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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Parte III

Violencia Paramilitar en los Agronegocios

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.

Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).

Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.

Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).

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El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).

Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.

Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).

Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).

Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.

Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).

El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.

Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.

En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.

No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

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enero 21, 2021 ~ colectivalazarzamora

Esta semana privadas de libertad del CCP de Chillán, denunciaron la delicada situación sanitaria que se vive en la sección femenina de dicho penal, esto tras generarse un brote de Covid 19, que producto del hacinamiento, las malas gestiones sanitarias y las negligencias institucionales, resultó en el contagio de 22 presas (imputadas y condenadas) que conviven hacinadas en un mismo espacio. Entre las contagiadas se encuentran enfermas crónicas y una adulta mayor con complicaciones.

Esta situación se suma a una seguidilla de hechos nefastos dentro de las cárceles, en lo que podríamos calificar como una profunda crisis del sistema carcelario, en la cual se han incrementado las falencias de este, desde la aparición de la pandemia. De la misma manera el nuevo brote en la cárcel de Chillán, demuestra el fracaso del bullado protocolo de visitas y medidas sanitarias, puesto en marcha desde diciembre del 2020.

Las presas de la cárcel de Chillán hacen un llamado al INDH, a las instituciones sanitarias (MINSAL) y judiciales, a que se hagan presentes en el lugar para proporcionar la atención correspondiente a estas denuncias y velar por el cumplimiento de sus derechos, así como de los tratados internacionales a los cuales esta suscrito el Estado.

El único derecho que se le quita a las personas privadas de libertad es precisamente su libertad de desplazamiento, pero no pierden sus otros derechos”

 Sthefania Walser. Directora Ejecutiva de Leasur.

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COMUNICADO PÚBLICO DE PRESAS SECCIÓN FEMENINA CCP CHILLÁN

El día 24 de diciembre se levantó la alarma de contagiados en C.C.p Chillán sección varones , pero ese día hubo visita interpenal (mujeres se vieron con sus maridos que tienen aquí mismo en el recinto) y ahí empezó la primera negligencia de Gendarmería, ya que ellos sabiendo que habían sospechosos con Covid-19, teniendo un listado con los varones que se les hizo el pcr, decidieron dar igual esa visita y mientras mis compañeras estaban ahí, llegan los resultados de los exámenes, en los cuales aparecía un varon que estaba en visita, era positivo.

Por prevención mis compañeras pasaron aisladas altiro, sin tener contacto con la población femenina. Dentro de esos días empezaron algunas compañeras a tener síntomas extraños, el paramédico sólo nos decía que era resfriado no se realizaba ningún control nada , hasta que las enfermas cada día eran más.

El sábado 16 de enero realizaron el pcr a todas y el domingo inmediatamente llegaron los resultados, sacando a 12 aisladas que arrojaron positivo, y el lunes llegó una nueva lista arrojando 10 positivas más, en total somos 57 internas y todas vivimos en el mismo dormitorio colectivo, imputadas con condenadas.

Nos trajeron a todas las contagiadas a un anexo aparte de la sección, pero no nos han venido a chequear como corresponde, lo que más preocupante es una señora de 62 años que se encuentra muy mal, no come y le duele su pecho, pero Gendarmería dice que sólo quiere dar lástima. A ella la mantienen dopada todo el día durmiendo, pero lo que ella necesita es estar en el hospital, necesita una atención digna que la examinen completa en que condiciones se encuentra.

Otra negligencia de Gendarmería fue que apenas comenzó la pandemia, separaron a todas las crónicas para protegerlas dejándolas en un anexo por casi 8 meses, pero cuando salió el brote de los varones, sacaron a las aisladas crónicas para habilitar el dormitorio para los contagiados, mezclándolas a ellas con la población, razón por la cual tenemos 4 mujeres crónicas contagiadas, gracias a las ideas de Gendarmería cuando el cuidado debería ser más intenso para ellas, esto existiendo más habitaciones para utilizar, sin embargo decidieron dejarlas junto con nosotras.

