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Se podría desencadenar la violencia en Chalchihuitan peor que en Acteal
El 24 y 25 de noviembre se documentaron hechos muy lamentables , 4873 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas viven en condiciones de desplazados, viviendo la mayoría en las montañas con mucho frío en la noche, otros están viviendo en la cabecera de Chalchihuitan. Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso.
Se necesita urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños. Hay varias casas quemadas.
Por favor, urge nuestra solidaridad nacional e internacional, para atender esta crisis humanitaria. También, urge que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal.
Antecedentes[1]:
La violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Esto dio cause a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.
Comunidades con sus habitantes cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:
- Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias
- 8 mujeres embarazadas
- Comunidad de Pom: 436 familias, más de 2000 habitantes, 100 mujeres embarazadas
- Tzomolton:107 familias, 800 habitantes, 6 mujeres embarazadas
- C’analumtic:191 familias, 600 habitantes
- Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
- Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
- Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
- Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
- Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas
4873 personas son desplazadas
Comunidades afectadas, pero no desplazadas:
Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum, Saclum
**Fuente de información: las autoridades de cada comunidad afectada y del ayuntamiento, párroco Sebastian. cel 9191442128
Para apoyar, comunicarse en Caritas de la Diócesis de San Cristobal de las Casas con la coordinadora. Norma cel: 9671203722″
1] De la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/
Organizaciones se posicionan frente a iniciativas en materia de Seguridad Interior
Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.
Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:
- Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
- Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
- Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
- Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
- Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.
Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.
Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.