El caso de Alberto Patishtán: La masacre de SimojovelThe Alberto Patishtán Case: The Simojovel Massacre
Crónica de una matanza de policías (casi) olvidada
Siete uniformados fueron emboscados y asesinados el 12 de junio de 2000
Se acusó al EPR, a paramilitares y a zapatistas
Una semana después se detuvo al profesor Alberto Patishtán
El indígena Salvador López fue culpado también por la PGJE
Sábado 23 de marzo de 2013, p. 2
San Cristóbal de las Casas, Chis. 22 de marzo.
La notoriedad alcanzada por la lucha de Alberto Patishtán Gómez para conseguir su libertad ha impedido que el crimen que dio origen a su personal desgracia de 12 años en prisión (y 48 más que le faltan, según su sentencia) fuera olvidado, lo cual de seguro contraría a muchas autoridades, al menos estatales, desde 2000 hasta el presente, tras cuatro gobernadores de, literalmente, todos los partidos. ¿Qué sucedió la mañana del 12 de junio de 2000 en el paraje Las Lagunas de Las Limas, Simojovel? ¿Cuál pudo ser el móvil de los perpetradores? ¿Qué estaba sucediendo ahí por esos días?
El asesinato de siete policías –el comandante estatal Francisco Pérez Morales, cinco agentes bajo sus órdenes y el comandante municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz–, representaba un hecho de enorme gravedad. Hoy tal vez nos hemos acostumbrado a noticias de ese calibre, pero en ese entonces, incluso para el Chiapas militarizado y paramilitarizado, resultaba extraordinario. Ocupó por supuesto todos los titulares periodísticos del día siguiente.
En tres semanas más se celebrarían los comicios en los que el PRI habría de perder la Presidencia, y en agosto la gubernatura. El presidente Ernesto Zedillo, histórica y personalmente involucrado con el desarrollo de la guerra contra los indígenas de Chiapas, en general, y de los de El Bosque, en particular, se disponía a visitar la entidad el martes 13 para inaugurar una carretera en la selva Lacandona, pero suspendió la gira. El candidato priísta a gobernador, Sami David, hizo lo propio. El Ejército federal envió centenares de efectivos, ocupó el lugar de la emboscada, la cabecera municipal, los caminos, e incursionó enseguida en las comunidades zapatistas. Sin embargo, la primera hipótesis de la Secretaría de la Defensa Nacional fue que podía tratarse de una célula del Ejército Popular Revolucionario (EPR)
(La Jornada 13/06/2000), algo que sorprendió pues ni entonces, ni nunca, éste tuvo presencia en la zona.
Más creíble pareció la hipótesis, el mismo día, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), esa sí con presencia histórica en la región: pudieron ser paramilitares del Mira
(aunque visto en perspectiva, el grupo paramilitar en El Bosque, temible y letal, era conocido como Los Plátanos por el nombre de la comunidad donde se asentaban, junto con policías judiciales, desde donde habían salido el 10 de junio de 1998 para participar en la masacre de zapatistas en Unión Progreso; en Los Plátanos, este reportero presenció, meses antes de la emboscada, una quema mediática
de plantíos de mariguana con la pretensión, a la postre fallida, de culpar al EZLN).
La policía federal habló inicialmente de narcotraficantes; no era ningún secreto el trasiego de mariguana procedente de Huitiupán.
La masacre fue un lunes. El sábado previo los zapatistas habían conmemorado el segundo aniversario de la ocurrida en Unión Progreso y Chavajeval y el encarcelamiento de las autoridades autónomas de San Juan de la Libertad. Diego Cadenas, entonces joven abogado del Frayba, declaró a La Jornada el día de la emboscada que ese 10 de junio, cuando viajaba a Unión Progreso para participar en los actos religiosos por el segundo aniversario de la masacre de 1998, en los retenes militares de Puerto Caté y San Andrés Larráinzar los militares le dijeron que estaban suspendidas las garantías individuales
. No era sí.
Dos días después, un comando de entre 10 y 15 individuos, con parapetos construidos y armas de alto poder, emboscó eficazmente la pick up verde oscuro en que se trasladaban, procedentes de Simojovel, ocho policías y el chofer oficial del ayuntamiento de El Bosque, menor de edad e hijo del alcalde Manuel Gómez Ruiz. Gravemente heridos, el joven Rosemberg Gómez Pérez, quien conducía el vehículo con los dos comandantes en la cabina, y el agente de Seguridad Pública Belisario Gómez Pérez en la góndola con sus compañeros de corporación, habrían sido dados por muertos por los atacantes, y al sobrevivir devendrían los únicos testigos presenciales.
