Audio vía CÁPSULAS CONTRACENSURA NÚM 5-COLOMBIA ROMPE EL CERCO-BOLETÍN INFORMATIVO (21 mayo 21)

Texto Vía #MediosLibresCali: Lo que se vive actualmente en Colombia es la avanzada de la conocida estrategia paramilitar: los que de día visten uniforme y de noche se tapan la identificación, visten de civil, o salen encapuchados con su arma de dotación a disparar contra la población. El régimen de “Asistencia Militar” que opera hoy en Colombia le ha dado facultades al general Eduardo Enrique Zapateiro para pasar por encima de todas las normas, nacionales e internacionales, con tal de retomar el orden del país. Como si fuera una apuesta, un juego más de su guerra inventada, prometió recobrar el control de las ciudades en 24 horas, amparado en una orden presidencial, o renunciaría a su cargo. Eso es el poder para la cúpula militar y la clase dirigente del país, un juego de hombría, una apuesta más donde prevalezca su honor sobre las vidas de jóvenes y niños que son asesinados en Cali y en distintas ciudades del país.

En este contexto de represión estatal, las transmisiones directas por redes sociales le han permitido a la ciudadanía conocer de primera mano lo que ocurre en los barrios. Porque es allí, en los barrios marginalizados de la ciudad de Cali donde se desarrollan las operaciones policiales donde asesinan a los jóvenes que se manifiestan manteniendo los bloqueos. Uno tras otro hemos visto los videos de la fuerza policial, armada con 9 mm o ametralladoras, apuntando hacia las calles buscando a quién tirar. El silencio de los entes de control, del Ministerio Público, encargados de velar por la protección de los derechos humanos en el país, es abrumador, los gritos de la gente pidiendo auxilio no tienen destino; algún otro además de las personas que desde los celulares ven la transmisión de la masacre.

Al día siguiente el negacionismo de siempre, las palabras del general Zapateiro y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, coinciden en algo esencial: le echan la culpa a un “algo” o un “alguien” de querer que la situación empeore. Han dicho que estos videos son falsos, o que están tergiversando la situación “real”. En palabras de Zapateiro los culpables de la desestabilización del país son liderazgos locales negligentes; en palabras del alcalde, lo que él mismo ha llamado una matriz tecnológica:

“Existe esa matriz tecnológica que maximiza, una matriz tecnológica que hace daño y está con todo ese interés de poder llevar aquí un escenario estratégico de nuevo tipo”

Un supuesto escenario estratégico de nuevo tipo que, en últimas, le está permitiendo a la gente enterarse en directo de lo que está ocurriendo. Ha tenido tanto impacto esta transmisión en directo por redes sociales que el 4 de mayo de 2021 se hizo viral un video del general Zapateiro, rodeado de efectivos policiales, gritando con vehemencia:

“Estamos haciendo las cosas bien, acabo de hablar con los jefes de televisión, de Caracol, de RCN, y voy a traer una periodista, ya le puse avión. Para que les muestre a los colombianos qué están haciendo nuestros policías. Estamos ofrendando nuestra vida… por salvar la democracia, que algunos quieren destruir”

Al mejor estilo del Coronel Plazas Vega, quien durante la retoma al Palacio de Justicia en 1985 le respondía a un periodista “Defendiendo la democracia maestro”, mientras el ejército tumbaba la puerta de las cortes judiciales más importantes del país con tanques de guerra. El general Zapateiro está empeñado en salvar, a plomo, la agonizante democracia más antigua de América Latina.

Días antes del 28 de abril de 2021, cuando se comenzaba a convocar la primera jornada de movilizaciones en Colombia, comenzaron a aparecer avisos de “Contenido Delicado” en la plataforma de Facebook. Un aviso que habitualmente la plataforma ponía sobre publicaciones que tenían contenido de violencia explícito, comenzó a ponerlo sobre publicaciones que hablaban sobre la Reforma Tributaria, las declaraciones del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla o sobre las convocatorias a la movilización. Una clara manifestación de la censura al debate político nacional y una clara afrenta a las posiciones críticas que manifestaban las personas a través de esa plataforma en contra del gobierno.

Pese a esto las manifestaciones se llevaron a cabo en más de 500 ciudades del país el 28 de abril. La asistencia fue masiva, incluso en el contexto de las restricciones municipales por cuenta del tercer pico de contagios del COVID-19. La respuesta del gobierno a los puntos de bloqueo siguió siendo la estigmatización, criminalización y represión de la digna rabia de un pueblo exhausto de las políticas de hambre del gobierno de Iván Duque. A los 6 días de iniciadas las manifestaciones las propuestas para solucionar la “situación de orden público” no se hicieron esperar. La periodista Paola Ochoa de BLU RADIO, una cadena radial nacional, el 3 de mayo aludiendo a la famosa frase “hay mucha protesta pero poca propuesta” lanzó una idea preocupada por los comentarios de alcaldes y alcaldesas que le mostraban su preocupación sobre el rol de las redes sociales en las manifestaciones:

