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Tren Maya: en la víspera de su inauguración, comunidades se posicionan contra “megaproyecto militar”
Participantes de la caravana “El Sur Resiste” durante su paso por Candelaria, Campeche. Foto: David Muñoz
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Organizaciones sociales, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del sureste mexicano cuestionaron a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la próxima inauguración de tres tramos del “tren maya”, prevista para el viernes (15) en Campeche.
A través de una conferencia de prensa, miembros de la red “El Sur Resiste”, contrapusieron las diversas afectaciones provocadas por el que catalogan como “megaproyecto de muerte” y que atraviesa sus territorios violando sistemáticamente derechos de los pueblos.
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Comunidades y organizaciones de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche se pronunciaron “en contra del megaproyecto militar interconectado Tren Maya/Corredor Interoceánico”, así como con la consolidación de otras infraestructuras asociadas en la región.
“Sus obras ferroviarias porfirianas, la modernización de sus puertos y aeropuertos, su carretera ‘La Puerta al mar’ atravesando la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sus gasoductos transportadores de gas fracking – ‘La Puerta del Sureste’ y otros más – y su refinería Dos Bocas”, describieron mediante comunicado sobre el reordenamiento proyectado en el sureste mexicano.
Sostuvieron que esta infraestructura incluye parques eólicos empresariales y corredores industriales, que despojan los territorios en el istmo de Veracruz y Oaxaca, y además, “contaminan nuestras aguas, aires y tierras y acaban con nuestras formas de vida – que todavía son alternativas al desastre planetario”.
Resistencias
En la rueda de prensa participaron organizaciones articuladas en la red “El Sur resiste”, quienes integraron la caravana con el mismo nombre y que recorrió los siete estados sureños durante abril y mayo de este 2023.
En su participación, Ileana May, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’baloon-(Quintana Roo), destacó la afectación a los flujos hídricos por las obras de “Puerta al mar”. Este es un proyecto complementario al tren maya que consiste en una carretera asfaltada de 22 kilómetros que atraviesa la Reserva de la Biosfera de Sian Kan. May señaló que la incentivación de esta obra proviene del sector turístico y da entrada a la especulación inmobiliaria.
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La joven enfatizó los conflictos sociales con el incremento de la presencia militar en la base que integra el nuevo aeropuerto en Tulum. También sostuvo que existen problemas comunitarios, como en el caso de incumplimientos de pagos por parte de los ejidatarios con las comunidades.
Julio Garduño, de Tabasco, detalló las afectaciones al ambiente por el impulso a la industria petrolera. Por ejemplo, con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que destruyó hectáreas de manglares y sepultó vasos reguladores de la zona, lo que agrava los problemas de inundaciones en la región.
También con la instalación de pozos petroleros desde el municipio de Cárdenas hasta la zona de los pantanos de Centla, donde se encuentra la comunidad de El Bosque, recientemente desplazada por el incremento del mar que devoró al pequeño pueblo pescador.
De acuerdo a Garduño, a la indiscriminada instalación de pozos, cercanas a zonas habitadas, se suma que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la petrolera china Sinopec, ha estado realizando una serie de exploraciones sísmicas en las comunidades de la zona de La Chontalpa, que abarca los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso.
“Ha sido un proceso muy invasivo, pero nos preocupan las siguientes etapas a partir de lo que encuentren, con un Pemex en decadencia, con una crisis financiera e infraestructura deteriorada”, sostuvo.
Gemaly Padua, integrante del colectivo Altepee y del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta advirtió que las comunidades del sur de Veracruz defenderán el agua de sus manantiales y ríos frente a la proyección gubernamental de utilizarlos para abastecer los parques industriales del Corredor Interoceánico.
Recientemente, la Secretaría de Marina (Semar) difundió las adjudicaciones para cinco Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi) que integran al Corredor Interoceánico. La portuguesa Mota-Engil tendrá dos parques, en Coatzacoalcos y Salina Cruz; Grupo Constructor Urcedic obtuvo la de San Juan Evangelista y el consorcio Profharmax y Transportadora Comexsa, en Texistepec.