La Jornada informaba también que en lo que iba de 2000, esta era la octava emboscada
; los ataques ya habían dejado 20 muertos y un número igual de lesionados. Los policías caídos en Las Lagunas fueron Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodríguez Félix, Arbey Vázquez Gómez y Francisco Pérez Mendoza. Dos de ellos todavía hoy son recordados por sendas cruces de cemento en la curva donde fueron acribillados. Se contaron 85 impactos de AK-47 y R-15.
El EZLN se deslinda e investiga
Al día siguiente de la emboscada, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN se pronunció con un breve comunicado: “De acuerdo con los datos, el ataque fue realizado con tácticas de narcotraficantes, paramilitares o militares. El uso del llamado ‘tiro de gracia’ es recurrente en estos grupos armados. El ataque se realizó en una zona saturada de tropas gubernamentales (Ejército y policía), en la que es muy difícil que se pueda movilizar un grupo armado sin ser detectado y sin la complicidad de las autoridades. El grupo atacante contaba con información privilegiada sobre los movimientos y número de personas emboscadas. Dicha información sólo podría ser obtenida por gente del gobierno o cercana a él”.
La comandancia rebelde señalaba: “El EZLN está investigando para esclarecer la identidad y motivos del grupo atacante. Todo apunta a que fueron del gobierno (o con el auspicio gubernamental) las personas que realizaron la agresión, ya que así tendrían el pretexto para aumentar la militarización en Chiapas, y para justificar el ataque a comunidades zapatistas o al EZLN. Es de notar que este hecho refuerza el clima de inestabilidad con el que amenaza el candidato oficial si no gana.
Franca provocación o no, el hecho violento es ya un argumento para aumentar la presencia militar en todo el estado, incluso en zonas muy alejadas del lugar de la agresión
, añade el comunicado (13/6/2000), detallando que en las últimas horas se han reforzado aún más los cuarteles federales de Guadalupe Tepeyac, en Las Margaritas; Cuxuljá, en Ocosingo; Caté, en El Bosque, y las cabeceras municipales de Simojovel y El Bosque. Así mismo se ha incrementado el número de aeronaves artilladas y de sus sobrevuelos en las zonas Altos, selva y norte
. Y finalmente, el EZLN se deslinda de este acto y hace un llamado a la opinión pública para que no se deje engañar
.
La captura de Patishtán
No obstante, el gobierno estatal de Roberto Albores Guillén, a través de su procurador Eduardo Montoya Liévano, impulsó enseguida la hipótesis de que los atacantes pudieron ser zapatistas, en presunta venganza por la masacre contra ellos ordenada por el propio Albores Guillén dos años atrás, aunque tambien reconoce que pudieron ser asaltantes
. El convoy atacado, se dijo, patrullaba para combatir gavilleros
.
El senador Carlos Payán Velver, miembro de la Cocopa, propuso que la instancia legislativa viajara a la entidad, pues la situación era grave y crítica
. El diputado Gilberto López y Rivas, también de la Cocopa, señaló que aquello tenía visos de una provocación de los paramilitares que se fomentan desde el gobierno mismo del estado
(La Jornada 14/6/2000).
En la misma fecha, Víctor Manuel Pérez López, dirigente de la CIOAC, reveló que el gobierno de Chiapas armó y financió en 1997 a disidentes del Partido del Trabajo
para combatir al fugaz gobierno municipal de dicho partido y la CIOAC. Cualquiera en la zona sabe quiénes son
, dijo, y que una vez cumplido el objetivo
de devolver al PRI la alcaldía, estos se dedicaron al asalto y el narcotráfico
. Actúan, añadió, en completa impunidad, en pleno día, aun cuando militares y policías realizan patrullajes frecuentes
.
Para entonces, en dos emboscadas previas, habían sido asesinadas cuatro personas, según la CIOAC bases zapatistas
. El 13 de enero, en el camino a Chavajeval, fue asesinado Martín Sánchez Hernández por encapuchados fuertemente armados, y luego, el primero de febrero, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández y Martín Gómez. Todos tzotziles.
Diputados del PRD y el PAN acusaron de negligencia al secretario de Gobierno Mario Lescieur Talavera, y dijeron que la emboscada serviría de pretexto para el arribo de más elementos de la Policía Federal Preventiva. Los tanques, helicópteros y artillería del Ejército federal ya habían llegado.
