San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

2 de abril 2013

Boletín No.

Siguen en situación precaria e inhumana las 13 personas desplazadas de la comunidad de Banavil simpatizantes del EZLN

La Fiscalía de Justicia Indígena obstruye y niega acciones de justicia para restituir derechos a los desplazados internos

Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos hombres, mujeres, niños y niñas desplazadas de la comunidad de Banavil, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del municipio de Tenejapa, se encuentran en una situación precaria de salud por su condición de desplazamiento forzado, además de la constantes amenazas a su libertad, a consecuencia del despojo de sus tierras, la desaparición de Alonso López Luna y el homicidio no esclarecido de Pedro Méndez López. Como respuesta el gobierno estatal por medio de la Fiscalía de Justicia Indígena a dilatado de manera injustificada las acciones de justicia violando de forma sistemática sus derechos humanos.

Desde el 4 de diciembre de 2011, las 13 personas de Banavil tuvieron que salir de sus casas por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actualmente los desplazados y desplazadas se encuentran en San Cristóbal de Las Casas, en donde las condiciones son inhumanas y precarias, viven en un cuarto de madera, cartón con techo de lámina de 3 por 3 metros, con piso de tierra. Ante la falta de higiene y alimentación adecuada para la vida humana, mujeres y niñas están enfermas, sin posibilidad de rehacer su proyecto de vida, sin los medios para su sustento diario, así como con carencia de servicios básicos tales como educación y salud.

Sobre la desaparición del señor Alonso López Luna, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena encabezada por el señor Cristóbal Hernández López y el encargado del caso, el Fiscal del Ministerio Público Cesario Crúz Mendóza, han obstruido las investigaciones de los hechos ocurridos el 4 de diciembre y se han negado ejecutar las 11 órdenes de aprehensión, en contra de los agresores entre ellos los servidores públicos de Tenejapa Pedro Méndez López y Manuel Méndez López, señalados como los autores materiales.

Según testimonios, los agresores del PRI, en fechas recientes despojaron de cinco hectáreas y media propiedad de los desplazados, una parte se la quedaron los agresores y otra parte de las tierras fueron vendidas, nuevos actos que agravan la situación de los simpatizantes del EZLN.

El Frayba ha hecho diversas intervenciones públicas y privadas en diversas ocasiones para solicitarle al Gobierno de Chiapas que se atienda las peticiones de los desplazados internos de Banavil. Sin embargo hasta la fecha no hay ninguna respuesta; con lo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas, por lo ha violentado los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, como la Convención América sobre los Derechos Humanos en su artículo 25; el Convenio 169 de la OIT en su artículo 14; Declaración de la Naciones Unidas sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 10; la aplicación los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos entre otros con relación al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior exigimos:

• Cese todo tipo de amenaza y hostigamiento a los desplazados y desplazadas del ejido de Banavil.
• Que se ejecuten las 11 órdenes de aprehensión en contra de los agresores.
• Que se realicen las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna
• Que se garantice el derecho a la tierra y el retorno con garantía a la integridad personal y vida de los desplazados y desplazadas de Banavil.
• Que el Gobierno de Chiapas como parte del Estado mexicano garantice y proteja los derechos humanos e indígenas de las 13 personas agraviadas.

Antecedentes:

Desde el 2009 hay un hostigamiento por el grupo caciquil del PRI hacia las familias simpatizantes del EZLN, por el hecho de oponerse a acciones arbitrarias cometidas por los mismos caciques, como son: despojo de tierras, tala ilegal de madera, cobro de impuestos y cooperaciones arbitrarias, allanamientos, agresiones físicas, negación al derecho a la educación, entre otros, los cuales han sido denunciadas por las víctimas ante las instancias del gobierno correspondientes; que en los hechos hacen caso omiso.

De acuerdo a la información documental el 4 de diciembre de 2011, en Banavil, Tenejapa, un grupo de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredieron con armas de fuego a cuatro familias que son simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las agresiones tuvieron como resultado: la muerte de Pedro Méndez López; la desaparición de Alonso López Luna; el desplazamiento forzado de cuatro familias acusadas de ser simpatizantes zapatistas; la detención de Lorenzo López Girón quien fue herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas; la detención arbitraria de Francisco Santiz López Base de Apoyo del EZLN (BAEZLN), que se encontraba en un lugar distinto a los hechos; y lesiones a seis personas más.

