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Guardia Nacional contiene a la caravana migrante mediante violaciones de derechos humanos y abuso de la fuerza
- Elementos antimotines de la Guardia Nacional encapsularon a integrantes de la caravana migrante en el municipio de Suchiate, Chiapas, causando lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
- Actuación de COMAR, el Grupo Beta del INM y organismos públicos de derechos humanos ha sido lenta y omisa, incluso nula.
- El gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
México. 24 de enero de 2020.

Las organizaciones y redes firmantes, que formamos parte de la Misión de Observación en Derechos Humanos en Tapachula en mayo de 2019, expresamos nuestra condena absoluta a la violencia que el Estado mexicano ha ejercido en contra de la población migrante y con necesidades de protección internacional que ingresó a México en caravana el pasado 23 de enero, a través de la acción directa e indiscriminada de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la dilación y omisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.
Ayer, alrededor de 2000 personas (entre las que había mujeres, niñas niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad) salieron de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron el río Suchiate buscando una alternativa por el puente “Suchiate II” y se internaron en territorio mexicano sobre la carretera Ciudad Hidalgo – Tapachula, en el estado de Chiapas. En lo que identificamos como actos de intimidación, hostigamiento y persuasión, durante varios kilómetros la caravana estuvo flanqueada por elementos y vehículos de las fuerzas militares. Finalmente, al llegar al municipio de Frontera Hidalgo, tras caminar diez kilómetros a pleno sol, se encontraron con el operativo liderado por la Guardia Nacional, basado en el abuso de la fuerza y con el objetivo de contener y detener a todas las personas integrantes de la caravana, omitiendo las obligaciones del Estado de identificar a las personas con necesidad de protección internacional y violando el principio de interés superior de la niñez.
Personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas fueron testigos de la acción militar de encapsulamiento usada por el grupo antimotines de la Guardia Nacional, así como del uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés. El operativo causó que grupos de personas se internaran en parajes selváticos tratando de escapar de la represión. (Continuar leyendo…)
La lógica perversa del sistema judicial estadounidense: de Guantánamo a Washington
Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now!
En Estados Unidos, todas las miradas están puestas esta semana en el Senado, donde se desarrolla el juicio político contra el Presidente Donald J. Trump. Trump es el tercer presidente que es sometido a un juicio de destitución en la historia del país. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, se está desarrollando otro juicio importante. Tras el alambre de púa del denominado “Campamento Justicia”, cinco de los 41 prisioneros que siguen detenidos en Guantánamo –acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001– asisten a las audiencias preliminares al juicio a casi 20 años de los atentados.
Uno de los testigos del juicio es el Dr. James E. Mitchell, un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que, junto con su socio, el psicólogo John “Bruce” Jessen, elaboró y llevó a cabo el programa de tortura de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Los doctores Mitchell y Jessen participaron activamente en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos de la CIA. Ambos han sostenido durante mucho tiempo que eran tan solo contratistas que recibían órdenes de la CIA. A pesar de no que no contaban con experiencia previa en técnicas de interrogatorio, el gobierno de Estados Unidos les pagó la generosa suma de al menos 81 millones de dólares con dinero de los contribuyentes por la elaboración del programa de tortura. La tortura es un crimen de guerra y quienes torturan deberían ser enjuiciados. Sin embargo, el Dr. Mitchell no es quien está siendo juzgado esta semana. De hecho, dijo en forma desafiante ante el tribunal “Volvería a hacerlo”. Mitchell estaba sentado en la sala del tribunal a unos pasos de las víctimas de sus sesiones de tortura.



