“Estoy mirando qué han hecho otros países en ese tema y tengo un artículo del diario El País (España) que se titula: ‘Apagar internet para frenar las protestas: un fenómeno cada vez más frecuente, es una de las propuestas que el Gobierno tiene que entrar a analizar”

Incluso, cuando uno de sus compañeros la interpela sobre la gravedad de su propuesta, lo que atinó a responder la periodista fue que a menos que tuviera una propuesta no torpedeara la conversación. Esta propuesta cobra mayor gravedad luego que a través de redes sociales es como se han visibilizado las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública en distintos barrios marginalizados del país y de Cali particularmente, pues lo medios de comunicación tradicionales no han hecho un ejercicio objetivo de información y por el contrario han enfocado sus noticias en el morbo y el discurso de ‘terrorismo’ y ‘vandalismo’. Las redes sociales no solo son los medios de convocatoria, sino la evidencia fehaciente, en vivo y en directo, de la brutalidad policial y las acciones estatales que atentan de manera directa contra la vida y la dignidad de un pueblo que sigue saliendo a las calles exigiendo justicia.

Sin embargo, como dijo la periodista, está medida fue tomada en cuenta por las autoridades. Durante el día y la noche del 3 de mayo y la madrugada del 4 de mayo las y los manifestantes comenzaron a denunciar irregularidades en la conexión a internet. El momento más álgido se dio en la madrugada del 4 de mayo cuando en algunos barrios de Cali, particularmente en el barrio Siloé, se reportaron cortes por periodos de una hora al servicio de alumbrado público y bloqueos de internet, lo que le impidió a quienes continuaban maniféstandose en los puntos de bloqueo, mostrar la arremetida de la fuerza pública. Entraron a los barrios, impidiendo que la gente se comunicara y en completa oscuridad, a dispersar con gases y dispararles dejando 3 jóvenes asesinados a tiros y por lo menos 50 heridos. Nunca en este barrio ha habido garantías para el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, el tratamiento de guerra es evidente y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo por parte del Estado en Colombia son cada vez más claros, y nos quieren callar.

Al respecto de los cortes en internet el Observatorio del Internet NETBLOCKS, que rastrea las disrupciones o cortes de las redes en el mundo, presentó un reporte el 4 de mayo de 2021 confirmando caidas, bloqueos y afectaciones al servicio de conexión a redes. Incluso se denuncia ataques directos a la infraestructura de telecomunicaciones en Cali. Estos reportes han activado todas las alarmas de las organizaciones de derechos humanos en el país porque pone en evidencia un accionar planificado que seguimos documentando para entender la dimensión que tiene el tratamiento de guerra que le está dando el Estado en cabeza del presidente Iván Duque y el general del ejército Eduardo Zapateiro al contexto de movilización social.

El jueves 6 de mayo, cuando arrancaba el noveno día de protestas en el país, muchas personas reportaron que el contenido que había sido subido a la plataforma de Instagram, alusivo al Paro Nacional, lo eliminaron. Avisos diciendo “Esta historia ya no está disponible” fue lo que vimos una y otra vez en la mañana del jueves. Instagram hace parte también del conglomerado comunicativo de Facebook, y estas acciones muestran con mayor claridad la sistematicidad de la censura que se amplia mientras asfixia el llamado que sigue haciendo la gente por vivir dignamente.

Laboratorios de represión

 Lo que ocurrió en la ciudad de Cali en términos de movilización no tiene precedente en el país. Se han establecido por lo menos 12 puntos de bloqueo a lo largo y ancho de la ciudad. La respuesta represiva del gobierno de Iván Duque, en cabeza del Ministro de Defensa Diego Molano y el general del ejército Eduardo Zapateiro ha producido una lógica de confrontación e incertidumbre constante por las acciones de ataque directo a la vida de las personas en Cali y otros municipios del país. La censura es solo una de las arremetidas que siguen desarrollándose para desarticular a la fuerza la cohesión que ha logrado la ciudadanía organizada en las calles.

El tratamiento de guerra que le da el gobierno a la protesta ciudadana es clara, buscan que a fuerza de miedo la gente se repliegue. Pero no miedo a ser golpeados, ni a ser dispersados con gases lacrimogenos, que por demás infringen todas las normas del Derecho Internacional Humanitario al ser usados pasada su fecha de vencimiento. El miedo que infunden es el de perder la vida.