Por último nuestra exigencia es que se presenten las instituciones necesarias (INDH y MINSAL) y que nos respondan qué pasará con nosotras y nuestras compañeras que “salieron negativo” ya que estamos todas juntas en un dormitorio muy pequeño, en donde compartíamos ellas (quienes dieron negativo) que ahora también se sienten enfermas, y nosotras, es por esto que necesitamos que se les vuelva a realizar el pcr, y que al terminar nuestra cuarentena podamos a volver a un lugar seguro, donde ya no queden contagiadas.

Queremos prevenir que esto aumente. Sabemos que si hacen el examen nuevamente habrán más contagiadas.-

Presas sección femenina CCP Chillán

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Publicado en la Agencia Latinoamericana de Información el 21 de enero de 2021.

El presidente de Haití Jovenel Moïse y el canciller Claude Joseph anunciaron para este año la elaboración de una nueva Constitución que reemplace a la Carga Magna vigente en el país desde el año 1987. A demanda del ejecutivo, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estableció un calendario maratónico: el 25 de abril se celebraría un referéndum aprobatorio, el 19 de septiembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, y el 21 de noviembre el eventual balotaje, así como los comicios municipales. El gobierno actúa como si la saturación electoral pudiera conjurar el descrédito de un gobierno que hace tiempo ha abandonado la senda constitucional y que constituye a todas luces un gobierno de facto. Jovenel Moïse, quien se ha convertido ante el rotundo silencio de la comunidad internacional en el más flamante dictador de América Latina y el Caribe, busca ahora un blindaje constitucional elaborando una carta magna a su medida y antojo.

Una dictadura sin estridencias

«Nèg banann», el «muchacho de los plátanos», es el apelativo con el que las vastas mayorías populares de Haití conocen al presidente en funciones. Empresario bananero oriundo del noroeste del país, personaje sórdido y deslucido como el resto de los outsider fabricados por los gurús de la derecha continental, ahijado político del ex presidente Michel Martelly -un «bandido legal» como él mismo suele presentarse- y miembro del ultraconservador partido PHTK, Moïse ha sabido sostenerse de pie en medio del tembladeral de la política haitiana, pese a que las primeras exigencias de su renuncia coinciden con la fecha de los comicios que lo llevaron a la presidencia de la nación caribeña.

Tras las resonadas denuncias de fraude y la suspensión de las elecciones del año 2015, el CEP organizó en 2016 unos nuevos y contestados comicios en donde Moïse fue elegido con tan solo 590 mil votos de un padrón de más de 6 millones de electores habilitados, redondeando una participación de tan sólo el 18.1%. Según diversos especialistas y veedores internacionales, la intervención deliberada en el organismo electoral habría desplazado del primer lugar al favorito Jude Célestin y dejado fuera del balotaje al nacionalista de izquierda Jean-Charles Moïse, también aspirante a la presidencia de la República.

Desde julio del 2018, mes del anuncio y la suspensión de los gravosos aumentos al precio de los combustibles, la renuncia del por entonces Primer Ministro provocaría que la Jefatura de Gobierno quedara vacante por largos períodos, habiéndose sucedido cuatro Primeros Ministros en los últimos dos años. Lejos de fungir como un contrapeso a las prerrogativas presidenciales, el último de ellos, Joseph Joute, fue nombrado directamente por Moïse y ni siquiera fue ratificado por el Parlamento, como demanda la Constitución del país.

Por otra parte, las elecciones legislativas que debieron celebrarse en el año 2018 fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, hasta que el CEP dio a conocer la última fecha, prevista, con un bienio de demora, para fines de este año. Ante la imposibilidad de renovar los mandatos de los diputados y de dos tercios de los senadores, Moïse decidió cerrar el Parlamento, por lo que desde enero del 2020 gobierno por decreto.

