 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Uruapan, donde se concentraban los procesos de todos, desbordaba deficiencias y falsedades. Entre las componendas del proceso, destacaba, por su desaseo, la irregularidad del mismo parte policial en donde se había registrado la supuesta flagrancia de los detenidos. Cuando el oficial que en ese documento aparecía como principal responsable del operativo fue llamado a dar su testimonio, este no reconoció como suya la firma ahí consignada, asegurando que, aunque su nombre en el parte policial así lo indicara, él ni siquiera había participado en aquellas acciones. En cualquier otro proceso esa anomalía habría dado por concluido el asunto, pero las cosas son distintas cuando hay de por medio una consigna procedente de las cumbres del poder estatal. 

EL DESVANECIMIENTO DE LAS FRONTERAS 

Dice el criminólogo Elias Neuman (2004) que la maquinaria carcelaria funciona a fuerza de ejercicios de crueldad y discriminación que hieren día a día la autoestima, socavando el ánimo hasta quebrar al recluso por dentro. Una alquimia, dice, dirigida a lesionar de muerte a la dignidad, a abrir una herida en el reo y a ensancharla paulatinamente hasta dejarlo exangüe. Esa cadenciosa tortura, cuya constancia acompañaba fulminante el paso de los días, de las semanas, de los meses, fue menguando silenciosamente la moral de los autodefensas presos. Un año después de la detención, varias de sus familias habían abandonado sus lugares de residencia. Entre las razones, estaban por lo general una mezcla de necesidad y miedo que las empujaba a salir de sus comunidades, o del estado y, si se podía, también del país.

Al cabo de dos años, la apuesta del gobierno daba sus frutos. Los rostros de hombres otrora altivos y audaces aparecían sombríos, un pesar doliente se adivinaba en los entrecejos y una desesperación acuciosa poblaba ahora las conversaciones. Ya nadie hablaba de las autodefensas. Si Michoacán seguía incendiándose era cosa que para ellos había pasado a segundo o tercer término. Lo primero, ahora, era resolver la situación de la familia, pensar en una forma de pagar deudas y favores que se amontonaban conforme transcurrían los meses. Ni siquiera las amenazas de muerte que continuaban cayendo sobre algunos de ellos estaban entre sus principales preocupaciones, la angustia por los seres queridos y el deseo de poder regresar con ellos estaba por encima de todo. 

Poco antes del tercer año, comenzó a ocurrir un fenómeno cada vez más recurrente. El contacto permanente entre autodefensas y templarios llevó a que los acuerdos de convivencia tácitos del cautiverio se convirtieran en algo más, y propició acercamientos que se fueron estrechando con el tiempo. En cierto modo, aquello era natural, a final de cuentas, unos y otros provenían de los mismos lugares, de las mismas realidades, y oportunidades de trabajar juntos siempre las había habido. Viejos paisanos, vecinos e incluso familiares habían quedado divididos por el cisma social que a unos colocó del lado de los criminales y a otros de sus combatientes, pero sus historias personales compartían en muchos casos raíces. De esta forma, la convivencia y el encierro fueron apaciguando a los bandos, lo que en algunos casos llevó a su vez a dejar de lado las viejas afrentas y rencillas. No se trataba de una simple pax carcelaria, sino del establecimiento de nuevos tratos que, a la postre, significarían un relanzamiento de la gobernanza criminal en varios pueblos. 

A ello, habían contribuido dos factores: en abril de 2017 el gobierno de Silvano Aureoles ordenó el cierre del CERESO Francisco J. Múgica de Morelia, y trasladó arbitrariamente a todos los presos ahí recluidos al Centro Penitenciario David Franco Rodríguez, ubicado en las afueras de la misma ciudad, donde otros grupos tanto de templarios como de autodefensas, se encontraban. El otro factor fue el papel de abogados abusivos que aparecían más en los medios que en los juzgados donde se desahogaba la causa, dispendiando tiempos que en su alargue alimentaban la desesperación. A esto, se sumaba el proceder fraudulento de un grupo de coyotes procedentes del Estado de México, enviados, según se rumoraba, por gente cercana al comisionado Alfredo Castillo, quienes sabían que muchos en aquellas cárceles se encontraban básicamente indefensos y había, por tanto, con la ayuda de sus contactos dentro de las instancias judiciales, la posibilidad de sacar dinero. La panorámica, en su complejo, terminó por agotar la paciencia de algunos quienes ya cansados de entregar dinero a cambio de promesas que se convertían en humo, comenzaron a explorar otras alternativas, que, eventualmente, encontraron en los abogados de los templarios. 

A diferencia de aquellos que en teoría debían defenderlos, los abogados de la maña demostraron una mayor eficacia, pues, independientemente de los cargos que se les imputaban, sus clientes comenzaron a salir libres antes. El tamaño de esas contradicciones fue un duro golpe de realidad para muchos de los autodefensas que habían confiado en la justicia porque se sabían inocentes, y porque los cargos en su contra eran mentiras absurdas que deberían de haber caído pronto. Pero los barrotes les seguían recordando que no era así de simple. Las pedagogías de la represión fueron entonces haciendo mella en ellos, y entendieron que los caminos de la justicia no llevaban a ningún lado si no se les transitaba en los vehículos correctos; entendieron que en la alcantarilla se juega con las reglas de la alcantarilla, y optaron por adoptarlas. 

Por lo demás, había una serie de ventajas adicionales para quienes se acercaron a los grupos templarios. Entre las más atractivas, estaba el ofrecimiento de pagar los servicios legales con trabajo y colaboración para el cartel, una vez obtenida la libertad. Eso significaba, implícitamente, al menos, dos cosas. Una, se limaban asperezas que ayudaban a que los jefes de plaza que seguían libres y buscaban venganza, perdonaran o canjearan los castigos por algún tipo de servicio. Además, había ahí la posibilidad de asegurar una fuente de ingresos sumamente útil para paliar la crisis que se acrecentaba, y que, de otra manera, iba a ser muy difícil de conseguir en el mercado formal de trabajo, sobre todo con el pesado estigma de la prisión encima. De hecho, se podía comenzar a colaborar incluso antes de salir libre, si el reo así lo decidía. 

Para el cuarto año de prisión, varios entre los más jóvenes trabajaban ya abiertamente para alguno de los grupos controlados o asociados a los templarios dentro de los penales, como el de los tecatos, que manejan hasta hoy el tráfico de heroína y otras drogas dentro del CERESO Mil Cumbres. En algunos de estos casos, los autodefensas recién integrados a esos grupos, alcanzaron con el tiempo posiciones de poder importantes dentro de la organización. El lugar común dice que la cárcel enseña a los internos a comportarse como criminales, y, en estos casos, los jóvenes no sólo lo habían aprendido, se volvieron maestros. Si la readaptación se trata de preparar al reo para inserirse de manera exitosa en la realidad social, estos fueron quizá los que salieron del penal siendo más aptos para enfrentarse al Michoacán de esos días. 