La estrategia que han usado para desarticular la protesta en Cali durante el 3 de mayo, se replicó el 4 en Bogotá y Bucaramanga, donde en la localidad de Bosa fueron usadas granadas aturdidoras que jamás habíamos visto. En Piedecuesta veíamos detenciones colectivas en camiones y el ataque directo a Johan Sebastian Moreno un defensor de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos. El 5 fue el turno de Medellín y Pereira, los #SOS se replicaban con el nombre de cada ciudad, barrio o localidad que sistemáticamente estaba siendo reprimida. El accionar paramilitar de civiles armados

disparando desde camionetas se sigue reproduciendo, el mismo accionar que desde el 5 de mayo tiene en vilo la vida de Andrés Felipe Castaño de 17 años, impactado por 4 balas en su abdomen y de Lucas Villa, impactado por 8 balas, quien falleció en la  madrugada  del martes 11 de mayo.

A partir de este despliegue represivo de distintos cuerpos policiales presentes en los barrios marginalizados del país, y la clara visibilidad que tuvo este accionar por medio de redes sociales, la manipulación de los medios de comunicación es cada vez más evidente. Mientras siguen los ataques soterrados de policías vestidos de civil, armados, infiltrándose en movilizaciones y puntos de concentración para disparar, y las rondas de camionetas de alta gama, con vidrios polarizados, desde donde se disparaba contra las manifestantes, los grandes medios del país decían que Cali estaba en completa calma. Los titulares de la revista Semana engañan con falsas noticias sobre la tranquilidad que se vive en el país, mientras la estrategia paramilitar de ataque directo contra la vida sigue vigente.

La Guardia Indígena que hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, asistió a Cali para la movilización y en el ejercicio solidario de acompañamiento de los puntos de concentración lograron aprehender a por lo menos tres sujetos armados, vestidos de civil, que reconocieron ser parte de las instituciones policiales y militares de la ciudad de Cali. Pese a la legitimidad y la posibilidad de interlocución que tiene el movimiento indígena en el país como una opción para generar un diálogo amplio que le dé una posibilidad de mediación política al contexto actual, el día 9 de mayo, el gobierno local de Cali y el presidente Iván Duque optaron por atacar directamente la presencia de la Minga Indígena, pidiendo su retiro de la ciudad de Cali. El mismo día personas habitantes del sur de la ciudad taponaron la vía de ingreso desde el Cauca hacia Cali, al encuentro de la chiva llena de comida y de gente de la Minga Indígena se genera una fuerte confrontación. Las personas que realizaban el bloqueo, acompañados de la Policía Nacional, abrieron fuego con sus propias armas y quedaron heridos por lo menos 9 personas de la Minga, se presentaron confrontaciones con la Policía en otros puntos de la misma vía cuando algunos indígenas intentaron llegar a la confrontación a apoyar la situación.

Militarización y cierre de fronteras

 En la noche del 9 de mayo el presidente Iván Duque anuncia públicamente un despliegue de acciones militares “contundentes y sostenidas”, ante una solicitud oficial del Partido de gobierno, el Centro Democrático. En su alocución sostuvo que no asistiría a Cali para no “distraer el trabajo de la Fuerza Pública”, sin embargo, luego de que durante toda la noche se escucharan rondas constantes de helicópteros de guerra y aviones que generan desconfianza y temor en la población, se hizo público en la mañana del 10 de mayo que el mandatario efectivamente asistió a la ciudad de Cali entre la media noche y las 3:00 de la mañana para liderar un Consejo de Seguridad. Los mensajes de los mandatarios locales, regionales y del presidente siguen siendo confusos y representan una estrategia de guerra de alta intensidad, generando divisiones con supuestas mesas de negociación fragmentarias que buscan dividir los ejercicios organizativos de la ciudadanía, mientras se ataca con un despligue policial desmedido y criminal a los puntos de concentración en toda la ciudad.

Como parte de esta estrategia la Gobernadora del departamento del Valle del Cauca Clara Luz Roldán decretó el cierre de las fronteras, desde el lunes 10 de mayo al sábado 15 de mayo, para evitar que entraran más personas provenientes de la Minga Indígena del departamento del Cauca y previniendo movilizaciones de carácter nacional que se convocaban en Bogotá y Medellín que buscaban desplazarse hacia Cali para fortalecer los procesos organizativos y asamblearios que se desarrollan por estos días en la ciudad y distintos municipios del país.

Como es costumbre en Colombia, el gobierno intenta solucionar la crisis social que se pruduce en distintas ciudades con un ejercicio represivo, extendiendo y profundizando el descontento que siente la población frente a un gobierno que sigue de espaldas a las necesidades de quienes se manifiestan. Mientras pone en contradicción al pueblo mismo con sus mensajes, deslegitimando y criminalizando la protesta, busca solucionar a la fuerza y sin disposición de diálogo o escucha a los reclamos del respeto a la vida y condiciones dignas de vida en Colombia.

Contamos 21 días de movilización, el pueblo, al calor de la hoguera, frente al fuego de las barricadas, sigue resistiendo la arremetida criminal de un mal gobierno que no reconoce el ejercicio legítimo de la transformación que se gesta en las calles.

(Cortometraje Desolvido escrito y dirigido por Andrés Roa.
Musicalizado por Edson Velandia y Adriana Lizcano. Producciones Cinechichera)