Documental vía Somos el medio.-“El siguiente trabajo documental es un trabajo realizado por la fotógrafa estadounidense Emily Pederson y producido por Field of Visión, quien documentó por más de cinco meses a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Más de dos años después de que 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecido en México, a sus seres queridos siguen buscando justicia y cierre.”

El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
Saint-Denis Free Mumia Committee

[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
001 (717) 728-2573
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov ]

El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
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[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
001 (717) 728-2573
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El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
Saint-Denis Free Mumia Committee

[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
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(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA
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TUXTLA GTZ, CHIAPAS, 1 DE ABRIL 2017 (PRENSA MACTU). Los alumnos de “la Gloriosa Escuela Normal Rural Mactumactzá”, celebrarán el 61 aniversario de esta institución, del 3 al 7 de abril de 2017 dentro sus instalaciones*, al poniente de la capital chiapaneca.

Las actividades contempladas para esas fechas serán deportivas, académicas, culturales y sociales. Todas estarán abiertas al público, de manera gratuita. Para el martes cuatro de abril se podrán escuchar las ponencias del Dr. Sergio Saldaña y el Dr. Julio Gómez Mendoza, las cuales analizarán el impacto de las reformas del gobierno federal en la sociedad.

“Es importante que los normalistas estén conscientes de estos temas sociales, porque son una parte muy importante de la conciencia de la juventud mexicana”, explicó el Dr. Saldaña en entrevista con Prensa Mactu. “Históricamente, las Normales han sido semilleros de pensamiento crítico”, agregó el académico.

Los alumnos y las alumnas, apoyad@s por los docentes, son l@s que están organizando la conmemoración de la fundación de la escuela normal. Las y los jóvenes se dividieron el trabajo en diferentes comisiones, como la cocina, los primeros auxilios y la limpieza.

“Me siento una persona muy orgullosa por pertenecer a una Escuela Normal Rural y trabajar para la misma”, compartió la alumna de cuarto semestre en Mactumactzá Himelda Nuñez Encino, de 23 años. “Esta es mi segunda casa”, concluyó.

Se espera que sea un evento masivo con la participación de más de 4000 personas, en un ambiento festivo. Habrá comida y música de todo tipo, desde mariachi y marimba, hasta banda y cumbia.

* Dirección de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá: Carretera a Chicoasen, Km 2, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutierréz, Chiapas.

Invitación a los festejos por el LXI aniversario de la Escuela Normal Rural Mactumactzá

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONVOCATORIA

Considerando que el V Congreso Nacional Indígena (CNI), en su segunda etapa realizada los días 29, 30, 31 de diciembre de 2016 y primero de enero de 2017, acordó:

PRIMERO.- “…Nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá como voz a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018…”.

SEGUNDO.- “…[Llamar] a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad  civil no organizada y a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya nos sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera…a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo…”.

TERCERO.- “[Convocar] a una asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México en el mes de Mayo de 201… para hacer retemblar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad…haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.”

Es que hemos acordado CONVOCAR a las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI a la celebración de la:

ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO PARA MÉXICO

Que se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, territorio zapatista, de acuerdo con el siguiente:

(Continuar leyendo…)

Esperamos  que las redes sociales nos permitan abrir un camino de acercamiento con las y los otros, un camino de información generado desde nosotr@s, y que será el espacio en el que se irán anunciando las diferentes actividades y acontecimientos concernientes al camino que recorreremos en los próximos meses como CNI.

BOLETIN INFORMATIVO.

Chicomuselo, Chiapas. 14 de marzo de 2017.

A LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS EN MEXICO Y EL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LA OPINION PÚBLICA.

AMENAZAN DE MUERTE A EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, POR DEFENDER SUS TIERRAS DE LAS COMPAÑIAS MINERAS.

Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomuselo, Chiapas, por defender sus territorios, temen que se reinicie la actividad minera en la zona.

Los hechos ocurrieron como a las 15 horas del día 09 de marzo del presente año en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de este mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron al C. EDUARDO CLEOFAS TRUJILLO TOVAR, con domicilio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de barita que se localiza en ese lugar.

Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a esta persona cuando apareció el C. ISIDRO LOPEZ ALVARADO, vecino del poblado Ricardo Flores Magón del mismo municipio quien portaba un arma tipo revolver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo “me vale madre matar, porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera” en ese momento se encontraban los CC. OLEGARIO VELAQUEZ BRAVO, REYNOL PEREZ VAZQUEZ, ESTEBAN SILVERIO VELAZQUEZ PEREZ, ROSALINDA VELAZQUEZ LOPEZ, UVIN PEREZ BARRIOS, EFRAIN VELAZQUEZ PEREZ, JUAN JOSE DIAZ RIVERA, GILBERTO ALVARADO BRAVO, JOSE LUIS DIAS VELAZCO, DEMETRIO GARCIA AGUILAR, REFUGIO ROBLERO GONZALEZ, EUGENIA DIAZ VELAZCO, RAMIRO PEREZ BORRALLAS, SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ, SANTIAGO PEREZ VAZQUEZ, MARGARITO PEREZ ORTIZ, FRANCISCO GARCIA JIMENEZ, FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, MARDONIO HERNANDEZ SANCHEZ, MARISOL ROBLERO VERDUGO, CESAR FUENTES DIAZ, ERNESTINA PEREZ VAZQUEZ, ELEAZER FERNANDEZ DIAZ, ENTRE OTROS, quienes al ver a esta persona amenazando con dispararles, prefirieron no hacer nada, después de esto el sujeto se fue del lugar quien seguía amenazándolos de muerte, posteriormente el retenido fue trasladado a la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaria de Gobierno de la Región XI Sierra Mariscal se de atención al presente asunto.

En este mismo día los inconformes levantaron una denuncia de los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas. LIC. LEVI SANCHEZ GONZALES por la probable comisión de hechos delictuosos, amenaza y homicidio en grado de tentativa, EN AGRAVIO DEL C. ESDRAS PEREZ ZUNUN Y DEL GRUPO DE PERSONAS ANTES MENCIONADAS por la cual se dio inicio a la indagatoria bajo el número R.A. 016-030-0605-2017.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a los proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Blak Fire, el cual se incrementó con el asesinato del defensor ambientalista MARIANO ABARCA ROBLERO en noviembre de 2009.

Desde esa fecha las comunidades se han organizado para detener la entrada de empresas mineras a las comunidades y a la vez, han realizado foros, encuentros, marchas, peregrinaciones y reuniones con diversas dependencias para frenar definitivamente la explotación minera en este municipio, los cuales no han sido cumplidas hasta el momento.

Como ejemplo, el 18 de mayo del año 2016, la Subsecretaria de Gobierno de la región con cabecera en la ciudad de Motozintla Chiapas, se comprometió a solicitar la presencia de funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para una reunión con habitantes del ejido Grecia donde se daría a conocer el posicionamiento del Gobierno del estado de Chiapas de no permitir la explotación minera.

El 14 de junio de ese mismo año 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se firmó una minuta de trabajo en la que estuvieron presentes, por las dependencias. Los CC. MARCO ANTONIO MORALES LIEVANO, en representación del gobierno del estado y representantes de la Secretaría de Economía, de CONAGUA, SEMARNAT, SEMANHT, Representantes del Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, así como representantes de las comunidades inconformes con la actividad minera, en el que la subsecretaría de Gobierno se comprometió a convocar a una reunión entre ejidatarios inconformes y el Secretario de Gobierno para iniciar el proceso de revocación de las concesiones mineras en este municipio, minutas que hasta la fecha no se han dado cumplimiento, por lo tanto los problemas se incrementan cada vez más.

Por tal razón las comunidades inconformes continúan en constante vigilancia para proteger sus territorios y evitar que empresas continúen con la depredación del medio ambiente a través de la explotación minera, por lo que en reiteradas ocasiones han retenido a empleados de diversas empresas interesadas en la explotación de minerales en la región.

En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del estado su pronta intervención en el presente asunto, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento cada vez mayor entre campesinos.

Es importante señalar que como en el caso de Mariano Abarca Roblero en el año 2009, días antes había sido amenazado y por el cual se inició un acta administrativa ante el Agente del Ministerio Público, a pesar de esto, días después fue asesinado.

Por todo lo anterior, solicitamos:

A los tres niveles de gobierno, el cumplimiento a los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio, toda vez que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales de protección a sus tierras y sus recursos naturales.

Se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y el país.

Que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar el seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas el 09 de marzo del presente año a fin de que se apliquen medidas para salvaguardar la integridad de las personas agraviadas.

Equipo de Apoyo y solidaridad con Ostula teme la liberación de Federico González, integrante del cartel de los Templarios

INFORMACIÓN URGENTE

24 DE MARZO DE 2017

A LOS MEDIOS LIBRES

A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y GENTE SOLIDARIA

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Por medio del presente hacemos del conocimiento público que la tarde de ayer, 23 de marzo, fue detenido en Nayarit el líder templario Federico González Medina (alias Lico),
a quien se relaciona con la muerte de 34 comuneros y la desaparición de 6, pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos ocho años.

