Chiapas
Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas (Chalchihuitán y Chenalhó)
Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias
Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).
Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-
CONSIDERAMOS:
1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;
2° Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,
En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:
1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.
a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados
b. Detención y castigo a responsables
c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.
d. Confiscación de armas
e. Acciones judiciales efectivas
2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.
a. Utilización y aplicación de protocolos
b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas
c. Instalación de campamentos específicos para desplazados
d. Ayuda humanitaria
e. Salud integral
f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.
g. Reparación integral del daño
h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas
3. Libre tránsito.
a. Rehabilitación de vías de comunicación
b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)
4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.
5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.
6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.
Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A,C
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.
Pronunciamiento Conjunto
Foto: Brigada médica de Sadec, atención a población desplazadas en Chalchihuitán. Facebook Sadec A C Sdc
¿El crimen a servicio del Estado o el Estado a servicio del crimen? Los desplazados de Chalchihuitán-Chenalhó
¿Qué siente un niño al irse muriendo de frío?
Al parecer, depende. Si se trata de un estadounidense (blanco), un europeo o un miembro de las élites privilegiadas de nuestra nación, la mera pregunta provoca indecible horror. No así si se trata de un niño (o un adulto mayor) indígena, pobre entre los más pobres, agonizando bajo los árboles en la montaña en noches a temperaturas bajo cero, protegido de la intemperie por un pedazo de plástico y, quizás, la única cobija que el gobierno “generosamente” aportó a cada familia desplazada.
Desde hace más de un mes, 6 mil personas están desplazadas de sus hogares. Perdieron sus tierras, sus casas, sus pertenencias, sus cosechas, sus animales… todo. Salieron con la ropa del cuerpo ante las amenazas de un grupo armado de Chenalhó, coordinado por la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la aparente complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello.
(Ver Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación de los orígenes del conflicto y Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó para un reporte sobre la situación de los desplazados.)
A pesar de que varios medios de comunicación nacionales han dado cobertura a la tragedia, hay un silencio inexplicable en los medios internacionales y una inacción por parte de los gobiernos estatal y federal que demuestra un profundo desprecio por la vida de los pueblos orginarios.
El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), después de años de inacción, finalmente “resolvió” el conflicto territorial que la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria provocó hace más de cuatro décadas, al desconocer los acuerdos comunitarios entre Chenalhó y Chalchihuitán y otorgar a este último tierras que previamente había dotado a Chenalhó. El fallo del TUA ahora desconoce la dotación de tierras a Chalchihuitán en 1975 y se las da a Chenalhó.
(Ver el comunicado conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el fallo del TUA: Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.)
Algunos medios de comunicación celebraron irreflexivamente la supuesta “paz” que ahora gozarán los pueblos tsotsiles de la región. Sin embargo, las autoridades de Chalchihuitán anunciaron que los desplazados no regresarán a sus hogares por falta de condiciones de seguridad y que impugnarán la decisión del TUA.
Independientemente de cómo se resuelva el conflicto agrario, sorprende que los gobiernos estatal y federal den por concluído el conflicto con ese fallo. Miles de personas continúan desplazadas en condiciones infrahumanas sin recibir ayuda apropiada, y la indemnización ofrecida por el gobierno por la pérdida de las tierras, casas, pertenencias, cosechas y animales, es irrisoria. Quince millones de pesos para 5 mil desplazados de Chalchihuitán son 3 mil pesos por persona, por haber perdido todo lo que tenían, por haber sufrido lo que están sufriendo, y por el trauma permanente a niños que luchan por sobrevivir con miedo, hambre y frío. Tres mil pesos por persona, mientras el sueldo promedio mensual de un gobernador es de 93 mil pesos (eso sin contar los millonarios lucros derivados de la corrupción institucionalizada). Y no se requiere mucha matemática para entender que 300 casas para 5 mil personas significa que 17 personas tendrían que vivir en una sola casa.
Pero sorprende aún más que en ningún momento los gobiernos estatal y federal hayan considerado problemático que un grupo terrorista criminal, armado, solapado y abiertamente a servicio de una funcionaria pública, destruya carreteras, asesine impunemente, aterrorice a la población, desplace a 6 mil personas, robe y destruya sus propiedades y provoque la muerte de cuatro niños menores de 4 años y cinco adultos mayores, utilizando en todo esto armas de uso exclusivo del ejército. Y si usamos el término “terrorista” no lo hacemos por amarillismo. La definición de “terrorismo” en el Diccionario de la Real Academia es: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Nada más exacto para describir la actuación del grupo armado de Chenalhó.
Lo que esto demuestra es lo que ya sabemos: En México, el crimen está a servicio del Estado, y el Estado a servicio del crimen.
Mientras eso, los legisladores aprueban la nueva Ley de Seguridad Interior, que da plenos poderes al ejército para reprimir a la población mexicana, y las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 Código Civil Federal, que dice (sí, no es broma) que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien“.
La conclusión es clara: Despojo institucionalizado; operación coordinada entre el Estado y el crimen organizado para asegurar dicho despojo; represión y criminalización a las protestas y resistencias.
Mientras eso, miles de personas siguen sufriendo ante la indiferencia general. Compartimos aquí algunos testimonios de mujeres desplazadas:
Y nos seguimos preguntando: ¿Qué siente un niño, o un adulto mayor, al irse muriendo de frío?
Éstos son los fallecidos, a ellas y ellos les rendimos aquí humilde homenaje:
- Maura Pérez Luna – 1 año
- Adriana de Jesús Pérez Pérez – 2 años
- Niña de nombre y edad no divulgados.
- Niño recién nacido – 3 días de edad (nombre no divulgado)
- Domingo Girón Luna – 70 años
- Martín Girón Rodríguez – 80 años
- María Domínguez Gómez – 57 años
- Marcelino Gómez (edad no divulgada)
- Otro adulto mayor (nombre y edad no divulgados)
- Samuel Luna – asesinado el 18 de octubre mientras trabajaba su parcela.
Además, el joven Raymundo Pérez Luna, de 18 años de edad, intentó suicidarse el 3 de diciembre bebiendo herbicida. Hace 2 años, Raymundo perdió a su hermano Salvador, asesinado por un grupo armado debido al mismo conflicto agrario. Ahora, los constantes disparos de armas y el ambiente de terror que se vive en su comunidad lo llevaron a intentar poner fin a su vida.
Mientras niños y adultos mayores morían de frío y miedo y un joven intentaba suicidarse, el gobernador Manuel Velasco Coello estaba muy ocupado acompañando a José Antonio Meade Kuribreña en el arranque de su precampaña presidencial por el PRI y el PVEM. Éste último, que en definitiva no se pregunta qué siente un niño al irse muriendo de frío, declaró en Tuxtla Gutiérrez que “Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío”, en alusión a la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, explicitando inconscientemente el desprecio de la clase política hacia quienes sí sienten frío, y mucho.