Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras,  invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica  y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.

Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.

Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano,  ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002.  Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la  mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la  Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1],  es catalogada como  zona estratégica:

…estratégica desde el punto de vista hidrográfico, ya que en su seno, y gracias a la selva que actúa como un poderoso regulador hídrico, se originan numerosos ríos y arroyos que forman parte de la Subcuenca Norte de la Cuenca superior del Río Bermejo, la que a su vez pertenece a la Cuenca del Plata (Ayala Bluske, 1998: 47)

La reserva de Tariquía, junto a la de Sama y el Aguaragüe, “protegen las fuentes de agua más importantes” (Ibíd.: 18), así como “protege la zona más representativa de la Selva Tucumano- Boliviana” (Ibíd.) Según el biólogo Donovan Osorio, la zona sería un área de recarga hídrica.

Laureles, lapachos, nogales, cedros, así como antas, zorros de monte, pavas, guacamayos, jaguares, osos jukumari, carpinchos, tarucas, ocelotes, lobitos de río, loros aliceros, pumas. En suma, según el Plan de Manejo, existirían por lo menos 1075 especies de plantas superiores, 169 especies de mamíferos grandes y pequeños, 253 especies de aves, 62 especies de anfibios y reptiles y 65 especies de peces contabilizados hasta 2004. Todos ellos pueblan la extensión de la Reserva, trece están en la lista de especies en peligro de extinción.

Por la importancia de esta región, -al ser única y la más extensa en su ecosistema en el país, al tener un estatus internacional de vulnerable, al depender sus pobladores de la buena salud de sus cuencas-, la RNFFT se creó para conservar la biodiversidad del ecosistema de yungas andino, así como para “regular los caudales hídricos” de los ríos Bermejo y Grande en Tarija. (Ayala Bluske, 1998)

Actualmente existen 22 comunidades campesinas, organizadas en sindicatos agrarios dentro la reserva, relacionadas con las aproximadamente 33 comunidades de la zona externa a la RNFFT, conocida como “de amortiguación”. Estas comunidades viven de la ganadería y la producción agrícola.  Existe como característica histórica de la región,  la práctica de la ganadería trashumante, que significa trasladar al ganado a pastar a varios niveles de altura, de acuerdo a la época. (Ayala Bluske, 1998) Estas familias, por lo general tienen propiedades colectivas o pro indiviso. También se ha registrado emprendimientos exitosos en apicultura.

En los 90, de acuerdo a los informes de PROMETA y  al Plan de Manejo del 2000-2004, se señalaba que las amenazas principales para la reserva eran: la extracción forestal, la expansión de la frontera agrícola, la pesca con dinamita y sustancias tóxicas y las actividades petroleras.

La ofensiva petrolera

La lucha actual de comunidades campesinas en Tariquía por no permitir la actividad petrolera en la Reserva, está inscrita en la ampliación del extractivismo petrolero hacia zonas que son los últimos bastiones de ecosistemas amenazados, ciclos y mundos de vida de comunidades indígenas o campesinas, cientos de especies de flora y fauna

El investigador Jorge Campanini, en entrevista, afirma que en Bolivia desde fines del 2014, se produce un golpe de timón a la política hidrocarburífera, al emitir el gobierno una serie de reglamentos que abren paso a una ofensiva petrolera hacia áreas protegidas y parques nacionales.

(Audio: Entrevista a Jorge Campanini)

Ya del 2007 al 2012, un lapso de 5 años, se calculaba que en Bolivia, la frontera petrolera había crecido siete veces, es decir, se pasó de 2.1 millones de hectáreas el 2007, a 24,7 millones de hectáreas el 2012, (769% de incremento), comprometiendo en ese entonces 11 de las 22 áreas protegidas del país.

Los Decretos Supremos 2298, 2366 y 2400 aprobados todos  por el presidente Morales consecutivamente en el transcurso del año 2015, establecen no solo la apertura de áreas protegidas y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas, sino que implantan nuevas normativas y parámetros ambientales, así como la modificación del derecho a la Consulta Previa, atribuyéndose el estado, el derecho de decisión en caso de que no obtuviese respuesta de las comunidades afectadas, (pudiendo ocurrir esto último por resistencia de dichas comunidades a estos proyectos extractivos).

