INVITATION TO THE SEEDBED
“OF PYRAMIDS, HISTORIES, LOVES AND, OF COURSE, HEARTBREAKS”

CIDECI-UNITIERRA
DECEMBER 26–30, 2025

The Zapatista Sixth Commission invites those who have signed the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle and the Declaration for Life to the seedbed to celebrate the resistances and rebellions of the world: “Of Pyramids, Histories, Loves and, of course, Heartbreaks.”

With the participation of:

• Sylvia Marcos
• Bárbara Zamora
• Tamara San Miguel
• Luis de Tavira
• Raúl Zibechi
• Arturo Anguiano
• Carlos Antonio Aguirre Rojas
• Eduardo Almeida
• Carlos Tornel
• Raúl Romero
• Zapatista Sixth Commission

They will present their analyses on pyramids and on how histories are handled within the economic system, bad governments, laws and the judicial structure, resistance movements, leftisms and progressivism, human rights, the feminist struggle, and the arts. And well, maybe something will be said about loves and heartbreaks—depending. In any case, we hope that those presenting will not overwhelm the public with excessive bibliographic citations, suffocating speculations, or Wikipedia summaries.

The talks will take place at the facilities of CIDECI-UniTierra, in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico, from December 26 through December 30, inclusive. On December 31 and January 1, those who survive may attend the celebrations of the anniversary of the Zapatista uprising at the Puy closest to their heart (or their algorithm, as the case may be). If you are some kind of (ha!) Artificial Intelligence, consider yourself excluded (one bit of sugar for all the salt).

The email to register is: semillerodiciembre2025@gmail.com

From the mountains of Southeast Mexico.

Insurgent Subcomandante Moisés
Mexico, November 2026.

Tlaltequepetquelt and Pechilinque—both islands and the heart of the Coca people of Mezcala, Jalisco—are not private, nor are they abandoned; on the contrary.

The companies Omnia Experience and Techno Hours Sessions are shamelessly announcing a RAVE in November and December of this year, on a supposedly PRIVATE and ABANDONED island. The island they are advertising is our island, which—as we have always said—is a sacred site, for it is where the heart of our people resides.

Ancestral Territory

Since time immemorial, our islands have sustained the life, culture, and spirituality of our people. In the 16th century, colonial scribes wrote about how the Coca people frequently went there to leave offerings to their idols, which led authorities to place a monk on the island to stop people from continuing to use that space. Later, during the independence period, the island became a stronghold of resistance for the insurgents not only of Mezcala, but of a large region of Jalisco. Our people commemorate that resistance every year, because we know that our lands exist thanks to the struggles of the past—for example, those of our insurgents.

In 1997, the Mexican state recognized the islands as the property of the Mezcala community, in addition to 3,600 hectares of communal land. In 2010, several state authorities (SC, INAH, the Poncitlán municipal government, and ST) attempted to privatize our island by creating a trust, but they failed. At that time, the Ministry of Culture and INAH-Jalisco declared the island a “site museum.” The irony is that this declaration—intended to dispossess us—now does nothing to protect it, since these companies can easily enter a historic space.

The islands of our people are home to around 51 families of chayote growers, boat operators, and fishers. In recent years, tourism has also been carried out by members of the community—youth, children, and adults who provide guiding services—so calling it a private and abandoned island is complete ignorance.

Now these companies once again strike at our history, identity, and territory. For them, it is a business: they offer packages ranging from 499 to 4,799 pesos. It is outrageous to see how easily they can enter our home.

We call on society at large to help us denounce this violation committed by these external agents in our territory, who—as always—seek only to confuse our people (with promises that money will come) and trample on our history and culture.

Never again a Mexico without Us

Residents of the Coca community of Mezcala, Jalisco.

A LOS PUEBLOS, COMUNIDADES, BARRIOS, TRIBUS Y NACIONES QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA,
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL,
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA,
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL,
A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES FIRMANTES DE UNA DECLARACION POR LA VIDA,
A LAS REDES DE LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE.

Rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI) declaramos que nuestra lucha es por la vida, hoy más que nunca, cuando el capitalismo, los gobiernos, las empresas, las organizaciones criminales y el patriarcado intentan desmantelar los espacios organizativos de nuestros pueblos.

El día de hoy, quince de noviembre de 2025, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI nos reunimos para acordar y determinar sus siguientes pasos. En este contexto fuimos informados de una serie de comunicados y testimonios que nos dan la certeza de que algunos integrantes del CNI han violentado, de manera sistemática y reiterada, los principios con los que hemos acordado caminar. Su actuar ha sido el de la suplantación: sirviéndose de nuestros espacios y nuestras luchas, así como de las redes de solidaridad que en más de treinta años han acompañado a nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo esto para fines ajenos a los propósitos del CNI.