Fueron liberados Lorenzo López Girón y Francisco Santiz López, y hasta el momento no hay resultados en las investigaciones por la muerte de Pedro Méndez López; la desaparición de Alonso López Luna y el desplazamiento de las cuatro familias del ejido de Banavil.

Refugio para 13 personas

En este audio escucharemos la palabra de los ch´oles de Tila ante la suspensión de la discusión en la Suprema Corte de Justicia y de la intención de promover la indemnización de sus 130 hectáreas. También desmiente al periódico Cuarto Poder y narra la situación que se vive actualmente en el ejido.

[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/TilaSuspensionSCJN.mp3[/podcast]

El 1 de Abril de 2013 fue una fecha esperada con ansiedad por los ejidatarios y ejidatarias ch´oles de Tila. Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaría para decidir sobre las 130 hectáreas que les han querido arrebatar del ejido y por las que han luchado por más de 50 años.

Uno de los múltiples esfuerzos realizados por los ejidatarios y ejidatarias  fue la Caravana que emprendieron a finales de Julio y principios  de Agosto de 2012 a la Ciudad de México al enterarse de que el caso estaba listado para resolución. En esa ocasión, decenas  hombres y mujeres viajaron desde Tila en la zona norte de Chiapas  hasta las puertas de la SCJN en la Ciudad de México para decir: “Aquí estamos, nosotros somos a los que nos quieren despojar. Nosotros somos los que defendemos nuestra tierra y territorio.”

En conferencias de prensa, entrevistas y documentos, los ejidatarios han dejado clara su postura en cuanto a la indemnización: su territorio ancestral, no puede ser sustituido por otras tierras o por el dinero de la indemnización.

En aquel momento, el largo viaje de los ch´oles no rindió fruto ya que el caso no pasaría al pleno hasta el 1 de Abril de 2013.

Cuando finalmente llegó el día indicado, la ponente del caso, la ministra Olga Sánchez Cordero, planteaba un proyecto que incluía en términos prácticos la restitución de las hectáreas al ejido al finalmente ejecutarse la sentencia de amparo decretada en este sentido.

Lo que proponía el proyecto de la ministra Sánchez Cordero es reconocerle la propiedad de las 130 hectáreas en donde se encuentra asentado el fundo legal declarado en el decreto número 72, el cual se considera insubsistente. La propuesta incluía como primer punto que tanto el Congreso como el Gobernador de Chiapas debían ejecutar la sentencia de amparo en contra de dicho decreto en vez de simplemente “darse por enterados” como ha sucedido hasta el momento.

El proyecto también pretendía dejar sin efectos los títulos de propiedad y los actos jurídicos de autoridad del Ayuntamiento respecto a los predios ubicados dentro de la superficie que quedó demarcada como fundo legal.[1] La lógica de esta propuesta es muy simple y puede ser explicada de forma algo burda: Si alguien se posesiona ilegal e injustamente de mi casa (como ya fue reconocido muchas veces en los amparos concedidos, el primero en 1977) y luego ése alguien renta o vende un cuarto de mi casa, no se le puede reconocer al que rentó el derecho de posesión por encima de mí derecho original a mi casa. En todo caso, sería a ellos que rentaron o compraron a los que debería de aplicárseles la indemnización o sustitución, sobre todo porque fue el mismo Estado el que por muchos años ha promovido en la vía de los hechos estos actos irregulares al no ejecutar las sentencias de amparo en primer lugar.

Este argumento cobra aún más peso cuando pensamos que lo que está de por medio son los derechos colectivos de un pueblo originario por encima del derecho individual a la propiedad privada. Si, como afirman los señores ministros, lo que les preocupa es no “afectar a la sociedad en mayor proporción” (razón por la cual invocan el cumplimiento sustituto, es decir la sustitución de las tierras o su indemnización) ¿no sería lo más lógico no afectar a un pueblo, a sus hombres, mujeres y niños que han luchado históricamente por el derecho a decidir en el territorio que han habitado aún desde antes de la llegada de los españoles?