En la actualidad se puede hablar de más de 30 millones de hectáreas abiertas a las actividades petroleras según Campanini. Sin embargo, no solo se trata de las áreas protegidas y parques nacionales, y por consecuencia territorios indígenas sobrepuestos a éstos, sino de una serie de reglamentaciones que flexibilizan normativas y derechos reconocidos como el de la  Consulta Previa.

La modificación a la reglamentación ambiental avanzó más el 2016, es así que ahora, afirma Campanini, se amplía la lista de actividades petroleras que no necesitan licencia ambiental o consulta:

a finales del año pasado, [2016] se ha emitido un nuevo Decreto Supremo que lo que hace es ampliar la lista de actividades que no requieren licencia ambiental o no requieren consulta, por ejemplo, dentro de la gestión,  la prevención y el control ambiental. Es decir, hay actividades hidrocarburíferas, como por ejemplo la magnetotelúrica, entre otras  actividades de exploraciones preliminares o complementarias a una gran exploración, que ahora no necesitan y no requieren para nada pasar por los requerimientos ambientales de rigor.

El Plan de Manejo a principios de los años 2000 señalaba, entre las amenazas en ciernes para la reserva, que alrededor del 50% de la reserva Tariquía se hallaba concesionada para actividades petroleras. Se menciona al bloque Churumas, el pozo Cambarí y el Pozo San Antonio, como parte de proyectos de exploración sísmica dentro de la reserva.

Los bloques San Telmo y Astillero, en disputa actual en la Reserva Tariquía, (el primero está como zona no tradicional, es decir zona donde no había habido ninguna actividad petrolera previa), fueron ya desde el 2007 declarados como áreas reservadas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, mediante los Decretos Supremos 29130 y 29226 respectivamente, lo cual daba algunas pistas, ya en los dos primeros años del gobierno del Movimiento Al Socialismo, del derrotero que tomaría, posteriormente, la política de exploración y explotación petrolera e hidrocarburífera.

(Audio 2: Entrevista a Jorge Campanini)

Es en 2011 cuando se autoriza que PETROBRAS realice un estudio que determinaría si se podía llevar adelante proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en San Telmo y Astillero. El informe de PETROBRAS de 2012, según Campanini, certificó 4.4 TCF de gas  y miles de millones de barriles de condensado.

Cabe puntualizar que la RNFFT,  figura entre las áreas que el decreto 2366 de 2015 abría por ley a las actividades petroleras.

DATOS: Según datos del gobierno las áreas San Telmo y Astillero tendrán una extensión de 210 hectáreas, calculándose que tendrían 3.4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural.

De ser exitosos los resultados, se calcula que se invertirá en San Telmo 610 millones de dólares y en Astillero 608 millones de dólares.[15]

La firma de un contrato para el siguiente paso de exploración y explotación con permiso de la Asamblea Legislativa, continúa explicando el investigador del CEDIB, demora, y es en los años que van del 2015 al 2017,  cuando se firman dos convenios entre PETROBRAS y el gobierno, donde los bloques San Telmo y Astillero quedan garantizados para la empresa brasileña, a pesar de que no existe un acuerdo final.

Las autoridades  afirman que la afectación por la actividad petrolera será mínima entre un 0.03% y un 00.4[2] de la reserva, (muy poco territorio a cambio de muchos beneficios, dicen). El mismo ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, había afirmado que las afectaciones serían “nada frente a los beneficios que los recursos puedan proveer de estas áreas”.

Argumentos parecidos esgrime el gobierno, en casos como el del Proyecto Hidroeléctrico El Bala – Chepete.

Sin embargo, como se observa en los mapas, las concesiones petroleras San Telmo, Astillero, así como la de Churumas, afectan directamente la zona núcleo de la Reserva, de protección estricta, y a zonas donde viven especies como el jukumari u oso andino, y el jaguar, entre otras, declaradas en peligro de extinción.

Los bloques San Telmo y Astillero, no son los únicos en la RNFFT. La Reserva tiene cuatro proyectos petroleros. El investigador Jorge Campanini explica que el Bloque Churumas, proveniente de la época neoliberal y homologado en el gobierno del MAS, está concesionado a la empresa Chaco, provocando la preocupación en los pobladores. De la misma forma en el Bloque Huacareta, al extremo norte de la reserva, la actividad petrolera es ejecutada en una pequeña parte por BG, que no es sino la empresa Shell, ampliamente cuestionada y rechazada en todo el mundo por los casos de corrupción y contaminación que ha ocasionado.