EL REGRESO A LA REALIDAD 

Quienes, a pesar de todo, mantuvieron alguna distancia frente a los criminales dentro de las cárceles, y lograron más tarde obtener su libertad, volverían a pueblos donde los gatilleros templarios lo controlaban nuevamente todo. Varios, que cargaban con amenazas de estos últimos, tuvieron que irse en definitiva de esos lugares a riesgo de perder la vida o la de su familia. Otros, por valor o porque no tenían más opciones, decidieron enfrentar esa posibilidad, y acabaron muertos en los rincones de la sierra, a la vera de brechas, sobre las dunas de playas y entre los polvos de caminos rurales. 

Las autodefensas eran ahora parte de una historia hecha de fantasmas, de breves recuerdos que hacían aflorar fugaces sonrisas, apagadas de inmediato por silencios de texturas desconcertantes. 

A diez años de aquellos eventos, está todo más claro, nunca hubo realmente la voluntad de acabar con el flagelo de las mafias, sino de reacomodar los poderes en palio para que los que se benefician de un estado excepcionalmente rico en recursos naturales, lo sigan haciendo. Ahí están la feroz agroindustria, los proyectos mineros, los puertos de altura, la ganadería extensiva, controlados todos por metapoderes que no han dejado de drenar la naturaleza y los territorios michoacanos. Ahí están la desigualdad y la pobreza lastimando perennemente el tejido social, ahí están, también, los récords de homicidios renovándose año con año, los de desaparecidos, cifras en las que la entidad se encuentra anual e infaltablemente entre las diez primeras del país. 

Quienes sobrevivieron, siguen siendo el testimonio vivo de la brutalidad con la que operan los poderes en Estados neoliberales en los que el crimen organizado no es sino una fracción orgánica, cuando se osa pretender transformar las realidades que los alimentan. La cárcel, dice Elías Neuman (2004), es un microcosmos en donde se recrean las relaciones sociales de dominación. En Michoacán, los presidios fueron el instrumento coercitivo para obligar, mediante la violencia de la reclusión, a aceptar el orden de las cosas como algo inamovible. Quienes cuatro o cinco años antes combatieron criminales, volvían, de este modo, a ser nuevamente sus víctimas. Los pueblos regresaron a las garras de matarifes y secuestradores, que tuvieron a su vez que agruparse bajo diferentes siglas para darle contenido a las versiones oficiales que anunciaron el fin de los Caballeros Templarios. El orden político estatal había recuperado su estabilidad y la rueda de la economía mantenía su curso. La normalidad estaba pues restablecida. 

EL LEGADO 

Y, sin embargo, la mancha que ha dejado la sangre regada por costas y serranías permanece indeleble, delineando los contornos de una geografía del dolor que arraiga y define más que nunca a quienes, con sus sacrificios y por razones que escapan a los maniqueísmos, contribuyeron a construir la historia de Michoacán de los últimos diez años. Entre estos, quedan los testimonios de muchos autodefensas, personas sencillas, cuyos avatares no aparecerán nunca en diarios ni reportajes, pero que dejan sembrada una semilla de dignidad y coraje capaz de germinar en las circunstancias más extremas. Sus encarcelamientos, sus infortunios, sus muertes, son retazos de un entramado histórico desgarrado por múltiples violencias, pero son también las notas de una capacidad para resistir que sigue desafiando a los silencios y a las ficciones estatales que, mascaradas de izquierda o derecha, cada sexenio anuncian que las cosas en Michoacán marchan bien. 

En medio de órdenes cada vez más opresores, forjados al calor del inmundo contubernio entre el capital y el Estado, la épica heredada por los grupos de autodefensas no es poca cosa. Aun y con sus múltiples claroscuros y contradicciones, la idea de gestas populares enarboladas para proveer amparo a la población, sigue siendo un poderoso mensaje político que engancha bien con una tradición de lucha arraigada en la identidad y en la historia de las latitudes michoacanas. Hay, por tanto, en el testamento de las autodefensas, un capital inflamable, la pólvora de la movilización que aguarda un nuevo aumento de las temperaturas para volver a estallar la realidad. 

A diez años de su nacimiento y muerte, las autodefensas siguen siendo – razonablemente – objeto de interpretación y análisis. Son demasiadas aún las preguntas sin respuesta que siguen flotando en las geografías michoacanas, como demasiadas son también las heridas que dejó una guerra con cuyos efectos seguimos haciendo cuentas. Quién sabe qué rumbo hubieran tomado las cosas de no ser por las mandíbulas de un aparato estatal que trituraron hasta la última reminiscencia de aquellos afanes. Lo que nos queda es, por ahora, una historia soterrada bajo el peso del plomo y la sangre, esperando a que la curiosidad comience a extraer respuestas. Como señaló Carlos Montemayor (2003) explicando otras batallas “estamos en el momento que empieza a surgir a la luz la memoria de estos movimientos. Esa memoria debe formar parte de nuestra conciencia actual, porque su historia empieza a revelarse para decirnos lo que somos, lo que a través de nuestras luchas hemos querido ser, y deseamos aún llegar a ser.” 

^{* Los testimonios que aparecen en el texto fueron obtenidos entre julio de 2014 y diciembre de 2018. Los nombres de sus autores fueron cambiados por motivos de seguridad.} 

^{** Rogelio Josue Ramos Torres es investigador académico y recientemente finalizó un doctorado en antropología social.}

FUENTES 

Guerra Manzo, Enrique, (2015). “Las autodefensas de Michoacán, movimiento social, paramilitarismo y neocaciquismo”, en Política y Cultura, UAM-Xochimilco, Otoño 2015, Núm. 44, p.p. 7-31 https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/article/view/1270/1245 

Maldonado Aranda, Salvador (2012). “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 74, Núm. 1, Enero-marzo, p.p. 5–39 http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/29532/27470. 

Maldonado Aranda, Salvador, (2014). “Michoacán y las autodefensas. ¿Cómo llegamos aquí?”, en Nexos, 14 de enero 2014 https://redaccion.nexos.com.mx/michoacan-y-las- autodefensas-como-llegamos-aqui/ 

Arias-Vázquez, Martha O., (2014). “Notas en torno a las autodefensas michoacanas”, en Análisis Plural, Primer semestre, ITESO, p.p. 169 – 181 https://rei.iteso.mx/server/api/core/bitstreams/65821534-0cb7-46a3-8ed1- 05aa1ab1d9fa/content 

Ríos, Viridiana, (2014). “Autodefensas, el riesgo de no aplicar la ley”, en Nexos, 1 de abril de 2014 https://www.nexos.com.mx/?p=20018. 

Neuman, Elías, (2004). “Quebrados por dentro. La prisión y su función deshumanizadora,” en Renglones, núm. 58 – 59, ITESO, p.p. 6 – 19 https://rei.iteso.mx/server/api/core/bitstreams/75521a03-b16c-4679-a9d0- 3211f6887dd9/content. 

