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(Español) Se intensifica la resistencia contra el Corredor Transístmico
En un comunicado publicado ayer, 27 de marzo, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) relató la intensificación de la resistencia contra las afectaciones por la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte de las obras del Corredor Transístmico.
El día de hoy se cumple un mes desde que campesinos de Mogoñe Viejo, Guachicovi, instalaron un plantón para impedir la continuación de las obras en el tramo Mogoñe Viejo–Vixidu.
Pequeños propietarios de Vixidu expulsaron este 27 de marzo a una cuadrilla de trabajadores, a pesar de las amenazas de un pistolero de nombre Alan Méndez y de la intimidación por elementos de la Marina.
En Hierba Santa Guichicovi, pobladores mixes expulsaron a otra cuadrilla de trabajadores.
La asamblea de ejidatarios de Estación Mogoñe demandó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la denuncia penal de cinco representantes del ejido por parte de la empresa que trabaja en el tramo de Estación Mogoñe.
Se presentó queja formal ante la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca por la agresión cometida contra ejidatarios por parte de policías estatales y marinos.
Finalmente, en otro comunicado los ejidatarios de Mogoñe Viejo solicitan la intervención de la presidencia para que se abra un espacio de diálogo.
Todo esto sucede al tiempo que, por tercera vez, el pasado 24 de marzo, civiles armados y policías estatales atacaron el plantón de los campesinos de Mogoñe Viejo, hiriendo a dos de ellos.
(Español) La detención arbitraria en Chiapas
Un margen desde el que pensar el Estado
Violeta Velasco Sánchez
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]
El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.
El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.