El episodio se salía de cauce. Urgía un control de daños. El gobierno creyó lograrlo, así que el presidente Zedillo pudo viajar el 19 de junio a Marqués de Comillas para inaugurar su carretera. Ese mismo día, en la cabecera municipal de El Bosque, el Ejército y la PFP capturaron, sin mostrar orden de aprehensión, al maestro Alberto Patishtán Gómez. Un grupo de pobladores, identificados como miembros del PRI, visiblemente conmocionados
(La Jornada, 20/6/2000), solicitaron la intervención del Congreso estatal, sostuvieron que el detenido era inocente, se deslindaron de los hechos violentos del 12 de junio
, y argumentaron no estar armados ni pertenecer a ningún grupo paramilitar. No les hicieron caso, antes bien los amenazaron.
Patishtán permaneció un mes ilegalmente arraigado
en el hotel Safari de Tuxtla Gutiérrez. Sus familiares, amigos y correligionarios ocuparon la presidencia municipal y demandaron la liberación del profesor. Ni siquiera su propio partido los respaldó. Y no sólo eso. El entonces diputado priísta Ramiro Miceli Maza, compadre del alcalde, o sea padrino de bautizo del joven Rosemberg, resultó pieza clave para amedrentarlos e inculpar al maestro y líder comunitario, quien terminó encarcelado en el penal de Cerro Hueco.
También aquel 19 de junio, al pronunciarse respecto a los inminentes comicios del 3 de julio de 2000, el subcomandante Marcos escribió: “Mientras tanto, acá estamos temblando. Y no porque el ‘croquetas’ Albores haya contratado al Alazraki para que le ‘levante’ su imagen (probablemente Albores ya busca chamba en la promoción de alimento para perros), ni por los seiscientos mil dólares que le va a pagar (con dinero destinado originalmente a ‘resolver las condiciones de pobreza y marginación de los indígenas chiapanecos’, Zedillo dixit). Tampoco por los ladridos del ‘cachorro’ Montoya Liévano (más que ahora está nervioso porque ya se está descubriendo que fueron sus ‘muchachos’ –es decir, sus paramilitares– los responsables del ataque a la Seguridad Pública en El Bosque, el pasado 12 de junio). No, estamos temblando porque estamos empapados por la lluvia. Y es que, entre helicópteros y tormentas, no encuentra uno buen techo”.
Ahora contra los zapatistas
El 10 de julio siguiente, pasados los comicios federales, un mes después de la emboscada, la policía estatal detuvo en Bochil a dos bases de apoyo del EZLN residentes de Unión Progreso, acusándolos de participar en el crimen. Ello, aunque la Procuraduría General de la República sostenía que los atacantes habían sido un grupo de priístas disidentes, entre ellos Patishtán; estos cruzaban acusaciones con el alcalde Manuel Gómez Pérez, a quien impugnaban desde meses atrás por su escandalosa corrupción.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía sus propias líneas de investigación. Recurriendo a la policía destacada en Los Plátanos, que sabe de eso, las autoridades sembraron magras evidencias de delito en dos indígenas de Unión Progreso
(La Jornada, 15/7/2000). Uno de ellos, Salvador López González, torturado e interrogado sin traductor, firmó una declaración inculpatoria ad hoc y fue encarcelado. En prisión se encontró con su coacusado: Patishtán. Sin conocerse siquiera, ambos cargaron con todo el peso de la emboscada.
La Jornada informó desde Unión Progreso: “El destacamento policiaco que detuvo a los zapatistas ha tenido a la vista, durante largo tiempo, los cultivos de mariguana que hay en Los Plátanos. La violencia interna en esa población, controlada por un conocido grupo paramilitar, ha servido siempre de pretexto para acusar y atacar a los vecinos zapatistas. Según el representante de Unión Progreso, ‘nos acusan de lo que ellos hacen’. El Ejército federal ha ingresado a Los Plátanos para destruir estos plantíos, los únicos detectados en la región. Al menos en dos ocasiones, aunque sin detenidos”.
Salvador y su hermano Manuel fueron agarrados
el 10 de julio; sus familiares declararon: Los de Seguridad Pública (SP) los golpearon, descalzaron y desnudaron, y dejaron inconciente a Salvador
. Con los detenidos se encontraban un niño (que lloraba mucho
) y un adolescente, quienes vinieron a avisar que a los compañeros se los habían llevado
.