Montemayor, Carlos, (2003). Prólogo a “En las profundidades del MAR. El oro no llegó de Moscú”, de Fernando Pineda Ochoa.

La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, en la víspera de llevar a cabo su quinta reunión nacional, misma que se realizará en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», manifiesta su solidaridad y acompañamiento a la causa justa de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, integrantes del Congreso Nacional Indígena y de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, quienes desde el día 20 de junio le ha sido cortada la luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en lo que también se conoce como la Toma INPI.

Exigimos la solución inmediata a las demandas de vivienda, salud, trabajo, alimentación, justicia y la reinstalación de la luz de la comunidad indígena Otomí.

La Toma INPI, que después de un año fue renombrada como la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», es un espacio de resistencia y rebeldía, contra el mal gobierno; es una forma de protesta ante el abandono gubernamental a las demandas de la comunidad indígena originaria de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro. Su demanda principal es el derecho a la vivienda digna y decorosa como lo establece el Art. 4o Constitucional.

Recordamos que la toma del INPI, se dió en medio de la pandemia y como respuesta a la nula solución a sus demandas y ante la desesperación de no tener techo para sus hijos, ni acceso al agua, al trabajo y la salud; sin embargo, han pasado casi 4 años de la toma del INPI y ninguna de sus demandas se ha resuelto.

El gobierno federal no solo ha preferido abandonar el inmueble y traicionar las Mesas de Diálogo, que resolver sus exigencias. El gobierno de la CDMX ha frenado la posibilidad de encontrar una solución y ha puesto un sinfin de obstáculos para no resolver sus demandas que vienen desde hace más de 25 años. Responsabilizamos de estos actos de discriminación, desprecio, represión y olvido a los funcionarios responsables del Instituto de Vivienda de la CDMX, INVI; de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, #SEDUVI, a la Secretaría y Subsecretaría de Gobierno de la CDMX y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX que encabeza Martí Batres Guadarrama.

La Comunidad Otomí, lejos de rendirse y doblegarse ante los malos gobiernos, ocuparon ese espacio para reunir y convocar otras luchas y resistencias de México y el mundo. En esa larga espera por un techo digno, le han dado techo, cobijo y acompañamiento a las luchas por el agua, el territorio y la vida. Son parte y han caminado con sus hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena; caminan inspiradas en la digna lucha de las Comunidades Zapatistas y del Ejército Zapatista de Liberacion Nacional, EZLN; así como todas las luchas que abajo resisten contra el despojo del agua, el territorio y la vida, es decir, contra el sistema capitalista y patriarcal . Reiteramos que nuetros hermanos de la Comunidad indígena Otomi, forman parte activa de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

 Por lo anteriormente expuesto.

 DECLARAMOS:

 1. EL acoso, la criminalización y la represión en contra la Comunidad Otomí, la asumimos como una agresión a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, ANAVI, no solo porque son compañeras y compañeros fundadores de la ANAVI y han acompañado esta iniciativa desde sus orígenes, también por qué es el espacio atacado con el corte de luz donde hemos realizado muchas de nuestras reuniones de coordinación y porque ahí hemos decidió realizar la Quinta Asamblea Naccional por el Agua y la Vida, ANAVI, misma que se realizará los días 17 y 18 de agosto del año en curso.

 2. Hacemos un llamado urgente a la Comunidad nacional e internacional y a quienes firmaron la Declaración por la Vida, a acuerpar la resistencia y la rebeldía de la Comunidad Indígena Otomí quien mantienen un bloqueo frente a la Casa de los Pueblos en demanda de solución a sus demandas y la reinstalación de la energía eléctrica.

3. Invitamos a acompañar las guardias, a sumar acopio, a denunciar y presionar a las autoridades correspondientes para que den solución inmediata a sus justas demandas y exigimos el cese el hostigamiento y represión política en contra de cualquier integrante de la comunidad y de las organizaciones que participan de este movimiento.

   El bloqueo se encuentra en Avenida México Coyoacán 343. Col. Xoco. Benito Juárez.

Agua, Tierra y Libertad

Zapata Vive, la Lucha Sigue

ATENTAMENTE

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

1 de Julio 2024

#alertaotomí

#tenertechoesunderecho

#otomí

Congreso Nacional Indígena

Otomíes en Resistencia y Rebeldia

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El día de hoy, 1 de julio del 2024, inició la “cuenta regresiva” para que Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, termine oficialmente su gobierno al frente de esta administración.

A través de medios de comunicación y redes sociales, pudimos escuchar a Martí Batres Guadarrama anunciar 50 acciones, como parte de un plan de trabajo que llevará a cabo en sus últimos 100 días al frente de esta administració. Escuchamos muchas promesas, compromisos y buenas intenciones…, vaya discurso. Para muchos les resultará alentador en la recta final de esta administración. Sobre todo, cuando esta administración intenta convencernos de que vivimos en una “Ciudad Innovadora y de Derechos con acento social”; sin embargo, ese discurso, contrasta con la realidad que actualmente esta viviendo la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, la misma que ocupa actualmente, lo que fueron las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, y que ante la soberbia del traidor de los Pueblos, Adelfo Regino Montes, este edificio fue renombrado, como la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

En sus 100 compromisos para cerrar esta administración, a Martí Batres Guadarrama, se le olvidó mencionar un compromiso pendiente que tiene con la Comunidad Indígena Otomí, que durante más de 25 años ha demandado en las distintas administraciones, el derecho a una vivienda digna y decorosa, tal y como lo establece el Art. 4º Constitucional .

Sr. Jefe de Gobierno, acá le recordamos que existimos, porque resistimos…

La Comunidad Otomí lleva 12 días de que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, le cortara la luz en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. El corte de energía eléctrica ha dejado a más de 40 familias sin luz, sin agua, sin drenaje, pues el cárcamo de aguas negras esta colapsado, el riesgo de contaminación de aguas negras con las cisternas de agua potable es inminente.

Estos 12 días de incertidumbre, de represión y hostigamiento, no se comparan en nada con los casi 4 años que llevamos en la Toma del INPI, pues hemos tenido que resistir la discriminación, el desprecio, el olvido, la criminalización y la persecusión política como una estrategia de gobierno por doblegar nuestra digna lucha. A todo esto se suma la nula voluntad política para resolver nuestras demandas y el fallido intento de desalojo que llevaron a cabo el pasado 12 de octubre.

Desde la Toma del INPI y hasta el día hoy, hemos reiterado nuestra voluntad y vocación por alcanzar acuerdos a través de las mesas de diálogo muy a pesar, que por el poco tiempo que le queda a esta administración, la salida pudiera ser violenta, es decir, un desalojo.

En 30 años hemos exigido el derecho a la vivienda, salud, trabajo, educación, alimentación, justicia, tranquilidad y felicidad para nuestros niños y niñas ; sin importar el color del partido en turno, a cambio hemos recibido racismo y discriminación en lo que va de seis administraciones de gobierno en la CDMX, seis administraciones del orden federal; incluida la que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es decir, 6 gobiernos que no han querido dar solución a nuestras demandas.