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En el sur de Veracruz, sostuvo que no permitirán la privatización de las tierras mediante el “dominio pleno” que busca convetir la propiedad social en privada. “Mantendremos el régimen social de nuestras tierras, ejidales y comunales heredadas de nuestros padres abuelos y ancestras”, señaló.
Padua también se posicionó contra la explotación mineral y de hidrocarburos, como con la construcción del gasoducto marino “Puerta al sureste”, de la canadiense TC Energy, que amenaza zonas arrecifales del Golfo de México.
“Estamos en contra de este supuesto progreso y desarrollo que sólo viene a perjudicarnos a los pueblos a enriquecer, los dueños de las grandes empresas extranjeras y aumentar el calentamiento global que nos pone a la humanidad y a miles de especies animales y vegetales en peligro de extinción, porque luchamos por la vida”, compartió.
Brian Arizmendi, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), en Campeche, advirtió sobre el cerco mediático alrededor de las afectaciones del megaproyecto militar del “tren maya”. Aseguró que, pese al sesgo, ejidatarios se han movilizado para reclamar por el irrespeto a los acuerdos con Sedena, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Además, señaló que el tren modifica la relación con el territorio, como sucede en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Contextualizó que ahí el Estado mantiene una deuda de más de 30 años sin poder titular a comunidades y ejidos, mientras a la par construye un hotel militar dentro del área protegida.
“Ya estamos hartos del involucramiento del ejército en las dinámicas de la comunidad”, reclamó en relación a la creciente militarización de la zona. En el marco de la inauguración del tren, recordó que existe una orden judicial incumplida por la Sedena para que se abstenga de realizar más construcciones. También denunció que existen “más de 100 muertos en esta región a causa de las obras”.
Corredor Interocéanico, un mismo proyecto
Mediante comunicado denunciaron la criminalización y hostigamiento en contra de las comunidades oaxaqueñas de Puente Madera, de Santa María Mixtequilla y de Mogoñe viejo, así como contra organizaciones de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio (APIIDTT) y de la Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI).
En este escenario, exigieron la cancelación de ordenes de aprehensión y de procesos penales en contra de las personas que resisten contra los polos de desarrollo “que quieren imponer en sus territorios y contra el intento de desalojo de terrenos a la orilla de las vías del tren interoceánico”.
Es el caso de David Salazar, miembro de la comunidad binizaá de Puente Madera quien, de acuerdo a la APIIDTT está siendo acusado con delitos fabricados. “Claramente responde a esta serie de actos, por parte del gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, por parte del gobierno federal, las instancias que le corresponden al Corredor Interoceánico y claramente por parte de los interesados de los grupos políticos vinculados al crimen organizado en la región”, señaló Mario Quintero, de dicha organización.
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Según las organizaciones, se está empezando a definir el marco industrial que va a establecerse en la región de la zona planicie costera, desde el istmo oaxaqueño hasta Tapachula, en la frontera entre Chiapas y Guatemala. “Un gran proyecto de infraestructura en manos de la agenda de Estados Unidos, económica y migratoria”, sostuvo Quintero.
Por su parte, Paulette Hernández, del Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas compartió que meses después del paso de la caravana El Sur Resiste, la Semar inició trabajos para la rehabilitación de las vías férreas que conectan a la costa chiapaneca con Centroamérica.
Acorde a Hernández, esta situación ha provocado desalojo, despojo y amenazas a las personas que habitan las comunidades de las diferentes regiones costeras, desde Arriaga hasta Tapachula.
“Les están prometiendo a cada habitante que vive cerca de las vías 36 mil pesos, cuando la vivienda cuesta más”, denunció la defensora de derechos humanos quien destacó que los ingenieros de la Semar pretenden ampliar el derecho de vía a 20 metros a la par del trazo férreo.
Para Hernández es grave la situación provocada por las obras relacionadas al Corredor Interoceánico pues también incluyen infraestructura carretera que conectará la zona de Pijijiapan hacia Palenque, vinculándose con el “tren maya”.
“Vemos como la devastación, el ecocidio que están haciendo es enorme (…) también el aumento de la violencia a través del crimen organizado”, señaló en relación con el aumento en las desapariciones de mujeres, jóvenes y niños en la región costa de Chiapas.
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“Vemos como en este tiempo de la cuarta transformación ha incrementado, no solo las desapariciones, no solo la violencia, sino también el despojo. Nos quieren quitar el territorio que ha sido parte de nosotros toda la vida y no estamos dispuestos a ceder”, sostuvo.
Para las organizaciones y comunidades el “tren militar mal llamado maya” representa la exacerbación ultraneoliberal del sistema capitalista “causante de tantas guerras pasadas, actuales y futuras y de la miseria y sufrimiento de tanta gente, y que solo beneficiara a los dueños de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pueblos y de la madre naturaleza”.
Ante ello, manifestaron que su lucha es por la vida y que otro sistema de organización de la sociedad es posible, “sin partidos políticos y líderes corruptos, desde las asambleas de los pueblos, articulados en redes de autonomías no capitalistas y no patriarcales”.
Puerta al sureste, gasoducto que amenaza ecosistemas marinos anuncia convenio con universidad pública
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Prieto
El pasado 7 de diciembre, la Universidad Veracruzana (UV) anunció la firma de un “convenio general de colaboración” con la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la canadiense TC Energy, implicada en la construcción del gasoducto “Puerta al sureste”, el cual pone en riesgo ecosistemas arrecifales del Golfo de México.
Ante ello, organizaciones de la sociedad civil criticaron el convenio debido a que, por medio de una investigación sobre las amenazas en ecosistemas arrecifales en la costa norte y central de Veracruz, se identificó que la construcción de Puerta al sureste pone en riesgo la vida de cerca de 115 especies y más de 400 posibles ecosistemas arrecifales que antes no habían sido identificados en la zona.
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Además del peligro que representa contra los ecosistemas marinos, el informe publicado en agosto pasado enfatiza que la construcción del gasoducto marino acelera el cambio climático e incrementa la dependencia de México hacia los Estados Unidos en materia energética.
“Pese a la evidencia científica, TC Energy ha negado o minimizado públicamente el impacto de sus actividades”, resaltan las organizaciones mediante comunicado. También critican que las universidades públicas estén cooptadas o al servicio de la industria que amenazan el medio ambiente. “TC Energy es una empresa que ha incumplido su responsabilidad de prevenir, hacer frente y reparar los impactos negativos que sus acciones tienen en el medio ambiente”, enfatizan.
Acorde a organizaciones sociales y ambientalistas, proyectos como Puerta al sureste fomentan un modelo que viola los derechos de las comunidades por donde atraviesan los ductos. Esto ocurre desde Canadá, en territorio Gitxsan, pasando por poblaciones Tarahumaras en Chihuahua hasta Pahuatlán en territorios otomíes, nahuas y totonacos.
“El gobierno mexicano y, particularmente, las universidades públicas y las comunidades científicas no pueden hacer alianza con empresas que laceran la vida marina y violan reiteradamente los derechos de las personas más vulnerables a costa de su enriquecimiento”, denuncian.
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Las organizaciones resaltan que, tanto la UV como TC Energy, no han hecho público los fundamentos, acciones concretas y objetivos específicos de dicho convenio, por lo que demandaron que la comunidad universitaria y la población en general tienen derecho a conocer las implicaciones de estas colaboraciones.
“En el pasado, las organizaciones de la sociedad civil advertimos, cuestionamos y solicitamos vía Transparencia información sobre la posible vinculación de la UV con TC Energy pero la universidad negó que existiera alguna intención de trabajar con la industria. Es esencial que la UV, como institución pública mexicana, sea transparente con este tipo de colaboraciones”, sostienen.
Por último, lamentan que la UV no considere las preocupaciones de la sociedad, el movimiento ambientalista y comunidad científica que se ha pronunciado acerca de que los nuevos proyectos fósiles no son compatibles con la meta de contrarrestar el calentamiento global.