El otro aspecto consustancial a la deriva dictatorial del gobierno tiene que ver con la violencia política. Un decreto presidencial del mes de diciembre instauró una serie de medidas para el «fortalecimiento de la seguridad pública», mientras que otro creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuyos agentes gozan de una inmunidad virtual en el ejercicio de sus opacas funciones.

Hasta el «Core Group», entidad que aglutina a los principales países occidentales que han servido de sostén a los gobiernos del PHTK, calificó a los decretos como reñidos con “ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”, en tanto los actos de oposición y protesta que de ninguna manera pueden encuadrarse como «terroristas» podrían conllevar penas de entre 30 y 50 años.

Se trata de políticas anti-terroristas en un país sin más terrorismo que el estatal o el de los grupos delincuenciales que como el denominado «G9» co-gobiernan el país y aterrorizan los barrios de la capital Puerto Príncipe. La Comisión de Desarme del Estado nacional estima que hay 76 grupos delincuenciales altamente organizados operando -muchos de los cuales han sido armados y financiados por empresarios, parlamentarios y por el propio gobierno-. Uno de estos grupos cometió la masacre de La Saline, un barrio popular de la capital en donde fueron asesinadas 71 personas en noviembre del año 2018. Los funcionarios Fednel Monchery, ex Director General del Ministerio del Interior, y Rigaud Duplan, ex Director Departamental del Oeste, fueron implicados en una investigación policial y debieron renunciar a sus cargos.

El objetivo tácito de los decretos de seguridad, la creación de la ANI y la sucesión de masacres en zonas rurales organizadas o en barrios populares de Puerto Príncipe, no tienen otro objetivo que la represión política más eficaz del movimiento popular que pareció resurgir de sus cenizas desde las llamadas «marchas del hambre» del año 2016, la insurrección masiva de julio del 2018 y el movimiento que desde septiembre de aquel mismo año exige la devolución del desfalco multimillonario de fondos del Estado llegados al país en el marco del programa energético Petrocaribe.

Sin elecciones, con una autoridad electoral elegida unilateralmente por el ejecutivo, sin Parlamento, sin un Primer Ministro constitucional, con el Tribunal Superior de Cuentas amordazado y reducido a órgano “consultivo”, sin presupuesto oficial, con asesinatos selectivos de periodistas y líderes de la sociedad civil –como Monferrier Dorval, antiguo presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe-, con milicias y grupos delincuenciales gestionando importantes franjas de territorio nacional, no quedan prácticamente instituciones legales ni autoridades constitucionales que hagan de contrapeso a un gobierno cada vez más represivo y autoritario. El fantasma de la dictadura duvalierista ha dejado de ser sólo un fantasma, y son numerosos los analistas que hablan ya de la casi completa «macoutización» del Estado, en referencia a los «Tonton Macoutes», las célebres milicias del régimen de facto que controló el país durante treinta años. Para despejar cualquier duda sobre la orientación general de la política nacional, el partido de gobierno estrechó sus lazos con Nicolas Duvalier, hijo de Jean-Claude Duvalier, y comienza a considerarlo como posible candidato para suceder a Moïse en la presidencia.

Disputa constitucional, incomodidad internacional

Quizás una propuesta constituyente pueda parecer progresiva y atractiva, a la luz del reciente «Apruebo» chileno, o de las expectativas de reforma que cobran cuerpo y legitimidad en un país como Perú. Pero mientras ambos movimientos constituyentes con claramente progresistas y anti-autoritarios en esencia -el uno post-pinochetista y el otro eventualmente post-fujimorista-, la situación es muy diferente en Haití, dado que la carta magna vigente es la principal conquista del movimiento democrático que en el año 86 interrumpió por fin la dictadura vitalicia de Fracois y Jean-Claude Duvalier y que más tarde decantaría en el portentoso movimiento «Lavalas» que llevaría a la presidencia del país al cura progresista Jean-Bertrand Aristide.