Pero además los ejidatarios y ejidatarias ch´oles de Tila han demostrado que respetaran a todos, indígenas y no indígenas como pobladores :

“Nosotros demostramos con acta de asamblea y no sólo con palabras que la Asamblea General del ejido les reconoce derecho a todos, indígenas y no indígenas como pobladores sólo que es sobre propiedad ejidal que viven, y no como propiedad privada como ha engañado por años el Ayuntamiento Municipal.  Nosotros como Asamblea General de por si hemos administrado estas tierras por medio de nuestros usos y costumbres. Nosotros hemos dado permiso y donado tierra para escuelas y servicios. Nosotros administramos el parque central, el panteón, el agua, el comercio, las fiestas, y cuidamos los sitios sagrados. Esto es lo que también nos quieren robar además de las tierras para seguir engordando su bolsillo con el dinero del pueblo y seguir su corrupción del mal gobierno porque no saben hacer otra cosa.” (Palabra del Ejido Tila-la Sexta que anuncia la resolución de la SCJN sobre sus tierras, 26 de febrero de 2013)[2]

Aún desde una visión centralista e ingenua, el argumento contra los ch´oles no se sostiene. Frente a la bancarrota en el que se encuentra la mitad de los municipios en Chiapas  por el descarado robo que ha habido en los últimos años[3], hay muy pocos argumentos que indiquen que estos servicios serían mejor “administrados” por otro gobierno municipal.

Además, como los propios ejidatarios recuerdan, la mayor parte de la gente que habita el “fundo” son también ejidatarios que forman parte de la asamblea:

“Ya lo hemos dicho que la gran mayoría de los que viven en Tila son familia de ejidatarios que son parte de nuestra asamblea y los que no son también les será reconocido su derecho de posesión.” (Palabra sobre la decisión de suspender la discusión de la Suprema Corte, 1 de Abril de 2013.)

Por otra parte, otro de los argumentos utilizados contra el proyecto de la Ministra Cordero fue su apelo al amicus curiae presentado por Rodolfo Stavenhagen. El amicus curiae es una figura utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

Si bien no está reconocido por la ley mexicana, aquí hay varias cuestiones que considerar. No se trata de cualquier amicus curiae como se dijo en la sesión del pleno, sino de la palabra seria de una investigación profunda realizada por un experto que recogió la historia, los saberes y sentires del pueblo ch´ol de Tila. ¿Qué otros canales o mecanismos existen para que el pleno conozca y considere en su decisión a los habitantes originarios de las tierras sobre las cuales decidirá? Nuevamente, si el objetivo es no afectar en “mayor proporción a la sociedad”, sin este tipo de información y conocimientos ¿cómo podrán tomar los ministros una decisión que verdaderamente cause el menor daño?

Sin embargo, el argumento más inverosímil utilizado por otros ministros contra el proyecto presentado por la Ministra Cordero fue el de que el proyecto empezaba a sustanciarse desde el derecho agrario y culminaba apelando a derecho indígena.  La respuesta de los ejidatarios en su pronunciamiento posterior al final de la sesión es contundente:

“Ellos argumentan si se va a tratar como ley agraria o como ley indígena como si nosotros podemos cambiar de ser indígenas o ser ejidatarios. Les decimos que somos Indigenas Ch’oles y somos ejidatarios del Ejido Tila por eso si están encargados de cumplir la ley tienen que cumplir con las dos leyes agrario y derecho indígena…No están valorando el sacrificio de nuestros abuelos y abuelas que lucharon por sus documentos y que todo esto lo hicimos como pueblo ch’ol. Que si no aparece en los documentos que somos indígenas es por su racismo y discriminación que siempre han tenido los funcionarios del mal gobierno no porque lo escondemos o porque no sentimos que somos lo que somos: indígenas ch’oles y desde 1934 también indígenas ejidatarios.” (Palabra sobre la decisión de suspender la discusión de la Suprema Corte, 1 de Abril de 2013.)

Lo que en realidad se oscurece con una gran cantidad de tecnicismos jurídicos es la batalla política que se encuentra de por medio. Detrás de la inejecución del amparo que concede la restitución de las 130 hectáreas al ejido ch´ol de Tila, se encuentra no sólo la administración del gobierno municipal, sino también el gobierno estatal y las élites locales.