Con los recientes procesos electorales, no solo se ofrece continuidad de la mal llamada “Cuarta Transformación”, el Plan “C” el que ya esta echado a andar, está pensado para imponer al pueblos de México lo que se decida en Palacio Nacional, está pensado para acabar con todas las resistencias y rebeldías que se oponen al sistema capitalista y patriarcal, es decir, si no estás con la Cuarta Transformación eres su enemigo. Claudia Sheinbaum, como Jefa de Gobierno, nunca se dignó a recibir y escuchar a la Comunidad Otomí, siendo presidenta de la República, no solamente seguirá en su lógica de indiferencia gubernamental, pues con Harfuch al frente de la seguridad de este país, muy seguramente se ofertará una salida violenta.

Mientras, los escuchamos decir que “este gobierno es distinto”, “que ya no existe el neoliberalismo”, “que no son iguales”. Pues nosotros les decimos que, si no son iguales, entonces, comienza la cuenta regresiva de 100 días para que: Andrés Manuel López Obrador; Adelfo Regino Montes -el traidor de los Pueblos- y titular del INPI; Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Tania Libertad Argumedo Chávez, del Instituto de Vivienda de la CDMX e Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, CUMPLAN A CABALIDAD Y DE UNA VEZ POR TODAS, LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX.

LES OTORGAMOS EL BENEFICIO DE LA DUDA, PARA QUE EN 100 DÍAS CUMPLAN CON LO QUE SUS ANTECESORES NO PUDIERON HACER

No hay más compañeros…

En 100 días veremos si este gobierno es igual de racista y mentiroso que los demás. En 100 días veremos si simplemente nos dejan en el olvido; si en 100 días o menos, vuelven a venir con granaderos a golpearnos y desalojarnos como lo hicieron en 2018 en Roma 18, o cuando lo intentaron el 16 de octubre del 2023 en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, “Samir Flores Soberanes.”

Compañerxs, hacemos un llamado para que en todos lo rincones y territorios de México y el mundo, según sus calendarios y geografías, puedan, sumarse a esta cuenta regresiva. Convocamos también, para que en estos 100 días de “cuenta regresiva” del gobierno de la CDMX, a la Comunidad Otomí, se conviertan también, en “100 días de solidaridad, resistencia y rebeldía contra el mal gobierno.

Convocamos para que toda acción en redes sociales, virtuales o presenciales, haga suya esta iniciativa, al mismo tiempo que agradecemos puedan sumarse con actividades muy diversas a esta “cuenta regresiva”. Diario estaremos llevando el conteo de los días que van transcurriendo hasta que el gobierno cumpla su palabra. Si quieres participar con alguna actividad, puedes enviarla al correo: comunicacionotomi@gmail.com

Compañerxs, dejamos esta pregunta al Gobierno de la Ciudad de México:

¿Acaso en 100 días no puede un gobierno con acento social, dar vivienda a una comunidad de indígenas Otomís?

Nosotrxs seguiremos resistiendo pese a sus mentiras y traiciones, como lo hemos hecho en este sexenio, como lo hemos hecho por 36 años, y como nuestros padres, abuelos y abuelas, han resistido por más de 532 años.

Atentamente

No nos Vendemos, No Claudicamos y No traicionamos

Tener Techo, es un Derecho

Por el Derecho a la Ciudad

Nunca más una Ciudad sin sus Pueblos y Comunidades Indígenas

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

Alto a la guerra contra las Pueblos Zapatista

Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG y de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE LUCHAN Y RESISTEN

 A LOS PUEBLOS NAHUAS DE MORELOS

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA CNI

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTES

AL PÚBLICO EN GENERAL

Enviamos este comunicado para dar a conocer la situación en la que está viviendo actualmente nuestra comunidad indígena nahua de Cuentepec, donde se nos está violentando nuestros derechos como pueblos indígenas autónomos, nosotros nos regimos por nuestros sistemas normativos, conocidos mayormente como usos y costumbres, donde la máxima autoridad de la comunidad y quien legitima las decisiones del pueblo es la asamblea comunitaria.

El municipio de Temixco, en un acto racista y discriminatoria está violentando nuestro derecho a la libre determinación y nuestra autonomía, reconocidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2, 3, 4, 5 de la Declaración sobre los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 1, 2, 5, y 21 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Debido a que el día miércoles 26 de junio del presente año, aproximadamente a las 9:30 pm., se tocó la campana para llevarse a cabo una asamblea de manera extraordinaria, debido al incumplimiento de las normas tradicionales comunitarias, de que no se presentaron las personas que habían sido electas el pasado domingo 23 de junio, para ocupar en el cargo de las nuevas autoridades de la Ayudantía Municipal, por lo que la asamblea decidió que no se le realice la entrega de la Ayudantía Municipal a las personas electas y que se solicite una nueva asamblea para volver a elegir a otra persona como Ayudante Municipal de nuestra comunidad, debido a la inconformidad por la incompetencia del cumplimiento de las normas tradicionales ancestrales.

Ante esta decisión en asamblea, solicitamos a todas las autoridades comunitarias y tradicionales que comuniquen dicho incumplimiento y la decisión de realizar una nueva asamblea para nombrar a otros integrantes a formar la nueva Ayudantía municipal

Por lo que el día jueves 27 de junio del presente año, se ingresó un escrito al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, IMPEPAC, y al Ayuntamiento de Temixco para informarles la situación y nuestra decisión como pueblo indígena nahua. En esta última institución al dar a conocer la decisión del pueblo, el personal de la jefatura de Colonias y Poblados del Ayuntamiento hizo caso omiso a nuestra petición, la cual empezó a agredirnos verbalmente diciendo que no entendemos, que no conocemos las leyes y que ellos son las únicas autoridades competentes en legitimar y entregar los cargos a las ayudantías en todas las colonias del municipio, sin embargo, ellos están cometiendo un acto violatorio al no reconocer que nuestra comunidad es una de las últimas comunidades autónomas que se ha venido rigiendo bajo sus propios sistemas normativos, por lo que están violentando y discriminando las normas tradicionales ancestrales de nuestra comunidad.

En un acto transgresor, el día viernes 28 de junio, como una muestra del desprecio, discriminación e ignorancia en contra de nuestra autonomía de gobierno de nuestra comunidad indígena nahua de Cuentepec, el Ayuntamiento de Temixco le tomó la protesta del cargo a los señores Andrés N. Lázaro N. y Benito N. como nuevas autoridades de la Ayudantía municipal, ignorando y discriminando nuestra libre determinación comunitaria.

Ante este acto de provocación responsabilizamos al ayuntamiento por las consecuencias que pudiera generar en el tejido social y en la vida diaria de nuestro pueblo indígena nahua, que ha resistido en mantener su propio sistema normativo y que no está dispuesto a que ningún gobierno local, estatal o federal les imponga nuevas formas de organizarnos.