Para que esta detención sea entendida como parte de un operativo dirigido a la desarticulación del cártel de los Caballeros Templarios y de su estructura política y
económica, debe investigarse y juzgarse a Federico González por los crímenes antes mencionados, además de que se deben esclarecer sus vínculos con diversas instituciones del
Estado, como son la Marina, el Ejército, las Policías y el Gobierno.

Por el temor de que Federico González sea liberado, solicitamos estar atentos en las siguientes horas, ya que es necesario que pobladores de la comunidad salgan de ésta para
hacer las denuncias pertinentes y dar seguimiento al proceso.

Hacemos un llamado a organizaciones políticas y sociales, y a la gente solidaria, para que encuentren la forma de pronunciarse para impedir que todos estos crímenes queden
impunes.

Atentamente

Equipo de Apoyo y Solidaridad con la Comunidad Indígena de

Santa María Ostula

Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras,  invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica  y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.

Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.

Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano,  ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002.  Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la  mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la  Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1],  es catalogada como  zona estratégica:

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Abejas de Acteal y Frayba lanzan campaña para romper los muros de la impunidad y contra el olvido

El jueves 23 de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el marco de los 20 años de impunidad en la Masacre de Acteal perpetrada por grupos de paramilitares entrenados por el ejército en tareas contrainsurgentes, diseñadas por el Estado y plasmadas en el Plan de Campaña Chiapas 94, y a 25 años del nacimiento de La Organización Civil Las Abejas de Acteal en el municipio de Chenalhó.

Durante la compartición, las primeras en tomar la palabra fueron Las Abejas de Acteal, haciendo un llamado a organizaciones, colectivos y personas de buen corazón para hacer suya la campaña y romper los muros de la impunidad contra el olvido. Además celebraron su caminar como organización, y resistencia a pesar de las adversidades: “La Masacre de Acteal fue un mensaje de terror del Estado mexicano hacia población que estaba en contra de las políticas del mal gobierno, pero sobre todo a las comunidades y pueblos que exigían el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno federal y el ejército zapatista de Liberación Nacional (EZLN), porque los Acuerdos de San Andrés eran un camino para la libre autodeterminación y autogobierno de los pueblos”.

Por su parte, Pedro Faro, Director del Frayba, hizo énfasis en la responsabilidad directa del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, a través de la “existencia de una política genocida en el conflicto armado interno en Chiapas en donde las acciones de los grupos paramilitares, ligados a las autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo al Ejército mexicano, han sido el instrumento con el cual se intenta eliminar a todo proceso organizativo que genere diversas alternativas a los gobiernos que hoy en día han dejado de servir al pueblo”.

Durante su participación, Gonzalo Ituarte, Secretario del Consejo Directivo del Frayba y Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, no dejó de señalar el crimen de guerra que representa Acteal, añadiendo que “El ambiente previo a la Masacre ya era de muerte, de violencia, de desplazamiento, ya había una iniciativa de creación de Municipio Autónomo, ya funcionaba el Municipio de Polhó… un ambiente que después iba a manifestarse en la Masacre, a pesar que desde el Frayba, Gonzalo Ituarte previó al gobierno de la situación tensa que ocurría en Acteal, quien hizo burla y caso omiso de los llamados de paz.

Esta campaña inicia sus actividades en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una herida abierta que trae a la memoria y en la acción a las 45 víctimas ejecutadas, más cuatro aún no nacidos que dejó como saldo la Masacre perpetrada en la comunidad de Acteal.

Las Abejas de Acteal, y el Frayba hacen un llamado a las organizaciones, colectivos y personas de buen corazón a fortalecer la esperanza, la memoria, y la verdad y a que juntos y juntas impulsar la campaña y se haga visible la responsabilidad del Estado mexicano, rompiendo el cerco de la impunidad que rodea los hechos, en contra del olvido.