El 31 de Marzo de 2013, en vísperas de la sesión de la SCJN sobre el caso, el ejido  ch´ol de Tila hizo pública una denuncia que hace un recuento pormenorizado de todas las agresiones y hostigamiento que han sufrido desde 1971. En todos estos años ha habido ordenes de aprehensión, quema de casas, golpes, detenciones y preocupantemente, la conformación y actuación del grupo paramilitar Paz y Justicia. Este grupo está vinculado a la tortura, muerte y desaparición de hombres y mujeres en la zona norte de Chiapas, dentro del marco de la política contrainsurgente aplicada en el estado a raíz del levantamiento del EZLN[4].

Según lo denunciado por los ejidatarios y ejidatarias, miembros de este mismo grupo paramilitar ahora están haciendo rondines en las camionetas de la policía municipal y sectorial para intimidar a la gente.

En este contexto, continuar protegiendo a los administradores del gobierno municipal a través de una resolución distinta a la ejecución de la restitución de las 130 hectáreas equivale no sólo a legalizar  el despojo, sino también garantizar la impunidad. Esperemos que las consecuencias de la agudización de la violencia en Tila entren dentro de los cálculos políticos de la SCJN cuando sesione nuevamente.

[2] Todos los comunicados del Ejido Ch´ol de Tila de La Sexta están disponibles en http://laotraejidotila.blogspot.mx/

[3] Se declaran en quiebra 69 municipios de Chiapas, Proceso, Diciembre 2012 Núm. 1900. Nota completa en:   http://www.proceso.com.mx/?p=328474

[4] El informe presentado por el Centro de Derechos Humanos http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en_el_conflicto_armado_en_chiapas.pdf

Mientras en el arriba de la frivolidad, el poder se felicita unos a otros por la rapiña de la que se nutren, nosotr@s acá abajito contamos los días que lleva nuestro compañero Juan Francisco Kuykendall en el hospital, a la espera de tenerlo fuerte y listo para la lucha de nuevo; días de incertidumbre por no conocer hasta ahora la dimensión de las secuelas con las que cargará el resto de sus días, producto a la grave lesión que recibió en la cabeza por culpa de las fuerzas del (des)orden. Allá lejos, arriba, se vive el tiempo de la autocomplacencia megalómana de la clase política y sus paleros mediáticos; acá abajo, sentimos la resistenciasilenciosa de Kuy por recuperar su cuerpo y fuerzas, y la de la gente humilde y solidaria que ha estado en vigilia a su lado. Mientras que allá arriba ya ni se acuerdan de los vidrios rotos que los hicieron clamar por justicia contra quienes atentaban contra la “paz pública”, acá abajo seguimos preocupados por esa rabia que los hizo añicos, por la salud de Kuy, por situación jurídica de nuestr@s compañer@s acosad@s por el Estado.

Por eso y para que se sepa que acá abajo no se olvida ni perdona, llamamos a l@s compañer@s de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a l@s compañer@s de la Sexta, a la gente generosa de buen corazón a que se organicen y difundan, según sus calendarios, geografías y modos, las situaciones de nuestr@s compañer@s atacad@s el pasado 1º de diciembre. Dada la brutalidad de la represión con la que se estrenó el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, apoyado por los gobiernos saliente y entrante del Distrito Federal de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, creemos necesario que se informe y difunda la manera con la que atacaron y reprimieron a nuestr@s compañer@s, con el pretexto de salvaguardar la paz pública. Como quedó claro ese día, ellos en el Arriba no dudarán endesplegar las fuerzas del Estado para silenciar la disidencia rebelde, y para ello cuentan con el blindaje de un código penal que tipifica como terrorismo la denuncia social.

Queremos que se conozcan los casos de l@s agredid@s ese día negro, que se sepa que Kuy sigue en la lucha por su integridad física, que Uriel perdió un ojo por rebelarse, que otr@s tant@s fueron golpead@s en el DF y Guadalajara, detenid@s y procesad@s en contra de su legítimo derecho a exigir respeto ante una clase política que se burla de nuestra esperanza por democracia, libertad y justicia.