¡LOS PUEBLOS INDÍGENAS EXISTIMOS Y RESISTIMOS!!

¡EXIGIMOS RESPETO A NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA COMO PUEBLO INDIGENA NAHUA DE CUENTEPEC!!

¡CUENTEPEC RESISTE!

¡JAMÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!!

¡JAMÁS CALLARÁN NUESTRAS VOCES!

ATENTAMENTE

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE CUENTEPEC

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Comunidades indígenas han realizado protestas por la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz.}

Defensoras y defensores de la naturaleza y del territorio del Istmo de Tehuantepec han sufrido al menos 226 agresiones en los últimos tres años en el marco del megaproyecto Corredor Interoceánico, llevado a cabo por la administración de Andrés Manuel López Obrador, en los estados de Oaxaca y Veracruz. La documentación fue realizada por 23 organizaciones sociales de Derechos Humanos reunidas en una misión civil de observación.

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Dentro del periodo de documentación, entre mayo del 2021 a mayo de 2024, se registraron 72 ataques en los que se cometieron las 226 agresiones, entre ellas intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, criminalización, daños a propiedad, difamación, detención arbitraria, estigmatización, desplazamiento forzado, homicidio, desalojo forzoso, uso indebido de la fuerza, allanamiento, despojo, robo y desaparición.

“Está la criminalización, la amenaza de ser encarcelado, de quizá llegar a desaparecernos o asesinarnos. Eso siempre ha estado presente en nosotros. […] el estar esperando qué va a pasar, qué nos van a hacer”, relata un defensor indígena binnizá con identidad resguardada, de San Blas Atempa, Oaxaca.

Las víctimas son mayoritariamente integrantes de algún pueblo o comunidad indígena. Las organizaciones registraron que 66 de los 72 ataques documentados fueron perpetrados contra los pueblos indígenas Mixe (Ayuuk) y Zapoteco (Binnizá).

Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), organización que hace parte de la misión, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en la mañana del jueves (27) que hubo un incremento de las agresiones en el último año y medio. 

Para él hay dos elementos que coinciden con este aumento. “Por un lado, está la transferencia del mando sobre el Corredor Interoceánico de elementos civiles [hasta septiembre de 2023 estuvo a cargo Rafael Marín Mollinedo] para la [Secretaría de] Marina”, sostiene. 

Según Beas, el cambio de mando ha dado lugar a una serie de problemas. Un ejemplo, cita, es que “muchas comunidades que permitieron los trabajos relacionados al corredor a cambio de algunos programas de desarrollo o de vivienda, el gobierno, y en particular la Secretaría de Marina [Semar], no ha querido reconocer estos acuerdos”. 

Por otro lado, junto con el ingreso de la Marina como la responsable del desarrollo de las obras del corredor, en diciembre de 2022 tomó posesión Salomón Jara (del partido Morena) como gobernador del estado de Oaxaca. “El número de agresiones más fuertes se da a partir de enero de 2023 y adquiere mucha fuerza principalmente a partir de enero 2024”, sostiene.

Luz Coral Hernández, integrante de Territorios Diversos para la Vida, otra de las organizaciones que hacen parte de la misión, advirtió durante la conferencia de prensa que los datos presentados por las organizaciones son en realidad una referencia en el marco de la magnitud de violencia a la que se enfrenta las personas y comunidades defensoras en la región. “Es solamente un piso mínimo de las verdaderas cifras de las agresiones que se perpetran contra las personas y comunidades”, dice.

Los agentes

Los responsables por ejecutar las violaciones de derechos humanos son en su mayoría agentes pertenecientes al Estado, quienes participan en el 66% de las agresiones. Siguen agentes privados, 30%. No se identificó 4% de ellos. “En 26 de los 72 ataques hubo participación de uno o varios elementos de las fuerzas de seguridad pública de tinte militar”, señala Coral Hernández.

Las organizaciones destacan agresiones por parte de órganos de gobierno responsables por la protección de los núcleos agrarios, como son el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. 

Además, agresiones por parte de autoridades encargadas de la investigación de las agresiones y procuración de justicia tanto del orden federal como local -Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Poder Judicial Federal y Poder Judicial del Estado de Oaxaca-.

La justicia

Hoy existen 12 carpetas de investigación abiertas, tanto en orden federal como estatal, relacionadas con 55 personas defensoras del territorio. Se han registrado, además, 20 detenciones de defensores; mientras, 19 fueron liberados.

“Nos preocupa mucho el uso del sistema de justicia para obstaculizar la labor de defensores de los derechos humanos. Esta es una tendencia que se mantiene de manera recurrente y sistemática”, alerta Nataniel Hernández, de la Red TDT. 

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Mujeres e infancias

En al menos 28 ataques documentados, los impactos de la violencia trascendieron a infancias, esposas, madres y padres de las personas defensoras víctimas en el momento específico del evento.

Se identificó violencia de género en contra de mujeres defensoras mixes. “Mediante agresiones físicas y de intimidación, al ser atacadas por presuntos elementos de la Semar, cuestionando también sobre su labor de defensa en el marco de estereotipos de género respecto de labores de cuidado y hogar”, dice el informa de las organizaciones. 

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Lo que se está viviendo en el Istmo de Tehuantepec, aseguran las organizaciones, es un proceso acelerado e impuesto, con un clima de intimidación y securitización militar generalizado, con despojos de tierras y territorios, con la imposición de formas de vida, así como el saqueo de elementos naturales; “todo eso ha significado para comunidades y organizaciones istmeñas una realidad inaceptable”. 

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: El pasado sábado (22), con festival político cultural, reivindican solidaridad con el zapatismo y denuncian acoso a la comunidad otomí en la CdMx por el Gobierno de Batres. Foto: Noticias de Abajo ML}

Después de que el pasado jueves (20) la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpió el suministro eléctrico de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, “Samir Flores Soberanes”, al sur de la Ciudad de México, la comunidad Otomí alertó que ésta es una maniobra de autoridades locales, quienes preparan un desalojo violento del inmueble, ocupado desde octubre del 2020.

La emergencia sucede al mismo tiempo que colapsan otros servicios como el agua potable en el inmueble, que albergó por dos años al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y cuyo director, Adelfo Regino Montes, señalan por ser el responsable de responder con la criminalización ante las exigencias por vivienda digna de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, originarios de Santiago Mexquititlan, Querétaro.

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Durante rueda de prensa la mañana de este martes (25), mujeres Otomís sostuvieron que, tras la interrupción de mesas de diálogo, y tras más de tres años de la ocupación del inmueble, no hay avance en acuerdos para solucionar sus demandas, por lo que auguran una posible salida violenta al conflicto por parte de la administración de la capital.

