I
Exposiciones de Cartel y Fotografía.

Del 15 al 25 de abril del 2018, en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Imágenes de la esperanza.

El arte del cartel en la campaña de Marichuy.
Curaduría de Alejandro Magallanes

Ausencias y presencias

Mujeres desaparecidas, mujeres en dignidad rebelde
Fotografías de Maya Goded y Graciela Iturbide

II
Concierto Musiquero.

Domingo 15 abril, desde las 1600 horas, en el CIDECI-UniTierra.
Programa aparte.

III
Sesiones del Conversatorio:

Lunes 16 de abril, a partir de las 1600 horas:

Marichuy Patricio Martínez.
Mercedes Olivera.
Márgara Millán.
Sylvia Marcos.

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Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.

Lee también: Comuneros de Aldama denuncian despojo y desplazamiento forzado

Compartimos aquí la denuncia de los comuneros de Aldama:

Hacemos un llamado a:

Los medios de comunicación, local, nacional e internacional.
Al gobierno estatal y federal.
A las organizaciones civiles de derechos humanos.
A la sociedad civil.

Origen del conflicto:

El pueblo de Aldama Magdalena queremos externar nuestra preocupación que hemos vivido entre la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) y Aldama donde hemos sufrido el despojo de parcela de 60 hectáreas que son legítimos dueños ancestralmente de los 115 comuneros de Aldama.

1. 2014 empieza la agresión por parte de Santa Martha a Aldama robándoles mangueras de agua potable y tala de árboles (pino, liquidámbar) que son propiedades de Aldama, haciendo la denuncia correspondiente por ecosidio y robo.
2. 2016 el 19 de abril empiezan a cortar el fruto de café parcela por parcela y tala parcial de algunas matas de café.

En el mes de mayo y junio: tala total de árboles frutales de café con un total de 40 hectáreas de cafetal y talando todas las sombras de café (chalum).

El 12 de junio el grupo de invasores despojaron a 7 familias con un total de 52 personas de sus hogares bajo amenazas con armas de fuego y machetes, robándoles todas sus pertenecías.

El 15 de julio el grupo de invasores quemaron y destruyeron en su totalidad las 7 casas de las familias despojadas de sus hogares.

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En el municipio de Aldama, región Altos de Chiapas se encuentran alrededor de 638 personas en situación de desplazamiento forzado desde el pasado 3 de marzo cuando un grupo armado del vecino ejido Manuel Utrilla, también conocido como Santa Marta en Chenalhó realizó disparos de arma de fuego de grueso calibre contra las casas, y escuelas en las comunidades de Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam. Los conflicos agrarios se potencian en medio de una región en donde los paramilitares nunca fueron desarmados, además de ser amparados por el estado mexicano. Regeneración Radio realizó un recorrido por las comunidades afectadas y pudo constatar los disparos constantes y el riesgo a la vida de las personas que se encuentran bajo escases de alimento, en medio de las inclemencias del tiempo y del terror; esta es su historia.

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

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Por Gideon Levy

Photo taken on March 30, 2018 shows an injured Palestinian youth being carried by other protesters as they flee during clashes after a demonstration near the border with Israel, commemorating Land DayEl contador de la muerte marcó salvajemente. Una muerte cada 30 minutos. De nuevo. Otro. Uno más. Israel estaba ocupado preparándose para la noche del Seder. Las estaciones de televisión continuaron transmitiendo sus tonterías.
No es difícil imaginar qué hubiera pasado si un colono hubiera sido apuñalado: emisiones en el lugar, abrir los estudios. Pero en Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel continuaron masacrando sin piedad, con un ritmo horrible, mientras Israel celebraba la Pascua.

Si había alguna preocupación, era porque los soldados no podían celebrar el Seder. Al caer la noche, el recuento de cadáveres había alcanzado al menos 15, todos ellos con fuego real, con más de 750 heridos. Tanques y francotiradores contra civiles desarmados. Eso se llama una masacre. No hay otra palabra para eso.
El portavoz del ejército proporcionó un consuelo cómico, y anunció por la noche: “Se frustró un ataque de disparos. Dos terroristas se acercaron a la cerca y dispararon contra nuestros soldados.” Esto vino después de la duodécima muerte palestina y quién sabe cuántos heridos.

