Ciudad Monstruo, mayo de 2019

El 21 de mayo del presente año, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, hizo declaraciones falsas que generan un clima de violencia en contra del colectivo radiofónico Ké Huelga Radio. En el “Foro. Análisis del sector de la radiodifusión en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” realizado en instalaciones de la Cámara de Diputados, este funcionario declaró lo siguiente:

Yo creo que todos conocemos el caso de alguna estación ilegal ¿Quieren un ejemplo? Perdónenme no se escucha pero es ilegal (SIC) ¿Alguien le suena Ké Huelga aquí en la Ciudad de México? Pues es ilegal, perdón. Y si va a poner en peligro que caiga un avión en Ciudad de México que va en proceso de aproximación a la pista de aterrizaje, tenemos un problema, digo llamémosle como quieran, pero es un problema.

La declaración del funcionario público es falsa. El mismo 21 de mayo, alrededor de las 17:00 hrs, se revisó el equipo de transmisión de la Ké Huelga Radio sin detectar ninguna anomalía. El 22 de mayo apagamos nuestra señal para realizar nuevas pruebas, sin encontrar señales de interferencia. Frente a las irresponsables declaraciones del comisionado Contreras, queremos hacer algunas precisiones de carácter técnico. Nuestra radio transmite en 102.9 MHz de FM en tanto que las aeronaves utilizan el dial que va de 108 a 137 MHz. Los 10 primeros MHz son utilizados para radio ayudas de navegación (108 a 117.95 MHz). La banda de voz utilizada por las aeronaves va de 118 a 137 MHz. Por lo tanto, nuestra transmisión no interfiere directamente con las actividades del tráfico aéreo. Conocemos las posibilidades de que los transmisores de radio produzcan ondas armónicas, ondas espurias u otras “fugas” que interfieran con otras frecuencias, pero mantenemos un monitoreo constante para asegurarnos de que nuestro equipo no emita ese tipo de señales y para remediarlas lo más rápido posible.

Del mismo modo, el 22 de mayo el servicio de monitoreo en la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México negó la existencia de una interferencia radiofónica, actual o anterior, que afecte la señal en la aviación mexicana.

En este sentido, negamos categóricamente el dicho del comisionado Contreras: la Ké Huelga Radio no está interfiriendo ninguna señal usada por la aviación en nuestra ciudad.

Entonces ¿por qué el funcionario público hace declaraciones falsas e irresponsables, creando un impacto mediático que siembra temores entre los usuarios de los aviones y criminaliza nuestra radio?

Los dichos del comisionado presidente del IFT son una pieza más del rompecabezas de la represión, de la estrategia de guerra usada por el estado mexicano contra la libertad de expresión. Desde abril de 1999, cuando se funda la Ké Huelga Radio, se denuncia el monopolio de la comunicación en México, modelo privatizador que se ha perfeccionado año con año, tras varias reformas y que no ha dejado espacio a la verdad ni a la palabra de muchas personas, comunidades y sectores sociales.

Nuestra postura es defender y cuidar la vida sin mercantilizar la comunicación, apoyar y participar de la libertad de expresión y siempre estar del lado de la sociedad haciendo visibles los grandes problemas que vivimos.

A lo largo de sus 20 años de existencia, la Ké Huelga Radio, al igual que las radios libres y comunitarias a lo largo y ancho del país, ha sido objeto de una serie de calumnias y ataques por parte de los monopolios mediáticos y los gobiernos en turno. Las estrategias de los gobiernos y sus instituciones para acallar las voces disidentes y críticas a sus políticas neoliberales, han sido el hostigamiento, persecución, detención, asesinato, desaparición forzada, criminalización, intimidación y los bloqueos a la señales de frecuencia modulada. Prueba de ello es que la represión ha ido en aumento:

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el puesto 144 en violencia contra comunicadores, de los 188 países que conforman la clasificación mundial de libertad de prensa, haciendo de nuestro país uno de los más inseguros para ejercer el periodismo a nivel mundial.

Por su parte la organización Artículo 19 ha denunciado el asesinato de 126 comunicadores del año 2000 a la fecha, así como la desaparición de 24 periodistas desde el 2003.

En esa negra cuenta, destacamos el asesinato de Samir Flores Soberanes, fundador de Radio Amiltzinko, el pasado 20 de febrero, después de otra declaración irresponsable, en este caso por parte del presidente de la República.