“Están haciendo una limpieza de los conflictos para la siguiente administración”, acusaron ante la propuesta de la alcaldía de la ciudad de México para que entreguen el edifico el próximo 15 de agosto. Acorde a la denuncia, funcionarios de la ciudad preparan la entrega del inmueble a la siguiente administración federal y para ello emplean la persecución judicial para criminalizar la lucha Otomí, integrando carpetas de investigación y órdenes de aprehensión por “despojo agravado”.

Cabe resaltar que, tras la reciente acción de la CFE al cortar la luz en la Casa de los Pueblos, al mismo tiempo aumentó el número de elementos policiacos en las inmediaciones, lo que la comunidad indígena avizora como el anuncio de una posible represión.  

“Desde estas entrañas, donde hemos sido criminalizadas y criminalizados, le reiteramos al Gobierno de la Ciudad de México y Adelfo Regino Montes, que no nos cansamos”, anunciaron tras el bloqueo de la avenida México Coyoacán, el cual mantiene la comunidad Otomí desde el pasado jueves (20), para exigir el reestablecimiento de la energía y el respeto a sus derechos por parte de las autoridades, federales y locales.

¿Dónde están nuestros derechos?

Tras la interrupción del suministro eléctrico, las mujeres Otomís denunciaron el colapso del drenaje debido a la falta de energía para mantener infraestructura en funcionamiento. “Ya se está saliendo las aguas negras. El drenaje ya está hasta el tope y tampoco les importa, nos puede causar enfermedades”, sostuvieron.

En la rueda de prensa, señalaron que las personas que habitan la Casa de los Pueblos, entre los que hay recién nacidos, infancias y personas mayores y con discapacidad, han visto vulnerados otros de sus derechos como consecuencia del daño a las condiciones básicas de vivienda en el inmueble.

“Nuestros hijos no pueden tener el derecho de educación, a la salud, a la justicia, a la alimentación, al trabajo”, argumentaron sobre los problemas críticos, como la falta de agua potable. 

Esto ocurre, pese a que la comunidad Otomí entregó una propuesta a la administración de la ciudad, encabezada por Martí Batres Guadarrama desde el pasado febrero. Entre las demandas destacan la expropiación de inmuebles para destinarlos a vivienda social, así como para albergar un centro cultural comunitario que sea la nueva sede de la Casa de los Pueblos. 

Además, enfatizaron el desestimiento de los procesos penales contra la comunidad Otomí, así como contra Diego García Bautista, integrante de la organización social Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez. 

Este llamado de alerta fue replicado por los participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), quienes el sábado (22) se posicionaron contra la ola de violencia y represión contra organizaciones y comunidades que defienden sus territorios en México. 

“El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida”, sostuvieron desde la ANAVI.

En el contexto post electoral, las mujeres Otomís recalcaron el llamado a estar pendientes de la violencia contra el bloqueo y la Casa de los Pueblos. “Todo porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su deslumbrante transformación, decidió no quedarse callado, sino desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir se cumplan sus derechos sociales”, señalaron.

Ciudad de México a 27 de junio de 2024.- Ante la difusión de información relacionada con el caso, las y los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, junto con las organizaciones que les acompañan, en Conferencia de Prensa precisaron las siguientes cuestiones:

1. Las familias refirieron que los 15 folios de inteligencia militar entregados por el Gobierno Federal el pasado 3 de junio de 2024, no satisfacen la exigencia de que se entreguen los más de 800 folios que, con base en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres y las madres han demandado con insistencia desde julio de 2023. Por el contrario, los folios entregados incluso confirman que los archivos militares aún hay más información que debe entregarse. En efecto, en algunos de estos documentos se transcriben intervenciones telefónicas realizadas respecto de comunicaciones de personas posiblemente relacionadas con los hechos, lo que confirma la necesidad de que se ponga a disposición toda la información relacionada con estas: es decir, de quiénes se trata, dónde se encuentra el seguimiento completo, el consecutivo de llamadas. Por ejemplo, en dónde los intervinientes claramente dialogan sobre el paradero de los muchachos, sin que hasta ahora se haya brindado la información de dicha conversación. Asimismo, en la reunión con el presidente se habló de que habría poco más de 600 folios que el ejército, unilateralmente, determinó que no eran relevantes.

2. ⁠Las familias externaron que han sido informadas de que la Fiscalía General de la República (FGR), mediante su área de servicios periciales y por solicitud de los funcionarios que han quedado a cargo de la investigación, está intentando aplicar un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial a diversos restos óseos que aseguran pueden estar relacionados con la investigación, sin darle intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, incumpliendo el acuerdo con los padres y madres sobre la presencia de estos equipos que cuentan con su confianza. Esto aun cuando en el pasado dicho método ya condujo a resultados equívocos. Por ello, ante la posibilidad de que el inminente cierre del sexenio lleve al anuncio precipitado de resultados no verificados, desde ahora se señala que resultados de presuntas identificaciones que no sean validados por el EAAF e Innsbruck sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión, siendo indispensable abrir este proceso a la asistencia internacional, como se solicitará en la próxima reunión.

3. Frente a la afirmación de que no hay pruebas de la participación del Ejército, las familias y sus representantes estiman que es indispensable recordar los hallazgos del GIEI en el caso. Así, no puede olvidarse que es claro que antes, durante y después de los hechos hubo irregularidades atribuibles a esta Fuerza Armada. Antes, porque es un hecho objetivo probado que hubo una infiltración ilegal a la Normal mediante un elemento militar en activo que hoy es parte de los desaparecidos, lo que siempre ocultó el Ejército. Durante, porque los elementos militares, incluyendo a los de inteligencia conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), estuvieron presentes en los lugares donde fueron desaparecidos los jóvenes, sin intervenir, y después falsearon sus declaraciones ministeriales iniciales. Y después, porque sistemáticamente, en el sexenio pasado y el anterior, el Ejército ha administrado la información que detenta. A esto se añaden dos cuestiones adicionales: la obtención de mensajes de texto de telefonía celular que acreditan que los criminales actuaban impunemente en Iguala en connivencia con elementos del 27 Batallón antes del 26 de septiembre de 2014 y los señalamientos de al menos un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación por activa de algunos militares en la propia desaparición. Sobre esto último, que surge de la propia investigación oficial y no de nuestros señalamientos, lo que corresponde es una investigación a fondo y no una exoneración sin investigación. Por todas estas consideraciones, las familias insistieron en que no puede afirmarse que se haya ya clarificado la actuación del Ejército en el caso e instaron a que no se difunda información que pase por alto esas realidades.

4. Finalmente, las familias reiteran su respaldo a las organizaciones y abogados que les acompañan, rechazando los señalamientos de que han actuado contra sus intereses, de que se hayan reunido con el ex presidente, Enrique Peña Nieto sin su conocimiento, o de que hayan incitado a la violencia. Los familiares reiteraron que a lo largo del proceso Serapaz, Fundar, Tlachinollan y el Centro Prodh les han acompañado como asesores, respetando su dignidad como víctimas, defendiendo sus intereses y consultando con ellos las diversas acciones que se han impulsado.