Si a la oleada constituyente neoliberal y multicultural de la década del 90 le siguió el nuevo constitucionalismo latinoamericano de los años 2000, el proceso chileno o eventualmente el peruano pueden verse como procesos diferidos, quizás menos radicales y a escala, de la llamada «primavera latinoamericana». Mientras que el caso haitiano es -en esto como en tantas otras cosas- sui generis y, quizás, anticipatorio de las tendencias del continente, como una suerte de termómetro del avance de las fuerzas neofascistas en la región.

La de Moïse es una dictadura que pretende blindarse constitucionalmente. ¿Blindarse de qué? En primer lugar de un régimen político híbrido, de tipo semi-parlamentario, en el cual, a diferencia de la mayoría de los sistemas políticos de América Latina y el Caribe, coexisten una figura presidencial -el Jefe de Estado- y un Primer Ministro -en tanto Jefe de Gobierno- con un Parlamento con poder de fuego y amplias prerrogativas. En segundo lugar de una Constitución vigente, la de 1987, que pese a sus taras supo cristalizar en su momento buena parte de las aspiraciones democráticas en la inmediata post-dictadura, introduciendo elementos como las políticas de descentralización y ciertas conquistas en torno a la reivindicación de la lengua y la cultura nacional y popular, aún cuando no haya cristalizado las aspiraciones anti-neoliberales de la época.

Esta hidra de varias cabezas fue un diseño institucional tendiente a poner coto a las garantías y poderes ilimitados de los sucesivos presidentes y a limitar la entronización de nuevos autócratas, tras una extensa dictadura de 31 años de duración. Pero el interregno democrático en Haití fue fatalmente breve. Su magro saldo desde el año 1986 ha sido, según el economista y cineasta haitiano Arnold Antonin, “ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno (por cambio de primer ministro), cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la estabilidad y la paz.” Lejos de los barbarismos con que pretende explicarse esta inestabilidad nacional, sus causas deben cifrarse en la frecuente intervención de los países occidentales en los asuntos domésticos, y en la oprobiosa desigualdad que han generado en el país las políticas de liberalización comercial y financiera de los últimos 50 años.

En relación a este, el frente internacional, la posición de los grandes jugadores geopolíticos ha comenzado a cambiar. En 2019, el acorralado gobierno de Moïse supo jugar una carta fuerte: la ruptura de relaciones con la Venezuela bolivariana, el reconocimiento del anodino Juan Guaidó, y completo alineamiento con la política de Donald Trump en la región gran-caribeña. Pese a los costos de esta política suicida para el país en lo que refiere a articulaciones regionales como la CARICOM y Petrocaribe, el gesto de Haití le dió al gobierno de Moïse una suerte de inmunidad internacional que ha sabido administrar. Difícil es no leer el férreo apoyo de la OEA y el Departamento de Estado al esperpento gubernamental como una retribución de favores, pese a que la visibilización de la crisis haitiana en el 2018 elevó los costos internacionales de sostener al gobierno actual. Y pese a que la remoción de instituciones o mecanismos democráticos acentúa dramáticamente la brecha entre el idílico imaginario democrático occidental y la cruda inconsecuencia de los aliados regionales como Haití, Chile o Colombia.

Pero la inapelable derrota de Trump y el ascenso de los demócratas parece obligar a un cambio, siquiera de formas, por lo que aumentan las presiones para una seudo normalización institucional en el país -en esa clave deben leerse los últimos posicionamientos y recomendaciones del Core Group-. El primer hecho de una nueva orientación que aún no ha terminado de cuajar del todo, fue la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra dos funcionarios de gobierno y un líder paramilitar aliado. En el marco de la Ley Magnitsky, estos tres sujetos vieron sus activos congelados y se les prohibió el acceso a la preciada visa norteamericana.