Desde hace años, existe una política de criminalización contra las radios libres y comunitarias, enarbolada por el IFT y que revela su incapacidad de ver y actuar más allá de la lógica de las concesiones radiofónicas. Para ese organismo no se trata de combatir la ilegalidad, sino de “limpiar” el dial de radios libres y comunitarias para entregar las frecuencias a sus amigos los monopolios mediáticos.

Desde octubre de 2015 hemos denunciado que nuestra señal del 102.9 de FM sufre una interferencia intermitente con ruido blanco y que desde octubre de 2018 hasta abril de 2019 borraba prácticamente nuestra señal. Lo hemos dicho varias veces: la institución responsable de esta interferencia es el IFT, sea porque coloca directamente la señal que nos interfiere o porque no hace nada para eliminarla.

Aunado a esto, en 2016, el IFT impulsó la terrible campaña “Se busca por robo”, fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, señalando que dicha campaña utilizaba un lenguaje hostil, criminalizando y dañando la imagen pública de comunicadores y medios comunitarios e indígenas, favoreciendo su estigmatización. Ya en plena 4ta transformación, han sido asesinados 6 periodistas, y ahora, las declaraciones alarmistas del Comisionado presidente del IFT refuerzan la criminalización de quienes ejercemos la libertad de expresión, bajo la amenaza de “aplicar todo el peso de la ley” acompañado eso sí, de las fuerzas armadas.

Es preocupante que esta nueva campaña represiva disfrazada de combate a la “ilegalidad” por parte del IFT y sus representantes, no distinga entre aquellos que mercantilizan la comunicación y los espacios de comunicación que tienen una vocación comunitaria. La declaración de Gabriel Oswaldo Contreras en el recinto legislativo y en el marco de la discusión de las directrices de Desarrollo Nacional en el contexto de la 4T no da buena señal, se está optando por una política de persecución a tabla rasa, por una ley que ahonde la criminalizacion de la libertad de expresión, antes que buscar caminos que garanticen la seguridad para el pleno ejercicio de nuestras libertades.

La “ilegalidad”, expresada por el IFT niega el derecho humano a la libertad de expresión. La Ké Huelga Radio suscribe el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU la cual establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”… y nuestro medio de expresión es la radio libre. Transmitimos, desde hace 20 años por la frecuencia modulada del 102.9 Mhz y por el sitio web kehuelga.net, a través de estos canales mantenemos la comunicación abierta y responsable contra la censura impuesta por el IFT y los monopolios mediáticos.

Difundimos, las voces críticas del movimiento social en México y del mundo. No comercializamos ningún producto, tampoco difundimos mensajes y proyectos de partidos políticos; por tanto cumplimos con el proyecto de comunicación comunitaria, autogestiva y autónoma. No afectamos el espectro radioeléctrico ya que no lucramos con él.

A pesar de las interferencias a nuestra señal, el hostigamiento en nuestra contra y los ataques contra nuestros canales de comunicación, la Ké Huelga Radio refrenda su compromiso de amplificar las voces de la lucha y la resistencia, compartiendo la voz de la gente que necesita comunicar sus denuncias, y apoyando con nuestras modestas capacidades, a las radios hermanas en todo el país.

Responsabilizamos al gobierno de México y al comisionado presidente del IFT de lo que suceda en contra de quienes participamos en la Ké Huelga Radio y de las interferencias que sufra nuestra señal. Exigimos respeto a nuestra radio libre y llamamos a todas y todos nuestr@s compañer@s a defender este espacio de libre expresión.

¡Respeto a los proyectos de radios comunitarias y libres!

¡Alto a la represión y al hostigamiento!

¡Alto a las interferencias!

¡No más mentiras del IFT!

¡Alto a la privatización del espectro radiofónico!

Ké Huelga Radio

Libre, Social y Contra el Poder.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de mayo de 2019

Pronunciamiento

La Red TDT región sureste exhorta al Estado mexicano a investigar violaciones a derechos humanos de personas integrantes del pueblo maya tsotsil privadas de su libertad.

El día 18 de mayo de 2019, una brigada de la región sureste de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, observamos la situación en la que se encuentran 5 integrantes del pueblo maya tsotsil, quienes el pasado 13 de mayo reiniciaron una huelga de hambre, desde dos cárceles en Chiapas, México, en demanda de su inmediata libertad.