Conferencia de Prensa: Sobre información recientemente difundida sobre el caso Ayotzinapa https://t.co/D1g9zkcXE1

— Centro Prodh (@CentroProdh) June 27, 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Beatriz Millón}

La Corte de Apelaciones de París admitió la demanda civil interpuesta por la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, localizada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contra la empresa francesa Électricité de France (EDF). Además, aclaró los pasos necesario a seguir para futuros casos bajo la ley francesa del Deber de Vigilancia de las Empresas, que otorga a los tribunales nacionales la capacidad de controlar las acciones de las empresas francesas cuando causan daño en el extranjero.

La demanda fue presentada por la comunidad, en conjunto con las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC) y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), en octubre de 2020, por violaciones a sus derechos territoriales colectivos. La comunidad de Unión Hidalgo es la primera comunidad indígena que invocó sus derechos bajo la ley francesa.

Las organizaciones afirman que EDF no respetó el derecho de la comunidad indígena al consentimiento libre, previo e informado en la planificación del parque eólico Gunaa Sicarú en Oaxaca, México. La empresa tampoco tomó medidas adecuadas para prevenir la intimidación, el acoso y la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos que criticaban el proyecto.

“Nos alienta la decisión del tribunal de reconocer la admisibilidad de nuestra demanda contra EDF, lo cual reafirma nuestro derecho a impugnar acciones corporativas que violan nuestros derechos sobre tierras comunales y derechos humanos”, sostiene Guadalupe Ramírez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.

Para el coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, Guillermo Torres, esta decisión envía un mensaje claro a las empresas transnacionales. “Sus actividades pueden estar sujetas a revisión judicial siempre que no cumplan con la ley. También abre el camino para que otras comunidades afectadas exijan acceso a la justicia en los países de origen de las corporaciones”, asegura.

Riesgo de regreso

En 2022, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo logró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara el contrato de suministro eléctrico firmado con EDF, con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado. 

De acuerdo con Torres, la inviabilidad del proyecto fue declarada por las autoridades mexicanas, tras una serie de litigios emprendidos en México desde 2017. “Esos litigios versaron sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas con motivo del proyecto, pero la responsabilidad de la empresa por violaciones a los derechos humanos no fue analizada en esos casos”, explica a Avispa Mídia. 

EDF tiene una responsabilidad que “es distinta e independiente a la responsabilidad estatal, de acuerdo con los estándares internacionales sobre debida diligencia; es por ello que el juicio [en París] sigue adelante”.

Además, aunque el proyecto fue considerado “inviable material y legalmente por las autoridades mexicanas, la empresa sigue buscando vías legales por las cuales reactivarlo”. Un ejemplo, cita Torres, es que EDF inició un procedimiento arbitral relacionado con la cancelación del contrato de compraventa de energía.

Demex

En 2022, once comuneros de Unión Hidalgo lograron la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras firmados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que posee un parque eólico en la comunidad.

El fallo contra la empresa estableció que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energíafueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

Alertamos que las Mesas de Diálogo entre el Gobierno de la CDMX, la Comunidad Indígena Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez, se estancaron, sin previamernte haber alcanzado algún acuerdo. No miramos, indicios de poder avanzar en la solución de lo que ellos llaman “el conflicto”. Por lo que alertamos, se pudiera estar fraguando una posible salida violenta, es decir,  un desalojo a la Casa de los Pueblos.

Sras. y Sres. de los Medios de Comunicación

Sean Ustedes Bienvenid@s

Depués de más 25 años de exigir  el derecho a una vivienda digna y decorosa como lo establece el Art. 4º Constitucional y después de 3 años y 8 meses que la Comunidad Indígena Otomí tomó el Instituto Nacional de Pueblos Indígrenas, INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, muy seguramente, lo que digamos, ya no resultará ser noticia para un titular en las primeras planas de sus medios de comunicación; excepto, claro, que un día de estos, la mala noticia sea que la Casa de los Pueblos fue desalojada violentamente; y todo, porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su “deslumbrante  tranformación” decidió no solo no quedarse callada, sino  desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir, se cumplan sus derechos sociales tal y como lo estable la Constitución política de 1917, que depaso valga la pena mencionarlo, a 107 años de su promulgación, nuestros derechos a la salud, alimentación, trabajo, educación y vivienda, son letra muerta.

Señor@s de los medios de comunicación, no sabemos si en otro día habrá la oportunidad de decirlo, por lo que hoy queremos reiterar lo siguiente: el Art, 2. Constitucional, párrafo 4º, señala que: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esto, no sucede en la CDMX.

Sr.  Andres Manuel López Obrador y Sr. Martí Batres Guadarrama, porqué no cumplen con este precepto constitucional?, qué les ha impedido resolver la demanda de vivienda de esta comunidad Otomí?, porqué nos ignoran?, porqué nos desprecian?, porqué nos discrimina?, porqué nos criminalizan?, porqué no hay congruencia en sus discursos y los hechos?, nuestra demanda vine de más de 25 años atrás; porqué ésta adminitración de la Cuarta Tranformación resultó igual que las anteriores?, será que solo se ha cambiado al Capatáz pero el Finquero sigue siendo el mismo?. 

Ante tantos años de oídos sordos y ante tanta discriminación, hoy hecha, política pública de gobierno, apelamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las normas internacionales relativas a los Pueblos Indígenas como lo es, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes No. 169; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo realativo a vivienda, alimentación, educación, salud, agua y propiedad  intelectual; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niñ@. 

Hacemos un llamado URGENTE, porque miramos que en medio del cambio de gobierno, más allá de resolver nuestras demandas y en espacial la de vivienda; más allá de continuar con las Mesa de Diálogo que por cierto no se avanzó en nada; más allá de habernos cortado la luz desde el pasado 20 de junio, sin importales las condiciones de vida de nuestros niños recién nacid@s y nuestr@s adult@s mayores, como un acto de represión; más allá de quedarnos sin agua y con un problema serio del bombeo de las aguas negras, porque nos dicen: “que la Comisión Federal de Electricidad” no quiere reconectar la luz. Nosotros anticipamos que muy seguramente se esta preparando una salida violenta “al conflicto” como ellos le llaman. Es decir, el Traidor de los Pueblos Adelfo Regino Montes está en la antesala para hacer entrega de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues como han de recordar, a dos años de la creación del INPI en 2018, sus instalaciones centrales le fueron tomadas, es decir; de 6 años como titular del INPI, sólo tuvo la gloria de despachar dos años, el resto lo hizo en el exilio. 

Resulta sorpredente que en casi 4 años de la Toma del INPI, no hayan tenido la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí, mejor dicho, no quisieron resolverlas.