Como los captores no eran de Bochil sino de El Bosque, alquilaron la cárcel un rato
. Enseguida los detenidos fueron remitidos a Cerro Hueco. Los de la SP les pusieron un puñito de mariguana y un puñito de bala
y les robaron 28 cajas de refrescos. Manuel sería pronto liberado.
Exactamente un mes atrás, el 10 de junio, horas antes de la matanza de policías, la SP acantonada en Los Plátanos interceptó una camioneta de Unión Progreso. El chofer era el mismo Salvador. Lo interrogaron sobre una lista de nombres. Desde entonces querían culpar a los compañeros
, declaró un representante de su comunidad: No sabemos cuántos están en la lista. A lo mejor estamos acusados todos
. (Curiosamente, casi con las mismas palabras habían expresado su respectivo temor los correligionarios de Patishtán cuando éste fue detenido).
Con dos chivos expiatorios tan disímbolos como Alberto y Salvador, el caso comenzaba a ser resuelto
, o al menos olvidado por los medios nacionales.
The Alberto Patishtán Case
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The Simojovel Massacre
Chronicle of an (almost) forgotten police massacre
** Seven uniformed (police) were ambushed and killed on June 12, 2000
** The EPR, paramilitaries and Zapatistas were accused
** A week later, Alberto Patishtán, a teacher, was detained
** The PGJE also blamed an indigenous man, Salvador López
By: Hermann Bellinghausen
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, March 22, 2013
The notoriety gained by Alberto Patishtán Gómez’ struggle to attain his freedom has prevented the crime that led to his personal misfortune of spending 12 years in prison (and with 48 more still to serve, according to his sentence) from being forgotten, which is certainly contrary to the wishes of many authorities, at least the state ones, from 2000 to the present, including four governors, literally from every party. What happened on the morning of June 12, 2000 in Las Lagunas de Las Limas, Simojovel? What could be the motive of the perpetrators? What was going on there in those days?
The murder of seven police –the state commander Francisco Pérez Morales, five officers under his command, and the El Bosque municipal commander, Alejandro Pérez Cruz – represented an act of enormous gravity. Today perhaps we have become accustomed to that level of news, but back then, even for the militarized and para-militarized Chiapas, it was extraordinary. It of course occupied all the newspaper headlines the next day.
Three weeks later, the elections would be held in which the PRI would lose the Presidency, and in August the governorship. President Ernesto Zedillo, historically and personally involved with the development of the war against the indigenous of Chiapas, in general, and of those from El Bosque, in particular, was ready to visit the state on Tuesday, the 13th, to inaugurate a highway in the Lacandón Jungle, but suspended his tour. The PRI candidate for governor, Sami David, did the same. The federal Army sent hundreds of soldiers, occupied the place of the ambush, the municipal headquarters, the roads, and immediately entered the Zapatista communities. Nevertheless, the first hypothesis of the Secretary of National Defence was that it could be dealing with “a cell of the Revolutionary Popular Army (EPR, its initials in Spanish)” (La Jornada 13/06/2000), something that surprised people because not then, nor ever, did it have a presence in the zone.
That same day, the hypothesis of the Independent Centre of Farmworkers and Campesinos (CIOAC) seemed more credible, due to their historic presence in the region: they could be “paramilitaries from the Mira” (although with hindsight, the paramilitary group in El Bosque, terrifying and lethal, was known as Los Plátanos from the name of the community where they had settled, together with judicial police: it was from here that they went out on June 10, 1998, to participate in the massacre of Zapatistas in Unión Progreso. This reporter was present in Los Plátanos, months before the ambush, at a “burning for the media” of marijuana plants with the aim, which failed in the end, of blaming the EZLN).
The federal police initially talked about drug traffickers. The movement of marijuana coming from Huitiupán was no secret.
The massacre was on a Monday. The previous Saturday the Zapatistas had commemorated the second anniversary of what happened in Unión Progreso and Chavajeval and the incarceration of the autonomous authorities of San Juan de la Libertad. Diego Cadenas, then a young lawyer with Frayba, stated to La Jornada on the day of the ambush that that on June 10, when he was traveling to Unión Progreso to participate in the religious acts for the second anniversary of the 1998 massacre, at the military checkpoints at Puerto Caté and San Andrés Larráinzar the soldiers told him that: “individual rights were suspended.” This was not the case.