Y, si la versión gubernamental sostiene que se tratará de ínfimas afectaciones al territorio, algo que en realidad no se ha demostrado en el caso de otros casos de exploración y explotación petrolera en distintas áreas protegidas, ¿por qué los pobladores de la reserva no fueron debidamente informados desde un principio?.

Resistencia al despojo y a la actividad petrolera, y los métodos del estado para imponerla

El que autoridades de estado no hayan transmitido a tiempo la información completa ni consultado a las comunidades directamente afectada en la Reserva, -que es ya una característica del actuar estatal en éste y otros proyecto extractivos y de megainfraestructura-, provocó el estado de alerta y luego la movilización de las comunidades campesinas en Tariquía.

En julio de 2015, una vez aprobado el decreto 2366,  representantes de  Tariquía, declararon desconocer y no haber sido informados por el gobierno sobre la apertura de actividades de exploración y explotación petrolera en la reserva. Por lo menos 10 comunidades se reunieron aquella ocasión, para firmar una carta mediante la cual exigían a las autoridades ser informadas al respecto.

La información a la población de la reserva sobre antiguos o nuevos proyectos de prospección y explotación petrolera, es tan escasa, que muchos especulaban sobre si habrían existido ya actividades hidrocarburíferas en Tariquía[4].

El Director departamental de Tarija, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Julio Guerrero, afirmó a fines de 2015, que las comunidades de Tariquía habían aceptado los proyectos de exploración petrolera, porque les traerían beneficios mediante compensaciones económicas[5]. La población a través de su sindicato campesino, exigió una reunión de información y debate para el 15 de noviembre de 2015,  con los ministros del área, que debió realizarse en Tariquía, sin embargo, las autoridades no asistieron presentando cartas de excusa.

Contrariamente a lo que sostenía Guerrero, 10 comunidades de la Reserva Tariquía[6], en Magna Asamblea, el 27 de marzo de 2016, emitieron una Resolución para  RECHAZAR DE MANERA UNÁNIME el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en  la reserva. Dirigentes y pobladores de Tariquía habían evidenciado en visitas a zonas y parques nacionales vecinos del Chaco, que a pesar de las promesas empresariales y gubernamentales, la actividad hidrocarburífera no había llevado beneficios a las comunidades, y, por el contrario, si había agudizado la sequía y contaminación de suelos y agua. Por tanto, pidieron respeto de las autoridades a su decisión.

En este mismo lapso de tiempo, varios y diversos grupos de vecina/os de la ciudad de Tarija, comenzaron a organizarse para rechazar los proyectos petroleros en la Reserva, y apoyar a las comunidades en Tariquía. Hubo grupos relacionados con derechos humanos, jóvenes de la pastoral, mujeres, entre otra/os, quienes en su gran mayoría son voluntarios. También se plegó gente de la gobernación departamental.

Christian, de la pastoral señala que su grupo se preocupó porque se dieron cuenta que la provisión de agua de la ciudad de Tarija depende de la lluvia que se forma en Tariquía, De la misma forma que, señala, en Tariquía se depende de lo que en las ciudades se haga con los ríos que también pasan por la reserva.

Existe una especie de simbiosis entre la gente dela reserva y la gente de la ciudad, donde ambos vivimos de lo del otro. Lo que vayamos a hacer en el valle central en Tarija les afecta directamente a ellos, porque nuestro río Guadalquivir va y alimenta directamente las aguas del Rio Grande en Tarija, entonces lo que hagamos en la ciudad les afecta a ellos, y lo que ellos hagan en su ecosistema en el bosque en Tariquía nos afecta a nosotros, entonces nace una suerte de lucha conjunta donde los compañeros se paran fuerte. (Testimonio brindado en evento público organizado por el Cedib y Territorios en Resistencia, febrero 2017, en Cochabamba)

En esta perspectiva, cuentan los activistas, solicitaron por su parte información a diferentes instancias estatales desde 2014, sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas.

