Chiapas
Recrudece violencia en frontera sur de Chiapas; cientos huyen a Guatemala
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.
En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.
Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.
Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.
Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
“La situación se ha agravado particularmente el sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos”, sostuvo la red de organizaciones.
Por su parte, el periodista Isaín Mandujano reportó que, para el martes (23), el número de bloqueos en la región ascendía a 31, lo cual obstaculizaba el tránsito entre los caminos rurales y carreteros en la zona de disputa por los grupos criminales.
“Algunos son bloqueos que buscan autoprotegerse del grupo que controla Chicomuselo. Estas comunidades son Nueva América, El Raizal y Nuevo Resplandor del municipio de Chicomuselo, tambien Nuevo Chejel y Puerto Rico de Socoltenango”, divulgó el periodista en sus redes sociales.
Pobladores de la región relatan que, pese a la presencia de Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ubicado en Chicomuselo, los criminales transitan sin problemas mediante caravanas de camionetas con blindaje, portando armas de alto calibre.
El reclutamiento forzado por parte de los criminales también ha sido denunciado por la RedTDT. Registros de la red señalan estos sucesos en, por lo menos, los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec. A ello, la red suma el reporte de ejecuciones de civiles ocurridas en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, “los cuales habían sido reclutados forzadamente; se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia”.
Desplazamiento hacia Guatemala
Desde la acción urgente difundida el pasado fin de semana se alertaba que las familias comenzaban a desplazarse para huir de la guerra entre grupos criminales y, ahora, se reconoce que centenas de personas han viajado hacia el departamento de Huehuetenango, adyacente a la frontera entre Chiapas y Guatemala.
Medios chiapanecos reportaron que, el martes (23), derivado de la incursión de un grupo armado al municipio de Amatenango de la Frontera, 200 personas iniciaron el éxodo para buscar refugio en el país centroamericano. El miércoles (24), el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo confirmó el arribo de las familias a la población de Cuilco.
“Estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad, del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México”, respondió ante cuestionamientos de la prensa local.
Por su lado, la gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández, puntualizó que existe una brigada militar en la región para brindar seguridad en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). En su reporte, compartió que registraban aproximadamente 300 personas procedentes de Chiapas y lamentó que las autoridades mexicanas no se han pronunciado para proteger a sus ciudadanos.
Para este jueves (25) los servicios de atención de Guatemala atendían al menos a 580 personas, entre ellas familias enteras con niños, mujeres, ancianos y hombres.
Mientras tanto, a través de una carta, el obispo emérito de la diocesis de Tapachula, Jaime Calderón, aseguró que a las condiciones de violencia que viven las comunidades desde hace años, se sumó el “ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.
El religioso detalla que los grupos armados “disponen a su antojo de la población” al mismo tiempo que los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano “hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”.
“Prudencia”, la respuesta
Consultado por la prensa ante la situación de violencia durante la conferencia matutina del pasado martes (23), el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que lo que sucede en la región fronteriza de Chiapas es el enfrentamiento de grupos que “quieren tener bases de apoyo de las comunidades”, por lo que aconsejó “prudencia” a la población para no colaborar con los criminales.
“Con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen; porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien”, compartió el mandatario, quien aseguró que las fuerzas de seguridad tienen las instrucciones de proteger a la población frente a las agresiones criminales.
“No se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región, es un llamado. Además, ellos (la población) saben que los estamos atendiendo como nunca, tan es así que no hay una demanda social, no existe”, aseguró AMLO, quien explicó que lo que se encuentra en disputa es el control de corredores entre Guatemala y Chiapas.
El sistema carcelario en Chiapas, un contexto inhumano y degradante
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de julio de 2024.
Boletín No. 17
El sistema carcelario en Chiapas, un contexto inhumano y degradante
- Crisis humanitaria en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá.
- El Estado mexicano debe tratar a todas las Personas Privadas de la Libertad con respeto y dignidad.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hemos documentado un patrón preocupante en varios Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, donde el autogobierno interno en complicidad con las autoridades carcelarias genera múltiples violaciones a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) como actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento. Estas prácticas son parte de un método de actuación del sistema de justicia que hemos denominado “Fábrica de Culpables”, el cual viola sistemáticamente el debido proceso legal.
Desde marzo de 2024 hemos señalado la situación de sobrepoblación carcelaria que se padece en el CERSS No. 17 “El Bambú”, del municipio de Playas de Catazajá, con 478 internos cuando la capacidad máxima es de 120 personas; junto al hacinamiento al interior de las celdas, donde en un espacio de 9 metros cuadrados mantienen hasta 18 personas. Esta situación ha hecho que aumente el riesgo de enfermedades infecciosas, situación que se agrava por un sistema inmunológico comprometido.
Advertimos también la presencia de múltiples enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados en las PPL.
El foco de infección que presentan empeora sin un tratamiento oportuno y adecuado, lo que lleva a complicaciones graves como septicemia u otras infecciones sistémicas. La falta de seguimiento médico y observación constante reflejan el nulo monitoreo de la evolución de la infección, mucho menos se interviene eficazmente para mitigar el riesgo.
La respuesta de las autoridades carcelarias ha sido el traslado forzado e injustificado de la población a otros CERSS, faltando a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud efectiva y sin discriminación, poniendo en grave peligro la vida e integridad, realizados sin un debido proceso ni recurso efectivo, lo que impacta a la vida familiar de las personas en reclusión, comprometiendo la salud física y mental al exponerlos a condiciones inseguras y limitar su acceso a atención médica adecuada durante el trayecto.
Lo anterior representa múltiples violaciones a derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación y alimentación. También afecta la salud mental, exacerbando el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, el encierro en condiciones tan precarias y la falta de espacio adecuado violan el derecho a condiciones de detención dignas, socavando la dignidad y el respeto como individuos bajo custodia del Estado.
Hacemos un llamado al Estado mexicano a que adopte urgentemente medidas que salvaguarden la salud física y mental para la población recluida en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá, y en todos los centros penitenciarios de Chiapas, tomando en cuenta los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad, contempladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Además de atender la situación de hacinamiento, dejando de lado las medidas arbitrarias e ilegales o represivas que impliquen traslados forzados.
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