Two days later, a commando force of between 10 and 15 individuals, with barricades constructed and high-powered weapons, efficiently ambushed the dark green pick up coming from Simojovel, in which eight police were traveling with the official driver of the municipality of El Bosque, the younger son of the Mayor Manuel Gómez Ruiz. Gravely injured, the young Rosemberg Gómez Pérez, who was driving the vehicle with the two commanders in the cabin, and Belisario Gómez Pérez, the Public Security agent who was in the back with his compañeros from the (police) corporation, were left for dead by the attackers, and by surviving became the only eyewitnesses.
La Jornada also reported that this was “the eighth ambush” so far in the year 2000. The attacks had already left 20 dead and an equal number injured. The policemen killed in Las Lagunas were Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodríguez Félix, Arbey Vázquez Gómez and Francisco Pérez Mendoza. Two of them are still remembered today by cement crosses at the bend where they were riddled with bullets. 85 bullets from AK-47 and R-15 rifles were counted.
The EZLN distances itself and investigates
The day following the ambush, the Clandestine Indigenous Revolutionary Committee, General Command of the EZLN declared in a brief communiqué: “According to information, the attack was carried out using the tactics of drug traffickers, paramilitaries or the military. The use of the so-called ‘coup de grâce’ is recurrent in these armed groups. The attack took place in an area saturated with government troops (Army and police), where it would have been very difficult to mobilize an armed group without being detected and without the complicity of the authorities. The attacking group had inside information about movements and the number of people ambushed. This information could only be obtained by people from the government or close to it.”
The rebel commanders pointed out: “The EZLN is investigating to clarify the identity and motive of the attacking group. Everything points to those who carried out the attack being from the government (or under governmental auspices), since this would give them a pretext for increasing the militarization of Chiapas, and for justifying an attack on Zapatista communities or the EZLN. It is noteworthy that this act reinforces the climate of instability, with which the official candidate threatens [the state] if he doesn’t win.
“Open provocation or not, the violent act is already an argument for increasing military presence throughout the state, even in zones very far away from the scene of the crime,” the communiqué adds (13/6/2000), detailing that: “in the last three hours, the federal barracks at Guadalupe Tepeyac, in Las Margaritas; Cuxuljá, in Ocosingo; Caté, in El Bosque, and the municipal headquarters of Simojovel and El Bosque have been reinforced even more. Similarly, the number of armed aircraft and flyovers has increased in the Highlands (Altos), Jungle (selva) and Northern Zones.” And finally, “the EZLN disclaims itself from [responsibility for] this act and calls on public opinion not to permit deceit.”
Patishtán’s capture
Nevertheless, the state government of Roberto Albores Guillén, through their prosecutor, Eduardo Montoya Liévano, immediately fostered the hypothesis that the attackers could be Zapatistas, in alleged revenge for the massacre against them ordered by the very same Albores Guillén two years before, although he also recognized that they could be “robbers.” The convoy attacked, he said, was patrolling to “combat gangsters.”
Senator Carlos Payán Velver, a member of the Cocopa, proposed that the legislative commission travel to the state, because the situation was “grave and critical.” Deputy Gilberto López y Rivas, also a member of the Cocopa, pointed out that it had the appearance of “a provocation from the paramilitaries who were set up by the state government itself” (La Jornada 14/6/2000).
On the same date, Víctor Manuel Pérez López, leader of the CIOAC, revealed that in 1997 the Chiapas government armed and financed “dissidents of the Labour Party (Partido del Trabajo)” to fight the short-lived municipal government of this [Labour] party and the CIOAC. “Everyone in the zone knows who they are,” he said, and: “once the objective” of returning the municipal presidency to the PRI had been fulfilled, they “dedicated themselves to robbery and drug trafficking.” They act, he added, “with complete impunity, in broad daylight, even when the military and police undertake frequent patrols.”
By then, in two previous ambushes, four people had been murdered; according to the CIOAC, they were “Zapatista bases.” On January 13, on the road to Chavajeval, heavily armed masked men murdered Martín Sánchez Hernández, and later, on February 1, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández and Martín Gómez, all of them Tzotziles.
Deputies of the PRD and PAN accused the secretary of Government, Mario Lescieur Talavera, of negligence, and said that the ambush would be used as a pretext for the arrival of more members of the Federal Preventive Police. The tanks, helicopters and the federal Army’s artillery had already arrived.