Pero también exigimos que se esclarezcan los hechos del 1º de diciembre de 2012, que se finquen responsabilidades contra aquell@s que ordenaron los ataques a nuestr@s compañer@s y que se les siga el debido proceso, empezando por los titulares del Ejecutivo federal y capitalino; que además el Estado repare el daño que ocasionó en las vidas y situación jurídica de nuestr@s compañer@s, que cubra los gastos de hospitalización de Kuy, Uriel y tod@s l@s herid@s, así como los gastos de defensa que tuvieron que desembolsar nuestr@s compañer@s detenid@s y procesad@s.

Compañeras y compañeros: Éste es un llamado a que junt@s coordinemos una Semana de Información del 7 al 14 de abril próximos, enmarcada en la campaña “Va por Kuy”; a que según nuestros modos, calendarios y geografías,corramos la voz por escuelas, barrios y espacios de trabajo,sobre las secuelas del ataque del Estado contra quienes se manifestaron, o de paso iban, en contra de la imposición delbanal Ejecutivo federal actual; a que informemos sobre la convalecencia de Kuy y rescatemos su trayectoria artística y militante en la Otra Cultura, desde donde afirmaba que el teatro y las artes también son parte de la lucha y resistencia; a que difundamos la situación de nuestr@s compañer@s que siguen sujetos a un proceso penal injusto y a todas luces intimidatorio.

Que nuestra palabra y la de nuestr@s herman@s se escuche y se cuele más allá de la ensordecedora plancha mediática. Que nuestra digna palabra llegue a esos otros corazones con los que queremos encontrarnos en este camino de lucha y resistencia. Que mientras allá arriba descansan en sus lechos de policías y militares, acá abajo sepamos claro que nuestr@s herman@s no están solos ni serán traicionad@s ni olvidad@s.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

A 23 de marzo de 2013.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL,

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

A LA CIUDADANIA SANCRISTOBALENSE

Los abajo firmantes denunciamos que: el día 11 de marzo de 2013 a las 23:30 hrs. de la mañana en el domicilio ubicado en calle Brasil #3 Barrio de Mexicanos de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde vivimos la señora Olimpia Barrios de 99 años de edad y sus hijos Angelina López Barrios, y el señor Celedonio López Barrios, llegaron sin mostrar orden de cateo el señor Miguel Rigoberto Zúñiga Juárez agente del ministerio publico de la federación titular de la unidad mixta de atención a narco menudeo junto con Policía Federal Ministerial, quienes entraron en la casa con uso de violencia rompiendo los vidrios de la puerta y con amenazas revisaron los cuartos del señor Celedonio López Barrios y de las señoras Olimpia Barrios y Angelina López Barrios, robando la cantidad de 150 mil pesos, producto de ahorros del trabajo y esfuerzos de muchos años, sustrayendo también mercancía del señor Celedonio López Barrios que utiliza en su trabajo de comerciante. Los policías se fueron sin dar explicación alguna, poniendo en riesgo la salud de la Sra. Olimpia quien fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

CON MUCHA INDIGNACION DENUNCIAMOS Y REPUDIAMOS ESTOS HECHOS VIOLATORIOS DE LA INTEGRIDAD PERSONAL, LIBERTAD Y DIGNIDAD COMO SERES HUMANOS. ES ABSURDO Y GRAVISIMO QUE LOS CIUDADANOS TENGAMOS QUE VIVIR CON ESTA SITUACION DE MIEDO DE SER AGREDIDOS POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, POR LO QUE PEDIMOS SE INVESTIGUEN Y HAGAN JUSTICIA CON QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. ADEMÁS SE REPAREN LOS DAÑOS FISICOS, PSICÓLOGICOS Y MATERIALES OCASIONADOS POR LOS POLICÍAS.

DAMOS A CONOCER LOS HECHOS OCURRIDOS PARA QUE NO PERMANEZCAN EN LA IMPUNIDAD, COMO EN TANTAS SITUACIONES SUCEDE, Y PORQUE OTRAS PERSONAS NO TENGAN QUE SUFRIR ESTE TIPO DE AGRESIONES.

ATENTAMENTE

OLIMPIA BARRIOS

ANGELINA LÓPEZ BARRIOS.

CELEDONIO LÓPEZ BARRIOS.