Esto parece dar algunos indicios de las dos principales alternativas de la geopolítica de los Estados Unidos en lo que respecta a Haití: la «normalización por vía institucional» -en la amplia gama de matices que van desde la democracia de baja intensidad, el fraude electoral y hasta una reedición de las ocupaciones internacionales vía las Naciones Unidas- o la profundización del shock represivo, que incluye el refuerzo de la alianza gobierno-grupos delincuenciales, la paramilitarización del tejido social, las nuevas leyes de seguridad y la represión y asesinatos selectivos a opositores. En esta línea, en febrero de 2019 la Policía Nacional de Haití detuvo a un grupo de ocho mercenarios fuertemente armados -cinco ex-marines de los Estados Unidos, dos serbios y un haitiano-, que se suponen parte de una política sistemática de infiltración de fuerzas irregulares extranjeras. Los mercenarios fueron deportados de forma expeditiva vía la Embajada de los Estados Unidos, sin que pudieran ser investigados y juzgados en Haití. En la evaluación y aplicación de estas dos estrategias, pesan, por supuesto, no solo la eficacia relativa de cada método, sino también la «limpieza» relativa de cada uno y los costos eventuales para los Estados Unidos y los organismos occidentales en la arena internacional.

Todo pareciera indicar que Biden y los demócratas están detrás del calendario electoral propuesto por el CEP, tras el relativo fracaso de las políticas seguidas por el Departamento de Estado el último bienio. Sin embargo, el celo está puesto en el simulacro electoral y no en la democracia sustantiva. Por eso la nueva Constitución está siendo elaborada por una comisión secreta, y a casi dos meses del plebiscito que debería ratificarla, se desconoce por completo su contenido.

A la fecha apenas si han circulado algunos trascendidos sobre sus previsibles objetivos: el retorno al régimen presidencialista, la eliminación formal del Senado y la construcción de un Parlamento unicameral, así como una serie de medidas tendientes a ganarse el apoyo de la diáspora como la legalización de la doble nacionalidad. Además, la propuesta cuenta con otro vicio de origen: la Carta Magna actual prohíbe de forma explícita la celebración de mecanismos consultivos para su modificación. Pese a todas estas impropiedades, la OEA y los Estados Unidos se apresuraron a manifestar su apoyo a una iniciativa que probablemente haya salido de sus propios despachos. Por su parte, cada vez más extensos segmentos de la población haitiana exigen la renuncia inmediata de Moïse, en un amplio entramado de organizaciones, clases y sectores que incluye a partidos políticos, movimientos campesinos, sindicatos, organizaciones territoriales, ONGs, iglesias y hasta cámaras empresariales.

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Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021

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Por Aldo Santiago

Ante el avance de una nueva caravana migrante procedente de Honduras, el gobierno mexicano decidió reforzar la militarización de la frontera sur con Guatemala. Con ello, México busca impedir el tránsito a miles de personas quienes salieron desde San Pedro Sula con dirección hacia los EEUU el pasado 15 de enero.

Como parte del operativo fronterizo se ha registrado el despliegue de cientos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y efectivos de la Guardia Nacional (un cuerpo de seguridad también compuesto por militares), tanto en las inmediaciones del río Suchiate, en Chiapas, como en el cruce fronterizo ubicado en El Ceibo, Tabasco, en donde se colocó una guardia permanente.

En contexto ⇒ Desastre humanitario a un año del acuerdo migratorio entre México y EEUU

Durante un acto oficial realizado el mismo 15 de enero en la frontera entre Chiapas y Guatemala, Francisco Garduño, comisionado del INM, justificó el despliegue militar. “Así vamos actuar en esta ocasión. Y así garantizar una migración en nuestro territorio nacional, que debe ser ordenada, segura y regular con respeto a los Derechos Humanos y con políticas humanitarias”.

En contraste, Rubén Figueroa, miembro coordinador del sureste en el Movimiento Migrante Mesoamericano, criticó el operativo militar realizado por el Estado Mexicano en contra de lxs migrantes.