Escucha los audios completos del lanzamiento de la campaña: https://soundcloud.com/chiapas-denuncia-p-blica/sets/lanzamiento-de-la-campana

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

a 23 de marzo de 2017

Boletín de prensa No. 05

Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza

XX años de una recurrente Impunidad

XX años del olvido a la verdad y a la justicia

XX años de una decrepita y cínica mezquindad de los gobiernos

XX años de la Masacre de Acteal…

Las Abejas de Acteal, caminan, construyen, XXV años de Organización:

Lucha,

Resistencia,

Paz,

                                                                                                                              Memoria,

             Verdad…

A casi XX años de lucha contra la impunidad de la Masacre de Acteal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., acompaña a la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, en su persistente exigencia del derecho a la Verdad y de garantías de no repetición, en los caminos de La Otra Justicia, hacia la reconstitución de los Pueblos y al señalamiento a los responsables de este Crimen de Estado.

El derecho a la verdad en la Masacre de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997, incluye la exigencia de que la sociedad civil conozca lo que sucedió en las regiones Altos, Norte y Selva de Chiapas y garantice el derecho a la justicia sancionando a los responsables materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad.

El Estado mexicano, tiene cuentas pendientes en la Masacre de Acteal, en su política deliberada de terror de estado, en su acción consentida de no activar las instituciones de justicia, de encubrir de gobierno en gobierno sus corruptelas.

A XX años de la Masacre de Acteal desde el Frayba señalamos al Estado mexicano como responsable directo de la Masacre y sostenemos la hipótesis -que está comprobada internacionalmente- de la existencia de una política genocida en el Conflicto Armado Interno en Chiapas, en donde las acciones de grupos paramilitares ligados a las autoridades municipales, estatales y federales -incluyendo al Ejercito mexicano- han sido el instrumento con el cual se intenta eliminar a todo proceso organizativo que genere diversas alternativas a los gobiernos que hoy en día han dejado de servir al pueblo.

Durante estos XX años transcurridos de la Masacre de Acteal, hemos venido insistiendo al Estado mexicano a que haga efectiva la reparación integral del daño a las víctimas del desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Que se garanticen medidas de no repetición: a través del desarme y la desarticulación de grupos paramilitares; la desmilitarización del territorio indígena de Chiapas; la inclusión de los delitos de lesa humanidad en el marco del derecho positivo mexicano; la desaparición del fuero militar y particularmente cuando se trate de violaciones a los derechos humanos.

Nos unimos a la exigencia de la sociedad civil organizada para que el Senado de la República no legalice y legitime un marco jurídico inclinado a regular de forma indefinida y ordinaria la presencia castrense en tareas de seguridad, invocando el concepto de seguridad interior, ya que esto consolidaría un Estado dictatorial y autoritario.

Por otra parte, es un honor y orgullo para nosotras/os, conocer, aprender y acompañar la lucha histórica de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre y los XXV años de resistencia de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas. Saludamos su caminar entre la resistencia, la impunidad y la construcción de nuevos horizontes en La Otra Justicia. Por ello nos sumamos a las acciones convocadas dentro de la Campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza.

Esta campaña inicia sus actividades en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, manteniendo en la memoria a las 45 víctimas ejecutadas, más cuatro aún no nacidos en la Masacre perpetrada en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.

No olvidamos que la memoria se rebela; no olvidamos a todas aquellas víctimas ejecutadas, desaparecidas y desplazadas de manera forzada, a consecuencia de la implementación de la acción de contrainsurgencia, del Plan de Campaña Chiapas 94, en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la rebelión ante la opacidad de la justicia, exclusión y muerte.

No olvidamos que la memoria esta sublevada, ante esta guerra sin cuartel, en contra de la población civil. Por ello no olvidamos a los cientos de miles de desaparecidos y ejecutados en el territorio mexicano, y quienes luchan por la memoria, las nombramos: H.i.j.o.s, FUNDEM-FUUNDEC, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Ayotzinapa y tantos nombres contenidos de una digna rabia que trabajan para la Justicia, ante la configuración de un escenario de violencia generalizada y de una crisis donde los derechos humanos son la demagogia de los gobiernos.

La campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza tendrá una duración de nueve meses. Durante este período se desarrollarán una serie de actividades dirigidas a evidenciar el impacto de la Masacre de Acteal y la responsabilidad del Estado mexicano, concluyendo con un Festival Cultural en la comunidad de Acteal del 20 al 22 de diciembre de 2017.

Por ello, les invitamos a fortalecer juntos y juntas la esperanza, la memoria, la verdad. Invitamos a las personas, colectivos, pueblos y organizaciones locales, nacionales e internacionales a que desde su espacio y creatividad se sumen a la Campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza para que todos y todas a través de la memoria, rompamos el cerco de la impunidad, dando a conocer la verdad sobre la responsabilidad del Gobierno mexicano en este crimen de lesa humanidad, ante este Crimen de Estado.