Los francotiradores dispararon contra cientos de civiles, pero dos palestinos que se atrevieron a devolver el fuego a los soldados que los masacraban son “terroristas”, sus acciones calificadas como “ataques terroristas” y su sentencia: la muerte. La falta de autoconciencia nunca se ha hundido a tal profundidad en la IDF.

Como de costumbre, los medios prestaron su apoyo atroz. Después de 15 muertes O. Heller en Channel 10 News declaró que el incidente más grave del día había sido los disparos de los dos palestinos. Dan Margalit “saludó” al ejército.

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A los pueblos Ikoot y Binnizá de San Dionisio del Mar
Al pueblo de México
A los medios de comunicación

El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno enviamos nuestro apoyo y solidaridad con los hermanos y hermanas de la comunidad de San Dionisio del Mar, Oaxaca.

Repudiamos el cobarde ataque que personas priistas, bajo las órdenes de la presidenta municipal Teresita de Jesús Luis Ojeda, realizó en contra de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Ikoot de San Dionisio del Mar, Oaxaca, ocurrido el pasado jueves 29 de marzo durante la celebración de las tradiciones de semana santa en la comunidad y que dejó a cinco compañeros heridos por armas de fuego.

Sabemos que detrás de los intentos por sembrar la violencia está la intensión de concretar el despojo a favor de los intereses capitalistas apostados en la región del Istmo de Tehuantepec, a los cuales los pueblos Ikoot y Binnizá, con su histórica organización, han resistido con determinación desde el año 2012, en que detuvieron la invasión por la empresa Mareña Renovables, que pretendía imponer aerogeneradores que despojan de esos territorios a las comunidades.

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Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A la opinión pública
Al pueblo istmeño

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio manifiesta su repudio a las agresiones realizadas contra integrantes de la Asamblea General de Pueblo de San Dionisio del Mar por pistoleros a cargo de la actual presidenta municipal Teresita de Jesús el pasado 29 marzo, al atacar a balazos a compañeros de la Asamblea de San Dionisio del Mar, durante la celebración de las festividades del Judío, resultando de ese ataque 5 compañeros heridos, estos actos se inscriben en una escalada de agresiones contra los defensores y defensoras del territorio en nuestro Estado.

Asimismo, manifestamos nuestro apoyo a la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar quienes desde hace varios años han estado desarrollando y acompañando conjuntamente con otros pueblos de la región, una fuerte lucha contra el despojo de nuestro territorio para la imposición de los proyectos eólicos, especialmente el proyecto de Mareña Renovables. Sabemos que esta agresión se enmarca en una ofensiva del estado contra las comunidades indígenas para imponer sus proyectos de despojo y muerte.

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25 de Marzo de 2018.

A lxs compas solidarixs.

Durante las últimas décadas los gobiernos de la ciudad de México han intentado ofrecer a los intereses del capital la garantía de eliminar la oposición a sus proyectos de muerte y despojo, con lo cual han copiado de políticas europeas la administración de la cero tolerancia (Con AMLO, Ebrad y Mancera), para crear códigos penales que dan pie a la criminalización de la protesta y los sectores de por si excluidos.

El artículo 362 del código penal de la ciudad de México determina que es un delito “presionar al gobierno para que tome ciertas medidas” teniendo un amplia similitud a la tipificación del delito de terrorismo. El delito de Ataques a la Paz Pública específica que será castigado “aquel que por medio de la inundación, terremoto o incendio provoque el pánico a la ciudadanía”, provocando así una laguna jurídica que ocasiona una ambigüedad en el criterio de quién juzga, permitiendo así que en repetidas ocasiones se realizen detenciones durante las marchas, protestas y manifestaciones, teniendo como resultado a varios compañeros detenidos arbitrariamente y procesados bajo este delito, un delito que podríamos considerar como meramente político pues ha sido utilizado repetidamente para reprimir y criminalizar al movimiento social.

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