(Audio 3: Testimonio Christian, activista en defensa de la RNFFT)

Según las personas que participan en las redes urbanas,  el gobierno optó por ingresar a la reserva con un proyecto caminero, esperado por muchos años por los habitantes de Tariquía. Sin embargo, dicha vía, también se convirtió en el mecanismo mediante el cual el gobierno comenzó a difundir el proyecto sin un proceso claro de información ni de  consulta a las comunidades que viven en la reserva. De otro lado también se usa a proyectos productivos para imponer los proyectos hidrocarburíferos:

No hace mucho entra el estado al municipio de Padcaya y comienza a socializar los proyectos CRIAR, donde existe una contraparte de la comunidad y una contraparte del estado, y pueda comprar maquinaria y puedan desarrollar de manera un poco más la actividad agropecuaria, pero el estado les dice “como ustedes son reserva  no pueden acceder a este tipo de proyectos”,  porque ellos ya se habían opuesto a cualquier tipo de actividad de hidrocarburífera en un Voto Resolutivo, tras de que el estado entra a intentar hacer firmar estos documentos en blanco, entonces ellos se oponen y les niegan el acceso a estos proyectos, y así a muchos otros (Testimonio ofrecido en el evento público organizado por el CEDIB y Territorios En Resistencia, febrero de 2017 en Cochabamba)

Incluso, afirman, el gobierno llevó panetones y regalos días antes de navidad, para poder ingresar a la reserva y difundir alguna información de los proyectos hidrocarburíferos.

El gobierno, a pesar de la oposición de las comunidades, como describía el investigador Jorge Campanini, firmó en noviembre de 2016 un convenio con PETROBRAS, denominado “Contratos de servicios petroleros para las áreas San Telmo y Astillero”.

Ante este panorama, ya a principios de 2017, se llevaron a cabo movilizaciones de los grupos urbanos y comunarios de Tariquía, en el centro de la ciudad de Tarija, donde también participó gente de la gobernación departamental, a pesar de una postura más abierta de esta instancia el 2015 respecto a la actividad petrolera en áreas protegidas[7].

Las movilizaciones de los pobladores de la RNFFT,  volvieron a exigir en enero de 2017, información clara respecto a los proyectos de actividad petrolera en Tariquía, evidenciando de nuevo que hasta este año, no se había puesto a consideración de los directamente afectados los detalles de dichos proyectos.

Si bien el ministro de hidrocarburos, Luis Sánchez, había anunciado la posibilidad de hacer una consulta a las comunidades, a la par, el gobierno inició una campaña contra las organizaciones que apoyan la resistencia campesina en la Reserva.

Abundaron las acusaciones de las autoridades contra la institución dependiente de la iglesia, Cáritas, acusándola de promover el conflicto[8], así como la descalificación pública de los argumentos de la gente que se opone a la actividad petrolera en la zona. El ministro Sánchez declaró que las personas opuestas a la exploración y posible explotación en los bloques San Telmo y Astilleros eran mentirosas y “anti-tarijeñas”.

De otro lado, al tratar de convencer a los pobladores de Tariquía de las bondades de los proyectos petroleros, autoridades de estado han llevado a éstos, a observar directamente trabajos de exploración inicial magnetotelúrica de otros proyectos cercanos, afirmando que éste método es no intrusivo ni destructivo, lo cual solo es una parte de la verdad completa.

Afirma Campanini, que los trabajos con tecnología magneto telúrica,  además de haber sido legalizados como actividad que no necesita licencias ambientales ni consulta, (o sea, les otorgaría directamente una categoría de dispensación tres), son, casi siempre, solo un paso previo y a veces prescindible de las agresivas exploraciones sísmicas 2d o 3d.

Los intentos de dividir a las comunidades de base, las verdades a medias, las descalificaciones a activistas, así como las promesas de desarrollo para el departamento y la Reserva a través de las regalías petroleras, confirman hechos sustanciales: que los recursos generados por la explotación petrolera que deberían beneficiar al departamento no han generado una forma distinta de concebir el desarrollo ni la economía, sino han agudizado una manera contaminante y destructiva  de explotación que está basada en la devastación socioambiental.

¿Desarrollo y beneficios para quienes?

El ministro Sánchez, afirma que por culpa de los “activistas políticos” que impiden el desarrollo de los proyectos petroleros en San Telmo y Astillero, Tarija perdería 2.877 millones de dólares.

No obstante, la reciente nota de prensa del diario El País, de Tarija, “Indígenas compran el agua y la comparten con sus animales”, es un reciente testimonio esclarecedor de mujeres indígenas que sobreviven entre pozos petroleros en el Chaco Boliviano: deben comprar agua para ellos, su familia y sus animales, ya que, a pesar de vivir sobre pozos del “oro negro”, no tienen acceso ni siquiera a un derecho básico como el agua. La deforestación por la actividad petrolera también les obliga a ir a buscar leña a otros lugares, porque, paradójicamente, siendo nominalmente dueña/os del territorio,  tampoco tienen posibilidades de conseguir garrafas de gas licuado de uso doméstico.