“Metrallas de la 4ta transformación. Por un lado el gobierno mexicano condecoró con la medalla de la impunidad a (Salvador) Cienfuegos, por el otro hace alarde de su músculo militar en la ribera del Río Suchiate, contra los desterrados, contra los sin techos”,

PUBLICÓ EN SU CUENTA DE TWITTER.

La frontera de EEUU, cada vez mas al sur

Cabe recordar que desde el 18 de junio del año 2019 y bajo presiones económicas de la administración de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó a más de 6,000 elementos militares de la Guardia Nacional, quienes han permanecido en cuarteles del estado fronterizo de Chiapas para contener el flujo migratorio hacia los EEUU.

El reciente despliegue militar en México sucede después de que el gobierno de Guatemala recurriera, en repetidas ocasiones, al uso de la violencia por parte de sus cuerpos de seguridad en un intento desesperado por frenar el avance de lxs migrantes, quienes hasta este miércoles (20) se encontraban varadxs en el departamento guatemalteco de Chiquimula.

Actualmente, el gobierno de Guatemala mantiene alrededor de 20 retenes en todo el tramo de la frontera El Florido hasta Tecún Umán, donde se encuentran elementos de la policía civil así como también efectivos del ejército guatemalteco para reforzar el bloqueo para lxs migrantes.

“La reacción de los gobiernos es impedir ese tránsito y lo hacen de manera militar, es lo que vemos hoy en día, esa frontera que está del sureste del sureste de México con Guatemala. Es lamentable que haya un retroceso en derechos humanos, que obliga a las personas a continuar en una vida de miseria y a buscar rutas aún más peligrosas”,

RECALCÓ EL INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO MIGRANTE MESOAMERICANO.

Cartografía antimigrante

Desde el envío de los cuerpos militares a la frontera sur de México, el gobierno federal en coordinación con funcionarios estatales ha consolidado un esquema de contención contra lxs migrantes procedentes de Centroamérica.

Un mapa elaborado por las investigadoras del Observatorio del Colegio de la Frontera (Colef), Dolores París Pombo y Angélica Zambrano, demuestra una vasta red para la vigilancia, detención y deportación de miles de migrantes quienes han intentado cruzar México con destino a los EEUU. “Los fuertes cinturones de contención migratoria instalados en el sur de México provocan que los migrantes centroamericanos se queden durante meses o años varados en las cercanías de la frontera sur de México”, compartió la investigadora Dolores París Pombo sobre su trabajo cartográfico.

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El mapa señala el refuerzo de retenes militares y policiacos en siete cruces fronterizos entre México y Guatemala, donde destacan los ubicados en Puerto Chiapas, Ciudad Hidalgo, Chetumal y Nuevo Orizaba.

Tan sólo en los estados de Chiapas y Oaxaca se han instalado al menos 15 retenes militares a lo largo de las vías del ferrocarril de la “bestia” y en las principales carreteras que conducen al centro y norte de México. Además de que se mantiene la operación de siete retenes migratorios en Chiapas, ubicados en las carreteras con destino hacia Coatzacoalcos, Ixtepec, Villahermosa y Palenque.

Este esquema implementado por el gobierno de la autodenominaba “Cuarta Transformación” representa un blindaje contra el éxodo migrante e incluye también la operación de siete retenes a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales buscan evitar el uso de las rutas marítimas por parte de lxs migrantes centroamericanos, caribeños, africanos e incluso asiáticos que buscan alcanzar los EEUU.

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Cierre de refugios

El surgimiento de la más reciente caravana migrante solo era cuestión de tiempo. La crisis económica derivada por la pandemia por el Covid-19 en 2020, se sumó a la devastación que dejaron a su paso, tanto el huracán Iota y Eta en noviembre del año pasado, dejó un saldo de 94 muertos y afectó a más de 4 millones de personas en todo Honduras.