Durante una visita a los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas y Núm. 10 en Comitán, defensoras y defensores recopilamos los testimonios de Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, quienes denunciaron Tortura, faltas al debido proceso en sus detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión, así como discriminación por ser pueblos originarios. Dos fragmentos de estas historias se relatan a continuación:

«El día 28 de febrero de 2007, cuando llegó un operativo en mi domicilio, eran muchos policías, que entraron por la barda y por la entrada principal y destruyendo todo. Me detuvieron, me tiraron al piso. Mi esposa estaba embarazada y tenía en brazos a mi hijo de tres años. Me sacaron de mi casa a golpes y me subieron a una camioneta, en el camino me siguieron golpeando con un objeto, todavía al contarlo me duele mucho. Llegamos a una casa y ahí me siguieron torturando, en esa casa estuve dos días y dos noches. Ya no resistía los golpes. Luego según ante el Agente del Ministerio Público me obligaron a firmar unos papeles que no me dieron qué era.» (Juan de la Cruz Ruíz, 38 años, originario de la comunidad Majomut. del municipio de San Juan Chamula, de ocupación comerciante.)

«El 13 de febrero de 2004, unas personas a bordo de un vehículo gris… Me llevaron en arraigo un mes, en la finca pitiquitos, ahí me siguieron torturando y me amenazaban de que me iba a ir peor. En las noches no dormía, tenia pesadillas. Pasó el mes y me trasladaron al penal de Cerro Hueco. Ahí me preguntaron que si ratificaba mi declaración, yo dije que no porque me habían torturado para obligarme a declararme culpable. Aún así, me dictaron auto de formal prisión. No sabía hablar español.» (Adrián Gómez Jiménez, 30 años, originario de la comunidad de Romerillo, municipio de San Juan Chamula, de ocupación peón de albañil)

A las organizaciones que realizamos la visita a los presos en huelga de hambre en Chiapas nos preocupa la situación de salud de quienes iniciaron sus acciones de protesta desde el 15 de marzo, por lo que hacemos un llamado a generar las condiciones necesarias que garanticen la revisión constante y atención debida.

Por otra parte, celebramos y abrazamos a Juan Pérez Álvarez y a su familia. Juan obtuvo su libertad el 14 de mayo de 2019 después de 16 años en prisión. Él se encontraba en huelga de hambre en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados Núm. 10, en Comitán, Chiapas, México. Originario de Amatenango del Valle, es integrante del pueblo maya tseltal, campesino, forma parte de la organización Viniketik en resistencia y también denunció que fue torturado durante su detención el 29 de marzo de 2003.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre exigen al Estado mexicano: revisión de sus expedientes penales; continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las 5 personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación.

Las organizaciones de la región sureste de la Red TDT exhortamos al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas y al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador atiendan las peticiones de los presos en huelga de hambre y en lucha, un total de 20 casos.

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “BETY CARIÑO” A.C.
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.
Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Al CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A la Comisión Sexta del EZLN.
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.
Al Congreso Nacional Indígena.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las “Redes de Resistencia y Rebeldía”.
A las Organizaciones Estudiantiles, Sindicales y Políticas
A las Organizaciones en Lucha
A quienes se asumen anticapitalistas y antipatriarcales.
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.
A las Resistencias y Rebeldías en todo el mundo que luchan contra el Capitalismo.
Al pueblo de México y al Mundo.

Hermanas y Hermanos.

Las organizaciones, colectivos, redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta, que participamos en la asamblea emergente contra la militarización en territorio zapatista y contra la represión hacia los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG , reunidos en el Café “Zapata Vive” el pasado 9 de mayo del año en curso, condenamos los arteros asesinatos políticos de los compañeros Samir Flores Soberanes, José Lucio Bartolo y Modesto Verales, todos ellos, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. Nuestros hermanos fueron asesinados por defender la vida y por defender la Madre Tierra. Exigimos a Andrés Manuel López Obrador, verdad y justicia para nuestros compañeros asesinados, exigimos castigo a los culpables, pues el crimen organizado, la clase política y los dueños del poder y del dinero, así como las autoridades municipales, estatales y federales gozan de plena impunidad frente a estos hechos.

Denunciamos la creciente militarización en territorio zapatista bajo la orden del Estado Mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues, como bien señala el CDH FRAYBA, “Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población.”