Después de analizar y discutir, desde esta Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena hemos resuelto por consenso que MARIO CASTILLO QUINTERO, LUCILA BETTINA CRUZ VELAZQUEZ y NISAGUIE FLORES CRUZ, integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, HAN DEJADO DE PERTENECER AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA POR VIOLENTAR EN FORMA GRAVE Y REITERADA SUS PRINCIPIOS.

Es nuestra determinación seguir en la lucha por la vida, son nuestra guía los siete principios del mandar obedeciendo, no admitiremos que sean nuestros caídos moneda de cambio de este sistema de destrucción, que sean nuestras luchas uno más de los despojos en la larga historia de traición a nuestros pueblos.

ATENTAMENTE
POR LA RECONSTITUCIÓN  INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Mujeres y hombres campesinas y campesinos de San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México 13 de noviembre del 2025.

A las y los Defensores de Derechos Humanos.

A los Medios de Comunicación Alternativos.

A la Sexta Nacional e Internacional.

Al Congreso Nacional Indígena (CNI).

A las Organizaciones que buscan la paz con Justicia y Dignidad.

Hoy celebramos 20 años de lucha y resistencia por nuestra identidad, nuestra tierra y territorio conformado por hombres, mujeres, niñas y niños. En esta celebración traemos también a la memoria y lucha de nuestros ancestros y ancestras que desde 1850 resistieron a tratos discriminatorios e inhumanos. Ante esas injusticias, en el año 1995 fortalecidos de la fuerza de los que nos antecedieron decidimos recuperar nuestras tierras que por derecho nos corresponde y este logro se formalizó el año 2005. En este caminar de lucha y resistencia en el año 2009 nos adherimos a la otra campaña y actualmente somos miembros del Congreso Nacional Indígena CNI.

Firmes en nuestro compromiso de lucha por construir nuestra autonomía y libre determinación reconocida en los tratados internacionales y en nuestra constitución Política de México, hoy estamos aquí de nueva cuenta para pronunciarnos y darles a conocer lo siguiente:

Queremos decirle a los tres niveles de gobierno y a la sociedad que seguiremos en pie de lucha para defender nuestras tierras y nuestro territorio en contra del capitalismo, la explotación y la invasión.

Exigimos a los tres niveles de gobierno respeto a nuestra lucha y autonomía

¡Alto a la violencia generalizada que causan desplazamiento, desaparición y asesinato de           inocentes!

¡Alto a la criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de quienes         defendemos el territorio y la madre tierra!

¡Alto a la guerra contra pueblos Zapatistas!

¡Alto al crimen organizado y justicia para nuestro hermano el Padre Marcelo Pérez Pérez!

¡Paz a nuestro Estado de Chiapas, México y al mundo entero!

Seguiremos luchando para fortalecer nuestra autonomía por la unidad y exigir paz y justicia.

“Si a la vida no a la muerte”

¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!

Atentamente

Campesinas y campesinos organizados de San Francisco municipio de Teopisca, Chiapas-México

Integrantes del Congreso Nacional Indígena CNI.

Nunca más un México sin nosotros.

Descarga el comunicado en PDF(120.45 KB)

Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

Denuncia de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

A los pueblos originarios y sociedad civil de México y del mundo,
A la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo,
Al Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro,
Al Fiscal del Estado de Jalisco Salvador González de los Santos,
A la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,
A los medios de comunicación

Desde la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, denunciamos ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos de este país la agresión, el despojo y la impunidad que amenazan nuevamente nuestro territorio comunal.

Hace unos días, denunciamos la incursión ilegal de grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto “dueño” les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban.

Días después, el 11 de noviembre, el supuesto “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero “Propiedad Privada” en el acceso al predio denominado El Sabino Quemando, asegurando que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quien le ordenó hacerlo, lo que constituye claramente un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal, sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar.

Desde entonces, se nos ha negado cualquier información o documento oficial, siendo que lo único que nos han mostrado, han sido las armas largas y amenazas de muerte, con la clara intención de imponer por la fuerza el despojo de nuestras tierras comunales, mismas que hemos defendido colectivamente por siglos.

Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y titulación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de autoridades han buscado privatizar lo que pertenece legítimamente a nuestro pueblo.

Para nosotros, la tierra no es mercancía: es vida, historia y memoria. La defendemos porque es la única garantía de que nuestro pueblo siga existiendo.

La invasión, venta y despojo de terrenos comunales, acompañadas de corrupción, represión y persecución, han sido una constante contra Azqueltán. Desde 2019, cuando nuestras autoridades fueron atacadas por Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, y un grupo violento que lo acompañaba, solo hemos recibido impunidad y discriminación.

Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a “lesiones”, y el poder judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque.

En los parajes El Sabino Quemado y La Cueva del Mosco, donde hoy nuevamente se pretende arrebatar nuestras tierras, la comunidad mantendremos la posesión colectiva, porque son nuestras desde tiempos ancestrales y las defendemos como pueblos tepehuano y wixárika.

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento conjunto

Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas
 

Nuestro silencio habla en la oscuridad.

Aquí siguen: 

Con su palabra que es fuego en el camino.

Alzan la voz coral donde emerge
 la paz de los cuatro rumbos

Trece cielos que tocan el instante

Diáspora de verdad y justicia 

Luz que ilumina los caminos.

Fragmentos de Poesía del Libro: El

Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal

A tres décadas del despliegue contrainsurgente en Chiapas, el silencio oficial persiste frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía. La zona Norte, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas; La Grandeza, con la ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano; la desaparición forzada de Antonio González Méndez; la Masacre de Acteal; y la Masacre de Viejo Velasco, siguen siendo heridas abiertas. A esta impunidad y a las nuevas estrategias de terror contra los pueblos se suman la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez.

Hoy, en este Foro de Memoria, traemos la lucha constante y la conciencia viva donde permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, en el marco del Conflicto Armado Interno aún no resuelto en Chiapas. Aquí compartimos un mismo camino: la palabra, La Otra Justicia, sosteniendo en nuestras luchas la esperanza de memoria y verdad.

Con la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo estratégico-operacional fue destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se aisló a la población civil para forzar su apoyo en beneficio de las operaciones militares. Esta política originó más violencia en medio de las negociaciones por una salida política al conflicto armado interno, mediante la acción de grupos paramilitares a quienes se delegó el uso de la fuerza, en un actuar de total impunidad.

Los registros, tan solo en la zona Norte de Chiapas, con el actuar del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia entre los años de 1995 a 1999, son: 122 casos, de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales; más de 4,500 personas desplazadas de manera forzada. De estos hechos, ocho casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ejemplo de los crímenes cometidos en el territorio, el cual se encuentra en su etapa de informe de fondo. Otro hecho es el cometido el 22 de diciembre de 1997, donde 45 personas fueron ejecutadas, más cuatro no nacidos. Son ahora 28 años de impunidad. Es por ello que hoy nos convoca este foro para exigir justicia y verdad, a 19 años del crimen de la Masacre de Viejo Velasco, donde fueron ejecutadas cuatro personas y cuatro desaparecidas, de las cuales solo dos han sido encontradas, mientras 36 personas siguen en desplazamiento forzado interno.

La actual violencia generalizada y sistemática en Chiapas no es aislada: es la expresión de una guerra prolongada contra los pueblos indígenas, donde la delincuencia organizada, la militarización, la descomposición institucional y la fractura comunitaria se entrelazan para sembrar miedo, división y muerte. Como ejemplo está la ejecución de Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, cometida el 5 de julio de 2021. Seguimos exigiendo justicia e impulsando el reconocimiento a su labor como defensor de derechos humanos, manteniendo su memoria y honrando su lucha. Así también, el asesinato del profesor José Artemio López Aguilar, perpetrado el 21 de octubre de 2023; lo siguió la ejecución, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024. Aunado a este terror, la ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez, hecho cometido el 20 de octubre de 2024 en el contexto de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quien por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas. Entre otros hechos que, desafortunadamente, podrían llenar páginas y páginas para describir esta profunda crisis social.

Es por ello que señalamos que en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente, con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando.

El proceso de despojo, asesinatos, ataques y crímenes de la violencia organizada continúa contra la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos.

A 30 años, nosotras y nosotros, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia en Chiapas, continuamos la lucha por la verdad y la justicia. Saludamos El Común del EZLN, porque solo organizados podemos seguir con nuestra lucha por la paz con justicia y dignidad.

Hoy, en este Foro de Memoria Histórica, nuestras comunidades perseveran en la Verdad, la Justicia y la Dignidad frente a los pactos de impunidad. Pasarán los días oscuros de los gobiernos en México, ya que permanece la esperanza que nace desde el corazón, en nuestras palabras fortalecieron con el copal; se trazaron los senderos con la luz de las velas; con el sonar de los tambores y caracoles alzamos la voz hacia nuestros ancestros y con el eco de la música elevamos nuestros testimonios en los signos de La Otra Justicia.