Particularmente grave fue la afectación de la zona norte y caribeña del país, donde se concentran las industrias más importantes de su economía. Y es justo en la mayor ciudad de dicha región industrial, San Pedro Sula, desde donde salieron 3,500 personas -y que en su andar llegó aglutinar a más de 9 mil- con dirección hacia los EEUU.

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Si el cruce hacia, y a través de México, representa un reto mucho mayor con el despliegue militar  en la frontera sur, así como por la violencia de grupos criminales quienes acechan a lxs migrantes, a ello se suma el cierre forzoso de por lo menos 40 albergues debido a la pandemia del Covid-19, según información de Reuters.

Durante años, dichos espacios han ofrecido refugio a miles de migrantes, quienes viajan hacia el norte de México a pie y cargando pocas pertenencias. Sin embargo, desde marzo de 2020, los albergues han cerrado temporalmente o reducido sus operaciones para impedir la propagación de la COVID-19.

Por citar un ejemplo, la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado de Coahuila, al norte del país, dejó de aceptar nuevos migrantes y solicitantes de asilo por un periodo mayor a siete meses.

Para octubre, el refugio reanudó sus labores solo para cerrar nuevamente en diciembre luego de un brote de Covid-19 el cual provocó la muerte al fundador del lugar. Por ello, decenas de migrantes decidieron levantar un campamento fuera del sitio, además de organizar su propia seguridad para evitar las agresiones del crimen organizado presente en la ciudad.

Nuevo acuerdo migratorio México-EEUU

Con la reciente transición en la presidencia de los EEUU, son muchas las expectativas sobre un cambio en las políticas migratorias de Joe Biden, quien ha prometido abandonar los programas “inhumanos y basados en el miedo” implementados durante los últimos cuatro años por la administración de Donald Trump.

Entre las acciones contempladas por el equipo de Biden se prioriza la cancelación del veto de viajes a países musulmanes, así como la puesta en marcha de un equipo para reunir cerca de 600 niños detenidos y separados de sus padres, quienes fueron deportados a Centroamérica, provocando la perdida del vinculo familiar.

Otra de las estrategias anunciadas por la nueva administración buscará aprobar en el Congreso una reforma migratoria para regularizar hasta 11 millones de migrantes quienes viven en EEUU desde hace ocho años y aún no cuentan con documentación que acredite su estancia legal. No obstante, el mismo equipo de Biden no espera que dichos planes sean prioridad de discusión en el Congreso, quien primero deberá debatir un juicio político a Trump.

Por el momento, este miércoles (20), en el primer día de la nueva administración, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando en el que ordena la suspensión durante 100 días de las expulsiones de “ciertos no ciudadanos con orden de deportación para asegurar que tenemos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz, centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.

Dicha pausa en el proceso de deportación responde a la necesidad del nuevo gobierno de canalizar los recursos para implementar medidas urgentes y controlar la pandemia del Covid-19 que ya ha causado la muerte a más de 400 mil personas en el país norteamericano.

Aún con las buenas intenciones del nuevo presidente de los EEUU, aún es temprano para anticipar la aprobación de sus propuestas, en un momento en el que el racismo y el discurso antimigrantes en ese país se ha hecho más visible que nunca. Lo que es seguro es que mientras tanto, el trabajo sucio para reprimir y contener al éxodo migrante recae en las fronteras militarizadas de México y cada vez más de Guatemala.

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La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.