Exigimos, alto al acoso contrainsurgente y paramilitar en contra de los pueblos y comunidades autónomas zapatistas en Chiapas; exigimos respeto a la tierra, territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, que siendo o no del CNI-CIG, luchan, resisten y se organizan en contra de los megaproyectos de destrucción y muerte; exigimos, QUE EL EJÉRCITO SALGA INMEDIATAMENTE DE CHIAPAS Y EN PARTICULAR DE TERRITORIO ZAPATISTA, pues, es en “la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad”, donde se ha centrado en mayor cifra la militarización.

Rechazamos, que desde el capitalismo neoliberal que hoy gobierna, se impongan mediante la “simulación de consultas”, mega proyectos de destrucción y muerte, como el mal llamado “Tren Maya”, el “Corredor Transístmico”, el “Proyecto Integral Morelos”, la “siembra de un millón de hectáreas con árboles frutables y maderable”, así como los proyectos extractivistas, mineros y petroleros, las presas, parques eólicos, complejos turísticos, el aeropuerto en Santa Lucía y otros, que responden a los intereses estratégicos del capital estadounidense y trasnacional, como las ZEE. Rechazamos la militarización del País, mediante la creación de la Guardia Nacional, rechazamos su complicidad con el paramilitarismo y su colusión con el crimen organizado, rechazamos la continuidad de una guerra contra el pueblo que se opone al sistema capitalista neoliberal, sobretodo, porque responde a los intereses de Trump, como oferta de un “nuevo gobierno de bienestar y desarrollo”.

Herman@s, nuestra lucha es por la vida y porque, nuestros herman@s zapatista no están sol@s, invitamos a los colectivos, organizaciones, redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta nacional e internacional, a participar y organizar las siguientes acciones:

1er. F O R O
CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN CONTRA DE LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CNI-CIG
Dicho evento se llevará a cabo el día sábado 25 de Mayo, 11:00 hrs.
En el Café “Zapata Vive”. Certificados 6, Col. Alamos. Metro Xola.

Así mismo, l@s invitamos a participar creativa y activamente, según sus calendarios y geografías, en México y el Mundo en la siguiente Accion Global contra la militarización, bajo el siguiente título:

L@S ZAPATISTAS NO ESTÁN SOL@S
JORNADA DE LUCHA Y ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN DEFENSA DE LA TIERRA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CNI-CIG.
Dicha Acción Global se realizará, para el caso de México, el día 31 de Mayo de a las 17:00 Hrs. CDMX. Frente a Palacio Nacional.

Finalmente, reiteramos la invitación para tod@s aquell@s que luchan contra el capitalismo y que su corazón late abajo y a la izquierda, para que según sus calendarios y geografías, sus modos y muy sus formas, realicen acciones similares y/o simultáneas, en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y contra la militarización en territorio zapatista. Que sepa el Finquero, los Capataces, Caporales y Mayordomos, que nuest@os herman@s zapatistas, ¡NO ESTÁN SOL@S!

A cien años del asesinato de nuestro General Emiliano Zapata,

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Con Resistencia y Rebeldía,
desde abajo y a la izquierda luchamos por la vida.

Atentamente

Colectivos, Organizaciones, Redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta, que suscriben este pronunciamiento

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, Comunidad Indígena Otomí Residentes en la CDMX, Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la violencia, Resonancias Radio – Casa de los pueblos Mexico, Colectivo Zapatista Neza, Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y S.S., Café “Zapata Vive”, UPREZ Benito Juárez, Colmena Oaxaca, Regeneración Radio, “Zapateando Medios Libre”, Noticias de Abajo y Laboratorio Popular de Medios Libres, Mujeres que Luchan y se Organizan Anticapitalistas y Antipatriarcales, C.C. Tultepec, Arquitectura UNAM, Concejo Supremo Indígena de Xochicuautla, Movimiento Social en Defensa de la Tierra-Ixtapaluca, Rebelión, MTS, Comité por la Memoria y Justicia Bety Cariño, Grupo Internacionalista, Eduardo Ibáñez del Plantón por los 43, Roxana, Leonel López Piña-Colectivo Los Ojos del Coyote-Prepa 6, Benita Rodríguez-SITUAM, Abigail Pamela Gómez Suárez-SITUAM, Zenhia Alvarez González-SITUAM, Roberto Rocha López-SITUAM, Profesora Karina Ayala Soto-Interventora Educativa y Pedagoga (Morelos), Elizabeth Galina-Red Tierra y Libertad, Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta, Brigada de Salud Zapatista de Pantitlán, La Otra Cultura Inlakech, Carmen Cariño Trujillo-Profesora de la UAM Azcapotzalco, Profesora-Investigadora Mayra Terrones Medina del Posgrado en Desarrollo Rural-UAM Xochimilco, Profesora Patricia Vázquez Montalvo-Adherente a la Sexta, Valeria Alvarez González-Adherente a la Sexta, Claire Albane Duboscq-Estudiante Investigadora en Ciencias Políticas nivel Maestría (Francia), Praxis en América Latina, Seminario Marxismo/Feminismo, Martha Lechuga Sección 9ª. CNTE, Colectivo Contantik, Cooperativa Salud Autónoma de Tetelcingo-Morelos, Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la CDMX (CG ABCM), Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MEX), Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (FNAMOP), Mayola Pérez Galicia-Trabajadora Administrativa de la UAM, Vecinos Unidos Zona Poniente, Brigada Uno, Obrer@s Maquiler@s de Ciudad Juárez 20/32, Agrupación de Lucha Socialista-ALS, frente Popular Revolucionario, Unión de Juventudes Revolucionarias Mexico, Unión General de Trabajadores de México, Bazar Rebelde, El Diván Sensual, Colectivo Dos que Tres, Voces del Viento y much@s más que no alcanzaron a llegar sus adhesiones, pero que sabemos se suman a estas acciones.