¿Quiénes pierden realmente?

La lógica extractivista, como hemos visto, aduce que  a cambio de una pequeña afectación, se darán beneficios económicos a través de compensaciones económicas o dinero proveniente de la explotación petrolera,  ¿Pero, es “pequeño” el daño, cuando se trata de ecosistemas dependientes entre si, y cuando las exploraciones y posible explotación se realizarán en la zona núcleo de alta fragilidad ecológica?

Las “compensaciones” en muchos casos también han servido para corromper y acallar resistencias.

La ofensiva petrolera que ahora se instaura en la Reserva Tariquía, avanza en varias otras reservas y áreas protegidas.

Las supuestas soluciones estatales a nuestra dependencia de la energía fósil, -las hidroeléctricas-, no constituyen en realidad ninguna salida. Sin embargo, el proyecto hidroeléctrico Cambarí en el corazón de Tariquía, se cierne como otra amenaza grave para la reserva.

Aunque algunas instituciones y comunidades en Bermejo, -provincia Arce, Tarija-, aceptaron la explotación en la reserva, la resistencia de los comunarios continúa,  enfrentando las formas en que el estado ingresa a las comunidades.

Es una lucha desigual por la reserva que protege las fuentes de agua más importantes de Tarija, donde, pese a la contaminación, la deforestación y los proyectos petroleros, aún dejan su huella los jaguares.

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NOTAS

[1] Aún no existe una reciente actualización del Plan de Manejo.

[2] El director del Sernap en Tarija Además sostuvo que el daño ambiental sería mínimo, en un 10% de la superficie total de la reserva. (http://enlace.comunicacion.gob.bo/index.php/2017/01/25/asesor-ambiental-lamenta-que-activistas-sin-minimo-de-conocimiento-tecnico-tergiversen-el-proyecto-tariquia-movidos-por-intereses-politicos/)

[3] Según la nota de El País, especies como el jaguar, amenazadas por la cacería indiscriminada, se han visto obligados a esconderse en la zona núcleo de la Reserva, zona también amenazada a su vez por el proyecto hidrocarburífero. (http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/local/item/3905-la-reserva-de-tariquia-posee-13-especies-en-peligro-de-extincion)

[4] “Limborio Méndez dijo que existe la versión popular de que hace tres años atrás se realizó en Chiquiaca – O´connor “una exploración de la que nadie se enteró”. Por este motivo piensan que el Gobierno ya sabe que hay muchas posibilidades de encontrar hidrocarburos en la zona. (http://blogverdebolivia.blogspot.com/2015/07/en-tariquia-desconocen-decreto-que.html)

[5] A este respecto surgieron cuestionamientos a la actividad del SERNAP, institución que debería en teoría resguardar las áreas protegidas, puesto que por el contrario, anunciaron la socialización de los proyectos de exploración y explotación petrolera en Tariquía.( http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/local/item/214912-sernap-capacitara-sobre-exploracion-dentro-de-tariquia y http://www.cedib.org/post_type_titulares/sernap-calla-sobre-exploracion-y-explotacion-en-areas-protegidas-el-pais-18-6-15/ ).

[6] Las comunidades de  San Pedro Chillahuatas, Volcán Blanco, San José, Acherallitos, Junta Nuclear, Puesto Rueda, Sindicato Agrario, Motoví y Pampa Grande.

[7] El gobernado Adrián Oliva, a la par de pedir una consulta en Tariquía, también había afirmado el 2015: “El departamento tiene problemas para la generación de ingresos y, por otro lado, tiene áreas que son protegidas, y que hay que conservarlas. Con el debido cuidado se puede intervenir en ellas, porque si el área de acción es menor al 4% no estamos afectando las mismas, más bien estamos garantizando que mañana hayan más recursos” (http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/12/aceptan-exploracion-areas-protegidas-69833.html)

[8] La Diocesis de Tarija rechazó estas acusaciones, aceptando que apoya la divulgación y cumplimiento de la Encíclica Papal Laudato Si´ del Papa Francisco (Aclaración Pública, marzo 2017)