Denuncia y firmas: http://es.scribd.com/doc/133619912/130401-Den-Allana-Sclc

Familia y vecinos denuncian allanamiento de policías violando derechos humanos #SCLC

A 27 de marzo de 2013, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico.

A la Otra Campaña
A la Sexta Declaracion de la Selva Lancandona.
Al Congreso Nacional Indigena
A los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes
A los medios de Comunicacion
A la sociedad Civil Nacional e Internacional
A los pueblos creyentes
A la opinión publica.

Hermanas y hermanos esta es nuestra palabra sencilla y humilde.

Nosotros hombres, mujeres y niñas  desplazados del paraje Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, Mexico, somo simpatizantes del EZLN fuimos desplazados 13 personas desde el 04 de diciembre de 2011, durante este tiempo hasta la fecha estamos exigiendo justicia y que  ejecuten la orden de aprension contra las 11 personas que son las que estan acusados de homicidio de Alonso Lopez Luna y de las lesiones de Lorenzo Lopez Giron hasta el momento las autoridades no lo quieren ejecutar las ordenes de aprension.

Nosotros los desplazados nos hemos enfermado mucho, pero mas las mujeres y las niñas se enferman de tos, gripa y calentura y no han recibido atencion medica porque no tenemos dinero para comprar medicamentos y tampoco el gobierno nos da atencion medica, no tenemos ningún apoyo. Y nuestro alimento no nos al cansa para comer no tenemos servicio de agua cuando encontramos agua lo guardamos en botes, estamos tristes por nuestra situación porque  además no encontramos trabajo, También hace poco nos enteramos que nuestras tierras, que esta en el ejido de Santa Rosa en el mismo municipio de aproximadamente cinco hectareas y media, los priistas lo invadieron y los tienen posesionados una parte los estan parcelando para repartirse entre los agresores priistas, el que ordena estas posesiones son estos lideres. Agustin Mendez Luna, Pedro Mendez Lopez, Alonso Lopez Ramirez y Agustin Guzman Mendez. Una parte de nuestras tierras lo vendieron estos agresores hasta la fecha nos sabemos con quienes lo vendieron pero si sabemos que son dos hectareas  tres cuartos que ya estan vendidas y que el comprador ya esta haciendo su milpa en nuestras tierras.

El 8 de marzo, tuvimos una reunion con el Juez Propietario Joaquin Intzin Lopez en la fiscalia indigena junto con el Licenciado Lesther Gutierrez Duran, para pedir que nos den seguridad y entrar a sacar nuestras cosas como, maiz, chicharo, avas, ropa, machete, azadon , hacha, son cosas que necesitamos para sobrevivir. Pero el juez dijo que no podia decidir, que solo esta trabajando por su sueldo y que  recibe ordenes del presidente municipal de Tenejapa que se llama Esteban Guzman Jimenez, ese dia nos dijo que no se queria meter en este problema, pero que se ha reunido con el grupo priista agresor.  Por telefono le dijo al licenciado Lester que ya no hay maiz en nuestra casa, pero Lester es testigo que si quedo dejamos maiz dentro de nuestras casa. En varias ocasiones hemos acudido al mesa seis que esta en la fiscalia indigena para solicitar copias de la averiguacion previa pero no nos quieren dar, siempre cuando vamos nos salen preguntando para que nos va servir las copias, que si somos licenciados para checar y ver, que porque nosotros no tenemos derecho de pedir las copias, ni siquiera nos dan información de como se encuentran las averiguaciones previas tampoco vemos avances de parte de la mesa seis de la fiscalia indigena, solo nos dicen que estan trabajando mandando escritos, y cuando pedimos que nos de copias nos dicen que no. Que tienen firmado un acta de acuerdo el fiscal, el director y el sub director de averiguaciones previas de la fiscalia indigena para que no nos den ningun documento. Sabemos que Pedro Mendez Lopez y Manuel Mendez Lopez trabajan en la presidencia municipal de Tenejapa, estas dos personas son los que mataron a mi padre Alonso Lopez Luna hasta fecha sigue desaparecido y estas dos personas tienen orden de aprension y no la ejecutan las autoridades. El dia lunes 18 de marzo de este año los agresores priistas amenazaron a Francisco Santiz Lopez en devolverlo a la carcel por cien años mas y que también a Lorenzo Lopez Giron.  En el paraje de banavil estan reuniendo cinco mil pesos por cada persona, para venir  a comprar a los de la fiscalia para que nos busquen mas delitos, sabemos que en el ejido mercedez juntaron 25 mil pesos y Alonso Lopez Mendez vino a dejar en el paraje banavil para comprar a los de la fiscalía indígena.

Por ultimo denunciamos estos hechos y exigimos al señor gobernador Manuel Velasco Coello y el señor Enrique Peña Nieto, que resuelva nuestro problema, exigimos nuestras cosas, nuestras tierras y casas.

¡¡CASTIGO POR LOS ASESINOS!!
¡¡PRESENTACION EN VIDA DE MI PADRE ALONSO LOPEZ LUNA!!

ATENTAMENTE LOS DESPLAZADOS DE BANAVIL

LORENZO LOPEZ GIRON

MIGUEL LOPEZ GIRON

PETRONA LOPEZ GIRON

ANITA LOPEZ GIRON

ANTONIA GIRON LOPEZ

MARIA MENDEZ LOPEZ

PETRONA MENDEZ LOPEZ

“No podemos acostumbrarnos a vivir bajo la permanente amenaza del crimen organizado y muchas de las autoridades infiltradas por el mismo crimen. Nos preocupa este nuevo hecho de inseguridad y por eso hacemos un llamado a toda la sociedad para que se solidarice no solo con nosotros sino con todos los hombres y mujeres que en este país tienen que arriesgar su vida por la defensa de los derechos humanos de los grupos más castigados por el sistema en el que vivimos.” (Fray Tomas González)

“Doblegarnos no es una opción para nosotros, acá continuamos en La 72″

Nuestro Río Suljaa’, ubicado en territorio Nu Savi y Nancue Ñomndaa, en la Costa Chica de Guerrero, se encuentra en peligro ante la amenaza de despojo impulsada por el gobierno del estado de Guerrero.

Con una obra que pretende entubar el Río de Suljaa’, se busca despojarnos de este invaluable bien natural y llevar el agua del río a la cabecera municipal de Ometepec, sin tomar en cuenta a las comunidades que viven a la orilla de este río.

Con estas acciones, el gobierno del Estado de Guerrero, encabezado actualmente por Ángel Heladio Aguirre Rivero, viola los derecho de los pueblos originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del estado de Guerrero, y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas la cual en su artículo 26 dice: Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

Apoya la lucha del pueblo Nancue Ñomndaa contra el despojo de su territorio.

La Palabra del Agua

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de marzo de 2013

Boletín de prensa No. 07

Entre la política sistémica y las alternativas de vida

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012

Este Centro de Derechos Humanos presenta “Entre la política sistémica y las alternativas de vida, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos, federal y estatal 2006-2012”.

Desde las tareas cotidianas de documentación, durante el período, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y profundizar de manera sistemática, violaciones a los derechos humanos en contra de la población en el territorio nacional.

En primer término, se destaca: las violaciones a los derechos humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en nombre de la seguridad, utilizando mecanismos de control territorial a través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento desbordado de las personas desaparecidas forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en impunidad.

En segundo término: las acciones represivas en contras de las comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), como continuidad de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano.

De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.

Así mismo en el informe presentamos que en la disputa por el territorio la legalidad del despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha, a través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural.

La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se siguen realizando en un contexto de guerra: La criminalización de la protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado.

El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en este sexenio por la continua y amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia contrainsurgente implementada va desde la confrontación directa hasta la implementación de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste; ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas de Buen Gobierno; discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos, dividiendo y provocando enfrentamientos en las comunidades.

Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patente continúan con el gobierno en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, copta a medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al sistema de gobierno.

Ante estos tiempos adversos las comunidades, los pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de justicia.

Como respuesta a este contexto de impunidad las personas se organizan desde la memoria y en construcción dealternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.

Las comunidades y pueblos en resistencia, continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han ampliado en la construcción de su Gobierno alternativo y ejemplar. un buen gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical.

Acá el informe completo:

Informe Frayba “Entre la política sistémica y las alternativas de vida” by Frayba Derechos Humanos