Por Eugenia López

El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.

Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.

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El amparo, por el mal uso de las consultas

El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.

Rechazo

En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.

Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.

En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.

Reconocen daños a derechos de pueblos

El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.

El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.

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Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.

En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.

TRES MESES DESDE EL ASESINATO DE SAMIR SIN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

El día de hoy 20 de mayo del 2019 se cumplen tres meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, incansable luchador social y defensor del territorio y los derechos humanos. Tres meses ya han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado.

Aunque las líneas de investigación se ampliaron hacia su labor tanto de periodística, como de sus actividades de lucha ante el PIM, los avances sobre estas líneas son nulos. La falta de seriedad y las formas de cómo se ha ido ejecutando la investigación nos preocupa.

Casi un mes después del asesinato de Samir se presentaron los investigadores de la Fiscalía al lugar de los hechos para levantar pruebas, incluso se les tuvo que prestar herramientas, ya que no iban preparados con lo necesario. Solo se han presentado a declarar a personas sospechosas pero a la par, hemos recibido citatorios compañeros que defendemos el territorio, con el argumento de ser parte de la investigación, situación que pareciese, más que una investigación, una forma de amedrentarnos.

Los abogados de la familia han dado elementos para que se citen a ciudadanos que pueden aportar para la investigación pero pareciera que para la Fiscalía no es importante ya que ha postergado citarlos para declarar. El Fiscal del Estado está más preocupado en dar declaraciones irresponsables para justificarse diciendo que “todo va bien y que están por salir ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables materiales”, sin que haya sucedido nada, a casi un mes de las declaraciones.

Por su parte el super delegado federal Hugo Erik Flores declara que el asesinato de Samir fue por la delincuencia organizada debido a su labor periodística, sin explicar cómo obtiene la información que asegura, ya que no puede conocer la carpeta de investigación sin haber sido citado antes, por ser uno de los sospechosos en las líneas de investigación. Declaraciones del delegado sin fundamento, ya que Samir, durante su labor periodística, no hablaba o se refería a situaciones realizadas por la delincuencia organizada, por lo que esta versión del super delegado, pretende posicionarse como una verdad histórica para quitarle el peso político a su asesinato y reducirlo solo a un hecho de la delincuencia.

A raíz de la muerte de Samir, diversos compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua y de la Resistencia de Amilcingo han temido por su seguridad e integridad física, además de actos de hostigamiento y amedrentamiento laboral que han sufrido algunos, situación que los llevó a incorporarse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a petición del mismo Mecanismo, pues señalaron, “el Gobierno Federal está muy preocupado por nuestra seguridad”, pero lamentablemente hasta el momento se han implementado una mínima parte de todas las medidas que se evaluaron eran necesarias para la protección de las y los compañeros. Por lo que exigimos al Mecanismo de protección cumpla ya con las medidas programadas para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad de Amilcingo y de los compañeros en riesgo. También nos preocupa la falta de información y conocimiento de las autoridades gubernamentales y educativas respecto a las implicaciones de estar incorporado al
mecanismo, situación que está generando complicaciones y posibles represalias laborales hacia algunos de los beneficiarios de este mecanismo. Exigimos se respeten las medidas estipuladas por el mecanismo que permitan garantizar la seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Denunciamos que la complicidad de los poderes de gobierno para imponer el Proyecto Integral Morelos continúa para Amilcingo, pues en el mes de abril, el ejido de Amilcingo interpuso un amparo contra la ilegal instalación del Gasoducto Morelos en tierras ejidales, sin embargo, el Juez Noveno de Distrito con sede en Morelos, desechó infundadamente el amparo al señalar que el ejido tenía 15 días para ampararse, cuando el plazo establecido en la Ley de Amparo para núcleos agrarios es de 7 años.