Reafirmamos que la lucha de nuestros pueblos es pacífica y que nuestras estrategias se sostienen en la paz. Recordamos al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos.
Es en nuestros caminos que seguiremos abriendo espacios de Justicia: una justicia que nace desde los pueblos para desmontar la violencia estructural del sistema capitalista y patriarcal. Así lo caminó nuestra compañera Blanca Isabel Martínez Bustos, a quien hoy evocamos con memoria viva y de quien nos deja su digna rabia, fuerza que alimenta la resistencia radical por la vida y el territorio.
Llamamos a la solidaridad de la sociedad civil, nacional e internacional, para que se sumen a nuestras causas en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Que en sus trincheras de lucha expresen su indignación frente a estos crímenes contra los pueblos, y que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.
 

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Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales con motivo de la COP30, Belém, Brasil.

(Ginebra, 10 noviembre 2025) Mientras los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos d Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 1 pide un cambio claro en la política climática mundial. Lxs campesinxs, los pueblos indígenas, lxs pescadores, lxs pastores y lxs trabajadores rurales ya no deben ser vistos solo como víctimas de la crisis climática, sino como líderes esenciales en la restauración de los ecosistemas, la alimentación de las comunidades y la construcción de la justicia social y económica.

Alrededor de 2 mil millones de campesinxs, pueblos indígenas y productores cultivan más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en los países de ingresos bajos y medios. También protegen gran parte de la biodiversidad del mundo, mantienen vivas las semillas y razas tradicionales y mantienen los ecosistemas y paisajes que sustentan la vida y las economías rurales. Sin embargo, reciben menos del uno por ciento de la financiación climática mundial y a menudo están excluidxs de las decisiones clave sobre el futuro de la alimentación y el clima. Este desequilibrio debe terminar.

Los Estados deben incluir los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), especialmente los derechos a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y la participación, en sus planes climáticos nacionales y estrategias de adaptación. Las políticas climáticas que pasan por alto estos derechos corren el riesgo de aumentar la pobreza, el desplazamiento y el hambre.

2. Dirigir el financiamiento climático a soluciones lideradas por campesinxs

La mayor parte del financiamiento climático aún apoya a las grandes empresas agrícolas, proyectos orientados a la exportación y mecanismos de mercado que permiten las causas y los impulsores del cambio climático, en lugar de apoyar las capacidades de quienes están en la primera línea de los impactos y las acciones innovadoras para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo pide canales de financiación especiales dentro de los fondos climáticos para apoyar directamente a los titulares de derechos de la UNDROP, que incluyen campesinxs, pequeños agricultores, pastores, pescadores, trabajadores rurales, pueblos indígenas y mujeres rurales. Estos fondos deben proporcionar subvenciones, no préstamos, con reglas simples y supervisión comunitaria para que el dinero llegue a quienes lo necesitan directamente de manera oportuna.

Por Rocío Heredia | Avispa Midia
^{Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán}

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

Ataques pasados

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018, 329/2017 y 484/2018.

ROMPIENDO FRONTERAS

PELMAPU ARGENTINA, PRESXS POLÍTICOS: Represión en territorio Mapuche, detienen a Eusebio Antieco y la werken Susana Martin, comuneros en defensa del territorio ancestral. Fuente: Agencia de Noticias Red Acción

Brasil: Falsas soluciones, contracumbres y protestas en el marco de una maltrecha COP30. #AntiCOP. Reporte de la situación desde Brasil por el compa Evo. Fuentes: Noticias de abajo, Radio Temblor

ECUADOR: Llaman a decir No en la consulta que prepara el mal gobierno de Noboa, pretende cambiar la constitución para militarizar la región y hacer un territorio servil a los Estados Unidos. (AUDIO). Fuente: La Voz de la Confenaie

WALLMAPU CHILE: Un año sin Julia ChuÑil, compañera mapuche desaparecida por defender el bosque ancestral contra los capitalistas ganaderos y forestales. Peritajes sacaron a la luz que Julia fue quemada por su defensa medioambiental. (AUDIO). Fuente: Noticias de Abajo

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO

REPRESIÓN: Estigmatización y calumnias contra de Carlos Gonzales, abogado miembro del Congreso Nacional Indígena, los señalamientos fueron hechos por parte de una persona del gobierno de Morena, sus declaraciones abonan a un clima de violencia contra los luchadores sociales en México. Fuente: Front Line Defenders, Avispa Midia

CDMX PRESXS POlÍTICOS: Situación del preso politico anarquista Jorge Esquivel El Yorch. Jorge Esquivel, nuestro compa el Yorch se encuentra en graves problemas de salud. Fuentes: Cruz Negra Anarquista Mexico, Okupa Che.

Zona TecnoAcrata: Consejos para el resguardo digital en protestas ante las experiencias de represión en Ecuador y Perú. Fuente: Derechos digitales.