The episode was ditched; damage control was urged. The government wanted to attain it, so that President Zedillo could travel to Marqués de Comillas on June 19 to inaugurate his highway. That same day, in the El Bosque municipal headquarters, the Army and the PFP captured the teacher Alberto Patishtán Gómez, without showing an arrest warrant. A group of residents, identified as PRI members, “visibly emotional” (La Jornada, 20/6/2000), requested the state Congress’ intervention, maintaining that the detainee was innocent, “they distanced themselves from the violent acts of June 12” and argued that they were not armed nor did they belong to any paramilitary group. No attention was paid to them, instead they were threatened.
Patishtán was kept for one month illegally “under house arrest” in the Safari Hotel in Tuxtla Gutiérrez. His family, friends and co-religionists occupied the town hall and demanded the teacher’s release. Not even their own party backed them up. And not only that, the then PRI deputy Ramiro Miceli Maza, friend of the mayor (municipal president), and godfather of the young Rosemberg, turned out to be key in intimidating and accusing the teacher and community leader, who ended up imprisoned in Cerro Hueco Prison.
Also on June 19, when giving his opinion on the imminent elections of July 3, 2000, Subcomandante Marcos wrote: “Meanwhile, we are trembling here. And it’s not because ‘Croquetas’ Albores has contracted Alazraki so that ‘he lifts up’ his image (probably Albores already looks for money in the promotion of dog food), not for the six hundred thousand dollars that are going to be paid him (with money originally allocated to ‘solve the conditions of poverty and marginalization of indigenous Chiapanecos,’ Zedillo dixit). Neither is it because of the barks from the ‘puppy’ Montoya Liévano (now he is more nervous because it is being discovered that his ‘boys’ –in other words, his paramilitaries– were the ones responsible for the attack on the Public Security (police) in El Bosque, last June 12). No, we are trembling because we are soaked with rain. And it’s the case that, between helicopters and storms, we can’t find a good roof.”
Now against the Zapatistas
The following July 10, after the federal elections, one month after the ambush, state police detained two EZLN support base residents of Unión Progreso in Bochil, accusing them of participating in the crime. They did this even though the Attorney General of the Republic maintained that the attackers had been a group of PRI dissidents, among them Patishtán. These accusations crossed with Mayor Manuel Gómez Pérez, who they had been attacking for months because of his scandalous corruption.
The State’s Attorney General of Justice (PGJE, its initials in Spanish) had his own lines of investigation. “Resorting to the police posted in Los Plátanos, who know about this, the authorities planted weak evidence of a crime on two indigenous men from Unión Progreso” (La Jornada, 15/7/2000). One of them, Salvador López González, was tortured and interrogated without a translator, he signed an ad hoc confession and was incarcerated. In prison he met his co-accused: Patishtán. Without even knowing each other, both were charged with all the weight of the ambush.
La Jornada reported from Unión Progreso: “The police detachment that detained the Zapatistas has had the marijuana plants in Los Plátanos in sight for a long time. The internal violence in that population centre, controlled by a known paramilitary group, has always served as a pretext for accusing and attacking the neighbouring Zapatistas. According to the representative from Unión Progreso, ‘they accuse us of what they themselves do.’ The federal Army has entered Los Plátanos to destroy these crops, the only ones detected in the area, on at least on two occasions, although without detainees.”
Salvador and his brother Manuel “were seized” on July 10. Their families stated: “The Public Security (SP, its initials in Spanish) police beat them, took off their shoes and clothes, and left Salvador unconscious.” With the detainees were a little boy (“who cried a lot”) and a teenager, who “came to advise that they had taken the compañeros away.”
As the captors were not from Bochil, but rather from El Bosque, “they rented a jail for a while.” The detainees were quickly sent to Cerro Hueco (state prison). “Those from the SP put a handful of marijuana and a handful of bullets” on them and they stole 28 boxes of soft drinks from them. Manuel would soon be released.
Exactly one month before, on June 10, hours before the police killings, the SP quartered in Los Plátanos intercepted a truck from Unión Progreso. The driver was the same Salvador. “They interrogated him about a list of names. Since then they wanted to blame the compañeros,” a representative of his community declared: “We don’t know how many are on the list. At best, we are all accused.” (Curiously, Patishtán’s fellow believers had expressed their respective fear with almost the same words when he was detained).
With two scapegoats as dissimilar as Alberto and Salvador, the case started to be “resolved,” or at least forgotten by the national media.
Originally Published in Spanish by La Jornada
Saturday, March 23, 2013
En español: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/23/politica/002n1pol