La pregunta es, ¿En qué condiciones Adelfo Regino, hará entrega de las Instalaciones del INPI a la nueva adminitración?. Aquí señalamos el fondo de nuestra denuncia…

Muy seguramente se prepara la entrega del inmueble a la siguiente administración con Carpetas de Investigación, con órdenes de aprehención, no solo criminalizando la lucha de la Comunidad Otomí, sino incluso judicializando la denuncia por despojo agravado y muy seguramente, con una acción de desalojo violento, como la única vía para acabar con “el conflicto”. Pues mietras en esto se prepara la clase política, en contraste, y con premeditada simulación,  las mesas de diálogo están establecidas y el gobierno definió un calendario, el 17 de junio nos recibieron en las oficinas del gobierno central sin avances significativos; la siguientre cita está programada para el día 1 de julio y su propuesta es, que el día 15 de agosto sea la fecha en la que la Comunidad deberá entregar el edificio que hoy ocupa la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Obviamente, no les importa si se resolvieron o no, las demanda de la comunidad. Es suma, estan haciendo una limpieza, de los conflictos, para la siguiente administración. 

A pesar de la tormenta en la que nos organizamos y resistimos, anunciamos públicamente, que ya no tenemos nada que perder, asi que seguiremos en el bloqueo de la Av. México-Coyoacán hasta a la reconexión de la luz y hasta el cabal del cumplimiento a nuestras legítimas demandas, como unica garantía para acabar con “el conflicto” que tando dolor de cabeza les ha ocasionado”.

Y para que quede contancia públiaca de nuestra propuesta que entregmos a Martí Batres Guadarrama el pasado 12 de febrero del presente año, como la única ruta de solución a las demandas de la Comunidad, la hacemos de su conocimiento:

1. Ante la justificación del gobierno respecto a la imposibilidad de expropiar Londres 7/ Roma 18, ofrecieron comprar a través el INVI, un terreno de 3000 m2 a cambio del predio de referencia. Por lo que exigimos el cumplimeinto de ese acuerdo.
2. Exigimos la inmediata desocupación e inicio de las obras para 40 departamentos en el predio de Zacatecas 74, que de paso recordamos, este inmueble fue expropoiado el 17 de junio de 2021.
3. Exigimos retomar la construcción de las obras suspendidas en Vícvtor Hugo  126, Juan Escutia 10, Certificados 6, e iniciar la obra en Antropólogos 56. De igual forma acelerar los procesos de expropiacion de Independencia 12 y Cuauhtemoc 73.
4. Exigimos el reconocimiento institucional a los 19 titulares que asignó la Comunidad Otomí como beneficiarios en el inmueble ubicado en la calle de Zacatecas 74, Col. Roma.
5. Solicitamos el otorgamiento de la ayuda de renta social a los beneficiaro titulares de Zacatecas 74, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del INVI, para inmuebles en alto riesgo estructural.
6. Exigimos una Mesa de trabajo con Adelfo Regino Montes y/o quien asigen para solicitar el desistimiento de las denuncias penales en contra de la Comunidad Indígena Otomí y en contra de nuestro compañero Diego García, que por más de treinta años ha caminado con nuestra comunidad. De igual forma demandamos una reunión urgente con la Fiscalía la CDMX y  la Fiscalía General de la República para exigir un alto total a la judicialización de la Toma INPI.

• Respecto al predio de Londres 7/Roma 18, hace unos años le propusimos a Martí Batres, que no sólo queriamos hacer vivienda en el predio, sino que pretendiamos rescatar la Memoria Hitórca de lo que fue la sede de la resistencia española en México durante la epoca del del Franquismo. Celebró nuestra visión y mencionó que el mayor reconocimiento a la Comunidad Otomí, por resgurdar durante más de dos décadas  dicho inmueble, sería que ahí tambien se quedara la comunidad Otomí. Sin embargo, el anuncio que hizo Martí Batres, hace unos días respecto al mismo predio, demuestra que no solamente nos negaron el derecho a vivir en Roma 18, sino que hicieron suya nuetra  prouesta. Acambio, ofrecieron, que en el proyecto que desarrolle en dicho lugar, se asignará un espacio cultural para la Comunidad Otomí, en donde pueda desarrollar sus actividades. Por lo que exigimo el cumplimiento a su palabra.
• Exigimos que los inmuebles ubicados en Independencia 68 y Cafetal 369, deberán de adquirirse y fideicomitirse a través del INVI, dichos inmuebles, tienen contrato de compraventa desde 2016 y 2017. Todo un sexenio sin la voluntad de compra, al menos para la organización social UPREZ Benito Juáez.
• Que la salida, desocupación o entrega de la Casa de los Pueblos, será posible, SI Y SOLO SÍ, se adquiere y fideicomite a traves del INVI, el inmueble ubicado en la calle de Independencia 12, Col. Zacahuizco, con una superficie de 3000 m2. Dicho inmuebel debará pasar al patrimonio de la Comunidad Otomí y de la Organización Social UPREZ Benito Juárez, no sólo para construir vivienda digna de interés  social, sino para construir halgo más simple y algo más sensillo, es decir, un “Centro Cultural Comunitario”, donde se levante la nueva sede de la “Casa de los Pueblos y Comuniades Indígenas, ´Samir Flores Soberanes´”. Este proyecto integral deberá contar con vivienda digna, con estacionamiento, con una sala amplia de usos multiples, con un comedor, con una cocina comunitaria, con dormitorios, baños y regaderas, con una escuelita autónoma, con una radio comunitarias, con un centro de medicina alternativa, con un temazcal, con el adecuado aprobechamiento y reciclamiento de aguas pluviales, servicios complementarios o accesorias para la elaboración y venta de artesanías, una azotea adecuada para la composta y el desarrollo de huertos urbanos, un espacio para producción de pan y elaboración de torillas, un un taller amplio para la producción de “Ar Lele”, la muñeva rebelde y un espacio asignado al aire libre para es esparcimiento de la comunidad y el desarrollo de muy diversas actividades. 

Señores de los medios de comunicación, esta es la propuesta que presentamos a Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX; a Erasto Ensástiga, Subsecretario de Gobierno CDMX; a Tania Libertad Argumedo Chávez, Coordinadora Ejevcutiva de Seguimienro Institucioanl del INVI; a Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, comisionado para encabezar las Mesas de Diálogo con la Comunidad Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez y, su tarea, encontrar una solución integral a lo que ell@s llaman “el conflicto”. ENTONCES PREGUNTAMOS ¿DE QUÉ LADO ESTÁ LA SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD?

Dejamos entonces ante Ustedes, la ruta que hemos planteado para encontrar una solución justa y digna a nuestras demandas, y por ende, a nuestra digna lucha de Resistencia y Rebeldía.

No nos vendemos, No claudicamos y No traicionamos

Atentamente

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Tener Techo, es un Derecho!

¡Vivienda pagada, no regalada!

¡Por el Derecho a la Ciudad!

¡Nunca más una Ciudad sin su pueblos y comunidades indígenas! 

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas!

¡Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN!

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

UPREZ Benito Juárez