¿Cómo quieren que no pensemos que el gobierno no está involucrado en el asesinato de Samir por su oposición al PIM, si fue asesinado en medio de un ambiente de discurso de descalificación y odio promovido por López Obrador? ¿Si fue asesinado 3 días antes de la consulta y la consulta se impuso a la fuerza? ¿Si los amparos interpuestos por la consulta dos días antes de la muerte de Samir fueron desechados de manera injusta para permitir la consulta? ¿Si el super delegado Hugo Erik declara conclusiones de la investigación sin tener acceso a la misma? ¿Si aunque existe la línea de investigación sobre el asesinato a Samir a causa del PIM, esta línea no ha avanzado en nada, permitiendo a los sospechosos como Hugo Erik Flores, querer sembrar verdades históricas en la opinión pública? ¿Si el proyecto se quiere seguir imponiendo a través de diversos operadores, ocultando todas las irregularidades que tiene? ¿Si a las comunidades indígenas y ejidos que no queremos el PIM se nos desechan los amparos de diversas formas tan ridículas? ¿A quién le conviene que las comunidades y defensores contra el PIM vivan con miedo y sin medidas de protección para seguir realizando su labor de organización y defensa?

Ya son tres meses sin nuestro compañero, tres meses sin sus programas al aire, sin su presencia en la asamblea, en su casa, en nuestras vidas. Tres meses que el pueblo de Amilcingo junto con otros pueblos, colectivos, organizaciones hemos exigido justicia. No permitiremos que su caso quede impune, no permitiremos que nos quieran imponer “verdades históricas” ni chivos expiatorios sobre su asesinato.

El asesinato de Samir es un asesinato político, porque sucedió en un contexto político y fue por su labor de defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que desdibujen las razones de su muerte a versiones infundadas que pretendan desviar la gravedad de su asesinato en un contexto donde se ha incrementado gravemente el asesinato de defensores de derechos humanos, del territorio y periodistas en México, sin que el gobierno haga nada para detener este ataque.

¡Exigimos que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo seria y verazmente!
¡Exigimos que el Mecanismo de protección a periodistas y defensores proteja verdaderamente a los defensores y periodistas!
¡Justicia para Samir! ¡No al PIM! ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!

La cárcel no sólo castiga a quien la habita, también dentro de su perverso mecanismo de dolor hay madres, esposas, hijas, hermanas que tienen que ver como toda la vida que conocián hasta ese momento cambia de manera drástica para luchar y acompañar la vida de un ser querido privado de libertad.

Ésta es la historia de la madre y la hermana de uno de los compañeros que el 15 de marzo pasado decidió emprender una huelga de hambre, junto con 5 compañeros más, en la lucha por su libertad. Es también la historia de su propia lucha desde fuera de los muros en contra de la injustica del encierro. Una historia de fuerza y de dignidad que rompe con el estigma de la prisión y con el papel de víctima que la sociedad espera para una mujer presa. O para las familiares, principalmente mujeres, de una persona presa.

Fortaleza, coraje dignidad y valentía contra los grises muros de las prisiones.

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#DíaDeLasMadres #Chiapas #presos #presosenlucha

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Estamos aquí «para que no se pierdan en la soledad del olvido, ni sus sueños, ni sus cuerpos. Sin nada que festejar porque no les hemos recuperado» afirman las madres de las víctimas de desaparición forzada en un mitin realizado al pie del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, después de marchar desde el Monumento a la Madre.

«Hijo, escucha, tu madre está en la lucha» se escucha mientras caminan. Con lágrimas en los ojos, flores en las manos, un bebé en la espalda, una fotografía que cargan en un viaje de más de 24 horas, un bordado que cuenta una historia, una manta con características físicas y la esperanza de encontrar, mujeres de diferentes puntos del país claman el regreso de sus hijos: algunas los esperan con vida, otras exigen, al menos el cuerpo para velarlo con dignidad.

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• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.