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ROMPIENDO FRONTERAS:
PALESTINA: Especial Palestina en este 2021 Israel da muestras claras de querer exterminar al pueblo palestino.El compañero Armando Soto de la Sexta con Palestina nos narra los más severos acontecimientos.
MIGRACION CENTRO AMERICA: La caravana migrante viene desde Hondurasrompio el cerco militar el 16 de enero por el número de migrantes, el día 17 a toletazos y con gases lacrimogenos contuvo a les migrantes sin importarle la presencia de niñes y bebes. Redes y RedTzikin.
CHILE: 5 compañeras criminalizadas por pedir justicia para Nicole Saavedra. Radio Humedales
AUTONOMIA DIGITAL: Ante los cambios a las politicas de privacidas en redes sociales.Ni Whatsapp, Ni Telegram Ni Facebook, solo eres libre en el software libre.
MUNDO: Julian Assange es propuesto a recibir el premio nobel de la paz.
WALLMAPU MUNDO: Convocatoria a cadenazo para y por la niñez mapuche. Audio convocatoria de La Zarzamora

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
LUCHA POR LA VIDA MORELOS: Rodada y caravana contra la Termo en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. La herencia rebelde de Samir. Por Juan Pérez
MEXICO IMPUNIDAD: Salvador Cienfuegos exonerado, el gobierno de México ha traicionado cientos de miles de victimas y devuelto el trono a narco Salvador Cienfuegos. ZonaDocs
GUERRERO MEXICO: Familias de los 43 normalistas de ayotzinapa se quejan de la información a cuenta gotas que reciben por parte de las instituciones militares. Se deslindan de Felipe Cruz ex vocero de los 43 que ahora se descara como candidato a diputado prurinominal. Somos el medio y Prensa Ayotzi
CHIHUAHUA Cd JUAREZ: Jornada de protesta y de memoria a un año de a el impune asesinato de Isabel Cabanillas la mujer, madre, hija, compañera, amiga, artista, muralista, diseñadora, activista por los derechos de las mujeres y los migrantes. Hijas de su Maquilera Madre.
YUCATAN, CDMX, Y 20 CIUDADES MAS: Rodada por Justicia para Jacinto #NiUnaBiciBlancaMas
Rodada por el asesinato del ciclista Jacinto Leon Guzman más de 20 ciudades dicen, #NiUnaBiciBlancaMás. Instalan placa en CDmx frente a casa de gobierno de Yucatán.
MICHOACÁN: Organización de Mujeres Autodefensas, han sido víctimas de asesinato, secuestro y ya no están dispuestas a tolerar más violencia, tomaron las armas contra carteles del crimen organizado. Sin Embargo
CHIAPAS: Normalistas de la escuela rural Mactumacza aportan comida a les compañeres de la coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas.COordinadora de Desplazados.

MÚSICA
Cumbia Palestina – Orkesta Popular San Bomba
Madre Espérame que Vuelvo – Frekuente #PrensaOpal
Viva Zapata – Acosta

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Por Renata Bessi

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

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 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

 

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Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.

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Por Marlon García

En la actual Esquina de “las fotocopiadoras” de la 4ª avenida y 9ª. calle de la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 1971, culminaba el plan de eliminación del último miembro de la Comisión para el Estudio de las Inversiones Extranjeras en Guatemala, USAC.

Como hoy, muy seguramente hace 50 años la muerte de esta persona pareciera carente de importancia directa a las familias campesinas a 268 km. en Panzós, Alta Verapaz. Pero la comprensión de un intrincado plan geopolítico, verdades ocultas por empresarios y gobernantes, un jugoso negocio transnacional en medio de dictaduras militares, la dignidad y resistencia del pueblo Q´eqchi´ y el sacrificio de cuatro profesionales de la Economía y el Derecho lo explica.

Para que sepas o confirmes su importancia te comparto este PDF. Quise haber terminado una versión actualizada de mi investigación pero la búsqueda de la sobrevivencia al 2020 no me lo permitió. Estoy trabajando en ella desde hace un tiempo. Y te la compartiré cuando este terminada ojalá en 2021.

Por de pronto desde mi taller dedico mis palabras y colores a Oscar Adolfo Mijangos López y la línea continuada de victimas provocadas por la minería en la Cuenca del Río Polochic.

Descargue el libro en pdf: