Ciudad de México, 07 de febrero de 2024
Actualización de la Acción Urgente 003/2024

Al firmar esta Acción Urgente se enviará automáticamente un correo a autoridades gubernamentales para exigir que frene la violencia en la comunidad nahua de Ostula. Consulta el listado de autoridades a las que les llegará tu petición al final de esta entrada.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: El Comité Municipal de Tocoa bloquea la autopista que da acceso a la concesión minera ASP para exigir al gobierno hondureño que no renueve la autorización para la extracción de hierro. Foto: Guapinol resiste}

En Tocoa, norte de Honduras, habitantes de la región integrantes del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT) de dicho municipio, se movilizan para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que, desde el año 2013, extrae hierro del interior de un área protegida.

Fue el pasado 9 de diciembre del 2023, cuando las autoridades municipales convocaron a un Cabildo Abierto para consultar a la población sobre la instalación de un proyecto para generación de energía, el cual está vinculado a la minería en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”.

Mediante Asamblea Popular, y con representación de autoridades locales, miles de personas se pronunciaron por un rotundo “NO” al proyecto de energía termoeléctrica perteneciente a la empresa Ecoteck/Emco. Con esta decisión, la población de Tocoa ratificó la declaración, del 29 de noviembre del 2019, como municipio libre de minería.

El referido proyecto energético pretende operar una planta termoeléctrica alimentada con coque de petróleo, material que contiene alto contenido de azufre y metales pesados, lo que ha consternado a la población ante el posible incremento de contaminación que, sumado a la extracción minera, coloca en riesgo las cuencas de los ríos Guapinol y San Pedro.

La termoeléctrica de Ecoteck es uno de los siete componentes asociados al megaproyecto minero para la extracción de óxido de hierro, promovidos por el consorcio Emco Holdings, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez. El objetivo de la central es suministrar energía para la operación de una planta de peletización de hierro del mismo consorcio.

Autoridades promocionan minería

Las comunidades de Guapinol y San Pedro, ubicadas en el departamento de Colón, integran el CMDBCPT, desde donde han denunciado ilegalidades, violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental relacionada al megaproyecto minero de Ecoteck/Emco.

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Tras la Asamblea Popular realizada en diciembre pasado, el CMDBCPT presentó, ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, el acta notarial que constata el rechazo al proyecto de coque para la extracción minera.

No obstante, el pasado 22 de enero, la alcaldía de Tocoa, encabezada por Adán Fúnez emitió una nueva convocatoria para la “socialización y aprobación” del proyecto energético.

Una semana después, el 29 de enero, ocho organizaciones jurídicas y de derechos humanos, tanto hondureñas como internacionales que han dado seguimiento al conflicto socioambiental, presentaron un Amicus Curiae ante el juzgado de letras seccional de Tocoa.

Mediante el recurso, instaron a las autoridades judiciales a fallar a favor de la concesión de un amparo colectivo interpuesto por la comunidad de Tocoa para defender la decisión de las comunidades a un medio ambiente sano, al acceso a la información, y a la participación política.

“Los hechos revelan que las decisiones clave relacionadas con el proyecto Termoeléctrico de ECOTEK se han tomado sin una consulta efectiva y representativa con las comunidades afectadas. A pesar de la clara oposición expresada por los habitantes de Tocoa, Colón, en múltiples asambleas y cabildos abiertos, donde se manifestó un rechazo unánime a los proyectos de ECOTEK y las operaciones mineras asociadas, estas expresiones de voluntad popular han sido aparentemente ignoradas”, puntualiza el Amicus Curiae.

Un día después, el juzgado otorgó resolución favorable al recurso legal, lo que obligó al alcalde de Tocoa a suspender el Cabildo Abierto programado para el último día de enero.

Inversiones

En enero de 2014 se otorgó la concesión minera ASP, que abarca un área de 100 hectáreas dentro del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, a la empresa Emco Mining, actualmente denominada Inversiones Los Pinares.

Casi una década después, en octubre del 2023, las comunidades de Colón se informaron sobre la pretensión de la empresa minera para renovar el contrato de concesión, que expiró el pasado 28 de enero del 2024, por hasta 30 años más.

Ante ello, el CMDBCPT se ha movilizado para exigir al gobierno nacional, encabezado por Xiomara Castro, para que rechaze la solicitud de renovación al contrato minero firmado entre Lenir Pérez de Inversiones Los Pinares y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Acorde a las Brigadas Internacionales por la Paz (PBI, por sus siglas en inglés), diferentes medios hondureños e internacionales han demostrado que la empresa siderúrgica Nucor, con sede en los Estados Unidos, estaba asociada con Inversiones Los Pinares.

Según lo publicado, la relación comercial entre Nucor y Pérez comenzó en marzo de 2015 y la empresa norteamericana abandonó el proyecto en octubre del año 2019, debido a la movilización social en contra de la actividad extractiva.

“Esto sugeriría que Nucor estuvo involucrado en la concesión minera el 27 de octubre de 2018, cuando más de 1,500 oficiales de policía y personal militar comenzaron la expulsión forzosa de un campo de protesta opuesto a la mina de Los Pinares”, relata la organización de derechos humanos.

Entre otras agresiones se encuentra el arresto y detención de 13 defensores del territorio. Siete de ellos fueron acusados de cargos relacionados con sus acciones para defender los ríos Guapinol y San Pedro.

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“Los inversores recientes en Nucor incluyen la Caisse de depot et placement du Quebec (73 millones de dólares), el Royal Bank of Canada (61 millones de dólares), el Bank Of Montreal (40 millones de dólares) y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (36 millones de dólares)”, contextualiza PBI.

Afectaciones

Según testimonios de los pobladores, la extracción minera durante una década ha tenido un efecto devastador para el Parque “Carlos Escaleras” y las comunidades circundantes. Además, señalan que han sido vícitimas de la corrupción estatal y la violencia ejercida por la minera.

A través del sitio web Guapinol resiste, el pasado 31 de enero exigieron que el Ministerio Público proteja el medio ambiente y emita requerimientos fiscales contra los representantes de la empresa por delitos ambientales, así como contra “funcionarios públicos locales y nacionales  que conforman la red de corrupción para beneficiar a Pinares/Ecotek”.

Así mismo demandaron el respeto a la vida de los defensores del territorio y campesinos en la región de valle del Bajo Aguán. Un día antes se reportó el secuestro del campesino José Abel López, integrante de la cooperativa Remolino, organización que suma su labor a distintas agrupaciones de la Plataforma Agraria del Aguán para reivindicar la recuperación de tierras despojadas por empresarios de la palma aceitera.

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También denunciaron la intensificación de campañas de odio contra la defensora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, así como contra integrantes del CMDBCPT.

“Responsabilizamos al gobierno de Xiomara Castro por cualquier daño a la integridad física de las defensoras y defensores en lucha por la defensa de los bienes comunes en este valle del Aguán”, aseveran en comunicado.

Semanas antes, más de 100 organizaciones de Honduras y de todo el mundo se sumaron a la exigencia al gobierno de Castro para que respete la decisión del pueblo de Tocoa que rechaza la actividad minera en sus territorios.

Además, demandaron una investigación independiente para enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelecutales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez, acontecidos durante el año pasado. “La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras”, reclaman.

¿De qué se le culpa a David Hernández Salazar?

El día 12 de febrero de 2022, personas autonombradas propietarias de parcelas en tierras de uso común de San Blas Atempa en compañía de la Policía Municipal de San Blas Atempa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, ingresaron a EL PITAYAL a medir ilegalmente las tierras con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico.

Los hechos, ocurriendo de la siguiente manera, todas estás personas estacionaron sus vehículos sobre la carretera panamericana en la entrada de la comunidad de Puente Madera, ingresando al monte EL PITAYAL, se encontraban a más de 200 metros, lo que técnicamente hace imposible tener visibilidad sobre la carretera panamericana, debido a la densa vegetación de árboles y arbustos.

El compañero David Hernández Salazar se encontraba con otras personas en camino a denunciar hechos de hostigamiento de días anteriores ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/10/deforestacion-e-invasion-de-tierras-de-uso-comun-como-parte-de-la-imposicion-del-parque-industrial-en-el-pitayal/ ) a la Radio Comunitaria Didxazaa Stipa de San Blas Atempa, cuándo le fue notificado que había movilización en Puente Madera y se requería su presencia como Agente Comunitario, inmediatamente se trasladó. Al llegar, vio la columna de humo proveniente de los vehículos estacionados y se reunió con los habitantes de Puente Madera para conocer la situación arriba descrita.

Las personas al interior de EL PITAYAL, huyeron por veredas internas sin regresar al lugar a explicar la razón de su presencia y comprobar que el trabajo que estaban realizando era legal.

Posteriormente, se dieron a conocer los hechos, que publicamos en un comunicado: https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/12/asamblea-comunitaria-en-resistencia-de-puente-madera-en-alerta-maxima/

¿Cuáles son las inconsistencias del juicio?

Se acusa a David Hernández Salazar de haber iniciado el fuego en los vehículos estacionados, cuando él no se encontraba ni cerca del área donde esto sucedió.

Los testigos sostienen una misma versión en sus declaraciones iniciales de haber visto a David iniciando el fuego, cuando ellos se encontraban al interior de EL PITAYAL, lo que es humanamente imposible, porque de la ubicación donde se encontraban no permite ver el lugar donde estaban estacionados los vehículos.

En esta Causa Penal 446/2022 en la que existen las otras 17 órdenes de aprehensión, por los mismos delitos, son acusaciones absolutamente falsas, ya que todas las personas en esta lista, no se encontraban en lugar de los hechos durante lo ocurrido y otras más son personas mayores que por cuestiones de salud y trabajo difícilmente salen de sus hogares.

Después de 14 días de juicio y presentación de pruebas, tanto de testigos como peritos, se volvió a demostrar que estos procedimientos legales son una cortina de humo para amparar la corrupción e intereses económicos y políticos de diversos actores con incidencia dentro de las instituciones de Estado.

A lo largo de estas dos semanas en las cuales se llevó a cabo el Juicio del agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, se demostró en las audiencias las inconsistencias y falta de fundamentos de los demandantes en contra de David y la existencia de la Causa Penal 446/2022.

Las inconsistentes sobre el juicio se basan en las contradicciones de los testigos con sus declaraciones iniciales en las que dicen haber visto a David iniciando el fuego de los vehículos estacionados sobre la carretera como responsable, mentiras que llevaron al Registro Agrario Nacional a desistir como demandante.

En suma, los 14 días de juicio demostraron de la parte demandante que la denuncia en contra de David, está fundamentada en mentiras, contradicciones e interés económicos y político de exfuncionarios y actuales representantes del Municipio de San Blas Atempa, vinculados al cartel del despojo y grupos del crimen organizado.

Cabe aclarar que esta Causa Penal y Carpeta de Investigación fue aperturada durante el sexenio priísta de Alejandro Murat y se ejecutó un año después, con la detención ilegal y violenta de David Hernández Salazar en su centro de trabajo, este hecho es parte de una larga lista de incidentes a la integridad de los habitantes de Puente Madera e integrantes de la APIIDTT ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2023/08/16/derecho-de-replica-2-0-no-solo-es-un-juicio-agrario-es-imposicion-y-despojo/  ).

Por todo lo anterior:

Exigimos la revisión de la sentencia y el indulto a David Hernández Salazar, defender la tierra y el territorio no es un delito.

Exigimos el desistimiento y cancelación de la Causa Penal 446/2022, en la que se acusa injustificadamente a 17 habitantes de Puente Madera.

Exigimos el cese a la judicialización y criminalización por parte de la Marina, el Ejército y los 3 Niveles de Gobierno.

Exigimos el cese a la represión contra Defensores del Territorio, Derechos Humanos y Periodistas.

CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS, NO HAY TRANSFORMACIÓN, NI PRIMAVERA

Desde la barricada en El Pitayal

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de información nacionales e internacionales,
A los organismos defensores de Derechos Humanos,
A los diferentes niveles de gobierno de México,
A la sociedad civil nacional e internacional,

El pasado 1 de febrero de 2024, alrededor de las 17.30 horas, un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por al menos 50 personas, se internó en territorio comunal. Atacó una casa de la encargatura de la Cofradía y al ver que no había nadie, este grupo criminal quemó la casa.

En su incursión, los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de nuestra Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio.

Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra Guardias Comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población.

Tenemos información suficiente para determinar que detrás de este ataque están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula.

Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Es importante señalar que no sólo el contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal en contra de nuestra Guardia, sin embargo se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes.

¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento.

Mientras tanto la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG.

Exigimos la inmediata desarticulación del CJNG y castigo por sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región!!

SANTA MARÍA OSTULA, A 2 DE FEBRERO DE 2024

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Migrantes haitianos, procedentes de Sudamérica, esperan los transportes que el INM prometió para llevarlos fuera de la ciudad de Tapachula, donde permanecen sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres. Diciembre, 2011. Foto: Santiago Navarro F.}

La tarde de este miércoles (31), organizaciones de derechos humanos e integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron la muerte de Jean “N”, persona de nacionalidad haitiana quien falleció el pasado 27 de enero en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, al sur de Chiapas.

Según la denuncia, la reciente muerte se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. “La muerte de Jean ‘N’ no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de muertes de personas extranjeras bajo custodia del Estado Mexicano”, enfatiza el colectivo mediante comunicado.

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Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la movilidad de personas en la frontera sur de México señalan que han documentado que, tras la privación de su libertad, las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes para las personas”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{Foto de La Tinta}

Productores de alimentos, educadores, organizaciones campesinas e indígenas, semilleras, huerteros, comercializadoras, distribuidoras agroecológicas y organizaciones de economía social y popular de Argentina sostienen la campaña nombrada #semillazos, un conjunto de acciones contra la privatización de la semilla nativa y criolla en el país.

El presidente de ultraderecha, Javier Milei, ha enviado al Congreso legislativo el proyecto de Ley Ómnibus, con 600 artículos, que, entre otras medidas, promueve la “flexibilización de las protecciones ambientales de los bienes comunes del país”, explica Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que hacen parte de las movilizaciones contra la ley.

Uno de los “ataques a las leyes ambientales del país”, señala Baldiviezo, está la propuesta de que Argentina sea asignataria del Acta de 1991 del Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, cuya creación partió de la iniciativa de empresas europeas de Fito-mejoramiento, para definir los principios básicos de “protección” de nuevas variedades vegetales, creadas a través de modificación de la estructura genética de los vegetales.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: David Hernández Salazar comparte el proceso de resistencia de su comunidad, Puente Madera, frente a la imposición de un parque industrial en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Foto: El Sur Resiste}

El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.

Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.

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El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.

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Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Resistencia antiminera en la comunidad de la Merced de Buenos Aires, al norte del Ecuador.}

El día de ayer (29), la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. pretendió ingresar una plataforma cargada de madera sin guía de transporte a la concesión minera Imba1, localizada en la Comunidad de la Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. La empresa, propiedad de la australiana Hancock Prospecting, tampoco contaba con procedencia debidamente autorizada por el Ministerio de Ambiente.

La denuncia fue hecha por el Frente Antiminero de Ecuador y por el colectivo Buproe, una organización local en defensa de la vida en la Merced de Buenos Aires.

La empresa viene operando en total ilegalidad desde el 28 de marzo de 2023, sostiene el Frente en un comunicado, fecha en que la Agencia de Regulación Minera emitió la Resolución MEM-VM-2023-0004-RM que suspendía sus actividades.

Sin embargo, desde entonces la comunidad ha denunciado constante actividad por parte de la empresa que incumple la resolución.

En el comunicado, preguntan “¿por qué las autoridades permiten las actividades de la empresa aun cuando tiene orden de suspensión?”.

Otro ejemplo de omisión por parte del gobierno es que el viceministerio de Minas “omitió” inscribir en el Registro Minero la Resolución de Suspensión, “por lo cual la empresa sigue operando a discreción, junto a mineros ilegales y grupos terroristas que se encuentran en el territorio, dentro de las concesiones mineras ‘legales’”.

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